Detienen a 4 personas en Concordia y Mazatlán, Sinaloa, durante operativos por la desaparición de 10 ingenieros
Para entender mejor
Durante los operativos para la búsqueda de los 10 ingenieros mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, autoridades estatales han detenido a cuatro personas y han asegurado armas.
En dos comunicados, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que el 3 de febrero fueron detenidos un hombre y una mujer con dos armas, cargadores y cartuchos en el poblado de La Concepción en Concordia, ambas personas intentaron huir al notar a las autoridades pero fueron alcanzados.
En otra operación en el poblado de El Verde, también en Concordia, fueron detenidos dos hombres a quienes les aseguraron fusiles, municiones y equipo táctico.
Las acciones fueron realizadas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
Hasta el momento no se ha confirmado si las cuatro personas estarían vinculadas a la desaparición de los diez ingenieros que trabajaban en una minera canadiense y fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero.
En el marco del operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los Mineros Desaparecidos, autoridades detienen en Concordia a dos civiles; les aseguran fusiles, municiones y equipo táctico
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del… pic.twitter.com/hJlQ18OozK
— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) February 4, 2026
Localizan pertenencias de ingenieros mineros desaparecidos
Tras el operativo de búsqueda implementado por las Fuerzas Federales para localizar a los 10 mineros privados de su libertad en Concordia, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que hasta el momento se han realizado cinco cateos de inmuebles en Mazatlán y Concordia, como parte de la investigación.
Puedes leer: Refuerzan operativo de búsqueda de mineros en Concordia, Sinaloa; despliegue suma mil 190 elementos
Asimismo, informó que han recibido denuncias de las desapariciones desde Zacatecas, Sonora y Guerrero, por parte de los familiares de los ingenieros, con lo que se han emitido las fichas de búsqueda.
“En ese asunto nosotros iniciamos de oficio la carpeta de investigación con el reporte que recibimos el 24 de enero. Hasta este día se han realizado cinco cateos, son uno aquí en la ciudad de Mazatlán y cuatro en el municipio de Concordia, dos en la zona serrana y dos ahí en cabecera”, informó Sánchez Kondo.
Dentro de los operativos se han localizado tarjetas de identificación de las personas privadas de la libertad, además de tres teléfonos y una laptop, con las cuales ya están trabajando en el esquema tecnológico de parte de las telefonías gracias a una autorización judicial que solicitaron.
“Ya se solicitó esa información, es un acto de investigación que requiere autorización judicial; ya lo solicitamos al juez Federal, entonces ya tenemos la autorización y sobre eso ya estaríamos que nos proporcionen la información los concesionarios para pasar a hacer los análisis”.
Asimismo, el 29 de enero la empresa minera Vizsla Silver suspendió algunas de sus operaciones del proyecto Pánuco tras el presunto secuestro de los trabajadores.
También mencionaron que las autoridades locales fueron notificadas de lo ocurrido; además de que los equipos de gestión de crisis y de respuesta en materia de seguridad de la compañía están participando activamente.
Desaparición de ingenieros y violencia en Sinaloa
La última ubicación que se tiene de las víctimas es en los domicilios que tienen asignados en la cabecera municipal de Concordia y hasta el momento no se ha solicitado ningún rescate para su liberación.
Las personas desaparecidas son originarias de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Durango.
De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera que se desempeñan de manera honesta en su labor”, señala el documento.
Los ingenieros desaparecidos laboraban en el Proyecto Pánuco, un complejo minero de plata operado por la empresa canadiense Vizsla Silver en el municipio de Concordia.
Se trata de un proyecto de escala distrital y de propiedad 100 % de la empresa, ubicado en una zona históricamente poco explorada del llamado Cinturón de Plata del Oeste de México, a unos 80 kilómetros del distrito minero de San Dimas, uno de los más productivos del país.
La privación ilegal de la libertad de los ingenieros ocurre en un contexto de violencia sostenida en Sinaloa desde septiembre de 2024, a raíz de las disputas internas del Cártel de Sinaloa tras la detención del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024.
