Fiscalía de CDMX rectifica y no descarta que Fátima pudo ser víctima de acoso escolar
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que no se descarta que exista un delito tras el caso Fátima, una adolescente que el 4 de febrero cayó de un tercer piso en una secundaria de Iztapalapa, y luego de que sus padres realizaran denuncias porque sufría acoso escolar.
En un comunicado, este miércoles la dependencia rectificó pues el pasado 24 de febrero habían informado que la menor no había sido empujada por alguno de sus compañeros, ni estaba acompañada de alguien cuando ocurrió el incidente.
En ese momento, mencionaron que que de acuerdo con los trabajos periciales y de investigación, el incidente sucedió cuando los alumnos se encontraban en clases y no en el horario del receso y señaló que la Escuela Secundaría Diurna número 236 no cuenta con un tercer piso.
A través de una nueva tarjeta informativa, la Fiscalía informó este miércoles que “al día de hoy no se descarta la posibilidad de que exista un delito o conducta que perseguir, ya sea directa o indirectamente relacionada con la caída o por sucesos previos que podrían haberla propiciado”.
Mencionan que continúan recabando y analizando todos los elementos “para conseguir su esclarecimiento, encontrar la verdad y brindar certeza jurídica a los padres de la víctima y a la sociedad”.
Y aseguraron que se analizarán todas las circunstancias que pudieron haber influido en el incidente, “incluyendo la posibilidad de que existieran antecedentes de acoso escolar”.
Caso Fátima: autoridades de CDMX descartan acoso escolar; familia exige que se investigue
El pasado 4 de febrero, la adolescente de 13 años cayó del tercer piso de la secundaria donde estudiaba en Iztapalapa. Aunque su familia sostiene que fue arrojada por sus agresores, las autoridades aseguran que no hay elementos para confirmar esta versión.
Te puede interesar: Dan tres años de internamiento a adolescente por el homicidio de Norma Lizbeth, joven que sufría bullying en una secundaria de Teotihuacán
De acuerdo con el papá de Fátima, Juan Zavala Peña, su hija era víctima de acoso escolar por parte de algunos de sus compañeros de la Escuela Secundaria Diurna número 236, quienes presuntamente la golpeaban y atacaban a través de medios digitales por ser fanática del K-Pop, un género musical originario de Corea del Sur.
En entrevista con Azucena Uresti, el padre de la víctima aseguró que denunciaron la situación por lo menos un mes y medio antes de los hechos, pero las autoridades escolares nunca actuaron al respecto, por lo que considera que las agresiones escalaron a tal grado que pudieron haber sido los alumnos que la acosaban los que la arrojaron del tercer piso.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, confirmó que la familia de Fátima presentó una denuncia en diciembre de 2024 por presunto maltrato escolar, sin embargo, descartó la existencia de indicios que permitan asegurar que la adolescente fue lanzada por sus compañeros.
La familia de Fátima reaccionó a las declaraciones de Mario Delgado calificándolas de “irresponsables” y acusándolo de intentar desmarcarse de lo ocurrido “sin contar con pruebas que lo respalden”.
A través de una carta pública, la familia solicitó que el funcionario sea destituido del cargo y que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
Asimismo, informaron que Fátima continuaba en proceso de recuperación tras una cirugía para corregir las fracturas en la columna, pelvis y diversas partes de su cuerpo que sufrió al momento de la caída.
Relacionado
Del tamaño de un carnet de identidad, lleva casi 20 años en circulación, pero su demanda se ha disparado desde que Trump asumió la presidencia.
“Llevándola encima me siento más segura”.
Así dice Verónica Velásquez, una inmigrante indocumentada originaria de Filipinas y residente en Los Ángeles, de una tarjeta roja del tamaño de un carnet de identidad que mantiene siempre en su cartera.
Llamada también know-your-rights card (tarjeta conozca sus derechos) o simplemente “la tarjeta roja”, recuerda a quien la tiene entre manos algunos de sus derechos constitucionales y le resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Disponible en 19 idiomas e ideada por la organización Immigrant Legal Resource Center (ILRC), lleva en circulación casi dos décadas.
