Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles, competirá en la próxima elección judicial, pese a haber sido señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y estar supuestamente relacionado con el asesinato de dos periodistas. 

De acuerdo con el listado definitivo de candidaturas, aprobado el pasado 21 de marzo por el Instituto Nacional Electoral (INE), Herrera Franco aparecerá en la boleta electoral en el estado de Michoacán, circuito 11, postulado por el Poder Legislativo para ocupar un cargo como juez federal en materia penal. 

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Pese a lo anterior, en el sistema del INE llamado “Conóceles” -plataforma en la que los ciudadanos pueden consultar los perfiles de las y los candidatos al Poder Judicial- Herrera Franco asegura que una de sus propuestas es trabajar en contra de “la impunidad y la corrupción (que) han sido problemas determinantes para un distanciamiento entre los ciudadanos y los jueces”.  

Animal Político buscó a Herrera Franco para cuestionarlo sobre los señalamientos en su contra y los motivos de su destitución, pero al cierre de edición no se recibió respuesta de su parte. 

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El exfiscal se suma a cuatro candidatos más del Poder Judicial que son señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y que ya fueron denunciados. 

Representantes mazahuas acusan a exfiscal de Michoacán de estar involucrado con la delincuencia organizada

El primer señalamiento vertido en contra de Herrera Franco por supuestamente estar ligado al narcotráfico ocurrió en febrero de 2021, cuando representantes mazahuas de diversas comunidades de Zitácuaro acusaron directamente al fiscal regional de presionarlos para que sus pobladores se unieran a un grupo delictivo. 

“Acabamos de enterarnos que están del lado de un cártel y que llegan a instruir a nuestro pueblo que se integren a un bando. Señor fiscal, asuma su responsabilidad como funcionario, usted no tiene por qué estar llegando a los pueblos a decir ‘intégrate a este cártel’ ¿Por qué hace eso?”, le cuestionó uno de los representantes populares, según lo documentó el portal de noticias Índice Político. 

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En la reunión en la que se denunciaron los hechos participaron autoridades comunales y ejidales de Crescencio Morales, Carpinteros, Francisco Serrato y Donaciano Ojeda, así como autoridades estatales y municipales. La reunión se realizó luego de que la noche del domingo 17 de enero y la madrugada del 18, 13 habitantes de la tenencia de Donaciano Guerra fueron asesinados y uno más resultó lesionado en un enfrentamiento con un presunto grupo criminal de talamontes. 

Esta situación derivó en el levantamiento armado de las comunidades en autodefensas, acusando el abandono del gobierno, entonces encabezado por Silvano Aureoles y el presidente del ayuntamiento de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, quien abandonó el cargo, a siete meses de haber ganado la reelección, para competir por la gubernatura de la entidad. 

En un intento por desactivar este movimiento de las comunidades indígenas, autoridades municipales y estatales entablaron mesas de trabajo, donde participó Herrera Franco, pero los acercamientos no prosperaron debido a que desde el primer encuentro los pobladores acusaron los vínculos del fiscal regional con el crimen organizado. 

En la reunión celebrada el 9 de febrero de 2021, los pobladores lanzaron una de las primeras acusaciones contra Herrera Franco: 

“¿Quiere que se aplique la ley? Que se aplique primero en usted, porque está incurriendo en un delito. ¿Por qué da esas instrucciones de que mi pueblo se integre a un grupo delincuencial? Tenemos pruebas y en su momento se presentarán. Ya estamos hartos de que ustedes como funcionarios se les nombra para que resguarden el territorio ¿y qué hacen? Se involucran con la gente que daña este país y ahora sí quieren aplicar la ley ¿y a ustedes quién se las aplica de sus actos? Nada más espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que le pasó a los de Ayotzinapa, ya no puede uno hablar porque luego la represión y el mismo funcionario que lo debe de cuidar a uno es el que lo manda a desaparecer”, señaló uno de los denunciantes, en un video que se difundió ampliamente en redes sociales.

