La Fiscalía de Baja California ha no confirmado aún que los tres cuerpos hallados en Ensenada correspondan a los dos hermanos australianos y al estadounidense desaparecidos desde el pasado 27 de abril, sin embargo, la titular de la dependencia señaló que “hay un alto grado de posibilidad” que sí se trate de ellos.
En entrevista con El Financiero TV, María Elena Andrade Ramírez dijo el viernes que debido a las características físicas, los tres cuerpos encontrados sí podrían corresponder a los australianos Jake y Callum Robinson y al estadounidense Carter Rhoad. Sin embargo, mencionó que fueron encontrados en avanzado estado de descomposición.
Andrade Ramírez dijo al medio que “todo parece indicar que el crimen fue circunstancial“. La fiscal indicó que los presuntos culpables habrían intentado apoderarse del vehículo de los surfistas, quienes fueron baleados al oponer resistencia.
Animal Político preguntó a la dependencia sobre las declaraciones de Andrade Ramírez y reiteró que la fiscal no confirmó que sí sean ellos, pues solo dijo que “hay un alto grado de posibilidad”.
Además, la Fiscalía dijo que el domingo 5 de mayo se llevará a cabo una rueda de prensa a las 11:00 horas para informar sobre la investigación por el caso de los tres extranjeros reportados como desaparecidos.
El viernes, la dependencia dijo que ordenó realizar los exámenes forenses que permitan determinar si los tres cuerpos hallados en Ensenada corresponden a los dos australianos y al estadounidense desaparecidos desde el 27 de abril.
A través de un comunicado informó sobre el hallazgo de tres cuerpos en un área al sur del municipio de Ensenada.
Indicó que fueron recuperados en coordinación con otras autoridades a través de un operativo especializado al encontrarse en una zona de difícil acceso y señaló que las maniobras “se realizaron en apego a los protocolos de actuación”.
“Elementos de la Fiscalía asignados a este caso registraron el hallazgo en un área ríspida por lo que las labores en el sitio continúan en la búsqueda de más indicios”, detalló.
En cuanto a los exámenes forenses, fueron asignados al laboratorio especializado de la propia fiscalía.
La institución señaló que mantiene contacto con el FBI y con familiares de las víctimas, a través de los organismos consulares, para brindar atención y realizar los trámites correspondientes.
Sobre las tres personas detenidas desde el jueves, informó que obtuvo una orden de aprehensión ante los juzgados penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado por el delito de desaparición forzada.
Dichas personas, de nacionalidad mexicana, estaban siendo investigadas para obtener información que permitiera localizar a los extranjeros desaparecidos. Sin embargo no se ha precisado de qué manera están vinculadas con los hechos.
Desaparecen surfistas extranjeros en Ensenada, Baja California
El pasado miércoles, la madre de los hermanos australianos, Debra Robinson, pidió ayuda en redes sociales para localizar a sus hijos quienes habían emprendido un viaje para surfear en la zona de Rosarito-Ensenada junto con su amigo estadounidense Carter Rhoad.
Debra habría dejado de tener contacto con ellos desde el sábado 27 de abril. Los hermanos tenían que reservar en un Airbnb en Rosarito después de un fin de semana de camping, pero nunca se presentaron.
En la misma publicación, expresó su preocupación por su hijo Callum, quien padece diabetes tipo 1, y pidió establecer contacto con ella en caso de tener información.
A casi una semana de la desaparición, la Fiscal Baja California compartió avances del caso y dijo que ya trabajaban en coordinación con el FBI, el Consulado de Estados Unidos y el de Australia, para localizar a los extranjeros.
En un comunicado, detalló que se localizó un vehículo tipo pick up color blanco, así como otras evidencias relacionadas con los hechos, por lo que se puso en marcha un operativo.
Como otras regiones en Colombia, el Catatumbo parece estar condenado por su riqueza natural, geográfica y de recursos.
El río Catatumbo es testigo de la historia de vida y muerte que marca a Colombia.
