Blindan Feria de la Bandera en Iguala, Guerrero, por amenazas previas; hace un año tuvieron que cancelarla por violencia
Detectores de metales, drones, 500 agentes uniformados y vehículos especiales del Ejército forman parte de la operación para garantizar la edición 72 de la Feria de la Bandera en Iguala, Guerrero, después de amenazas de ataques con granadas para que ésta no se realizara.
En medio de ese fuerte operativo de seguridad, el sábado 15 de febrero se registró la máxima afluencia a la feria hasta ahora, -un día después de su arranque-, cuando ingresaron 40 mil personas.
Parece mucha gente para un municipio de 155 mil habitantes, pero la cifra representa apenas una cuarta parte de las visitas que solía tener, de acuerdo con habitantes de Iguala, para quienes su feria es la actividad anual más esperada.
El ingreso fue moderado por el temor a las amenazas de un grupo criminal que advirtió que lanzaría granadas y explosivos desde los hoy temidos drones.
César, un niño de 14 años que cursaba tercer año de secundaria, fue señalado por el grupo rival de pegar cartulinas con tales amenazas, y apareció ejecutado el martes 12 de febrero. Sus asesinos colocaron sus manos infantiles, las que fueron cercenadas, sobre la cartulina en la que fue obligado a escribir sus disculpas por lo que hizo.
Las autoridades municipales celebran afluencia a la feria
Hoy se sabe que ingresaron 40 mil personas a la Feria porque fueron contadas una a una en los seis arcos detectores de metales colocados en los accesos.
El dato lo compartió -eufórico- el alcalde igualteco, Erick Catalán Rendón, en una llamada telefónica en la que se dijo satisfecho de conseguir que la feria se inaugurara, a pesar de las amenazas previas.
Para vigilar el espacio de la feria se desplegaron desde el viernes más de 500 efectivos de las diferentes corporaciones policiacas, “en una excelente coordinación” según el alcalde.
Su alegría deriva de que la Feria de la Bandera se canceló hace un año, también por una jornada previa de amenazas y eventos violentos.
La feria fue inaugurada el 14 de febrero y terminará el próximo 2 de marzo, y se espera que el 24 de febrero, Día de la Bandera, alcance su máxima afluencia. Por lo mismo, es el día en el que hay mayor temor de que las amenazas se hagan efectivas.
En Chilpancingo, la edición 199 de la feria de navidad y año nuevo, del pasado mes de diciembre, nunca se canceló oficialmente, pero no llegó a instalarse por advertencias previas y semanas violentas, desde la decapitación del alcalde recién electo, Alejandro Arcos Catalán.
El resto de Iguala permanece a merced de los grupos criminales
“¡Pase su bolsita por acá, mi jefa!”, pide a una señora un integrante del equipo de logística de la Feria de la Bandera, para que la deje ingresar.
El acceso está vigilado por alrededor de 10 patrullas de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En el costado derecho hay estacionados tres vehículos conocidos como black mambas (una gris y dos negras), el auto táctico del Ejército fabricado por empresas mexicanas. Este vehículo, de acuerdo con lo informado por el Ejército, está equipado con torretas eléctricas giratorias y motorizadas donde se pueden montar ametralladoras, y su carrocería es de acero balístico.
La señora expone sus pertenencias en una bolsa de mano minúscula. Cuando ingresa, el arco detector de metales emite una señal como evidencia de que fue contada y lo mismo pasa con los dos niños, la niña y la madre y el padre, integrantes de la misma familia.
Los dos niños y la niña entran felices. Los adultos no se muestran eufóricos. Observan en todas direcciones y para cualquier punto cardinal, sus ojos topan con grupitos de tres a cinco guardias que recorren el perímetro que les fue asignado.
Las luces de los puestos brillan y las diferentes piezas musicales que hay en los puestos introducen a un ambiente festivo, pero los elementos de la Guardia Nacional, algunos a bordo de cuatrimotos recuerdan en todo momento que no se deben relajar, que los niños no deben caminar lejos, que los adultos mayores no pueden rezagarse, que hay que mantenerse juntos por cualquier cosa.
El perímetro de la feria está vigilado desde las alturas. Tres drones sobrevuelan el espacio iluminado y bullicioso de la feria. Sus lucecitas brillan en lo alto. Algunos se percatan de que hay drones y se sienten más vulnerables, porque había amenazas de que lanzarían bombas con drones.
Pero según el alcalde no hay nada que temer, pues esos drones son de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
“Son parte de la vigilancia, los maneja la Fiscalía, mandan las imágenes en tiempo real”, enfatiza el edil.
