Un empresario acusó este martes al alcalde Santiago Taboada de haber participado en la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.
El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, señaló que el actual alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, mantuvo el mismo esquema de operación del exjefe delegacional, Christian Von Roehrich, con el fin de obtener inmuebles a cambio de otorgar permisos para construir complejos habitacionales.
Sin embargo, Taboada aseguró que los señalamientos son falsos, que se trata de un montaje y es una campara de desprestigio en su contra.
“Es falso lo que comenta” sostuvo Taboada entrevistado por Milenio TV.
Testigo protegido relata el modus operandi de Taboada
El testigo protegido declaró a la Fiscalía de la CDMX que en 2018 Santiago Taboada lo citó y a cambio de que continuara con la construcción de un conjunto habitacional le pidió que se hiciera cargo de la reparación de un edificio de la alcaldía afectado por el sismo de 2017.
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La remodelación y construcción del edificio inició en febrero de 2019. Los trabajos consistieron en la reconstrucción o reestructuración de las columnas y cimentación del inmueble, la demolición de los acabados y la sustitución de las redes eléctricas, así como la fachada de cancelería y vidrio que estaba dañada, detalló Ulises Lara.
Empresario relata la llamada que tuvo con Taboada
El pago estimado fue de 25.6 millones de pesos, sin embargo, los empresarios solo recibieron 15.5 millones.
“A finales de mayo de 2019, nuevamente recibí una llamada de parte del alcalde Santiago (Taboada) y que me informaba que no serían pagados esos 10 millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo y en dicha llamada también me pidió que le reenviara al señor Aridjis, de manera que le pudiéramos entregar todos los materiales de soporte, como estimaciones y números generadores, igual que los calendarios, programas de obra y avances, para que ellos pudieran hacer con esa documentación la facturación y cobro”, relató el empresario.
De esta manera, de acuerdo con el vocero, el modus operandi era obtener y recuperar recursos de la reconstrucción para beneficio personal.
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El alcalde Taboada dijo que los arreglos de ese edificio se hicieron a través de una “licitación pública nacional” y que no se le debe nada al empresario.
Taboada niega acusaciones y asegura que es un “montaje”
Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, aseguró que las denuncias reveladas por la Fiscalía local en las que un empresario lo acusa de participar en una red de corrupción inmobiliaria es falta y un “montaje chafa”.
“Tan mal está su montaje, tan chafa le hicieron su guión que ni siquiera coinciden las fechas en donde se iniciaron los trabajos del edificio.
“Inclusive él dice que yo le marco y que después (…) insisto, un montaje chafa, un guion chafa, un guión mal hecho que ni siquiera le pusieron atención a las fechas”, dijo Taboada a El Universal.
Taboada asegura que empresario miente y está presionado por la Fiscalía
Además, el alcalde panista comentó que el empresario está presionado y amenazado por las autoridades y por eso hace esas declaraciones.
“Lo voy a acreditar, insisto, lo que pasa es que lo obligan a decir y sostener algo porque este empresario no desarrolló ningún departamento más en mi administración y ahora quiso involucrarme porque así se lo pidieron, para salvarlo de un documento que él presentó que erra irregular, esa es la realidad. Todo esto lo voy a acreditar”, dijo.
Taboada sostuvo que está tranquilo y no tiene nada que esconder.
“Nada que ocultar y nada que esconder”, dijo a Milenio.
Von Roehric, detenido
Christian Von Roehrich, exdelegado de Benito Juárez acusado de estar implicado en una red de corrupción inmobiliaria, fue detenido en McAllen, Texas, cuando intentaba cruzar, de manera ilegal, a Estados Unidos.
Según la fiscalía, Christian Von Roehrich posiblemente realizó actividades financieras ilícitas y encabezó una red de corrupción conformada por funcionarios de la demarcación que otorgaban permisos ilegales de construcción, extorsionaban a empresarios y hacían desalojos violentos.
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El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida solo afectará a un grupo pequeño de personas, pero no dio el alcance real de su magnitud.
“Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad” para Estados Unidos.
Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y, a su vez, que se aceleren las deportaciones.
La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas. En específico, para quienes puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”.
Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre.
Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur, desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los migrantes.
Pero, qué cambia con esta nueva regla y a quiénes afectará.
Un cambio en los tiempos
La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves.
Así, expone que se aplicará a “condenados por delitos particularmente graves”, relacionados con terrorismo o que hayan “participado en la persecución de otros”.
También incluye a aquellos “para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos.”
Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos quienes se consideran una amenaza pública.
El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo.
Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía, y si solicitaba asilo pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y, si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación.
Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
“Miedo creíble”
En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama “evaluación de miedo creíble”, y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera.
Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Es aquí cuando entra esa “evaluación de miedo creíble”, en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo.
Hasta ahora, tras esa fase previa el caso podía pasar a un agente de asilo y, si era necesario, ante un tribunal de inmigración, que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos.
El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados.
La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y, en el camino, explicaron en el Departamento, se detiene y expulsa a quien tiene a antecedentes.
Ahora, los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y, si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita.
La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero dijo que era pequeña.
En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo, según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos.
Más medidas de cara a las elecciones
“La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
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