Candidato a juez en Michoacán es vinculado con el narco y el asesinato de dos periodistas
Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles, competirá en la próxima elección judicial, pese a haber sido señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y estar supuestamente relacionado con el asesinato de dos periodistas.
De acuerdo con el listado definitivo de candidaturas, aprobado el pasado 21 de marzo por el Instituto Nacional Electoral (INE), Herrera Franco aparecerá en la boleta electoral en el estado de Michoacán, circuito 11, postulado por el Poder Legislativo para ocupar un cargo como juez federal en materia penal.
Herrera Franco fue destituido de su cargo en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en mayo de 2022, luego de que se filtraron unos audios donde se le escuchaba presuntamente pactando con un líder criminal de la entidad, dejando este y más señalamientos en su contra sin resolver.
Pese a lo anterior, en el sistema del INE llamado “Conóceles” -plataforma en la que los ciudadanos pueden consultar los perfiles de las y los candidatos al Poder Judicial- Herrera Franco asegura que una de sus propuestas es trabajar en contra de “la impunidad y la corrupción (que) han sido problemas determinantes para un distanciamiento entre los ciudadanos y los jueces”.
Animal Político buscó a Herrera Franco para cuestionarlo sobre los señalamientos en su contra y los motivos de su destitución, pero al cierre de edición no se recibió respuesta de su parte.
Organizaciones de la sociedad civil como Defensorxs, Artículo 19, Laboratorio Electoral, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Práctica: Laboratorio para la Democracia y el Observatorio Sonora por la Seguridad, que están vigilando la elección judicial, han detectado varios perfiles de candidatos con irregularidades, que podrían estar relacionados a actividades de la delincuencia organizada, como es el caso de Herrera Franco.
El exfiscal se suma a cuatro candidatos más del Poder Judicial que son señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y que ya fueron denunciados.
Representantes mazahuas acusan a exfiscal de Michoacán de estar involucrado con la delincuencia organizada
El primer señalamiento vertido en contra de Herrera Franco por supuestamente estar ligado al narcotráfico ocurrió en febrero de 2021, cuando representantes mazahuas de diversas comunidades de Zitácuaro acusaron directamente al fiscal regional de presionarlos para que sus pobladores se unieran a un grupo delictivo.
“Acabamos de enterarnos que están del lado de un cártel y que llegan a instruir a nuestro pueblo que se integren a un bando. Señor fiscal, asuma su responsabilidad como funcionario, usted no tiene por qué estar llegando a los pueblos a decir ‘intégrate a este cártel’ ¿Por qué hace eso?”, le cuestionó uno de los representantes populares, según lo documentó el portal de noticias Índice Político.
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En la reunión en la que se denunciaron los hechos participaron autoridades comunales y ejidales de Crescencio Morales, Carpinteros, Francisco Serrato y Donaciano Ojeda, así como autoridades estatales y municipales. La reunión se realizó luego de que la noche del domingo 17 de enero y la madrugada del 18, 13 habitantes de la tenencia de Donaciano Guerra fueron asesinados y uno más resultó lesionado en un enfrentamiento con un presunto grupo criminal de talamontes.
Esta situación derivó en el levantamiento armado de las comunidades en autodefensas, acusando el abandono del gobierno, entonces encabezado por Silvano Aureoles y el presidente del ayuntamiento de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, quien abandonó el cargo, a siete meses de haber ganado la reelección, para competir por la gubernatura de la entidad.
En un intento por desactivar este movimiento de las comunidades indígenas, autoridades municipales y estatales entablaron mesas de trabajo, donde participó Herrera Franco, pero los acercamientos no prosperaron debido a que desde el primer encuentro los pobladores acusaron los vínculos del fiscal regional con el crimen organizado.
En la reunión celebrada el 9 de febrero de 2021, los pobladores lanzaron una de las primeras acusaciones contra Herrera Franco:
“¿Quiere que se aplique la ley? Que se aplique primero en usted, porque está incurriendo en un delito. ¿Por qué da esas instrucciones de que mi pueblo se integre a un grupo delincuencial? Tenemos pruebas y en su momento se presentarán. Ya estamos hartos de que ustedes como funcionarios se les nombra para que resguarden el territorio ¿y qué hacen? Se involucran con la gente que daña este país y ahora sí quieren aplicar la ley ¿y a ustedes quién se las aplica de sus actos? Nada más espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que le pasó a los de Ayotzinapa, ya no puede uno hablar porque luego la represión y el mismo funcionario que lo debe de cuidar a uno es el que lo manda a desaparecer”, señaló uno de los denunciantes, en un video que se difundió ampliamente en redes sociales.
