Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), por medio del amparo en revisión 795/2023, votado y aprobado ayer miércoles 8 de mayo del 2024, determinó que el Estado Mexicano está obligado a garantizar el acceso a la reparación integral del daño de la familia Ponce Ríos, desplazada del estado de Chihuahua por la violencia del crimen organizado.
Esta decisión sienta un precedente judicial de gran importancia para esta familia y también para las más de 300 mil víctimas de desplazamiento interno forzado que se calcula que hay en el país.
Las y los representantes legales que han acompañado el caso de la familia Ponce Ríos resaltaron que, con este fallo, la justicia mexicana está reconociendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de desplazamiento, y además se está marcando el camino que deben seguir las instituciones públicas que atienden los casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
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Esta decisión se produce después de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no emitiera una resolución de la reparación del daño sobre el caso de la familia Ponce Ríos, a pesar de disponer de un extenso expediente que detalla los hechos de violencia que sufrieron en los últimos 14 años. En el documento se expone que, en el 2010, aproximadamente 100 miembros de esta familia fueron desplazados de distintos municipios del estado de Chihuahua debido a la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado y la impunidad con la que operaban. Tras una serie de intimidaciones, secuestros y asesinatos de sus integrantes, huyeron de su lugar de origen hacia distintos estados de la República.
Desde su desplazamiento, los Ponce Ríos acudieron ante la extinta PROVICITMA en búsqueda de ayuda y reparación del daño y continuaron su búsqueda de reparación ante la CEAV. Pero su recorrido en está institución ha estado lleno de obstáculos: en el 2016 esta Comisión se negó a reconocerles su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos y su acceso al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
A lo largo de este tiempo, la familia Ponce ha tenido que enfrentar las consecuencias del desplazamiento sin recibir soluciones ni atención por parte de las autoridades. En mayo de 2023, estas omisiones tuvieron repercusiones: el señor Víctor Manuel Ponce Ríos, una de las víctimas, fue secuestrado en el Estado de Jalisco y encontrado sin vida en Zacatecas. Esta pérdida refleja la realidad a la que se enfrentan las víctimas en México y el ciclo de violencia en el que están inmersas.
Ahora bien, más allá del reconocimiento del más alto tribunal de justicia, lo cierto es que hasta el momento el reconocimiento del Estado de la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado interno no ha tenido aún grandes repercusiones en beneficio de las víctimas, ni en la prevención del fenómeno.
La activista Ligia de Aquino, especialista en el tema, recordó en este sentido que ya hay varios antecedentes de reconocimiento gubernamental previos a 2019, primer año del actual gobierno de López Obrador, entre ellos la Ley de Chiapas (2012); la Ley de Guerrero (2014), la reforma a la Ley General de Víctimas (2017), la Recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como el Informe (2016) y Protocolo (2017) elaborados por dicha Comisión.
Sin embargo, hasta ahora, los casos de desplazamiento interno como el de la familia Ponce continúan siendo invisibilizados, subestimados e incluso negados por las autoridades gubernamentales, expuso la activista.
Miguel Ángel Alcaraz, quien acompaña legalmente a la familia Ponce Ríos, señaló que este precedente debería llevar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a modificar sus formas de trabajo, desistir de “la permanente obstaculización” para el acceso a servicios y procedimientos, y atender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas que buscan en la CEAV “una institución sensible a sus necesidades”.
A partir de este momento, las personas desplazadas contarán con un precedente judicial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual se reconoce la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas y en donde se hace especial énfasis en que los principios previstos en la Ley General de Víctimas reconocen esta situación especial de vulnerabilidad, y, que, quien lo opera (CEAV), tiene que observar y delinear su trabajo conforme a ello, explicó el representante legal de las víctimas.
Por su parte, el abogado especializado en temas de litigio de Derechos Humanos, Víctor Alonso Del Pozo, señaló que esta sentencia es importante porque supone un reconocimiento a la larga lucha que ha dado la familia Ponce “para combatir la impunidad, el olvido y la negligencia estatal”.
“La Corte vio la necesidad de poner un alto al vaivén burocrático y judicial por el que han atravesado las personas desplazadas durante la última década, por lo que tomó la decisión de ordenar una reparación integral que deberá implementar en corto plazo”, planteó.
