Despliegan a 12 mil 675 elementos del Ejército y Guardia Nacional en Guerrero tras asesinato de comerciantes en Chilpancingo
El Ejército y la Guardia Nacional han desplegado 12 mil 675 elementos de seguridad en Guerrero para combatir la ola de violencia que azota al estado. En tres frentes y coordinados con la Secretaría de Marina (Semar), tratan de atajar los efectos violentos de la pugna entre “Los Ardillos” y grupos criminales locales.
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, detalló que estos tres frentes son Técpan de Galeana, Quechultenango y Acapulco (este último coordinado con la Marina). En esos tres puntos se han desplegado a 4 mil 201 elementos del Ejército y 8 mil 474 de Guardia Nacional.
“Son tres operaciones diferentes, pero se tiene identificado que el origen de la violencia es la confrontación entre grupos locales”, declaró el secretario.
Esta medida se tomó luego de la masacre de un grupo de 11 comerciantes en Chilpancingo, municipio donde hace unos meses también asesinaron al alcalde electo.
Violencia está relacionado con el mismo grupo delincuencial: Harfuch
Cuestionado sobre el tema de la violencia en Guerrero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que los hechos violentos, aunque tienen diferente móvil –según las investigaciones preliminares– están relacionados con el mismo grupo delincuencial.
Del despliegue de elementos de seguridad en la zona, se han obtenido los siguientes resultados:
- Se han destruido 673 plantíos de marihuana
- Se han asegurado 432 kilos de marihuana, 1 mil 411 kilos de cocaína
- Se han detenido a 55 personas
- Se han asegurado 60 vehículos y 63 armas de fuego
- También se han asegurado 19 mil cartuchos, 203 cargadores y 3 granadas
¿Qué pasa en Chilpancingo?
El 7 de noviembre la policía de Chilpancingo encontró 11 cuerpos en una camioneta abandonada sobre el Boulevard Vicente Guerrero. Los restos correspondían a comerciantes del municipio de Chautipan, entre ellos, dos mujeres y cuatro infancias.
A finales de octubre se reportó la desaparición de 17 integrantes de una familia de comerciantes originarios de la comunidad de Chautipan en Chilpancingo, Guerrero. La última vez que se supo de ellos fue hace dos semanas, cuando acudieron a vender sus productos entre los municipios de Chilapa y Quechultenango.
De acuerdo con la Fiscalía, las desapariciones ocurrieron en distintas fechas. El 21 de octubre, un primer grupo salió hacia El Epazote, en el municipio de Chilapa, a vender trastes. Al día siguiente, otro grupo de comerciantes de esta misma comunidad se trasladó a la misma zona para vender.
El pasado 6 de octubre, el recién llegado alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue asesinado. Tres días antes fue asesinado el secretario general del ayuntamiento. Ambos estaban amenazados por “Los Ardillos”.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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