La Fiscalía de Baja California ha no confirmado aún que los tres cuerpos hallados en Ensenada correspondan a los dos hermanos australianos y al estadounidense desaparecidos desde el pasado 27 de abril, sin embargo, la titular de la dependencia señaló que “hay un alto grado de posibilidad” que sí se trate de ellos.
En entrevista con El Financiero TV, María Elena Andrade Ramírez dijo el viernes que debido a las características físicas, los tres cuerpos encontrados sí podrían corresponder a los australianos Jake y Callum Robinson y al estadounidense Carter Rhoad. Sin embargo, mencionó que fueron encontrados en avanzado estado de descomposición.
Andrade Ramírez dijo al medio que “todo parece indicar que el crimen fue circunstancial“. La fiscal indicó que los presuntos culpables habrían intentado apoderarse del vehículo de los surfistas, quienes fueron baleados al oponer resistencia.
Animal Político preguntó a la dependencia sobre las declaraciones de Andrade Ramírez y reiteró que la fiscal no confirmó que sí sean ellos, pues solo dijo que “hay un alto grado de posibilidad”.
Además, la Fiscalía dijo que el domingo 5 de mayo se llevará a cabo una rueda de prensa a las 11:00 horas para informar sobre la investigación por el caso de los tres extranjeros reportados como desaparecidos.
El viernes, la dependencia dijo que ordenó realizar los exámenes forenses que permitan determinar si los tres cuerpos hallados en Ensenada corresponden a los dos australianos y al estadounidense desaparecidos desde el 27 de abril.
A través de un comunicado informó sobre el hallazgo de tres cuerpos en un área al sur del municipio de Ensenada.
Indicó que fueron recuperados en coordinación con otras autoridades a través de un operativo especializado al encontrarse en una zona de difícil acceso y señaló que las maniobras “se realizaron en apego a los protocolos de actuación”.
“Elementos de la Fiscalía asignados a este caso registraron el hallazgo en un área ríspida por lo que las labores en el sitio continúan en la búsqueda de más indicios”, detalló.
En cuanto a los exámenes forenses, fueron asignados al laboratorio especializado de la propia fiscalía.
La institución señaló que mantiene contacto con el FBI y con familiares de las víctimas, a través de los organismos consulares, para brindar atención y realizar los trámites correspondientes.
Sobre las tres personas detenidas desde el jueves, informó que obtuvo una orden de aprehensión ante los juzgados penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado por el delito de desaparición forzada.
Dichas personas, de nacionalidad mexicana, estaban siendo investigadas para obtener información que permitiera localizar a los extranjeros desaparecidos. Sin embargo no se ha precisado de qué manera están vinculadas con los hechos.
Desaparecen surfistas extranjeros en Ensenada, Baja California
El pasado miércoles, la madre de los hermanos australianos, Debra Robinson, pidió ayuda en redes sociales para localizar a sus hijos quienes habían emprendido un viaje para surfear en la zona de Rosarito-Ensenada junto con su amigo estadounidense Carter Rhoad.
Debra habría dejado de tener contacto con ellos desde el sábado 27 de abril. Los hermanos tenían que reservar en un Airbnb en Rosarito después de un fin de semana de camping, pero nunca se presentaron.
En la misma publicación, expresó su preocupación por su hijo Callum, quien padece diabetes tipo 1, y pidió establecer contacto con ella en caso de tener información.
A casi una semana de la desaparición, la Fiscal Baja California compartió avances del caso y dijo que ya trabajaban en coordinación con el FBI, el Consulado de Estados Unidos y el de Australia, para localizar a los extranjeros.
En un comunicado, detalló que se localizó un vehículo tipo pick up color blanco, así como otras evidencias relacionadas con los hechos, por lo que se puso en marcha un operativo.
El departamento se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, administra los préstamos estudiantiles y dirige programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos.
“Estados Unidos no ha estado educando bien a sus alumnos desde hace mucho tiempo y todo el mundo sabe que esto es lo correcto”.
Con estas palabras se refería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su decisión de desmantelar el Departamento de Educación, algo que hace mucho tiempo están pidiendo los conservadores.
El mandatario estadounidense firmó este jueves la orden ejecutiva con la que se pone en marcha el proceso de eliminación de esta agencia.
“El cierre ocurrirá lo más rápido posible”, dijo Trump durante la firma, afirmando que Estados Unidos “gasta mucho más dinero en educación que cualquier otro país”, pero está “casi al final de la lista en términos de éxito”.
