Fiscalía de CDMX identificó desde 2020 a Miguel N, el feminicida de Iztacalco, pero no hizo nada
Miguel “N”, detenido el 16 de abril de 2024 en la alcaldía Iztacalco tras atacar sexualmente y asesinar a María José, adolescente de 17, y herir a otra mujer, estaba identificado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como un presunto feminicida que operaba en las inmediaciones del metro Coyuya desde el año 2020, pero este organismo no realizó ninguna acción para capturarlo.
Según documentación oficial de la que Animal Político tiene copia, las evidencias de que la Fiscalía capitalina tenía identificado a Miguel “N” y su presunta relación con la desaparición de mujeres en Iztacalco fueron incluidas desde el 19 de noviembre de 2020 en la carpeta de investigación que inició por la desaparición de una joven, ocurrida en el año 2018.
¿Quién es Miguel “N”, el feminicida de Iztacalco?
Entre la información con la que contaba la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en 2020 están el nombre completo del presunto feminicida, el domicilio del laboratorio en el que trabajaba, su teléfono personal, así como declaraciones de testigos según los cuales existía una “relación estrecha y permanente” entre Miguel “N” y la víctima de desaparición registrada en 2018, que también era empleada de ese lugar, a la que “invitaba a su casa y en ocasiones la invitaba a tomar café”.
A pesar de que la Fiscalía de Justicia capitalina tuvo esta información desde 2020, el presunto feminicida Miguel “N” no fue detenido sino hasta 2024 y no como resultado de alguna investigación. Continuó su vida sin alteraciones durante los siguientes cuatro años, tiempo en el que asesinó al menos a una víctima: la adolescente por cuya muerte fue detenido in fraganti el pasado 16 de abril, al intentar escapar del lugar donde ocurrieron los hechos.
Además de la víctima de desaparición y del crimen de su última víctima, a Miguel “N” se le atribuyen extraoficialmente cinco asesinatos más de mujeres: dos cometidos en 2012, uno en 2015, uno en 2019 y uno más en 2020.
Cuando esta información sobre la identidad del presunto feminicida serial de Iztacalco fue recabada por las autoridades locales, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, responsable de esclarecer estos crímenes, tenía al frente a Ernestina Godoy, que actualmente es candidata al Senado por la misma alianza partidista.
Razones por las que no se actuó contra feminicida de Iztacalco
Animal Político consultó a la Fiscalía General de Justicia capitalina las razones por las cuales no se actuó desde 2020 en contra de este presunto feminicida, a pesar de contar con su identidad, ubicación e indicios sobre su relación con la desaparición de mujeres en Iztacalco.
A través de su área de atención a prensa, la Fiscalía negó haber contado con información sobre Miguel “N” antes de su captura y aseguró que “si se tuviera información al respecto, habría registros previos de esta persona en alguna carpeta de investigación y no los hay”.
No obstante, la documentación oficial obtenida por Animal Político refuta el posicionamiento de la fiscalía capitalina.
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Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
¿Por qué quiere Trump utilizarla?
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
¿Cómo se ha utilizado la ley en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
¿Existe algún tipo de restricción a la ley?
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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