“El Mundial pasará, nosotras somos parte de la CDMX”: trabajadoras sexuales denuncian limpieza social con ciclovía en Tlalpan
Desde hace 30 años, Sandra Montiel ejerce el trabajo sexual en Calzada de Tlalpan. Durante todo ese tiempo, afirma, sus ingresos jamás habían sido tan bajos. ¿La causa? La construcción de la ciclovía en esta vía primaria de la Ciudad de México.
“En lo personal me ha bajado muchísimo el trabajo. Yo pienso que en un 70 % aproximadamente. Hay días en los que no me hago ningún cliente y otros me hago uno o dos. Este diciembre ha sido el más nefasto para nuestra economía en mis 30 años de trabajo”, compartió en entrevista. “He platicado con mis compañeras. Está peor que diciembre de la pandemia”, detalló.
Hace unos meses —literalmente de la noche a la mañana— cuando llegó a trabajar en las inmediaciones del Metro Viaducto, Sandra se encontró con unos camiones con tierra y grava. Al lado había montañas de cascajo. No entendía lo que sucedía.
Platicando con sus compañeras se enteró de que el gobierno local había comenzado con la construcción de una ciclovía confinada en Calzada de Tlalpan. Iría de Periférico hasta la Plaza Tlaxcoaque.
“Fue una sorpresa porque los clientes se comenzaron a parar menos porque no tenían para dónde hacerse. Nosotras también nos arrimábamos de un lado a otro para tratar de laborar”, recuerda.
“El gobierno que está actualmente ha hecho encuestas para todo, como para decidir quiénes van a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia (sic), para decidir esto y lo otro, pero aquí no hicieron ninguna consulta ciudadana referente a la ciclovía, por lo que nos empezamos a organizar y decidimos detener la movilidad vehicular para exigir la presencia de gente del gobierno para que nos diera una explicación y para que vieran todo lo que estábamos siendo afectadas”, detalla.
Las autoridades se presentaron en el punto para dialogar con las trabajadoras sexuales a fin de que liberaran la vía.
También hubo otras reuniones en las que Sandra participó y en las que se habló de entregar despensas a las trabajadoras sexuales afectadas, así como inscribirlas en el seguro de desempleo, sin embargo, ninguno de esos acuerdos fue cumplido por la autoridad.
“Ellos quedaron en que iban a platicar con los altos mandos para que llegáramos a un acuerdo. Yo estuve en tres reuniones con Fadlala Akabani Hneide, subsecretario de gobierno. Él platicó directamente conmigo y nos dijo que sí nos iba a entregar los apoyos, cosa que hasta el momento no ha pasado. Esperamos que empezando este nuevo año se vuelvan a retomar las pláticas con él y que cumpla con el acuerdo al que llegamos”, confió Sandra.
En tanto esto sucede, la mujer de 47 años de edad asegura que la obra que se realiza como parte de las acciones por el Mundial de Futbol que se inaugurará en la CDMX, así como la tardanza en atenderlas a ella y sus compañeras es una táctica para retirarlas definitivamente de Calzada de Tlalpan, espacio en el que se ha ejercido el trabajo sexual desde más de 50 años.
“Está más que visto que ese es el propósito del gobierno: retirarnos (…) nosotras vamos a luchar por nuestros espacios porque el Mundial va a pasar, pero nosotras somos parte de la ciudad, de la historia de la Ciudad. No nos vamos a mover de nuestros lugares, vamos a defenderlos con uñas y dientes, a patadas, como sea, pero vamos a defender nuestra fuente de trabajo”, afirmó.
Como parte de la rehabilitación integral de la Calzada de Tlalpan, no solo se cambiaron todas las banquetas y luminarias de la vialidad, sino que está en proceso la construcción de la ciclovía más grande de la capital.
Se trata de 34 kilómetros de carril confinado, ida y vuelta, desde Periférico hasta la Plaza Tlaxcoaque, una de las entradas al Primer Cuadro de la CDMX.
“Lo de la ciclovía nos afectó mucho porque yo ya soy una persona madura y nos ha bajado mucho el trabajo. (Los clientes) ya no se pueden parar porque les tocan el claxon y se van”, compartió por separado Ivette, trabajadora sexual de 55 años.
“Ahora sí que estamos sobreviviendo gracias a los clientes que tenemos. En estas fechas de Navidad a todas nos iba super bien, pero ya no (…) antes no nos preocupábamos tanto de cuánto nos íbamos a llevar porque sí salía”, añadió.
