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“15 días y no nos ha venido a ver”: familias buscadoras en Zócalo reclaman que AMLO las ignoró durante informe de gobierno
“15 días y no nos ha venido a ver”: familias buscadoras en Zócalo reclaman que AMLO las ignoró durante informe de gobierno
Foto: Sharenii Guzmán
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“15 días y no nos ha venido a ver”: familias buscadoras en Zócalo reclaman que AMLO las ignoró durante informe de gobierno

En el día del último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, familias buscadoras cumplen 15 días de plantón en el Zócalo sin haber recibido una visita ni del mandatario ni de la presidenta electa.
01 de septiembre, 2024
Por: Marcela Nochebuena

Abraham Zeidy Hernández del Razo desapareció en Escobedo, Nuevo León, el 14 de mayo de 2024, cuando su familia tuvo la última noticia de él. Su mamá y su hermana hablaban con él por teléfono durante una celebración. El joven de 32 años les dijo que llamaría más tarde para felicitar a su abuela. 

Esa llamada nunca llegó. Desde entonces, ellas y su papá no saben nada de él. Desde el plantón que familias buscadoras instalaron en el asta bandera del Zócalo el pasado domingo 18 de agosto, Gustavo, su padre, confiesa que han sido casi cuatro meses dolorosos y tristes.

“Le pedimos tanto a Dios que tengamos noticias, sea como sea”, dice. El papá de Abraham relata que dado que vive en la Ciudad de México, solo tenía comunicación esporádica con su hijo; siempre había sido así. “Sin embargo, nos queremos mucho, es mi amigo, yo he sufrido mucho, mi casa está muy triste, mi familia está devastada”, agrega.

Lo único que quisiera ahora es que sonara el teléfono para recibir alguna noticia, pero las autoridades no han hecho nada. Se pregunta si el hecho de no vivir allá podría estar relacionado con esa falta de acción. Desde la plaza central de la capital, le pide al gobernador Samuel García que lo ayude en la localización de su hijo. 

gustavo familias desaparecidos
Foto: Marcela Nochebuena

“También le pido a la población de Monterrey, a los ciudadanos de Monterrey, que nos ayuden, porque ha habido muchas fichas de búsqueda en las redes, muchas. No puedo creer que nadie haya visto nada y que no sepan nada de mi hijo. No nada más es una familia, es un círculo social el que está dolido”, reclama. 

Gustavo llegó al Zócalo con sus amigos de ese colectivo, como los llama, que está viviendo lo mismo que él. Eso le parece importante para expresarle a la sociedad que no están solos, que es posible levantar la voz y unirse para “recuperar a nuestros hijos de la forma que sea, y como estén”.

“Lo importante es que nos sumemos, que podamos difundir las búsquedas de todos nosotros, de nuestros hijos, porque es algo muy triste que estoy viviendo como papá. Las mamás sufren mucho, pero los papás también sufrimos mucho; a veces me caigo pero me tengo que volver a levantar, tengo que ser fuerte y seguir”, dice convenciéndose a sí mismo. 

Asegura que la lucha de quienes permanecen en el Zócalo, especialmente este domingo, cuando persistirán como un punto de contraste en medio del discurso oficialista, es muy grande. Estar con sus compañeros, sostiene, de alguna manera lo tranquiliza, porque escuchar y compartir sus historias lo dota de mucha energía. “Podernos entender —continúa– es la parte más importante de ser humanos y poder sacar adelante las exigencias juntos”.

ficha Abraham Zeidy Hernández

A sus espaldas, sobresalen los techos de las casas de campaña, unas siete en este momento, donde aproximadamente 50 personas se van rotando, 15 más o menos por turno. En buena medida, han sobrevivido de donaciones, que les permitieron instalar después de algunos días un baño portátil, una situación con la que han batallado mucho.

Apenas este jueves comenzaron a cercarlos decenas de sillas y vallas, colocadas a lo largo de las cuatro caras del Zócalo, cuando faltaban tres días para el último Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que quizá se dirigirá a ellos solo como parte del resto de la multitud, porque después de 15 días no ha querido entablar un diálogo directo.

Gustavo, en cambio, sí lo alude directamente desde la plancha: “Que el señor presidente de la República nos apoye, nos dé una solución, que nos ayude a aminorar este dolor, porque él también es padre, tiene hijos; que voltee a ver a sus hijos, porque hasta cuando un hijo se enferma le duele a uno; ahora imagínese cuando ya no está, no sabemos nada”.

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Lo único que pide –remarca– es que voltee a verlos, los atienda y les dé alternativas, pero hasta hoy no hay ningún avance. Sin embargo, su fe es más grande, dice convencido, y no cejará ante la lluvia, el viento o las carencias que puedan enfrentar. 

Una vez concluido el informe de Gobierno, Gustavo dijo que fue lamentable para todas las familias sufriendo “este calvario tan triste” lo que “él quiso tratar de disfrazar” cuando los miles de desaparecidos en México son algo real, “no se acercó ni siquiera”.

