Esmeralda sufrió abuso sexual, abortó y la Fiscalía de Querétaro busca encarcelarla tres años por homicidio
En agosto de 2023 ocurrió lo que Esmeralda temía de un tiempo atrás, un joven tres años mayor que ella, familiar suyo, la agredió sexualmente y la amenazó. De esa agresión ella quedó embarazada, pero no se dio cuenta a tiempo.
De acuerdo con el relato de la organización feminista Adax Digitales, tras una semana de dolores intensos en el abdomen y de tener una irregularidad en su periodo menstrual, Esmeralda le dijo a su papá que la dejara faltar a la secundaria ese día, porque los “cólicos” eran ya muy fuertes y “nomás no le bajaba”.
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Su papá le dejó dinero para comprarse una pastilla en la farmacia, llevó a su hija menor a la escuela y se fue a trabajar.
Esmeralda se quedó dormida, perdió la cuenta del tiempo. Fue al baño porque las ganas de evacuar eran muy fuertes, supuso se le habían juntado los cólicos con el retortijón del estómago.
Pujó fuerte y salió mucha sangre. Había tenido un aborto espontáneo, pero Esmeralda, de 14 años, no sabía cómo nacen los niños, no sabía qué era lo que colgaba de entre sus piernas, no entendía su malestar general.
Esmeralda vive solamente con su padre y su hermana en una comunidad indígena de Huimilpan, Querétaro, y “hay cosas de las que, se cree, no se habla con papá”, explica Mayra Dávila, representante del colectivo feminista Adax Digitales.
Fiscalía la acusa de “asfixiar” a su hijo
“Si yo hubiera sabido que estaba embarazada, aunque hubiera tenido que dejar de estudiar, yo hubiera trabajado, porque sé que el aborto es pecado”, fue parte de la declaración que Esmeralda dio ante la Fiscalía General de Justicia de Querétaro.
Cuando el padre de Esmeralda la llevó al hospital, la doctora que la recibió en Urgencias le dijo que “su hija tuvo un aborto espontáneo”; pero la Fiscalía estatal realizó una necropsia al producto expulsado y determinó que “nació vivo y falleció a causa de asfixia por ahorcamiento”.
Por eso, según dijo el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, el 26 de septiembre, el ministerio público judicializó la carpeta de investigación en contra de Esmeralda por homicidio calificado.
“Lo único que les puedo decir es que la persona que falleció, porque en este caso tuvimos un bebé que nació vivo, y en este caso debería puntualizar que fue producto de una gestación de más de 36 semanas”, dijo entonces.
En entrevista con Animal Político, Mayra Dávila, representante del colectivo feminista Adax Digitales, aseguró que el peritaje hecho por los servicios médicos que atendieron el caso de Esmeralda respalda que el feto murió varios días antes de ser expulsado.
Animal Político buscó a la Fiscalía General de Justicia de Querétaro para actualizar su posicionamiento sobre el caso, pero remitieron a la entrevista concedida por el fiscal a medios locales a finales de septiembre.
“Solamente podemos recalcar que el Poder Judicial consideró que las pruebas aportadas por la fiscalía eran suficientes para abrir el juicio por homicidio”, detalló personal de comunicación social de la Fiscalía.
En cinco días hábiles, el Poder Judicial de Querétaro fijará fecha de audiencia para determinar si Esmeralda es culpable o inocente del delito de homicidio calificado.
La Fiscalía de Querétaro ha solicitado una pena de tres años de prisión y 518 mil pesos para la reparación del daño “a quien tenga calidad jurídica” sobre la muerte del producto.
Tras una prueba de paternidad hecha al familiar de Esmeralda que abusó de ella hace más de un año, se determinó que él era el padre del producto y tendría, por lo tanto y según la fiscalía, “calidad jurídica” para reclamar la reparación del daño.
Revictimizada y con medidas cautelares
Esmeralda no ha vuelto a la escuela, por orden de una jueza y a solicitud de la Fiscalía de Querétaro, se encuentra en prisión domiciliaria. La medida cautelar se admitió por considerar que el delito que supuestamente cometió (homicidio) amerita que no se integre a la sociedad aún.
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Además de eso, la comunidad indígena a la que Esmeralda y su familia pertenecen la han señalado y revictimizado.
Su novio aseguró que “seguramente quería achacarle la paternidad del niño” al seguir siendo su novia aún cuando había vivido el abuso por parte de su familiar.
De acuerdo con el relato brindado por Mayra Dávila a Animal Político, la fiscalía hizo pruebas de paternidad al novio de Esmeralda, al familiar señalado de violación y a otros dos jóvenes “señalados por el novio” de supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con Esmeralda.
Toda la comunidad se enteró.
Urge despenalizar el aborto en Querétaro: Adax Digitales
Mayra Dávila afirma que urge despenalizar el aborto en Querétaro, donde la organización que ella dirige, Adax Digitales, ganó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso local elimine el delito del Código Penal.
“Es importantísimo trabajar el tema de la despenalización del aborto, porque se siguen levantando carpetas de investigación… pero ya no por aborto, ahora por homicidio. Incluso más que antes de que consiguiéramos el amparo”, detalló.
Mayra lamenta haber “llegado tarde” al caso de Esmeralda, pues por presiones de una fiscal su padre decidió retirar los cargos de violación en contra de su abusador.
“Pero es un delito que se persigue de oficio, casualmente ese está detenido. Le daremos seguimiento, pero es urgente por ahora el caso abierto en contra de la menor”.
Sheinbaum pide no criminalizar a menor que abortó en Querétaro
Durante su conferencia matutina del 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, ya está en contacto con la familia de Esmeralda para poder apoyarla legalmente y “en lo que se requiera”. La mandataria también aseguró que no está de acuerdo con el actuar de la Fiscalía de Querétaro.
“Yo creo que no se debe criminalizar y menos a una niña de 14 años”, concluyó.
“No estamos de acuerdo”, dice @Claudiashein sobre el caso de Esmeralda, la menor que la @fiscaliaqro busca encarcelar tres años por un aborto espontáneo.
La mandataria informó que su gobierno se encuentra en contacto con la familia de la víctima para apoyarla legalmente. pic.twitter.com/9PtE6cDzqj
— Animal Político (@Pajaropolitico) October 28, 2024
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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