“Nosotras no contamos con el gobierno”
Ivette comenzó a ejercer el trabajo sexual a los 35 años, y siempre que ha habido necesidad de buscar apoyo de las autoridades capitalinas, lamenta, han sido ignoradas.
“Somos las personas que llevamos la comida a nuestro hogar, somos la cabeza de los hogares, aunque mucha gente nos critique (…) y el gobierno, la verdad, siempre nos promete y no cumple. Nosotras no contamos con el gobierno”, reprochó.
Al igual que Sandra, Ivette ejerce el trabajo sexual en Calzada de Tlalpan, a la altura del metro Viaducto, y desde que comenzaron las obras de la ciclovía sus ingresos se han ido en picada.
Dadas las circunstancias y tomando en cuenta que diariamente hace dos horas de trayecto desde su casa al lugar donde ejerce el trabajo sexual, pidió que las autoridades las escuchen y les ofrezcan opciones porque no es posible borrarlas de la noche a la mañana de Calzada de Tlalpan.
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“Hace tres meses fue la última vez que se sentaron con el gobierno y desde entonces no ha habido un acercamiento de nueva cuenta (…) el 17 de diciembre fue el Día Internacional en contra de las violencias contra las trabajadoras sexuales y tampoco —por conmemorarse ese día— hubo algo que diera pauta a que alguien les dijera ‘ok, ahora sí vas a recibir lo que te prometí’”, reclamó Raúl Velázquez, uno de los fundadores de Tejiendo Pueblos, grupo cívico que desde hace 5 años se dedica a acompañar a las trabajadoras sexuales de la CDMX.
Al igual que Sandra, el activista coincidió en que el gobierno capitalino busca hacer una “limpieza social” de cara al Mundial de Futbol que se inaugurará en la CDMX el 11 de junio.
“Al final del día siento que sí es como un discurso de doble moral, ¿no? De hablar como de una ciudad inclusiva, pero al mismo tiempo la estigmatización, la criminalización y toda esta parte que han sufrido y que tristemente seguirán sufriendo las trabajadoras sexuales”, apuntó.
Las deudas con las trabajadoras sexuales
Además de reconocer su actividad como no remunerada, las autoridades capitalinas aún tienen deudas con las trabajadoras sexuales, a quienes por estigma u otras razones, no les han garantizado el acceso digno y gratuito a los servicios de salud.
“El sistema de salud nada más porque son trabajadoras sexuales, les niegan, ¿no? Imagínate a una trabajadora trans, le niegan aún más (…) y luego si son trans, pero adultas mayores, tienes a profesionales de la salud que no entienden y no tienen experiencia para atenderlas”, consideró el cofundador de Tejiendo Pueblos.
Otro de los pendientes, además del acceso a una vivienda digna, es la renovación de sus tarjetones como trabajadoras sexuales.
En 2012, y después de un largo proceso en el que las acompañó Brigada Callejera, una jueza federal dio la orden para que se les reconozca como trabajadoras sexuales: ordenó que en todas las alcaldías en donde se ejerce el trabajo sexual se les expidiera el reconocimiento.
La Secretaría del Trabajo local debía expedirles un tarjetón como trabajadoras sexuales no asalariadas y periódicamente debía ser renovado con sus datos y el lugar en donde laboraban.
“Ahorita ese trámite, por órdenes de la jefa de gobierno (Clara Brugada), se detuvo. Ahorita no están ni entregando nuevos tarjetones, no están recibiendo documentación para hacer trámites, ni renovando y ese tarjetón para nosotras es muy importante porque es un reconocimiento a nuestro trabajo que ahora con esta construcción se está afectando”, explicó Sandra Montiel.
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Según les han explicado, empezando el 2026 las autoridades locales quieren impulsar normas en los espacios en donde se ejerce el trabajo sexual, por lo que les han pedido esperar a actualizar y expedir nuevos tarjetones.
“Al negarnos ese tarjetón sigue la clandestinidad de nuestro trabajo. El gobierno nos quiere mantener ocultas, pero aquí estamos luchando, sobreviviendo el día a día”, aseguró la mujer.
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Sobrevivió casi 13 años en el poder en uno de los momentos más delicados en la historia de Venezuela, hasta que fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense.
Nicolás Maduro sustituyó en 2013 como presidente de Venezuela al político latinoamericano más carismático del siglo XXI, Hugo Chávez, y sobrevivió por más de una década al frente de un países en crisis.
Resistió a la peor crisis humanitaria y económica de la historia reciente de Venezuela, al éxodo de millones de venezolanos y a repetidas presiones de la oposición, organismos internacionales y otros países para ceder el poder ante denuncias de autoritarismo y erosión democrática.
