Elecciones Veracruz 2024: entre violencia e inseguridad, se apuntan una decena de aspirantes
El próximo 2 de junio de 2024, Veracruz renovará los cargos de elección popular, se votará por gobernador del estado y 50 diputaciones estatales.
Se trata de una de las nueve entidades que vivirán la transición de gobierno al mismo tiempo que a nivel nacional se elige a la nueva presidenta o presidente de México.
Hasta ahora, varios políticos han mostrado su interés por contender para la gubernatura del estado que actualmente está encabezado por el morenista Cuitláhuac García Jiménez.
Quien quiera gobernar Veracruz deberá enfrentarse a un estado que en los últimos meses ha sido escenario de desapariciones, feminicidios, abandono de migrantes, detenciones arbitrarias y persecución política.
Violencia en Veracruz rumbo a las elecciones de 2024
La entidad se encuentra entre los primeros lugares en personas desaparecidas, feminicidios y el hallazgo de fosas clandestinas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De diciembre de 2018 hasta febrero de 2023 se han integrado en Veracruz 4 mil 912 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, esto significa que cada mes, en promedio, han ocurrido 98.2 homicidios y en más del 60% de los casos hubo armas de fuego involucradas.
De enero a julio de este año se han registrado 495 homicidios dolosos, Poza Rica, Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Papantla son los municipios con más casos durante este año.
Entre los casos más mediáticos estuvo el hallazgo de 18 cuerpos desmembrados en congeladores en dos domicilios de Poza Rica hasta el 20 de septiembre, la Fiscalía había detenido a 16 personas, presuntamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Respecto del narcomenudeo, de enero a diciembre de 2022 hubo mil 691 casos relacionados con este delito, mientras que en los primeros siete meses de 2023 ya suman 1,499 carpetas de investigación, siendo mayo, junio y julio los meses con la mayor incidencia.
A estos datos se suman los 545 secuestros y 335 feminicidios en el mismo periodo. En el primer bimestre de 2023, la entidad ocupó el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a feminicidios.
Veracruz también cuenta con dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la primera emitida el 23 de noviembre de 2016 y la segunda desde el 13 de diciembre de 2017.
Al mismo tiempo, en 2022 Veracruz registró 925 carpetas de investigación por casos de violencia familiar, otro de los delitos con mayor incidencia local.
Cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (Segob), del 1 de enero al 27 de diciembre de 2022, indican que en Veracruz hay 7 mil 437 personas en esta condición, por lo que la entidad fue el primer lugar nacional en desapariciones en este periodo.
En ese mismo lapso obtuvo el primer sitio en el hallazgo de fosas clandestinas, con 647.
Acoso del Gobierno de Veracruz al Poder Judicial
La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández; la titular del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre, y el gobernador Cuitláhuac García acusaron a jueces federales de actuar de manera perversa y política al otorgar al menos 33 amparos a presuntos delincuentes para variar su medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dejarlos en libertad.
El mandatario dijo que se trata de amparos otorgados a presuntos secuestradores, homicidas, pederastas y extorsionadores.
Las autoridades se pronunciaron luego de que un juez suspendió el proceso penal en contra de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, y demandó su inmediata libertad, pues se encontraba en prisión domiciliaria acusada de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias por liberar a Itiel “N” alias “Compa Playa”, un presunto delincuente.
El caso de la jueza Angélica Sánchez ha sido uno de los más polémicos en la administración del morenista y se ha sumado a señalamientos de presuntas detenciones arbitrarias por delitos como “ultrajes a la autoridad”.
Una investigación de Animal Político señala cómo durante el gobierno de Cuitláhuac García las detenciones por dicho delito se quintuplicaron respecto al periodo anterior.
La reforma impulsada por Cuitláhuac García se reflejó en las detenciones, que se quintuplicaron entre 2018, el año previo de la llegada del morenista al poder (49 detenciones) al año en que entró en vigor la modificación (224 detenciones en 2021). Posteriormente, la Fiscalía informó que desde 2021 hasta el 28 de enero de 2022, se detuvieron a mil 33 personas por el delito de ultrajes a la autoridad.
¿Quiénes son los aspirantes a gobernar Veracruz?
El padrón electoral en Veracruz es de 6 millones 89 mil 932 veracruzanos, de ese total, 6 millones 12 mil 547 están en la lista nominal.
Según la ley electoral local, la elección en Veracruz inicia con la instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y se establece el 10 de noviembre de 2023 como la fecha límite para hacerlo.
En Veracruz hay ocho partidos políticos con registro estatal: se trata de Morena, PT y Partido Verde de la alianza “Juntos Haremos Historia”; también el Frente Amplio por México conformado por el PAN, PRI y PRD; Movimiento Ciudadano y el partido local Fuerza por México Veracruz.
Estas son las y los aspirantes que han levantado la mano para gobernar Veracruz:
Rocío Nahle
Es titular de la Secretaría de Energía, estudió Ingeniería Química con especialidad en Petroquímica por la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Fue senadora por Morena y diputada federal de 2015 a 2018, además de asesora en la Cámara de Diputados.
La funcionaria nació en Zacatecas pero logró ser considerada veracruzana por cumplir con el requisito de residencia de 5 años, la que fue llamada como la “Ley Nahle”.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su principal encargo ha sido poner a funcionar la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.
Sergio Gutiérrez Luna
Nació en Minatitlán el 12 de julio de 1976, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México.
Fue asesor en licitaciones públicas en la Dirección de Contratos y Convenios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Coordinación Central de Recursos del SAT.
En el año 2001, se desempeñó como coordinador de asesores en el Senado de la República y en el 2003 subdirector en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Distrito Federal.
