Detienen a Alma por cobrar 500 pesos de una tanda y la condenan a 40 años de cárcel por extorsión en el Edomex
Por insistirle a una vecina el pago de 500 pesos por una tanda, Alma Abigail fue denunciada por el delito de extorsión y deberá cumplir una condena de 40 años de cárcel en el Estado de México.
Con 38 años, Alma se dedicaba a la albañilería y el trabajo del hogar para mantener a sus tres hijos, hasta que, en abril de 2023, fue detenida, luego de que una vecina la denunció por el delito de extorsión, tras negarse en varias ocasiones a pagarle 500 pesos por una tanda de ahorro.
Alma insistió por el pago, hasta que un día J. le pidió acudir a su domicilio para hacerle entrega del dinero; sin embargo, al tocar a la puerta de la vecina, fue recibida por policías que le informaron que tenía una orden de aprehensión.
“J. era su amiga desde hace muchos años, se conocieron en la primaria de sus hijas, en Santa María Caliacac, una comunidad precarizada del municipio de Teoloyucan, Estado de México. Ambas mantenían una relación cercana, por eso Alma la invitó a una tanda“, señaló Carlos Olvera, abogado de la sentenciada.
“Ella cuenta que al momento de su detención, los policías la golpearon y la violaron, y después de eso comenzó un proceso lleno de irregularidades, en el que no admitieron pruebas para desahogar las acusaciones y se negó a la defensa la posibilidad de preguntar durante las audiencias”, mismas que terminaron el pasado 15 de agosto con la sentencia de 40 años, detalló Olvera.
Debido a estas inconsistencias, el defensor anunció que apelarán la sentencia, y lamentó que las autoridades “están condenando a personas inocentes que no tienen posibilidad de defenderse, piensan que condenarlas ayuda a decir que están haciendo algo para combatir la extorsión y no es así, porque están castigando a quienes no se dedican a eso, sin tomar en cuenta que eso arruina la vida de familias enteras”.
El proceso contra Alma, sentencia por extorsión
Carlos Olvera conoció del caso de Alma a través de la organización Mujeres Unidas por la Libertad, que realiza distintas actividades dentro de centros penitenciarios. Para cuando tomó la defensa, la investigación se encontraba en la etapa intermedia, sin que se hubieran aportado pruebas para desvirtuar la acusación.
“Vimos que ya había pasado el plazo de seis meses para presentar pruebas, y los primeros abogados que tenía no hicieron nada, por lo que presentamos una nulidad y nos dieron 10 días para presentar algunas pruebas, pero fue muy difícil conseguirlas en poco tiempo. Así fue como llegamos a la audiencia de la semana pasada donde Alma fue sentenciada“, lamentó el defensor.
Olvera agregó que, en la audiencia, “bloquearon todo tipo de preguntas contra la parte acusadora, sobre el hecho de que se conocían aunque J. lo negó en su declaración, acerca de la falsedad de los testimonios presentados, pero no nos permitieron indagar”.
“Creemos que puede haber una tendencia a condenar a personas con un perfil similar al de Alma, porque cuando salimos de la audiencia platicamos con abogados que llevaban otro caso de extorsión y tuvieron una experiencia parecida; además, estando en prisión ella ha conocido a otras mujeres que fueron encarceladas por este delito, por montos de hasta 50 pesos”, subrayó el abogado.
¿Qué es el delito de extorsión y cuáles son las cifras en México?
De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el delito de extorsión, definido como el acto de “obligar a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño”, una definición que de acuerdo con el defensor es muy amplia y ambigua, que contempla sanciones que van de los 8 a los 12 años de prisión.
Además, como ocurrió en el caso de Alma, la legislación señala que el delito tiene como agravante cuando la extorsión sea cometida contra una mujer, una persona menor de edad, con discapacidad o que sea mayor de 70 años, con penas de entre 40 y 70 años de cárcel, o prisión vitalicia.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2023 fueron iniciadas 10 mil 337 carpetas de investigación por el delito de extorsión en el país, de las cuales 4 mil 10 (38.77%) se presentaron en el Estado de México.
Entre enero y julio de 2024, el número de carpetas de investigación por extorsión en el país fue de 5 mil 962, con 2 mil 4 en el Estado de México (33.61%).
“Salir de prisión, aún siendo inocente, es un calvario”
Por casos como el de Alma, el abogado manifiesta preocupación por la intención que han manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de incluir la extorsión entre los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
“Resulta terrorífico, al considerar que la extorsión es un delito muy amplio, en casos como el de Alma, la aplicación de penas es totalmente desproporcionada, y este es solo uno de los miles que hay en el Estado de México”, apuntó.
Ahora, tendrán que esperar a que proceda la apelación de Alma para presentar las evidencias necesarias que permitan su liberación, aunque, como lamentó el defensor, llevará tiempo, ya que “salir de prisión, aún inocente, es un calvario”.
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Mientras tanto, Alma permanecerá encarcelada en el Penal de Barrientos, en el Estado de México. Afuera, sus tres hijos la esperan, aunque ya no en el mismo domicilio, pues tuvieron que mudarse para no encontrarse en la calle a J., lo que los obligó a dejar la escuela y dedicarse a trabajar en labores del hogar.
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Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
¿Por qué quiere Trump utilizarla?
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
¿Cómo se ha utilizado la ley en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
¿Existe algún tipo de restricción a la ley?
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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