No resistió, sin embargo, a una operación militar relámpago este sábado en la que fuerzas estadounidenses lo capturaron junto a su esposa, Cilia Flores.
Su aprehensión y traslado a EE.UU. se produce meses después de que la administración de Donald Trump incrementara la presencia militar en el Caribe y advirtiera sobre un ataque contra el gobierno de Maduro, al que acusa de estar vinculado al narcotráfico.
“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, anunció en X la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.
“Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, añadió.
Terminan así casi 13 años de Maduro en el poder, marcados por múltiples crisis y supervivencias constantes a momentos en que parecía estar en jaque.
Tras Hugo Chávez y el dictador Juan Vicente Gómez, quien murió en 1935, nadie, salvo Maduro, estuvo más años al frente de Venezuela.
Una historia turbulenta que arrancó el 8 de diciembre de 2012.
El elegido
Ese día, el mundo vio por última vez a Chávez, que iba y venía de La Habana a Caracas para tratarse un cáncer.
Tras meses de incertidumbre y ausencias, Chávez nombró a su sucesor en televisión.
“Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no sólo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario, que obligaría a convocar a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.
El entonces vicepresidente Maduro, sentado a su izquierda, mostraba un gesto entre el temor y la preocupación. Chávez lo elegía. Y lo hacía porque el líder ya no sería más presidente. En marzo de 2013 fue Maduro el que anunció la muerte del comandante.
Chávez elogió a Maduro, al que conoció cuando estaba en la cárcel de Yare, donde cumplió dos años de condena tras el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.
En sus visitas a la prisión el actual presidente también se encontró con Cilia Flores, que ejercía como una de las abogadas del comandante y que acabó convirtiéndose en su esposa y una figura silente a la que muchos atribuyeron una gran influencia en el gobierno.
De Maduro, Chávez alabó su “don de gentes” y lo llamó “un revolucionario a carta cabal, de gran experiencia a pesar de su juventud”.
Entonces a sus 49 años, Maduro era un hombre de confianza que ya había sido presidente del Parlamento, canciller y vicepresidente.
A algunos sorprendió el nombramiento de Maduro como sucesor por delante del militar Diosdado Cabello, hoy ministro de Interior, y del poderoso expresidente de la estatal PDVSA Rafael Ramírez.
No fue una sorpresa para los que vieron el progresivo ascenso de Maduro y sus constantes viajes a La Habana a reunirse con el convaleciente Chávez.
Chávez vio en él al civil que debía continuar la revolución bolivariana. Un hombre pragmático, no un radical. Con capacidad de negociación y de cumplir tanto en un mitin político en la calle con ropa informal como en los despachos vestido de traje y corbata.
En 2018, cuando ganó unos comicios que revalidaron su primer mandato, un exfuncionario del gobierno le advirtió a BBC Mundo que a Maduro se le tendía a subestimar porque no estudió ni tiene un recorrido intelectual.
“Se tiende a pensar que es un bruto”, dijo esa fuente bajo condición de anonimato. Sus rivales de la oposición lo llamaban “Maburro”.
El menosprecio se convirtió en un arma a favor que el presidente utilizó prácticamente durante toda su presidencia, incluso cuando Trump le advertía una y otra vez sobre la proximidad de su fin y Maduro aparecía bailando en público y contestando al estadounidense, jocoso, que “war, no; peace, yes” (guerra, no; paz, sí”.
El presidente ante la crisis
Maduro anunció la muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013. Lideró el funeral y las jornadas de duelo. Y sin apenas tiempo, se embarcó en la campaña para la elección de abril, en la que se impuso por un estrecho margen a Henrique Capriles.
Muchos cantaron fraude, pero Maduro se instaló en Miraflores.
Su tarea era hercúlea: no sólo intentar suplir el carisma y la devoción de Chávez, sino afrontar un panorama económico muy diferente y que el propio comandante ya había atisbado.
En el gobierno de Chávez se pensaron propuestas macroeconómicas en un momento en el que los precios del petróleo iniciaban la desaceleración.
Al morir el comandante, la tarea de aplicar reformas, como la del sistema cambiario, quedó eventualmente en manos de Maduro.
Pero el excanciller, con un liderazgo mucho más débil que su antecesor y en el centro de varias facciones, no fue el reformista que prometió ser.
En 2014 se desplomaron los precios del petróleo y se detonó la terrible crisis que hasta hoy azota a los venezolanos.