De acuerdo con cifras oficiales con corte al 27 de enero, esta confrontación criminal ha dejado un saldo de 2 mil 734 homicidios dolosos, 3 mil 167 personas privadas de la libertad, 3 mil 243 personas detenidas y 169 personas abatidas, indicadores que reflejan la magnitud de una crisis de seguridad que se ha extendido por meses y que ha impactado tanto a la población local como a trabajadores y sectores productivos en distintas regiones del estado.
Poco antes de que se diera a conocer la desaparición de los ingenieros, dos diputados locales de Movimiento Ciudadano fueron atacados a balazos en Culiacán. El atentado contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ocurrido en una de las avenidas más transitadas de la capital, confirmó que la violencia ya no distingue entre actores políticos, sectores productivos o ciudadanía.
Con información de Noroeste
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Aunque el gobierno de Delcy Rodríguez ha asegurado que las decisiones que han ido tomando fueron acordadas de manera “unilateral”, varias se han producido después de que fueron anunciadas desde Washington.
Caracas, 3 de enero de 2026, 1:55 de la madrugada.
Una serie de estruendos despierta a los habitantes de la capital venezolana, mientras que los destellos de las explosiones y el ruido de las aeronaves y helicópteros que sobrevuelan la ciudad confirman lo que se esperaba desde hace meses: Estados Unidos ha lanzado un ataque militar contra el país sudamericano.
“EU ha realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa (Cilia Flores), ha sido capturado“, escribió horas después el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social, dando así por concluida la inédita operación.
El mandatario republicano anunció que la pareja fue “trasladada fuera del país” y, horas después, las autoridades estadounidenses confirmaron su traslado a Nueva York.
Dos días después, la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el mando como presidenta encargada de Venezuela.
Hoy, mientras Maduro y Flores esperan en sus celdas del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés) a que llegue el 17 de marzo, fecha de su próxima aparición ante el tribunal federal para responder por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, en el país que gobernaron durante más de 12 años se vienen produciendo una serie de cambios forzados por Washington que, hasta hace solo semanas, parecían imposibles.
Destacamos algunos de ellos.
1. Excarcelaciones y amnistía
Una de las primeras acciones adoptadas por las autoridades venezolanas fue ordenar una serie de excarcelaciones de opositores, líderes sindicales, activistas de derechos humanos, periodistas y manifestantes que permanecían recluidos desde hacía meses, muchos de ellos en procesos calificados de arbitrarios por organismos internacionales.
La decisión fue presentada como “un gesto unilateral” para “consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica”, según declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
A lo largo de este mes, las autoridades han asegurado que más de 600 personas han dejado sus celdas.
Sin embargo, esta cifra ha sido puesta en duda por colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano, que hasta el 1 de febrero había verificado 344 excarcelaciones de los más de 600 “presos políticos” que contabiliza.
En lo que parece un intento por acelerar este proceso, el pasado 30 de enero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció: “Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 hasta el presente”.
“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política”, abogó, al tiempo que informó que cerrará El Helicoide, una de las sedes de los servicios de inteligencia venezolano y centro de detención que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Misión de Naciones Unidas para Venezuela han calificado de “centro de torturas” contra la disidencia.
Días antes Trump escribió en su red Truth Social: “Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas”.
Los anuncios de Rodríguez van a contracorriente de lo sostenido por Maduro y otros altos funcionarios chavistas hasta no hace mucho.
“Esta vez no va a haber perdón, lo que va a haber es (cárcel) de Tocorón”, advirtió el heredero del fallecido Hugo Chávez a quienes protestaron contra su controvertida reelección en julio de 2024.
Semanas después, más de 2 mil personas terminaron tras las rejas, según datos de la fiscalía venezolana.