Aunque su uso y demanda se han disparado desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, con la promesa, entre otras, de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Lista de derechos e instrucciones
Todo el que se encuentre en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria, tiene ciertos derechos garantizados por la Constitución.
La tarjeta roja enumera algunos de los más relevantes para alguien que no tenga el permiso legal para residir en el país y corra el riesgo de ser deportado, como el derecho a permanecer en silencio recogido en la Quinta Enmienda o a no dejar entrar a la casa a un agente que no porte una orden firmada por un juez, tal como especifica la Cuarta Enmienda.
Usted tiene derechos constitucionales:
• No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta.
• No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho a guardar silencio.
• No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.
• Si usted está fuera de su casa, pregúntele al agente si tiene la libertad de irse y si le dice que sí, váyase con tranquilidad.
• Entréguele esta tarjeta al agente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.
Su formato es una referencia a las tarjetas rojas que usan los árbitros en los partidos de fútbol para expulsar a los jugadores.
Y la idea de crearlas surgió en 2007, a raíz de una serie de redadas llevadas a cabo en entornos laborales que “aterrorizaron a la comunidad”, explican desde ILRC, que tiene su sede en la ciudad californiana de San Francisco.
La organización las distribuye directamente a otras entidades, que a su vez las reparten en escuelas, iglesias, clínicas o bancos de alimentos, y a abogados que trabajan con migrantes y solicitantes de asilo.
También ofrece la posibilidad de descargar el diseño a través de su página web, para que quien las quiera pueda imprimirlas y montarlas por su cuenta.
“Desde las elecciones (presidenciales del 5 de noviembre) nos han llegado pedidos para un total de nueve millones de tarjetas, más que el total de los 17 años anteriores”, informa la organización.
En una cara llevan la información en inglés, y en la otra la traducción a uno de los 19 idiomas disponibles, desde el español y el portugués, pasando por el árabe, el creole, el ruso y el ucraniano, hasta el vietnamita y el chino, como muestra del diverso origen de los inmigrantes que hoy por hoy están en riesgo de deportación en EE.UU.
Según un análisis del Centro de Investigación Pew en base a los datos más recientes disponibles, en 2022 había 11 millones de personas indocumentadas en EE.UU., el 23% de los inmigrantes y un 3,3% del total de la población.
En torno a cuatro millones eran originarias de México, 1,9 millones nacieron en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica – El Salvador, Honduras y Guatemala, y los provenientes de Venezuela pasaron de ser 55.000 en 2007 a más de 270.000 en 2022.
Y también hay amplias comunidades originarias de otros continentes, como por ejemplo 750.000 residentes no autorizados que nacieron en India.
“Sencilla, pero de alto impacto”
Para muchos de estos inmigrantes sin papeles, hacer valer los derechos que recoge la tarjeta roja podría marcar la diferencia entre quedarse en el país o ser deportado, advierten activistas y abogados.
Por ello, organizaciones como TODEC, con sede en tres municipios de zonas rurales de California donde un alto porcentaje de trabajadores agrícolas son indocumentados, ha repartido hasta 500.000.
“Asegúrate de que portas siempre la tarjeta roja, para explicar y hacer cumplir tus derechos si llega a detenerte un agente migración”, dice la hoja informativa que suele repartir en comunidades con población en riesgo de ser deportada.
“Es una herramienta sencilla pero puede tener un alto impacto”, subraya Dalia Zetina, del Dream Project Center de la Universidad Coastline de Newport Beach, California.
“Además ayuda a quien lo lleva a sentirse más seguro a la hora de salir de casa o para ir al trabajo”, le dice a BBC Mundo.
“Probablemente te pongas nervioso si un agente te para. Así que solo tienes que agarrar la tarjeta y leerla, o entregársela directamente”, explica.
El centro para el que trabaja ha distribuído 700 unidades en la comunidad, en español, tagalo y vietnamita.
A la semana de la toma de posesión de Trump y en vista de las primeras redadas, María Fernanda García Castillo, nacida en EE.UU. de padres inmigrantes, decidió imprimir tarjetas y repartirlas en su entorno en Charlotte, Carolina del Norte.