Analistas criticaron entonces una inacción gubernamental en un momento crítico.
Durante su mandato, Maduro dejó importantes tareas de gestión a altos mandos del Ejército, a los que encomendó la importación de alimentos y productos básicos y hasta la dirección de la petrolera PDVSA, la fuente más robusta de ingresos del país.
La influencia de los uniformados no evitó, sin embargo, cierto descontento en los cuarteles, conspiraciones, ruido de sables y detenciones.
Desde aquellos años, Maduro pareció vivir permanentemente en el alambre.
La primera supervivencia
En 2015, la oposición logró una amplia mayoría en las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) por primera vez desde la llegada de Chávez al poder en 1999.
Con 107 escaños obtenidos por la opositora Mesa de la Unidad Democrática frente a los 55 del gobernante PSUV, la alternativa estaba facultada para aprobar leyes y nombrar miembros de otros poderes públicos como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rectores del Consejo Nacional Electoral o altos funcionarios como el Fiscal General de la República, sin tener que contar con votos del oficialismo.
Aquel revés electoral no encontró a Maduro y el oficialismo desprevenidos.
En las semanas festivas de diciembre previas a la instalación de la nueva AN en enero de 2016, Maduro nombró nuevos magistrados del TSJ, institución afín al gobierno desde la cual se bloquearía la posibilidad de que la AN ejerciera sus potestades constitucionales.
Entre otras medidas, el TSJ suspendió la toma de posesión de tres diputados indígenas -con los que la oposición alcanzaba su mayoría calificada- y, luego, declaró a la AN en desacato, dando así por inválidas todas sus decisiones.
Figuras emblemáticas del chavismo, como la entonces ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, rompieron con el gobierno, mientras el ex secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de “autogolpe”.
Distintos gobiernos de la región como Perú, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile cuestionaron en duros términos lo ocurrido.
Para octubre de 2016, el TSJ ya había emitido 27 sentencias que bloqueaban el trabajo del Legislativo.
Ese año, al cumplirse la mitad del periodo de gobierno de Maduro, se abría la posibilidad constitucional de convocar un referendo revocatorio para sacarlo del poder, pero estos esfuerzos de la oposición fueron bloqueados por los tribunales, que también impidieron los intentos de la AN de someter al mandatario a un juicio político.
En marzo de 2017, la oposición denunció un “golpe de Estado” y la “ruptura definitiva” del orden constitucional en el país después de que el TSJ emitiera una sentencia en la que básicamente se adjudicaba las facultades que le correspondían a la Asamblea Nacional, mientras esta se mantuviera en “desacato”.
Aunque el TSJ “corrigió” la sentencia en 72 horas, el malestar propició una oleada de protestas que se extendió por cuatro meses dejando unos 120 muertos.
El gobierno respondió con represión, pero también con sus propias manifestaciones multitudinarias.
Sin embargo, su arma más efectiva para desactivar a la oposición sería la convocatoria a unas elecciones regionales (ante las cuales la oposición se dividió) y una Asamblea Nacional Constituyente “plenipotenciaria” que le dio el control de un órgano legislativo que en teoría se encontraba por encima de los poderes constituidos.
Ambos comicios estuvieron marcados por señalamientos de fraude, incluyendo las denuncias de la empresa de software electoral Smartmatic que dijo que las cifras en la elección de la Constituyente habían sido manipuladas.
La represión, el cansancio por las protestas y la constatación de que el gobierno se mantenía inamovible ayudaron a Maduro a salir de este periodo convulso.
El año terminó con el inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana que terminaría sin acuerdo en febrero de 2018.
Maduro contra Guaidó
En enero de 2019, Maduro se juramentó para un segundo mandato tras haber ganado las elecciones presidenciales de mayo de 2018, realizadas sin la participación de la mayor parte de la oposición y considerada como fraudulentas por EE.UU., la Unión Europea y más de una decena de países latinoamericanos.
Esa juramentación de Maduro disparó un proceso inédito: partiendo del principio de que las elecciones no eran válidas y de que Maduro no era un presidente legítimo, la oposición argumentó que había una vacante absoluta en la presidencia, por lo que decidió aplicar el artículo 233 de la Constitución.
Este señala que en estos casos el presidente de la Asamblea Nacional asumirá la presidencia de forma interina y convocará a elecciones en un periodo de 30 días.
El 23 de enero, el opositor Juan Guaidó, presidente de la AN, se declaró como “presidente encargado” de Venezuela, fijándose como objetivos “el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”.