“Usted habla mucho de Jesucristo y en su mandamiento dice que amarás a tu prójimo y hoy, a los desaparecidos, a las familias, creo que no ha cumplido”.

Y él no fue el único que se quedó con esa impresión al final del último informe de gobierno de López Obrador. Patricia de la Cruz, quien busca a su hijo Fernando Hernández, dice que no es posible que el presidente haya ignorado a las familias de personas desaparecidas.

“15 días y no nos ha venido a ver, nos ha ignorado, pero aquí vamos a estar, aquí vamos a estar”, dijo.

En Monterrey ya existe una denuncia por la desaparición de Abraham, y su papá espera que las autoridades estén haciendo algo, aunque no le han dado noticias. Subraya lo difícil de estos meses, sobre todo por el permanente recordatorio de que sigue existiendo un lugar, una recámara para él, como cuando venía de visita a la ciudad de México y le decía a su papá de cariño “mi monstruo”. 

En el pliego petitorio que difundieron el pasado 18 de agosto, las familias instaladas en el Zócalo piden a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, seguridad federal, presupuesto para fichas y volanteo, así como la identificación de más de 56 mil restos óseos en poder de los servicios forenses de todo el país, y en bodegas de resguardo y panteones municipales, que muchas veces permanecen ahí sin identificar, como el caso de Mauri Daniel.

vallas Palacio Nacional
Foto: Sharenii Guzmán

Una oración y una advertencia 

El viernes 30 de agosto por la noche, a dos días del informe del presidente López Obrador, las familias del plantón tuvieron su propia conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con la celebración de una misa ahí mismo pasadas las ocho de la noche. 

El padre Arturo, cuyos propios motivos lo acercaron al tema, por un joven que colaboraba en su parroquia en Gustavo A. Madero y el próximo 4 de septiembre cumple 9 años de desaparecido, en todo momento hizo referencia a las personas desaparecidas y a las deudas que se tienen con ellas.

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“Por todas las buscadoras y buscadores que han partido de esta vida sin respuesta; por todos los tesoros que hemos encontrado; por las cerca de 60 mil personas que no han sido identificadas en los servicios forenses de México; por todos los que amamos y han partido de esta vida, verdad y justicia, oremos”, lanzó en su plegaria el sacerdote. 

“Hasta encontrarles”, respondieron las familias, que tan solo un par de horas antes habían recibido la visita de funcionarios de Gobernación que les invitaron a “avanzar” —sin mencionar explícitamente la palabra retirarse— a cambio de la oferta de una reunión, pero hasta el lunes 2 de septiembre.

plantón desaparecidos Zócalo
Foto: Sharenii Guzmán

Para ellas, la atención no podía esperar tanto. Menos si significaba arriesgarse a que una vez pasado el informe, la promesa no se cumpliera. Los funcionarios prometieron regresar una hora después, ya terminada la misa, pero ese supuesto tiempo terminó extendiéndose hasta las 5 de la tarde del sábado sin que volvieran a apersonarse. La amenaza de un desalojo persistía, pero también la voluntad de permanecer ahí hasta la hora programada para que el mandatario se dirija a la nación por última vez, como un recordatorio de que en medio del informe hay un gran pendiente. 

Durante la misa, el sacerdote reconoció su persistencia, “en la inclemencia del temporal, 24 horas al día, con el celo del asta bandera para evitar que se resguarde el lábaro patrio pero con un gran motivo: que se nos imparta justicia, tan sencillo como eso”. 

“Pero no queremos conmemoraciones; si fuera de otra manera, por qué tomar un asta, por qué tener que salir a las calles, por qué tener que manifestarnos y gritar, lo que queremos es encontrar a nuestros tesoros. No sé si se den cuenta, ustedes son un ejemplo de lo que esta viuda de la parábola estaba buscando ante las autoridades civiles: la impartición de justicia”, remarcó. 

“Mi hijo está vivo, y lo volvieron a desaparecer”

Laura Sánchez Martínez, de 50 años, originaria de Reynosa, Tamaulipas, busca al menor de sus tres hijos, Miguel Ángel Hernández Sánchez, hoy de 30 años de edad, quien desapareció a los 25 en esa ciudad hace exactamente cinco años, un 25 de agosto de 2019. Laura tiene esa fecha tatuada en uno de los dedos de su mano. 

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Unos meses después, la fiscalía estatal le aseguró que lo había localizado en el Cefereso 17 de Morelia, Michoacán. La dieron por enterada solo por teléfono y más tarde, le proporcionaron un documento. Su madre hizo todo el trámite de petición para saber por qué estaba detenido ahí y qué se necesitaba para completar su identificación física y oficializar su localización.

Con la llegada de la pandemia, todo se detuvo y no volvió a saber nada del proceso. Laura ha seguido acudiendo al ministerio público de Reynosa para que le ayuden con el seguimiento de la localización de su hijo, pero no hay respuesta.

madres buscadoras zócalo
Foto: Sharenii Guzmán

 

“Traigo documento y todo de que mi hijo ha sido localizado con vida, pero ellos ahorita se deslindan de que no hay ningún avance, no me saben decir qué pasó, dónde está, metí un amparo y su expediente ya se hizo federal”, narra la madre de Miguel Ángel.