En particular, las y los pobladores acusaron al entonces fiscal regional de operar para el grupo conocido como “Cártel de los Cristaleros”, ligado al Cártel de la Familia Michoacana, que opera entre los límites de Michoacán y el Estado de México. Este grupo es señalado por la fabricación, tráfico y venta de metanfetamina, además de extorsiones, despojo de propiedades y cobro de piso, dio a conocer el periódico La Jornada en una nota publicada días después.
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El vínculo de exfiscal con asesinato de dos periodista de Michoacán
En medio de las acusaciones vertidas en contra del entonces fiscal regional, el reportero Roberto Toledo fue asesinado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, el 31 de enero de 2022, cuando se encontraba fuera de las oficinas del portal Monitor Michoacán, lugar en el que el comunicador colaboraba.
El director del portal, Armando Linares, informó sobre la muerte del reportero en una transmisión en vivo en Facebook, en la que consideró que el ataque se debió a que el portal que diriguía denunciaba actos de corrupción de políticos.
“Exhibir corrupciones de políticos y funcionarios el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros […] perdió la vida en manos de tres personas que le dispararon de una manera ruin y de una manera cobarde. Nosotros no estamos armados y no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero y una libreta. Hay nombres y sabemos de dónde viene todo esto”, dijo.
En entrevista para Milenio, Armando Linares reveló que el portal Monitor Michoacán había recibido amenazas desde 2021, luego que la agencia denunció actos de corrupción del gobierno de Zitácuaro, presidido por el priista Antonio Orihuela, y de quien era el fiscal regional, Herrera Franco.
“Las amenazas eran prácticamente para todo el equipo de Monitor Michoacán, las cuales comenzaron hace un año cuando exhibimos una corrupción del fiscal regional, que estaba en Zitácuaro, Francisco Herrera Franco”, aseguró. Por este motivo, Roberto manejaba un perfil bajo, justo para evitar riesgos dadas las amenazas, las cuales ya habían sido denunciadas en su momento contra el fiscal.
Incluso, desde el 3 de noviembre de 2021, el portal publicó: “Tras varios años de sembrar el pánico y abusar del poder conferido, este martes trascendió que Francisco Herrera Franco ya no es el fiscal regional de Zitácuaro, en lo oscurito y por la puerta de atrás, el hasta hoy fiscal de este municipio fue cambiado al municipio de Apatzingán, según fuentes extraoficiales de esa dependencia. Su lugar será ocupado por Alberto Núñez Mora, quien desempeñó ese mismo cargo en Uruapan”.
“Las amenazas surgieron hace poco más de un año y tres meses cuando empezamos a exhibir algunas situaciones graves con el exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrara Franco, quien fue señalado por el ahora autogobierno de las comunidades de pretender invitarlos a que se unieran a una célula delincuencial. Posteriormente llega la nueva administración municipal y estas amenazas se hicieron más fuertes, estas llamadas eran muy continuas y muy directas de que le bajáramos en tono con el fiscal como con el gobierno”, abundó Linares en entrevista para Azucena Uresti en Radio Fórmula.
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Con el asesinato de Roberto Toledo, ese año sumaron cuatro asesinatos de periodistas en el país. Los otros fueron la periodista Lourdes Maldonado y el fotoperiodista Margarito Esquivel, en Tijuana, Baja California, y José Luis Gamboa, director de un portal en Veracruz.
En una publicación realizada el 28 de enero, tres días antes del asesinato de Roberto Toledo, Linares informó que habían solicitado protección federal: “Temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal; se estarán presentando las denuncias correspondientes, por lo pronto ya hay un acercamiento con el gobierno federal para este tema”.
A pesar de ello, el 15 de marzo de 2022, Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, también fue asesinado. El crimen ocurrió apenas dos meses después de que Linares denunciara en las redes sociales de la agencia las amenazas dirigidas a su equipo de trabajo y al abogado Joel Vera, colaborador del medio.
Tras el asesinato de ambos comunicadores, el medio digital Monitor Michoacán tomó la decisión de cerrar en definitiva sus plataformas al asegurar que “las autoridades deben actuar oportunamente y no esperar a que un periodista sea asesinado”.
El 24 de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado de Michoacán acordó revisar 21 carpetas de investigación acumuladas desde el 2007 sobre periodistas desaparecidos y asesinados en la entidad, en una reunión en la que tanto el fiscal Adrián López Solis y sus colaboradores escucharon las demandas del gremio periodístico de la entidad.
Agrupados en el colectivo Ni Uno Más, las y los periodistas exigieron que se avanzara en las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares, del portal de noticias Monitor Michoacán, según lo reportó El Sol de Morelia.
Las y los periodistas insistieron en que la Fiscalía investigara las amenazas contra el grupo periodístico, luego de que su director Armando Linares señaló al alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela y al exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrera Franco.