La eliminación total del Departamento de Educación requiere de la aprobación del Congreso.
Desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca, el Departamento de Educación ya anunció planes para recortar aproximadamente la mitad de su personal.
Fundado en 1979, este departamento se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, administra los préstamos estudiantiles y dirige programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos.
Trump y sus aliados acusan a la agencia de adoctrinar a los jóvenes con material racial, sexual y político.
Un error común es creer que el Departamento de Educación opera las escuelas estadounidenses y establece los planes de estudio. En verdad, esa responsabilidad recae en los estados y en los distritos locales.
La agencia lo que hace es supervisar los programas de préstamos estudiantiles y administrar las becas Pell, que ayudan a estudiantes de bajos recursos a acceder a la universidad.
También ayuda a financiar programas de apoyo a estudiantes con discapacidades y a estudiantes que viven en la pobreza.
Además, el departamento hace cumplir las leyes vinculadas a la protección de los derechos civiles diseñadas para evitar la discriminación por motivos de raza o sexo en las escuelas financiadas con fondos federales.
El presupuesto asignado al departamento fue de US$238.000 millones en el año fiscal 2024, lo que representa menos del 2% del presupuesto federal total.
La agencia cuenta con unos 4.400 empleados, la menor cantidad de cualquier departamento con rango de ministerio.
La mayor parte de la financiación pública para las escuelas estadounidenses proviene de los gobiernos estatales y locales.
En 2024, Education Data Initiative estimó que Estados Unidos invirtió un total de poco más de US$857.000 millones en educación primaria y secundaria, lo que equivale a US$17.280 por alumno.
Por sí solo, Trump no puede cerrar totalmente el departamento.
El presidente no solo necesita la aprobación del Congreso para deshacerse del departamento, sino que posiblemente necesite una mayoría especial en el Senado de 60 de los 100 senadores.
Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, por lo que necesitan que al menos siete demócratas voten a favor de la abolición de la agencia, una apuesta políticamente improbable.
Incluso en la Cámara de Representantes, Trump podría tener dificultades para conseguir el apoyo necesario.
En una votación el año pasado para abolir el Departamento de Educación, que fue adjunta como enmienda a otro proyecto de ley, la decisión no se adoptó porque 60 republicanos se unieron a todos los demócratas de la Cámara para votar en contra.
Trump ha tomado medidas para reducir otros departamentos gubernamentales en las últimas semanas, a pesar de las dudas sobre la legalidad de dichas medidas.
Un borrador de la orden de Trump para desmantelar el Departamento de Educación, obtenido el mes pasado por The Washington Post, reconocía que solo el Congreso puede deshacerse de la agencia por completo, pero la orden ejecutiva firmada este jueves pone en marcha su reducción gradual.
Los empleados de Educación se encuentran entre aquellos que están en el foco de los esfuerzos del gobierno de Trump para reducir la fuerza laboral federal.
El Departamento de Educación supervisa una enorme cartera de préstamos a estudiantes universitarios, que según Trump se transferirá a otra agencia gubernamental.
“No creo que el Departamento de Educación deba gestionar los préstamos. No les incumbe”, exlamó Trump.
Los expertos afirman que lo más probable es que la cartera -que incluye más de US$1,5 billones en préstamos obtenidos por más de 40 millones de estadounidenses- se transfiera al Tesoro de Estados Unidos.
Un informe de la Casa Blanca indica que le corresponde a la secretaria de Educación, Linda McMahon, garantizar la “prestación ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”.
Pase lo que pase, los prestatarios seguirán teniendo que devolver los préstamos.
Las sentencias judiciales y las políticas de Trump han revertido algunos cambios que el expresidente Joe Biden intentó implementar para reducir los costos de los préstamos y perdonar algunas deudas.
La idea de eliminar el Departamento de Educación ha sido planteada por los republicanos casi desde su existencia.
Durante la campaña presidencial de 1980, Ronald Reagan presionó para su desmantelamiento.
Históricamente, los republicanos se han opuesto a la centralización de la política educativa, creyendo que es mejor dejarla en manos de cada estado y cada ciudad.
Más recientemente, han acusado al Departamento de Educación de imponer a los niños lo que describen como una ideología política woke, incluyendo cuestiones de género y raza.
Los aliados de Trump también quieren ampliar la opción escolar, lo que permitiría a los estudiantes y a las familias utilizar fondos públicos para elegir alternativas privadas o religiosas a las escuelas públicas.
Los conservadores argumentan que las funciones del Departamento de Educación deberían estar a cargo de otras agencias.
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