Detienen a 7 presuntos delincuentes tras enfrentamiento en operativo en Villaflores, Chiapas; hay dos muertos
Tras realizarse un operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional, Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad del Pueblo, personas armadas los agredieron, por lo que se enfrentaron en el municipio de Villaflores en Chiapas y detuvieron a 7 presuntos delincuentes.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas precisó que fueron vinculados porque se les acusa de diversos homicidios en la región de Frailesca.
La dependencia señaló que se “neutralizaron” dos presuntos delincuentes y se aseguraron más de 10 armas, dos vehículos, dos motocicletas y dos ranchos.
Arisandy “N”, Roni “N”, Eduardo “N”, Alan “N”, Juvenal “N”, Martín “N” y Víctor “N”, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que determine sus situaciones jurídicas.
“Mientras que las personas fallecidas fueron trasladas al Servicio Médico Forense, para realizar la necropsia de ley”, comentó la fiscalía.
Son parte de una célula criminal, dice gobernador
Por su parte, el gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que los detenidos son parte de una célula delictiva.
“Hoy se llevó a cabo un operativo en Villaflores, en el marco de la estrategia de seguridad. El resultado de este operativo, en conjunto con las Fuerzas Armadas, derivó en dos delincuentes neutralizados, siete detenidos y ocho armas largas aseguradas, una célula delictiva vinculada a homicidios y cobro de piso”, aseguró Ramírez Aguilar en redes sociales.
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Los hechos se realizan un día antes de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum al municipio de Las Margaritas donde encabezará un acto para las mujeres.
Se comprometió gobernador a combatir delincuencia
El actual gobernador se comprometió a combatir la inseguridad en el estado cuando asumió el cargo.
“Hoy quiero que se escuche en cada rincón de Chiapas, en la selva, en el norte, en la fronteriza, en la Frailesca, en la costa, en el Soconusco, en Los Altos, en los Cuxtepeques, en la región centro, la paz va a volver a reinar en nuestros caminos, la paz va a volver a regresar a los caminos de Chiapas”, declaró ante en el Congreso del Estado.
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Ramírez añadió que, para cumplir con el compromiso en materia de seguridad, su gobierno adoptaría la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Por ello asumiremos como propios los ejes que ha convocado la presidenta. Como estoy siempre muy atento a los temas de seguridad, los tengo muy presentes en mi memoria: primeramente, atender las causas; inteligencia e investigación, cooperación y coordinación con la federación y cero impunidad al delito”, puntualizó.
Violencia en Villaflores, Chiapas
En septiembre del año pasado, cinco presuntos integrantes de un grupo armado perdieron la vida tras un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional (GN) a quienes agredieron cuando realizaban un recorrido de vigilancia por la Calzada Larga en el municipio de Villaflores, Chiapas.
La balacera duró varios minutos y dejó como saldo a dos militares heridos, quienes fueron atendidos y trasladados a un hospital para su recibir atención médica.
En julio, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, descartó un fracaso en la estrategia de seguridad de su gobierno para atajar la violencia en los municipios fronterizos de Chiapas que ha provocado el desplazamiento de habitantes a Guatemala.
“Son familias que viven en la zona fronteriza en el municipio de Frontera Comalapa que es la raya con Guatemala. Ha habido enfrentamientos últimamente en esa región de dos grupos y para refugiarse se cruzaron a Guatemala y están en albergues. Le agradecemos mucho al gobierno de Guatemala porque los están ayudando y también hay brigadistas nuestros apoyándolos”, dijo al respecto.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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