Además, le recriminaron que la institución no dio protección adecuada a las víctimas, por lo que exigieron que el caso de los dos periodistas asesinados fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). López Solís informó que la carpeta ya le había sido entregada a las autoridades federales, pero que el caso se mantenía en el fuero local.
Por llamada con supuesto líder criminal, termina administración de Herrera Franco
A pesar de los señalamientos previos, una llamada entre el fiscal regional de Apatzingán, Francisco Herrera Franco, y Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, presunto líder criminal en el oriente de Michoacán, derivó en el despido de Herrera Franco.
De acuerdo con la agencia de noticias 90 Grados, en esta llamada Herrera Franco y Rivera Padilla, jefe de plaza en Zitácuaro, discutieron sobre un homicidio cometido por un miembro del grupo del Barbas, y le pidieron ayuda al entonces fiscal.
En la llamada, Herrera Franco aconsejó a su interlocutor que su socio se entregara para simular un delito culposo y no uno cometido con dolo. Al finalizar la llamada, Rivera Padilla agradeció al fiscal su ayuda, manifestando que “sabe que estoy ‘al cien’ con usted, lo que pida se le trata de apoyar, yo sé que usted igual”. “Ya sabes que jalamos bien”, respondió Herrera Franco.
Tras la filtración de la llamada, Herrera Franco fue destituido de la Fiscalía General del Estado.
A la lista de denuncias en su contra también se suma la del empresario Jesús Ricardo Cordero Ontiveros, quien en septiembre de 2019 denunció al exfiscal por supuestamente fabricarle una “acusación legal” en su contra o la denuncia de un ciudadano que lo acusó por una presunta detención ilegal e incomunicación cuando era fiscal regional de Zitácuaro.
Herrera Franco al igual que otros funcionarios de seguridad llegaron a Michoacán de la mano del excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y el exprocurador de justicia y exsecretario de seguridad estatal, José Martín Godoy Castro, quienes formaron el denominado grupo de “Los Chilangos”, conocidos por su supuesta corrupción al interior de las citadas dependencias.
Los compromisos políticos que contrajo el exgobernador Silvano Aureoles -que actualmente tiene una orden de aprehensión y una ficha roja emitida en su contra por la presunta comisión de diversos delitos- con el priismo por la ayuda prestada para llegar a la gubernatura, hicieron que el gobierno de Michoacán mantuviera a los funcionarios señalados en sus cargos y protegiera a “Los Chilangos” a pesar de sus escándalos.
Organización denuncia que siete candidatos de la elección judicial están relacionados al crimen organizado y violencia de género
Desde el pasado 15 de marzo, Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C. informó que diversas ciudadanas y ciudadanos del país denunciaron que al menos siete personas candidatas que aparecerán en las boletas en las próximas elecciones por un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) están presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado y con denuncias por violencia de género o acoso.
Se trata de cuatro candidatos que competirán por ser jueces o magistrados en materia penal que fueron denunciados por estar supuestamente vinculados a la delincuencia organizada y tres candidatos denunciados por violencia de género y acoso, que podrían aparecer en las boletas para la próxima elección judicial a celebrarse el próximo 1 de junio de 2025.
Desde antes del inicio de las campañas, que comenzaron este domingo 30 de marzo, la organización Defensorxs comenzó a realizar actividades de “vigilancia ciudadana de la elección judicial”. Mediante cuatro grupos y un total de 700 personas monitorean, revisan e “identifican puntos de riesgo en la elección judicial”.
Una vez que reciben la denuncia, el equipo de litigio estratégico de la organización realiza la investigación que puede ser usada para presentar quejas o denuncias formales ante las autoridades competentes.
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Esta mañana Claudia Sheinbaum aseguró que México tiene un “trato preferente” frente a los aranceles recíprocos impuestos por Donald Trump. ¿Por qué? Te lo explicamos.
Cuando este jueves, al iniciar su rueda de prensa matutina, un periodista le preguntó a Claudia Sheinbaum si estaba contenta, la presidenta mexicana pausó, saludó y sonrió con el tono de satisfacción, relajado pero victorioso, que mantuvo durante toda la conferencia.
“Para México no habrá aranceles, y eso es bueno para el país, aunque algunos no quieran reconocerlo (risas). Tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el de Estados Unidos”, afirmó.
“Trato preferente”, esa es la expresión del día en México porque este fue el único país en el mundo —al igual que Canadá, aunque con matices— que no entró en el polémico esquema de aranceles anunciado el miércoles por el presidente Donald Trump.
En su discurso, el mandatario dio a conocer los llamados “aranceles recíprocos” que tendrán las importaciones a EE.UU. de países como China, del 34%, o la Unión Europea, del 20%.