Guaidó recibió el reconocimiento del gobierno de Trump en EE.UU. y, tras este, de decenas de países de Europa y América Latina hasta llegar a sumar más de medio centenar.
El reconocimiento del gobierno interino vino acompañado de una máxima presión que buscaba forzar un cambio en Venezuela. Trump impuso sanciones sobre la industria petrolera venezolana, principal fuente de ingresos para el Estado.
La producción petrolera venezolana cayó drásticamente hasta ubicarse por debajo de los 500.000 barriles diarios, mientras el gobierno de Maduro perdió el control de millonarios activos que Venezuela tenía en el extranjero como la petrolera Citgo en EE.UU. o 30 toneladas de oro que el país tiene depositadas en el Banco de Inglaterra.
En la madrugada del 30 de abril de 2019, acompañado de un grupo de militares venezolanos y del dirigente opositor Leopoldo López, que acababa de ser liberado de su prisión domiciliaria por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Guaidó transmitió un mensaje desde los alrededores de la Base Aérea de La Carlota en Caracas en el que llamaba a los ciudadanos a salir a las calles.
Por unos instantes hubo la impresión de que algo podía ocurrir, pero luego quedó claro que los esfuerzos por lograr una fractura en el respaldo militar al gobierno de Maduro habían fracasado.
Incapaz de forzar ese quiebre, sin posibilidades reales de ejercer la presidencia interina que había reclamado para sí, y sometido de forma constante a la amenaza de detención, el gobierno temporal de Guaidó menguó lentamente.
Cuenta atrás
Desde el 28 de julio de 2024, varios acontecimientos marcaron una especie de cuenta atrás para Maduro en el poder.
Aunque el presidente fue declarado ganador de las elecciones presidencias por el CNE, bajo control oficialista, esos comicios fueron considerados como un hito por la oposición.
A diferencia del CNE, que se negó a presentar resultados detallados y auditables, la oposición divulgó más del 80% de las actas que mostraban como claro vencedor a su candidato, Edmundo González Urrutia.
Eso llevó a un consenso mayoritario entre las democracias occidentales de que la reelección de Maduro era fraudulenta y que González era el presidente legítimo.
Miles de venezolanos, incluso de barrios tradicionalmente chavistas, salieron a protestar a las calles. El gobierno reprimió y encarceló a más de 2.000 personas, según cifras oficiales.
Amenazado, González Urrutia se exilió en España, mientras que la líder de la oposición, María Corina Machado, tuvo que vivir más de un año en la clandestinidad, de la cual solo salió en diciembre de 2025 para recoger en Oslo el Premio Nobel de la Paz.
Presión militar
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 cambiaron las reglas del juego.
Con una estrategia de mano dura para combatir el narcotráfico en América Latina, la administración trumpista acusó a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y liderar el Cartel de los Soles, una supuesta organización designada como terrorista por EE.UU. y que tendría su base en las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Durante meses, EE.UU. desplegó lo que Trump llamó “la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica” alrededor de Venezuela.
El despliegue incluye al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald S. Ford, buques de guerra, un submarino nuclear, cazas F-35 y una fuerza de unos 15.000 efectivos.
Desde septiembre, esas fuerzas han estado atacando lanchas supuestamente cargadas de drogas, matando a al menos 110 personas.
Los ataques se encuentran bajo intenso escrutinio por parte del Congreso de EE.UUU y han sido duramente criticados por defensores de los derechos humanos, que los han calificado como “ejecuciones extrajudiciales”.
Días antes de la captura de Maduro, Roxanna Vigil, investigadora especializada en Seguridad Nacional del Council on Foreign Relations, le advertía a BBC Mundo que la presencia militar estadounidense en el Caribe reducía en gran medida las opciones de Maduro para negociar un acuerdo para solucionar esta crisis.
El gobierno de Maduro había movilizado a las fuerzas militares venezolanas y ordenado el despliegue de armas y medios tácticos, al tiempo que desarrolló una amplia campaña diplomática, contactando a gobiernos aliados como los de Rusia y Turquía, y solicitando la implicación del Consejo de Seguridad de la ONU.
Había analistas que sospechaban que detrás de la campaña de Trump contra el narco en América Latina se ocultaba en realidad una estrategia para un cambio de régimen en Venezuela.
Lo que ya es seguro es que Maduro no seguirá al frente. El conductor de autobús elegido por Chávez para continuar su legado será juzgado en Nueva York tras una operación militar de EE.UU. que recuerda a la que posibilitó la captura del presidente Manuel Antonio Noriega en Panamá en enero de 1990.
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