En particular, las y los pobladores acusaron al entonces fiscal regional de operar para el grupo conocido como “Cártel de los Cristaleros”, ligado al Cártel de la Familia Michoacana, que opera entre los límites de Michoacán y el Estado de México. Este grupo es señalado por la fabricación, tráfico y venta de metanfetamina, además de extorsiones, despojo de propiedades y cobro de piso, dio a conocer el periódico La Jornada en una nota publicada días después. 

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El vínculo de exfiscal con asesinato de dos periodista de Michoacán

En medio de las acusaciones vertidas en contra del entonces fiscal regional, el reportero Roberto Toledo fue asesinado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, el 31 de enero de 2022, cuando se encontraba fuera de las oficinas del portal Monitor Michoacán, lugar en el que el comunicador colaboraba.

El director del portal, Armando Linares, informó sobre la muerte del reportero en una transmisión en vivo en Facebook, en la que consideró que el ataque se debió a que el portal que diriguía denunciaba actos de corrupción de políticos. 

“Exhibir corrupciones de políticos y funcionarios el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros […] perdió la vida en manos de tres personas que le dispararon de una manera ruin y de una manera cobarde. Nosotros no estamos armados y no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero y una libreta. Hay nombres y sabemos de dónde viene todo esto”, dijo. 

En entrevista para Milenio, Armando Linares reveló que el portal Monitor Michoacán había recibido amenazas desde 2021, luego que la agencia denunció actos de corrupción del gobierno de Zitácuaro, presidido por el priista Antonio Orihuela, y de quien era el fiscal regional, Herrera Franco. 

“Las amenazas eran prácticamente para todo el equipo de Monitor Michoacán, las cuales comenzaron hace un año cuando exhibimos una corrupción del fiscal regional, que estaba en Zitácuaro, Francisco Herrera Franco”, aseguró. Por este motivo, Roberto manejaba un perfil bajo, justo para evitar riesgos dadas las amenazas, las cuales ya habían sido denunciadas en su momento contra el fiscal. 

Incluso, desde el 3 de noviembre de 2021, el portal publicó: “Tras varios años de sembrar el pánico y abusar del poder conferido, este martes trascendió que Francisco Herrera Franco ya no es el fiscal regional de Zitácuaro, en lo oscurito y por la puerta de atrás, el hasta hoy fiscal de este municipio fue cambiado al municipio de Apatzingán, según fuentes extraoficiales de esa dependencia. Su lugar será ocupado por Alberto Núñez Mora, quien desempeñó ese mismo cargo en Uruapan”.

“Las amenazas surgieron hace poco más de un año y tres meses cuando empezamos a exhibir algunas situaciones graves con el exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrara Franco, quien fue señalado por el ahora autogobierno de las comunidades de pretender invitarlos a que se unieran a una célula delincuencial. Posteriormente llega la nueva administración municipal y estas amenazas se hicieron más fuertes, estas llamadas eran muy continuas y muy directas de que le bajáramos en tono con el fiscal como con el gobierno”, abundó Linares en entrevista para Azucena Uresti en Radio Fórmula.   

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Con el asesinato de Roberto Toledo, ese año sumaron cuatro asesinatos de periodistas en el país. Los otros fueron la periodista Lourdes Maldonado y el fotoperiodista Margarito Esquivel, en Tijuana, Baja California, y José Luis Gamboa, director de un portal en Veracruz. 

En una publicación realizada el 28 de enero, tres días antes del asesinato de Roberto Toledo, Linares informó que habían solicitado protección federal: “Temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal; se estarán presentando las denuncias correspondientes, por lo pronto ya hay un acercamiento con el gobierno federal para este tema”.

A pesar de ello, el 15 de marzo de 2022, Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, también fue asesinado. El crimen ocurrió apenas dos meses después de que Linares denunciara en las redes sociales de la agencia las amenazas dirigidas a su equipo de trabajo y al abogado Joel Vera, colaborador del medio.

Tras el asesinato de ambos comunicadores, el medio digital Monitor Michoacán tomó la decisión de cerrar en definitiva sus plataformas al asegurar que “las autoridades deben actuar oportunamente y no esperar a que un periodista sea asesinado”. 

El 24 de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado de Michoacán acordó revisar 21 carpetas de investigación acumuladas desde el 2007 sobre periodistas desaparecidos y asesinados en la entidad, en una reunión en la que tanto el fiscal Adrián López Solis y sus colaboradores escucharon las demandas del gremio periodístico de la entidad. 