“Aquí no va a haber ni ley de amnesia ni ley de impunidad ni ley de amnistía ni conciliación ni reconciliación”, declaró en 2016 el ministro del Interior, Diosdado Cabello, cuando el anterior parlamento controlado por la oposición impulsó una ley similar, la cual fue bloqueada por el gobierno y por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Y aunque las autoridades han mostrado cierta tolerancia hacia las acciones de calle —en particular las vigilias que los familiares de los presos vienen realizando frente a distintas cárceles y centros de reclusión—, mantienen el decreto de estado de conmoción que permite encarcelar a cualquiera que se burle de la captura de Maduro.
2. Enterrando la estatización petrolera
“Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para EU si agreden a Venezuela. Ni media gota puede salir en ninguna circunstancia”.
La amenaza que en diciembre pasado lanzó el ministro Cabello quedó en nada.
Apenas horas después de la operación militar que terminó con la captura de Maduro, Trump anunció que Caracas aceptó entregarle hasta 50 millones de barriles de petróleo para venderlos a precios “de mercado”.
Y sobre el dinero obtenido, el mandatario estadounidense advirtió: “Será controlado por mí (…) para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de EU”.
Lejos de desmentir esto, las autoridades venezolanas reconocieron que Petróleos de Venezuela (PDVSA) “cursa una negociación con EU para la venta de volúmenes de petróleo”, indicó la estatal petrolera en un escueto comunicado.
Días después, Trump pidió a las petroleras estadounidenses que invirtieran al menos 100 mil millones para elevar la producción venezolana.
Sin embargo, muchas de esas empresas se han mostrado reacias debido a la incertidumbre política y a la inseguridad jurídica.
“Hoy en día, no se puede invertir allí”, afirmó Darren Woods, directivo de Exxon Mobil.
“Nos han confiscado nuestros activos dos veces, así que, como pueden imaginar, volver a entrar una tercera vez requeriría cambios bastante significativos”, agregó el ejecutivo.
Para revertir esta percepción, el presidente de la Asamblea Nacional anunció una sorpresiva revisión del marco legal vigente, la cual ya produjo la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que revirtió parcialmente la política de estatización del sector petrolero impuesta por el fallecido Hugo Chávez desde 2007.
“Esas inmensas reservas de petróleo (de Venezuela) tienen que ser sacadas para convertirlas en escuelas, en hospitales, (…) debajo de la tierra no le sirven a nadie”, justificó Jorge Rodríguez.
Antes de la detención de Maduro, los diputados tenían previsto debatir una reforma constitucional, cuyo contenido no se había informado.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha sido criticada por sectores del chavismo.
“El 29 de enero de 2026, Venezuela dejó de ser dueña de su petróleo no importa cómo lo veas”, escribió el exministro de Comunicación Andrés Izarra.
“Conservamos la propiedad nominal del subsuelo. Pero perdimos el control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda como República”, agregó.
3. Dólar en caída, pero precios igual de altos
La incertidumbre que siguió a la operación militar estadounidense golpeó a la moneda venezolana tanto en el mercado oficial como en el paralelo.
En enero, el bolívar perdió 21.87 % de su valor frente al dólar estadounidense al pasar de 301.37 bolívares por cada billete verde a 367.30, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV).
En el mercado negro, donde muchas empresas y ciudadanos obtienen sus divisas para sus operaciones, el dólar llegó a cotizarse a más de 800 bolívares tras los hechos del 3 de enero, aunque en los últimos días ha caído a poco más de 400.
“Hubo mucha incertidumbre y mucha gente creyó que la situación iba a ser más caótica de lo que ha sido, entonces la oferta de divisas en el mercado paralelo, que ya era escasa desde hacía semanas, se redujo aún más”, explicó a BBC Mundo un economista que prefirió no ser identificado.
El anuncio de las autoridades de que inyectarían al mercado cambiario 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo —la primera intervención en meses— parece haber sido la principal responsable de la disminución de la brecha entre las dos cotizaciones.
No obstante, el experto consultado advirtió que este tipo de medidas son insuficientes.
“Aquí lo importante es cómo va a ser el flujo, más que ventas puntuales; eso será lo que determine cómo se comportarán la economía, la inflación y la moneda”, explicó.
La disminución de la brecha cambiaria no ha significado un alivio para los bolsillos de los venezolanos.
