
Pedro Villegas Lobo, diputado por Morena en Sinaloa, pagó con recursos del Congreso del Estado la compra de tabletas electrónicas en el negocio de un presunto operador del Cártel de Sinaloa, arrestado en Estados Unidos por tráfico de fentanilo y lavado de dinero.
Con dinero del fondo de gestoría social que recibe mensualmente, el Legislador morenista pagó en enero y en agosto de 2022 la adquisición de dos tabletas electrónicas, por 20 mil y 11 mil 500 pesos respectivamente.
La compra fue reportada por la solicitud de apoyo por parte de dos estudiantes mujeres, quienes argumentaron que necesitaban el equipo electrónico para continuar con sus estudios; ambas son alumnas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Las tabletas electrónicas fueron compradas en el negocio de venta de celulares “Smart Depot”, y las facturas fueron emitidas a nombre de la persona física Julio César Marín González.
En el mes de diciembre del mismo año, Villegas Lobo publicó en su cuenta de Instagram un video en el que recibió dos regalos por parte del dueño del negocio al que benefició con compras por la suma de 31 mil 500 pesos.
“Pues me llegó este regalo de parte de mi amigo Julio Marín, de Smart Depot, y quiero yo presumirles lo que es, porque la verdad me encantó”, expresó el diputado Pedro Lobo, como se hace llamar en las redes sociales y con la ciudadanía.
En el video, el legislador de Morena exhibe un frigobar con bocinas integradas y luces LED con valor de 15 mil pesos, así como una botella de whisky Blue Label de la marca Jhonny Walker.

“Wow! Y tiene ahí una…ah, mira y viene con una Etiqueta Azul, es la caja nomás. ¡Oh, sí viene con una Etiqueta Azul!”, continúa narrando en el video que tiene la marca de agua que indica haber sido subido primero a la red social Tik Tok.
“Gracias, Julio, amigo, te lo agradezco mucho, no me lo esperaba. Muy bonito, te lo voy a promocionar. Para aquellos que quieran comprar estos refris frigobar, se los recomiendo”, dice en el video.
El fondo de gestoría social es un recurso que reciben mensualmente las y los diputados para brindar apoyo a la ciudadanía que así lo requiera. Además de su salario, les otorgan 20 mil pesos mensuales para financiar acciones en pro de personas de sus distritos electorales.
De acuerdo con información del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julio Marín González fue arrestado el 17 de marzo de 2023 a la llegada de un vuelo a White Plains, Nueva York, procedente de Los Ángeles, California.
En la ficha emitida, el gobierno estadounidense señala que Marín González distribuye fentanilo procedente del Cártel de Sinaloa, a cambio de dinero utilizado para comerciar teléfonos celulares contrabandeados a México a través de sus tiendas.
En octubre del 2022 presuntamente facilitó la venta de aproximadamente 20 mil pastillas de fentanilo fabricadas por el grupo criminal, a cambio de unos 14 mil 500 dólares; un mes después, presumiblemente favoreció la venta de cinco kilos de polvo de dicho narcótico, por la suma de 65 mil dólares.
El 4 de abril pasado Marín González fue acusado de diversos delitos como tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Por estos delitos podría pasar su vida entera en prisión o purgar un mínimo de 40 años de pena.
Detalla la ficha que las ganancias por la venta de fentanilo son lavadas a través de múltiples negocios de tiendas de teléfonos celulares, propiedad de Marín González.
Esta nota se publicó originalmente en Noroeste.

El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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