Agrupados en el colectivo Ni Uno Más, las y los periodistas exigieron que se avanzara en las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares, del portal de noticias Monitor Michoacán, según lo reportó El Sol de Morelia.  

Las y los periodistas insistieron en que la Fiscalía investigara las amenazas contra el grupo periodístico, luego de que su director Armando Linares señaló al alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela y al exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrera Franco.

Además, le recriminaron que la institución no dio protección adecuada a las víctimas, por lo que exigieron que el caso de los dos periodistas asesinados fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). López Solís informó que la carpeta ya le había sido entregada a las autoridades federales, pero que el caso se mantenía en el fuero local. 

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Por llamada con supuesto líder criminal, termina administración de Herrera Franco

A pesar de los señalamientos previos, una llamada entre el fiscal regional de Apatzingán, Francisco Herrera Franco, y Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, presunto líder criminal en el oriente de Michoacán, derivó en el despido de Herrera Franco.

De acuerdo con la agencia de noticias 90 Grados, en esta llamada Herrera Franco y Rivera Padilla, jefe de plaza en Zitácuaro, discutieron sobre un homicidio cometido por un miembro del grupo del Barbas, y le pidieron ayuda al entonces fiscal.

En la llamada, Herrera Franco aconsejó a su interlocutor que su socio se entregara para simular un delito culposo y no uno cometido con dolo. Al finalizar la llamada, Rivera Padilla agradeció al fiscal su ayuda, manifestando que “sabe que estoy ‘al cien’ con usted, lo que pida se le trata de apoyar, yo sé que usted igual”. “Ya sabes que jalamos bien”, respondió Herrera Franco.

Tras la filtración de la llamada, Herrera Franco fue destituido de la Fiscalía General del Estado. 

A la lista de denuncias en su contra también se suma la del empresario Jesús Ricardo Cordero Ontiveros, quien en septiembre de 2019 denunció al exfiscal por supuestamente fabricarle una “acusación legal” en su contra o la denuncia de un ciudadano que lo acusó por una presunta detención ilegal e incomunicación cuando era fiscal regional de Zitácuaro. 

Herrera Franco al igual que otros funcionarios de seguridad llegaron a Michoacán de la mano del excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y el exprocurador de justicia y exsecretario de seguridad estatal, José Martín Godoy Castro, quienes formaron el denominado grupo de “Los Chilangos”, conocidos por su supuesta corrupción al interior de las citadas dependencias. 

Los compromisos políticos que contrajo el exgobernador Silvano Aureoles -que actualmente tiene una orden de aprehensión y una ficha roja emitida en su contra por la presunta comisión de diversos delitos- con el priismo por la ayuda prestada para llegar a la gubernatura, hicieron que el gobierno de Michoacán mantuviera a los funcionarios señalados en sus cargos y protegiera a “Los Chilangos” a pesar de sus escándalos. 

Organización denuncia que siete candidatos de la elección judicial están relacionados al crimen organizado y violencia de género

Desde el pasado 15 de marzo, Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C. informó que diversas ciudadanas y ciudadanos del país denunciaron que al menos siete personas candidatas que aparecerán en las boletas en las próximas elecciones por un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) están presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado y con denuncias por violencia de género o acoso. 

Se trata de cuatro candidatos que competirán por ser jueces o magistrados en materia penal que fueron denunciados por estar supuestamente vinculados a la delincuencia organizada y tres candidatos denunciados por violencia de género y acoso, que podrían aparecer en las boletas para la próxima elección judicial a celebrarse el próximo 1 de junio de 2025.  

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Desde antes del inicio de las campañas, que comenzaron este domingo 30 de marzo, la organización Defensorxs comenzó a realizar actividades de “vigilancia ciudadana de la elección judicial”. Mediante cuatro grupos y un total de 700 personas monitorean, revisan e “identifican puntos de riesgo en la elección judicial”.

Una vez que reciben la denuncia, el equipo de litigio estratégico de la organización realiza la investigación que puede ser usada para presentar quejas o denuncias formales ante las autoridades competentes.