“Todo está igual de caro, los precios no bajan, aunque baje el dólar en el mercado paralelo. Un cartón de huevos estaba la semana pasada en 2.60 dólares y ahora está en 3.50. La plata no alcanza”, explicó Alberto Fernández, un trabajador por cuenta propia de Caracas.
Y es que mientras el llamado mercado negro parece haberse estabilizado, la moneda sigue perdiendo valor en el mercado oficial, lo cual es no un dato menor para un país que históricamente ha importado alrededor del 60 % de lo que consume.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548 %.
4. De la insurrección a la negociación
A finales de 2025, Maduro advirtió que cualquier ataque de EU contra Venezuela no quedaría sin respuesta.
“No se moverá un alfiler y se declarará una huelga general, insurreccional y revolucionaria de la clase obrera”, aseguró.
Sin embargo, los pronósticos del exgobernante no se cumplieron, así como tampoco se cumplieron los de aquellos que creían que se produciría un quiebre en el chavismo.
El gobierno ahora dirigido por Rodríguez, que fuera la vicepresidenta de Maduro, ha optado por dialogar con Washington y se apresta a restablecer las relaciones diplomáticas después de casi siete años interrumpidas.
Justo la semana pasada, la diplomática estadounidense Laura F. Dogu llegó a Caracas para reabrir la embajada de EU, la cual permanece cerrada desde 2019.
Antes se produjo la histórica visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, a Caracas.
Rodríguez ha defendido su estrategia diciendo que permitirá “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y el secuestro del presidente de la República y la primera dama“.
Una versión que sectores del oficialismo ponen en duda.
“Aunque suene duro, nosotros somos hoy un país ocupado militarmente. No vemos los marines en las calles, pero tenemos una ocupación naval, aeroespacial y electrónica sobre nosotros”, denunció este fin de semana el exvicepresidente Elías Jaua.
“El gobierno que quedó, por las razones de estabilidad que requiere el imperialismo para garantizar su necesidad urgente de energía petrolera, tiene que trabajar en función de las directrices de la potencia ocupante”, agregó.
La mandataria, por su parte, ha intentado salir al paso de las acusaciones de tutelaje.
Así, el pasado 15 de enero, defendió “el derecho de Venezuela” a mantener relaciones con Cuba, Irán, Rusia o China.
Y días después se quejó de la interferencia de Estados Unidos.
“Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos”, dijo.
No obstante, medidas como las excarcelaciones, la ley de amnistía y la reforma de la Ley de Hidrocarburos —que no solo no figuraban en la agenda del oficialismo, sino que incluso contradecían sus propios planes—, sumadas al hecho de que varias fueran anunciadas antes desde Washington, dejan en claro que su giro es forzado.
“Delcy está donde está por la extracción (de Maduro), que fue un acto violento, pero ella no controla ese factor [la violencia], porque depende del ejército de EE.UU.”, afirmó a BBC Mundo la analista política Carmen Beatriz Fernández.
“Yo creo que la apuesta de ella es ganar una legitimidad de desempeño. Hacer las cosas bien y que haya una mejoría que le permita tener cierta legitimidad popular”, apuntó.
Por su parte, el profesor Ángel Oropeza, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, aseguró: “El proyecto del gobierno interino de la señora Rodríguez es uno de estabilización autoritaria”.
“Es un juego que habrá que ver hasta dónde resulta, porque es una estrategia a dos velocidades: una apertura muy rápida en lo económico, pero muy lenta en lo político“.
Más cruda fue Gabriela Ramírez, quien fue diputada por el chavismo y luego defensora del Pueblo.
“No les queda de otra (a las actuales autoridades) más que llevar la fiesta en paz y tratar de hacer una transición pacífica que termine con una elección democrática”, le dijo a BBC Mundo, advirtiendo que lo contrario podría terminar en una nueva incursión estadounidense.
Trump ya había lanzado una amenaza en ese sentido: horas después de la captura de Maduro, le advirtió a Rodríguez que “si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Nicolás Maduro”.
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