A seis días de que un grupo armado asesinó a balazos a siete personas en El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, al menos 50 personas de esta comunidad se desplazaron a otros lugares de Guerrero por razones de seguridad.

El éxodo de las familias de esta localidad ocurrió en las últimas 24 horas aunque desde el pasado domingo se puso en marcha una operación con fuerzas de seguridad federal y estatal para resguardar a los habitantes y detener a los responsables.

Después que ocurrió la masacre de seis adultos y un menor de 11 años, los habitantes de este pueblo enclavado en la Sierra recibieron la visita de diversos funcionarios y mandos de corporaciones de seguridad.

Desde este domingo 11 de diciembre, luego de que transcurrieron más de 24 horas de la matanza, llegó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, con un contingente de marinos, Guardia Nacional, Ejército y Policía estatal.

Además, el lunes 12, la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, visitó a los pobladores y les prometió que se hará justicia en el caso de los siete asesinatos y llevó a un agente del Ministerio Público del Fuero Común para que los familiares de las víctimas interpusieran sus denuncias.

“Aquí siguen los soldados, los policías estatales y Guardia Nacional pero solo andan recorriendo las calles del pueblo y no van al monte a detener a los delincuentes que ahí andan escondidos listos para entrar y solo esperan que se vayan las fuerzas de seguridad”, dijo la comisaria.

“La gente tiene que ir a sus parcelas para sembrar y sigue en sus casas porque no tienen ninguna garantía de regresar con vida”, indicó.

Otro problema que enfrentan los habitantes de El Durazno es de que los proveedores de diversos productos no acuden a la localidad para surtir a las tiendas y no lo harán mientras no haya garantías de seguridad.

“La escuela primaria (Ignacio Zaragoza) en donde el grupo armado citó a la gente para asesinarla está baleada y tiene que ser remozada”, dijo la comisaria.

Este jueves los pobladores recibieron la visita de una funcionaria del DIF estatal que envió la presidenta de este organismo, Liz Salgado Pineda, hermana de la gobernadora Evelyn Salgado.

La enviada de Salgado Pineda entregó 200 despensas.

“Esas despensas alcanzan para dos o tres días, es una burla que nos hace el gobierno; lo que queremos es de que se nos haga justicia y que los delincuentes que andan escondidos cerca del pueblo los detengan”.

Mencionó que la funcionaria del DIF estatal llegó acompañada por el director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Miguel Flores Morales.

“Nosotros pensábamos que el de derechos humanos se quedaría aquí en el pueblo para recabar nuestras denuncias pero se fue rápido con la funcionaria del DIF, pues se ve que les dio mucho miedo estar aquí”, dijo la comisaria.

Uno de los programas sociales que puso en marcha el gobierno federal desde el 2018 fue Sembrando Vida, pero aquí en El Durazno todavía ningún campesino ha sido beneficiado.

En el 2019, cien campesinos se inscribieron en este programa pero sus nadie salió en las listas de beneficiarios.

“El gobierno federal no nos ha apoyado en nada, es más ni siquiera con becas para los niños que van a la escuela”.

A la gente, aseguró, no le importa mucho que hayan sido excluidos en los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque les interesa más tener tranquilidad.

Miedo 

Rosas García reconoció que tiene miedo de que la pase a ella y a su familia por las denuncias que ha hecho de manera pública por la situación de inseguridad que existe en su pueblo.

“La verdad temo que me maten porque esa gente mala ya me tiene ubicada pero a pesar de eso yo seguiré dando la cara por mi pueblo porque para eso me eligieron”, dijo.

A seis días del asesinato de los seis adultos y un menor de 11 años, las fuerzas policiacas solo aseguraron dos camionetas con las siglas de la FM (Familia Michoacana) en las que presuntamente se moviliza el grupo armado, además de cartuchos útiles.