Los niños y la niña de la familia visitante se quieren subir a los juegos mecánicos. Los juegos cuestan desde 80 pesos el más accesible en adelante. Si la mamá y el papá tienen recursos suficientes y sus hijos e hija querrán subir a más de tres juegos, les conviene adquirir una pulsera, la que cuesta 300 pesos por persona. Esta familia adquirió las tres pulseras para cada uno de los hijos, es decir, 900 pesos.
Además, gastarán en alimentos. Una cena sencilla con tacos al pastor cuesta 75 pesos, casi el doble que fuera de la feria. Una cerveza, 70 pesos.
El estacionamiento también tiene un costo alto: desde 100 pesos hasta 300, dependiendo del tiempo que permanezcan dentro.
Hay un dicho popular antiquísimo que dicta que, “para ir a la feria, hay que llevar feria”. Y se calcula que, en un día con 40 mil asistentes, la feria pueda ingresar hasta 10 millones de pesos.
Quizás por eso, toda la seguridad del municipio de Iguala está desplegada en esta zona del periférico, mientras en el resto de las colonias y paradas de transporte público no se percibe ninguna vigilancia.
El martes 18 de febrero, antes de mediodía, fue asesinado en una ferretería un joven de 22 años. Se supo que el dueño de la ferretería fue extorsionado por parte del mismo grupo del crimen organizado que dicen, es el autor de las amenazas contra la organización de la feria.
Los mensajes entre el 666 y II y “el dueño de la plaza”
El lunes 10 de febrero trascendió el reporte del lanzamiento de una granada dentro de las instalaciones de la feria. Se desplegó una operación de seguridad en el perímetro, pero no ubicaron ningún tipo de daño en las instalaciones, lo único que supuestamente habrían localizado los elementos que se movilizaron fue una cartulina con amenazas.
Las autoridades no informaron nada de la cartulina, pero el supuesto mensaje se difundió por diferentes páginas que suben contenido tipo periodístico, sin serlo, y por redes sociales.
La supuesta amenaza habla de un primer aviso para que la feria se cancelara presuntamente firmado por “666 y II”. Al otro día, apareció el cadáver de César con las manos cercenadas.
Mientras se difundía la noticia de este infanticidio, circulaba en páginas de Facebook un video en el que aparece César. En ese video, el niño es interrogado por alguien a quien no se ve y le distorsionan la voz, como ocurre en este tipo de contenidos que distribuyen grupos del crimen organizado, culpando a las víctimas de su propia muerte.
Los mensajes con el adolescente asesinado fueron firmados por “el dueño de la plaza”.
Posteriormente, en la madrugada del 13 de febrero, en la unidad habitacional Fovissste, cerca de la feria, atacaron a balazos una casa y quienes lo hicieron dejaron un mensaje escrito en un pedazo de cartón firmado, supuestamente, con las siglas GNG.
Estas siglas se dieron a conocer por primera vez el 24 de octubre del 2024, cuando ingresó al municipio de Tecpan un comando armado y los habitantes de esa parte de la Costa Grande vivieron durante cinco días una jornada de terror por diversos enfrentamientos y persecuciones contra los que ingresaron a disputar el control al grupo local conocido como Los Granados.
El mensaje del GNG en Iguala indicaba que el ataque a la casa era porque los que ahí vivían asesinaron a César y denunciaban que al adolescente lo había entregado el mismo gobierno. También había mensajes para el alcalde y contra reporteros. Insistían en que la feria se cancelara.
Para saber más: GNG, la alianza criminal que sembró el terror en Tecpan para disputarse el trasiego en la Costa Grande de Guerrero
A pesar de la jornada violenta, el alcalde de Iguala y el gobierno estatal encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, dijeron que la feria se llevaría a cabo. Después del hallazgo del cadáver del niño, las autoridades recorrieron la feria.
De acuerdo con las versiones de los habitantes de Iguala quien firma como “el jefe de plaza” es un integrante del grupo criminal Los Tlacos, los que se hicieron del control de la ciudad desde aproximadamente tres años.
Entérate: Asesinan a maestro de primaria cuando niñas y niños salían de clases en Chilpancingo, Guerrero
Quien firma como el 666 es quien hace un año y dos años atrás firmaba como MMM a quien identifican como Maclovio Murillo Rodríguez y es conocido en Iguala como el hijo de “las italianas” quienes precisamente son de Italia, pero en los años en los que Guerreros Unidos tenía el control, una de ellas fue pareja de un jefe de plaza.
Hace un año que se canceló la feria por varios hechos violentos, entre ellos, los asesinatos en una tienda de abarrotes, una taquería y el ataque a Erick Catalán, ahora el alcalde, además de incendios de autos, se difundieron videos de un hombre joven, de barba, quien decía ser el MMM y se adjudicaba esas acciones
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Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
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