De 2004 a 2011 fue consultor electoral en diversas entidades del país y para 2014 fue nombrado Consejero del Poder Judicial del Estado de Sonora.
En 2018 se convirtió en diputado federal en la Legislatura LXIV, representante de Morena ante el INE, y en septiembre del 2021, fue designado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Éric Cisneros Burgos
Es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y maestro en Finanzas por la Universidad Internacional de La Paz. Actualmente se desempeña como secretario de Gobierno de Veracruz.
Entre su experiencia, ha sido director de Recursos Humanos en el Gobierno de Baja California Sur; asesor del gobernador Narciso Agúndez Montaño de Baja California Sur; asesor del grupo legislativo de Morena en el Congreso de la Unión y diputado suplente en el Congreso de Baja California Sur.
Zenyazen Escobar García
El secretario de Educación de Veracruz anunció formalmente este miércoles 20 de septiembre que se registrará en el proceso interno de Morena.
Zenyazen Escobar es líder del Movimiento Veracruzano Magisterial (MVM). En 2016 Morena lo postuló como diputado local.
Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, se desempeñó como docente en telesecundarias estatales en la Ciudad de Córdoba, Veracruz.
José Francisco Yunes Zorrilla
Nació en Perote, Veracruz, en 1969, estudió la licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Políticas Públicas y Administración Pública. Es la segunda elección en la que aparecería en la boleta electoral, pues en 2018 compitió contra el morenista Cuitláhuac García Jiménez quien ganó la contienda.
Desde 1997 a la fecha ha participado en nueve procesos electorales por el PRI y ha sido elegido como presidente municipal de Perote, diputado local al Congreso de Veracruz, tres veces diputado federal y senador de la República por Veracruz.
A nivel partidista presidió el Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, fue el primer secretario de Medio Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional.
Julen Rementería del Puerto
Es coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República. Nació en Veracruz el 23 de julio de 1961. Estudió en la Universidad de Altos Estudios Hispanoamericana donde se graduó de la carrera de Ciencias Administrativas.
En 1997 estuvo a cargo del ayuntamiento de Veracruz y de 2005 a 2007 se desempeñó como presidente municipal de Veracruz. Con el expresidente Felipe Calderón fue designado coordinador general de Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero renunció en 2011.
Desde 2021 es senador y forma parte de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Energía y Recursos Hidráulicos.
Patricia Lobeira Rodríguez
La alcaldesa de Veracruz es otra de las posibles candidatas a la gubernatura del Estado, incluso ha sido considerada una de las mujeres más destacadas del PAN por parte del líder nacional de Acción Nacional, Marko Cortés.
Es originaria de la ciudad de Veracruz, egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón (UCC).
Patricia Lobeira Rodríguez fue designada candidata del Partido Acción Nacional y de la alianza “Va por Veracruz” en la segunda mitad de las campañas electorales, tras la revocación del Tribunal Electoral de Veracruz al registro como candidato de Miguel Ángel Yunes Márquez, su esposo.
Durante el gobierno municipal de Yunes Márquez en Boca del Río en 2002, fungió como presidenta del DIF local.
Marlon Ramírez Marín
Es diputado local del PRI en Veracruz y dirigente estatal del partido.
Estudió una licenciatura en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón y cuenta con una maestría en dirección de Gobierno y Políticas Públicas.
Entre 2012 y 2013 fue secretario de Fiscalización en el Congreso de Veracruz; de 2013 a 2015 se desempeñó como subsecretario de Gobierno en en Estado y de 2018 a 2019 fue regidor en el Ayuntamiento de Veracruz.
Anilú Ingram Vallines
Nació en el Puerto de Veracruz, estudió Administración en la UNAM y tiene una maestría en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas.
Del 2004 al 2010 se desempeñó como Subdirectora y Directora de Radio de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Además de Diputada Local del 2013 al 2015 y presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura. Posteriormente, en 2016, fue nombrada delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz.
Desde el año 2018 es Diputada Federal, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI y secretaria de la Comisión de Infraestructura.
José Manuel Del Río Virgen
Es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y podría ser el abanderado de Movimiento Ciudadano.
Nació en Córdoba, Veracruz, y fue alcalde de Tecolutla.
Fue detenido en diciembre de 2021 por su supuesta participación en el homicidio doloso del candidato de Cazones de Herrera, Rene Tovar, sin embargo, la Fiscalía General de Veracruz no logró sustentar el ilícito por lo que fue liberado el 18 junio del 2022.
En julio de ese mismo año confirmó sus aspiraciones y se ha promovido en distintos municipios del estado bajo la consigna de liberar de prisión a personas inocentes.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias al “parole” con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023.
El gobierno de Estados Unidos le garantizó a una niña mexicana de 4 años un año más de permiso humanitario para permanecer en el país y así poder seguir con el tratamiento del que depende su vida.
Así se lo confirmó a la BBC este martes su abogada, Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel.
En abril la familia de la menor -identificada con el seudónimo de Sofía- fue notificada de la revocación del también llamado parole con el que había ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 y gracias a cual recibía atención médica para su grave síndrome.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”, contó la madre de la niña, Deysi Vargas, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Los Ángeles, California, y que puso el caso bajo los focos.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo.
La abogada Amato informó entonces que habían vuelto a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición estaba bajo evaluación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas a Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era Estados Unidos.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en Estados Unidos de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532 mil personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EU, mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Permisos revocados
Desde que el republicado Donald Trump llegó a la Casa Blanca, habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EU”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EU bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EU por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, rezaba la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EU, a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, decía la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó la abogada Gina Amato.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Este martes les fue notificada la extensión de la autorización por un año.
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