Baña a la región a la que da nombre, una de las más ricas en recursos y mejor geolocalizadas del país, y por años también fue depósito de los cadáveres que dejó la brutalidad paramilitar en la zona a fines de los 90.
Si bien la violencia nunca se apaciguó del todo, expertos ven ahora, más de dos décadas después, cómo se reviven algunas de las peores escenas de aquella época.
Desde el 15 de enero, violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC dejan al menos 80 muertos y más de 30.000 desplazados huyendo del horror.
La situación es ya considerada una crisis humanitaria.
La disputa por esta región es tan feroz que puso en jaque a la paz total que anhela el presidente Gustavo Petro para Colombia, quien suspendió las negociaciones con el ELN y movilizó a miles de soldados a la zona.
“La situación del Catatumbo es un fracaso de la nación”, dijo Petro.
Muchos leen la frase como un reconocimiento de que su política de paz está lastimada, pero otros la vinculan a las décadas que el Catatumbo acumula a merced de grupos armados, con un Estado que no logra resolver la violencia y precariedad a la que se exponen sus habitantes.
Como muchas otras partes del país, el Catatumbo parece condenado por su riqueza.
La región ocupa alrededor de la mitad del departamento Norte de Santander, en el nororiente colombiano, y parte del sur del Cesar.
Es un territorio de más de 4.800 km² junto a la frontera venezolana donde predominan bosques y selvas y una amplia variedad climática.
“Esta condición la hace muy apetecible como corredor estratégico y de movilidad para grupos armados insurgentes e ilegales”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“En términos geográficos, el Catatumbo permite conectar el norte del país con Venezuela”, agrega por su parte Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Illinois en Chicago.
Si una guerrilla llegase a controlar por completo el Catatumbo, como ahora mismo se la disputan el ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares, estaría cerca de dominar la frontera colombo-venezolana y el norte colombiano.
Esto es, en la práctica, hacerse con un vasto y estratégico territorio lleno de recursos naturales al que se le pueden sacar rentas millonarias.
Fue algo que comprendieron los primeros grupos guerrilleros que se asentaron en la región desde los 70, en pleno conflicto armado.
El Catatumbo fue en la primera mitad del siglo XX la primera provincia petrolera de Colombia.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, su cuenca ha sido una de las más prolíficas del país, aunque el crudo no trajo el progreso esperado para la región.
En ese contexto llegaron las guerrillas, atraídas por rentabilizar esa industria y aprovechar que el territorio vivía “marginado por el Estado”, según describe el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL, ya desmovilizado) arribaron a fines de los 70. Las FARC a mediados de los 80.
Según se expandieron estos grupos insurgentes de izquierda, el Estado aumentó su presencia militar, intensificándose el conflicto.
Luego, a fines de los 90, los habitantes sufrieron lo que ellos llaman la “arremetida paramilitar”, una barbarie que desde entonces estigmatiza a la región con sangre y terror.
Las muertes masivas y selectivas fueron constantes. Decenas de cuerpos eran arrojados al río Catatumbo. Muchos por supuestamente estar vinculados a grupos guerrilleros (ELN, EPL o FARC), según las razones que daban los paramilitares.
Las riberas de los afluentes se convirtieron en fosas comunes de las masacres.
Un halo de esperanza apareció para los locales tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016, pero aquí nunca se materializó esa firma.
Como sucedió en diversas zonas ricas, amplias y de difícil acceso en Colombia, otros grupos armados llegaron antes que el Estado para ocupar los vacíos dejados por los desmovilizados de las FARC y apropiarse así de sus recursos.
En el caso del Catatumbo, “bosques, agua, petróleo, carbón y, desde los 90, coca”, menciona Arias, además de múltiples cultivos base para la alimentación.
Son recursos clave para el desarrollo que hasta la fecha no han servido para traer suficiente bienestar a sus habitantes.