Por eso, dice, ahora está en el asta bandera, para que no baje y ondee de noche en representación de que las familias están en guerra con este gobierno: “Ellos hoy día me lo traen desaparecido, secuestrado, después de haber sido desaparecido en Reynosa; yo hago culpable a las personas de fiscalía, de la autoridad, quien me lo localizó y ahora me lo traen ellos mismos de Cefereso en Cefereso”.

Laura solo pide que la ayuden a localizarlo, o por lo menos a saber qué fue de él. Asegura que si estuviera interno en condiciones ordinarias en un centro penitenciario, ya se habría comunicado con ella, que sigue teniendo el mismo celular, o con alguien más de su familia para recibir visitas. 

Los cinco años sin su hijo han ido acabándola, confiesa. Vive con distrofia simpática refleja, depresión, alteraciones nerviosas, infección urinaria y hernias que incluso le iban a operar el 28 de agosto, pero prefirió quedarse en plantón. A la sociedad le pide colaborar con la protesta, que en este momento específicamente necesita cualquier muestra de ayuda y un médico que pueda hacerles una revisión general y expedir las recetas de enfermedades que ya tienen diagnosticadas.

Lee: Madres buscadoras colocan manta en el Ángel con mensaje a grupos del crimen, “tengan piedad, no nos maten”

“No me doy por vencida, yo pido que el presidente todavía actual, López Obrador, se tiente tantito su corazón. Estamos a unos pasos de la presidencia, donde él puede; queremos un acuerdo con él, que nos ayude a buscar y localizar a nuestros hijos, porque después de haber sido localizado, ahora ellos mismos me lo desaparecen”, lamenta.

Laura también le pide a Claudia Sheinbaum que si verdaderamente es “tiempo de mujeres”, ella que es madre, hija y hermana se toque el corazón, voltee a verlas y sea empática con quienes tienen tantos días ahí. La hija de Miguel Ángel, de solo 3 años de edad cuando desapareció, tiene ya 8 y hoy es el motor para su abuela, a quien ha enseñado a sobrevivir. 

El pliego petitorio de las familias se dirige también al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, para que atraiga la investigación de la desaparición de Miguel Ángel, FED/TAMP/REY/0001788/2024, entre otras, por el delito de desaparición forzada. A la Suprema Corte de Justicia le piden instruir al juez de distrito que pida el voceo y localización del joven dentro del Cefereso.

“Inicia una nueva administración que se puede caracterizar por tomar de la mano y abrazar la búsqueda incansable de las madres mexicanas: ‘compañera presidenta, es preciso que te llames compañera”, concluye el pliego petitorio.

familias personas desaparecidas
Foto: Sharenii Guzmán

Tras pasar la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada entre actos de memoria y exigencia en todo el país, Data Cívica dio a conocer un análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que hasta el cierre de esta publicación conserva más de 115 registros. 

Ahí destaca que de 2006 a 2023 aumentaron 49 veces las desapariciones de hombres y 47 las de mujeres. Tamaulipas es el estado donde más desapariciones se han contabilizado: 560 por cada 100 mil personas entre 2006 y 2024.

“No me desespero ni me pienso retirar de aquí; aquí voy a seguir hasta que ellos hablen con nosotros y, primeramente Dios, se toquen el corazón. Si el presidente va a dar su informe de gobierno, que hable con nosotras”, insiste Laura.

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Muere Fujimori: las masacres y secuestros por los que fue condenado a 25 años de prisión
6 minutos de lectura

El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.

12 de septiembre, 2024
Por: BBC News Mundo
0

Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.

Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.

La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.

Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.

Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.

Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.

Masacre de Barrios Altos

El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.

Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.

Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.

Jesús Sosa Saavedra al ser arrestado
AFP
Jesús Sosa Saavedra fue el último miembro del Grupo Colina en ser arrestado, en 2008.

Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.

Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.

El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.

Masacre de La Cantuta

En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.

El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.

En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.

Trabajos de exhumación por el caso de La Cantuta
Getty Images
La exhumación de víctimas de La Cantuta se llevó a cabo en 2007, pero fue difícil identificar los cuerpos que habían sido incinerados.

Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.

Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.

El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.

Secuestro del periodista Gustavo Gorriti

Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.

También fue un crítico del gobierno fujimorista.

En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.

En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.

Gustavo Gorriti
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Gustavo Gorriti reportó ampliamente sobre Sendero Luminoso y fue un crítico del gobierno de Fujimori.

El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.

La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.

Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.

Secuestro del empresario Samuel Dyer

El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.

Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.

De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.

La sede del Servicio de Inteligencia del Ejército en 2000
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La sede del Servicio de Inteligencia del Ejército estuvo protegida por policías antimotines en septiembre de 2000, cuando se aproximaba el fin de la Era Fujimori.

El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.

La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.

Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.

Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.

* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.

Línea gri
BBC

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