Tras realizarse un operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional, Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad del Pueblo, personas armadas los agredieron, por lo que se enfrentaron en el municipio de Villaflores en Chiapas y detuvieron a 7 presuntos delincuentes.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas precisó que fueron vinculados porque se les acusa de diversos homicidios en la región de Frailesca.
La dependencia señaló que se “neutralizaron” dos presuntos delincuentes y se aseguraron más de 10 armas, dos vehículos, dos motocicletas y dos ranchos.
Arisandy “N”, Roni “N”, Eduardo “N”, Alan “N”, Juvenal “N”, Martín “N” y Víctor “N”, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que determine sus situaciones jurídicas.
“Mientras que las personas fallecidas fueron trasladas al Servicio Médico Forense, para realizar la necropsia de ley”, comentó la fiscalía.
Por su parte, el gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que los detenidos son parte de una célula delictiva.
“Hoy se llevó a cabo un operativo en Villaflores, en el marco de la estrategia de seguridad. El resultado de este operativo, en conjunto con las Fuerzas Armadas, derivó en dos delincuentes neutralizados, siete detenidos y ocho armas largas aseguradas, una célula delictiva vinculada a homicidios y cobro de piso”, aseguró Ramírez Aguilar en redes sociales.
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Los hechos se realizan un día antes de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum al municipio de Las Margaritas donde encabezará un acto para las mujeres.
El actual gobernador se comprometió a combatir la inseguridad en el estado cuando asumió el cargo.
“Hoy quiero que se escuche en cada rincón de Chiapas, en la selva, en el norte, en la fronteriza, en la Frailesca, en la costa, en el Soconusco, en Los Altos, en los Cuxtepeques, en la región centro, la paz va a volver a reinar en nuestros caminos, la paz va a volver a regresar a los caminos de Chiapas”, declaró ante en el Congreso del Estado.
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Ramírez añadió que, para cumplir con el compromiso en materia de seguridad, su gobierno adoptaría la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Por ello asumiremos como propios los ejes que ha convocado la presidenta. Como estoy siempre muy atento a los temas de seguridad, los tengo muy presentes en mi memoria: primeramente, atender las causas; inteligencia e investigación, cooperación y coordinación con la federación y cero impunidad al delito”, puntualizó.
En septiembre del año pasado, cinco presuntos integrantes de un grupo armado perdieron la vida tras un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional (GN) a quienes agredieron cuando realizaban un recorrido de vigilancia por la Calzada Larga en el municipio de Villaflores, Chiapas.
La balacera duró varios minutos y dejó como saldo a dos militares heridos, quienes fueron atendidos y trasladados a un hospital para su recibir atención médica.
En julio, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, descartó un fracaso en la estrategia de seguridad de su gobierno para atajar la violencia en los municipios fronterizos de Chiapas que ha provocado el desplazamiento de habitantes a Guatemala.
“Son familias que viven en la zona fronteriza en el municipio de Frontera Comalapa que es la raya con Guatemala. Ha habido enfrentamientos últimamente en esa región de dos grupos y para refugiarse se cruzaron a Guatemala y están en albergues. Le agradecemos mucho al gobierno de Guatemala porque los están ayudando y también hay brigadistas nuestros apoyándolos”, dijo al respecto.
Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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