Falta “inversión en infraestructura, en educación, en salud, en vivienda, en oportunidades laborales, en apoyo a proyectos productivos”, según un relato de la Comisión de la Verdad en Colombia.
Las décadas de conflicto, la débil presencia del Estado y su ubicación estratégica convirtieron al Catatumbo en una región prolífica para rentas ilegales como el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes desde Venezuela y el lavado de activos.
Guerrillas como el ELN, surgidas en los 60 con fines políticos, “transitan hacia un escenario donde cada vez es más importante la delincuencia organizada y donde aumentan su dependencia de economías ilícitas”, describe Mantilla.
El Catatumbo es uno de los enclaves cocaleros más importantes del país y, según este experto, superó en los últimos años la producción de cocaína de otras regiones como Nariño o Putumayo.
Un informe de las Naciones Unidas de 2024 estima que el Catatumbo contaba en 2023 con casi 54.000 hectáreas de hoja de coca.
Esta región y otras tres en el país son las únicas que superan las 30.000 hectáreas de ese cultivo.
Una concentración que, de acuerdo a testigos e informes sobre terreno, es controlada por los grupos armados presentes.
“Por algunos años, el ELN y disidencias las FARC, de alguna forma, coexistieron aquí”, cuenta Arias, “a excepción de 2018 cuando hubo enfrentamientos entre un reducto del EPL y el ELN”.
El experto recuerda que incluso el ELN facilitó el rearme de facciones de las FARC que no se adhirieron al proceso de paz de 2016.
“Desde 2019, estos grupos elaboraron algunos acuerdos tácitos de respetar zonas, asuntos y temas de finanzas”, dice Arias.
Dichos tratos abordaban temas de narcotráfico, financiamiento y extorsión, y le dieron una mayor estabilidad a la zona.
Una especie de “gobernabilidad paralela”, dice la Comisión de la Verdad.
En medio, el ELN se sentó a la mesa negociadora de la administración de Petro en unos diálogos de paz que lograron avances prometedores y un cese al fuego.
Pero los diálogos se enquistaron desde mayo de 2024, los acuerdos entre el ELN y otros grupos de la región se quebrantaron y la breve estabilidad del Catatumbo se desmorona en este arranque sangriento de 2025.
El Catatumbo demuestra también su importancia política en un conflicto que hoy luce lejos de resolverse.
Es casi imposible, según expertos, que haya paz en Colombia si no hay paz con el ELN, la guerrilla en activo más numerosa del país.
Además, el dominio por décadas del ELN en esta región fronteriza contribuyó a que en los últimos años se convirtiera en actor “binacional” y un instrumento “clarísimo de Venezuela para influir en Colombia”, según el analista Mantilla.
Esto complica, más si cabe, cualquier resolución.
El gobierno de Venezuela es garante de paz del ELN en las negociaciones con funcionarios colombianos.
“Maduro se lo recuerda con frecuencia a Petro”, dice Mantilla.
El académico también advierte que “la fortaleza militar del ELN es la frontera con Venezuela y el hecho de que ahora esté asumiendo una posición más beligerante es un recordatorio de que cualquier conversación de paz pasa por ese país”.
Un escenario particularmente complejo a la fecha, dado que las relaciones entre los gobiernos de Petro y Maduro atraviesan su momento más complicado después de que Colombia no reconociera la victoria del venezolano en las elecciones del pasado 28 de julio.
En la pugna de poder del Catatumbo, este experto cree que el ELN acabará imponiéndose sobre las disidencias de las FARC y otros grupos armados.
“Esto podría acelerar los acuerdos con las disidencias, que quizás busquen protección del Estado”.
Lo que sucedería con un ELN más poderoso e influyente es una incógnita, aunque muchos en Colombia conciben que la violencia reciente es un golpe definitivo a la legitimidad de cualquier acuerdo de paz.
Todo indica que lo que pase en el Catatumbo marcará en Colombia el debate sobre la seguridad y la paz a poco más de un año de nuevas elecciones presidenciales.
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