Carlos Zamarripa deja fiscalía de Guanajuato tras 15 años en el cargo, nombran a Zucé Hernández como fiscal provisional
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, nombró como fiscal general provisional del estado a Zucé Anastacia Hernández Martínez, luego de que por 15 años Carlos Zamarripa desempeñara el cargo en medio de cuestionamientos.
“Viene una nueva etapa para la Fiscalía General del Estado, hoy he nombrado a la Maestra Zucé Anastacia Hernández Martínez como fiscal en forma provisional, hasta en tanto se realiza la designación definitiva. Estoy segura que desempeñará su labor con profesionalismo y en beneficio de nuestra gente”, escribió la gobernadora en X.
Zucé Anastacia Hernández sucede a Carlos Zamarripa a partir de este 1 de enero, luego de que en septiembre el exfiscal presentara su renuncia que se hizo vigente hasta este primer día de 2025.
En septiembre, Libia Dennise reconoció la labor del fiscal Carlos Zamarripa quien, junto a Alvar Cabeza de Vaca Appendini, ahora exsecretario de Seguridad del estado que estuvo 12 años en el cargo, ha sido criticado por el incremento de los homicidios y la violencia.
Las críticas a Carlos Zamarripa
En varias ocasiones el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la permanencia de Carlos Zamarripa como fiscal de Guanajuato.
En la conferencia mañanera del 26 de julio de 2021, López Obrador dijo que el fiscal debía que ser removido por los altos índices de violencia que presenta el estado.
“Se tiene que remover, puede ser muy cercano, compañero de partido, de escuela, pero si no se dan resultados y está de por medio la vida de gente, pues para afuera. Si alguien trabaja en una empresa y no da resultados, pues ni modo que lo vayan a mantener de gerente”, dijo.
No solo el exmandatario, también la oposición en Guanajuato –principalmente representada por Morena en los últimos años—criticó en varias ocasiones y pidió la dimisión de Zamarripa.
¿Cómo llegó Carlos Zamarripa a ser fiscal?
En febrero de 2009, en el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez, Carlos Zamarripa fue nombrado procurador de Justicia luego de que el titular de la dependencia, Daniel Chowell Arenas, renunció al cargo para postularse como candidato al gobierno municipal de Guanajuato.
En 2019, diez años después, Zamarripa rindió protesta como fiscal ante el Congreso local, a pesar de que diputados de Morena, PRI, Partido Verde y PT rechazaron el pase automático del procurador a fiscal por su cercanía con gobernantes del PAN.
En cinco ocasiones, entre 2020 y 2023, diputados de Morena solicitaron ante el Pleno del Congreso la remoción del fiscal a quien acusaron de ser “uno de los principales responsables de la crisis de violencia” en el estado.
Fiscalía agradece a Zamarripa entrega y resultados
Por su parte, Fiscalía General de Guanajuato agradeció a Carlos Zamarripa “su entrega y dedicación” por más de 30 años en la corporación.
“Durante 16 años, como el último Procurador de Justicia y el primer Fiscal General, destacó no solo por su carrera, sino también por las profundas transformaciones que ha impulsado en la procuración de justicia de Guanajuato”, apuntó la Fiscalía en un comunicado.
También lee: Las zonas silenciadas en Guanajuato
Además, en un video, el ahora exfiscal de Guanajuato repasó su infancia en León, Guanajuato y sus años como estudiante y formación en el FBI, dejando claro que su renuncia fue “ajena a su voluntad”.
“Hoy, Carlos Zamarripa deja su cargo, ajeno a su voluntad, pero con la certeza de haber formado un equipo sólido. Este no es el fin de su historia, Carlos Zamarripa sigue adelante”, es parte de la narración del video.
Guanajuato: el número uno en violencia
Guanajuato es el estado más violento del país con constantes asesinatos, ataques armados, desapariciones, enfrentamientos armados, agresiones a negocios y bloqueos carreteros.
En los últimos 12 años, en los gobiernos de Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se cometieron más de 23 mil homicidios dolosos en la entidad.
Relacionado
Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