México, en cambio, no fue mencionado. Hubo espacio para criticar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), pero este, uno de los acuerdos de libre comercio más grandes del mundo, se mantuvo intacto.
Y, entonces, el peso mexicano se apreció en un 2%. Y el gobierno de Sheinbaum celebró.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que “el tratado se mantiene y eso es un logro mayor, no lo demos por sentado, porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas, es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio”.
En efecto, de los 14 tratados semejantes que tiene EE.UU., solo el mexicano se va a respetar a cabalidad.
Pero no todo es fiesta: los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas hacia EE.UU. que no están amparadas por el tratado —un 40% del total, la mayoría del sector automotriz— siguen vigentes y ahora el reto de Sheinbaum es reducir ese número.
“Se sigue trabajando y dialogando”, dijo Ebrard, quien anunció que en los próximos 40 días intentarán “lograr mejores condiciones”.
Las claves del trato preferente
Desde que Trump llegó al poder, el gobierno de Sheinbaum se ha dedicado a negociar con su equipo en busca de que se respete el TMEC, un tratado que beneficia a ambos países, pero del que México, que vende a EE.UU. el 80% de sus exportaciones, es mucho más dependiente.
“Estamos protegiendo 10 millones de empleos mexicanos, esa es nuestra prioridad”, señaló la presidenta.
Y para eso el gobierno mexicano ha incautado decenas de toneladas de fentanilo, el opioide que deja 80.000 muertos al año en EE.UU.; ha generado controles en las fronteras para reducir el tráfico de migrantes, que ha caído en un 90%; y ha redoblado la lucha en contra del crimen organizado deteniendo a algunos de los más prominentes capos, fortaleciendo al ejército y a las policías y enviando a 10.000 soldados a la frontera norte.
Gracias al TMEC, a la guerra comercial con China y a los cambios en las dinámicas de la globalización, México se convirtió en los últimos años en el socio comercial más importante de EE.UU., con exportaciones hacia ese país cuyo valor sobrepasa el de las procedentes de China.
Es decir: un arancel a México tiene, proporcionalmente, mucho más impacto sobre los consumidores estadounidenses que cualquier otro en el mundo.
Sheinbaum ha respondido a Trump con lo que ella llama “cabeza fría con respeto a la soberanía: no anunció medidas concretas de retaliación pero no descartó esa posibilidad; manifestó estar en desacuerdo con los aranceles pero no descalificó a un presidente que es su antítesis ideológica; y ha usado la experiencia del Estado mexicano tras décadas de constante negociación y adaptación con Washington.
Todo esto lo ha podido hacer sin muchos sobresaltos porque su partido, Morena, domina las tres ramas del Estado y la oposición está muy debilitada.
México ante el nuevo orden mundial
Ahora la pregunta es qué puede hacer México con ese “trato preferente”.
Carlos Aguirre, consultor en finanzas y profesor de la Universidad iberoamericana, cree que al menos en el corto plazo hay un beneficio.
“Como se resolvió que el comercio que entra en el TMEC no estará sujeto a aranceles, muchas empresas que quizá antes no entraron para evitar los temas de administración y reglas de origen que implica el tratado, ahora van a querer hacerlo”, explica.
“Y entre más empresas entren al TMEC, menos aranceles se van a pagar”.
“Muchas empresas que pensaron en irse (tras la llegada de Trump), ahora van a quedarse y van a intentar entrar el TMEC”, asegura.
Dicho eso, el experto se pregunta qué pasa a mediano y largo plazo: “México no tiene mucha opción de diversificar sus exportaciones ante el reordenamiento arbitrario y discriminatorio planteado por Trump, y en ese sentido Norteamérica puede terminar aislada de un mundo que va a responder a esto con más comercio sin EE.UU.”.
Sheinbaum apuesta a aprovechar este nuevo orden del comercio con una reindustrialización de su propia economía.
El jueves se reunió en el simbólico Museo de Antropología con empresarios, gobernadores y legisladores para ultimar detalles de su Plan México, una estrategia económica que busca fortalecer las industrias mexicanas al tiempo que atraer inversiones extranjeras que fortalezcan el rol del país en el nuevo orden comercial planteado por Trump.
O en otras palabras: hacer de Norteamérica una alternativa más barata, eficiente y competitiva que China.
Sheinbaum espera que, con esto, México sea una de las 10 primeras economías del mundo (es la 13); crear 1,5 millones de empleos, capacitar a miles de profesionales y técnicos, dar incentivos tributarios a las empresas que innoven y aumentar la producción local de energía.
“Nosotros estamos particularmente enfocados en aterrizar el Plan México”, dijo el jueves.
De lograrlo, la pregunta es si México logrará ser un puente entre el mundo y EE.UU., como lo venía haciendo en los últimos años, o si termina aislada del mundo junto a EE.UU.
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