“Supe de gente que no estaba yendo al trabajo porque vivían en un área con alta población latina y laboraban en sectores que están en el punto de mira de las autoridades migratorias, como la construcción”, le contó al medio local WCNC.
“Se me acabaron pronto y me di cuenta que la gente tenía muchas preguntas acerca de cuáles eran sus derechos”, así que decidió fundar Project Red Cards, para distribuir todas las que pudiera en tiendas, restaurantes, clínicas, lavanderías y otros puntos de su municipio y en localidades aledañas.
A kilómetros de allí, en el estado de Maryland, Marlon A. Cruz, un ingeniero de 23 años hijo de inmigrantes guatemaltecos, organizó este martes un taller para imprimir y montar 400 tarjetas rojas en 10 idiomas distintos.
Ahora pretende entregarlas entre la comunidad hispana del condado en el que vive, Prince George’s, en las afueras de Washington DC, le dice a BBC Mundo, y trabajar en red con organizaciones para ampliar su alcance.
Son solo unos ejemplos de los grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país que llevan semanas organizándose y ofreciendo la tarjeta como parte de una serie de recursos a la población en peligro de deportación.
También organizan talleres y sesiones informativas en centros comunitarios, escuelas e iglesias bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
Asimismo, existe una serie de aplicaciones para celular que contienen una información similar a la de las tarjetas rojas en audio, y que permiten a sus usuarios no tener que mediar palabra con los agentes migratorios.
“Yo lo llamo ‘cómo escapar del arresto'”
Mientras, funcionarios de la administración Trump han arremetido contra la actividad de ONGs y voluntarios, subrayando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo Thomas D. Homan, a quien el presidente nombró “zar de la frontera” y que está al frente de las operaciones de deportación.
También aclaró que eso no frenará las expulsiones, como ya lo ha dicho sobre las “ciudades santuario”, aquellas donde los funcionarios municipales no están obligados a colaborar con los agentes federales en materia migratoria.
“Nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella”, aseguró en una entrevista en la cadena Fox News nada más ser elegido para el cargo, que asumió tras fungir como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esa fue una de las principales promesas de campaña de Trump y desde que asumió la presidencia ha ordenado redadas en todos los rincones del país, enviado aviones con deportados a Colombia o Venezuela, algunos tras haber estado detenidos en Guantánamo, y usado como países “puente” a Panamá y Costa Rica.
El nuevo gobierno ha hecho un gran despliegue mediático con las detenciones y las deportaciones.
A diario, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales y páginas web, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE publican imágenes de personas que han sido arrestadas, a veces a punto de subirse a un vuelo, encadenados de manos y pies.
Sin embargo, y aunque la seguridad nacional sea el argumento con el que el nuevo gobierno justifica las deportaciones y Trump y Homan insistan en que se están repatriando “delincuentes”, cifras obtenidas por la cadena NBC muestran que más del 40% de los detenidos no tenía antecedentes penales.
El medio encontró que de los 4.422 arrestados por el ICE en las primeras dos semanas de febrero, 1.800 (un 41%), no tenían ninguna condena ni cargos penales pendientes.
Ante ello, el temor a encontrarse con un agente migratorio se ha extendido como la pólvora entre los inmigrantes indocumentados y las familias con estatus mixto, en las que al menos uno de los miembros no tiene la residencia legal.
“Ni voy a salir de casa”, le decía a BBC Mundo José, quien lleva más de 25 años en el país pero no ha logrado regularizar su situación por haber cruzado la frontera desde México de forma ilegal, después de que el diario LA Times, en base a la filtración de un documento oficial del DHS, informara de unas posibles redadas masivas en Los Ángeles antes de que termine febrero.
En ese contexto de miedo, una herramienta tan básica como una tarjeta roja puede marcar la diferencia.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas
- El gobierno de Trump obligará a los indocumentados que viven en EE.UU. a inscribirse en un registro o enfrentarán multas y penas de cárcel
- Los migrantes venezolanos que regresan a su país porque no pudieron entrar a EE.UU. y ahora están varados en Panamá
- “Países puente”: los problemas que enfrentan Panamá y Costa Rica al ayudar a la política de deportación de Trump