Del Pozo agregó que la sentencia es muy relevante por sí misma, pero ésta “quedará vacía de contenido si no se asume con seriedad el proceso de ejecución de la decisión judicial”. De ahí, subrayó, que resulte muy valioso que la Corte haya fijado plazos estrictos para reparar el daño a las víctimas.
¿Qué sigue para la familia Ponce Ríos?
Miguel Ángel Alcaraz explicó que procesalmente sigue la etapa de cumplimiento de ejecutoria de amparo, en donde la CEAV tendrá que emitir una resolución motivada y fundada, en la que deberá atender de manera pormenorizada la multilateralidad de los daños causados a las quejosas en el amparo (más de 90), tanto en su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos, como de víctimas del delito, considerando sus características y necesidades especiales, tomando en consideración si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros elementos de interseccionalidad.
Alcaraz subrayó también que el cumplimiento del amparo involucrará no solo a la CEAV, sino a diversas autoridades federales, estatales y municipales, por lo que tendrá que realizarse un verdadero ejercicio de coordinación gubernamental para lograr reparar de forma integral el daño de la familia Ponce Ríos.
Esta resolución es significativa no solo por el reconocimiento de los derechos de las personas desplazadas, sino también porque resalta la importancia de la reparación integral del daño como un aspecto fundamental en la atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno y sienta las bases para una mayor protección y atención hacia las personas desplazadas internamente en México.
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Miles de personas se contagiaron de VIH en Reino Unido tras ser infectados por productos sanguíneos contaminados en los años 70 y 80 en un escándalo que ahora se investiga por la presunta negligencia de las autoridades sanitarias.
Todo lo que Sam Rushby puede recordar sobre su familia son memorias fugaces de pasillos y salas de espera de hospital.
En 1994, con sólo dos años, perdió a su madre a causa del sida. Su padre murió con esta afección un año después en un hospital de Liverpool, en Reino Unido.
Su hermana también había sido infectada con VIH, por aquel entonces un virus nuevo e intratable, y murió antes de que él naciera.
“Destrozaron, literalmente, a mi familia y me la arrebataron”, relata al programa Panorama de la BBC en su primera entrevista.
“Siento como si se hubieran deshecho de ellos y se acabó la historia”.
El padre de Sam, Gary, fue una de las más de 1.200 personas que contrajeron el VIH en el conocido como “escándalo de la sangre contaminada”, la mayor parte de ellas después de recibir un medicamento elaborado con plasma sanguíneo proveniente de EE.UU. a finales de los años 70 y 80.
Una investigación gubernamental sobre lo que ha sido calificado como el peor desastre de la historia del sistema británico de salud pública, el NHS, va a dar a conocer pronto sus hallazgos.
Uno de los asuntos clave que está examinando es si las autoridades fueron demasiado lentas en actuar.
El programa Panorama de la BBC ha podido ver ahora pruebas de que la embajada británica en Washington advirtió al gobierno de Reino Unido sobre el riesgo de contraer sida a través de sangre contaminada a principios de los años 80.
Un funcionario de la embajada escribió un informe de cinco páginas a un alto funcionario del Departamento de Salud tras reunirse con un miembro del grupo de trabajo sobre el sida en EE.UU.
La advertencia, una de varias, llegó una década antes de que naciera Sam.
No fue hasta la adolescencia que Sam, quien ahora tiene 32 años, comenzó a conocer la verdad.
Su padre Gary nació con hemofilia, una condición genética que perjudica la capacidad de coagulación de la sangre. Casi siempre afecta a los hombres, aunque las mujeres son portadoras del gen de la hemofilia y pueden transmitirlo.
A finales de la década de 1970, Gary comenzó un nuevo tratamiento destinado a mejorar su vida de forma radical.
El Factor VIII se comercializó como un medicamento milagroso. Los pacientes podían tomar una botella de polvo blanco del refrigerador, mezclarlo con agua destilada e inyectarse ellos mismos.
El sangrado se detenía y, por primera vez, los hemofílicos podrían vivir una vida más normal.
Pero esos pacientes se enterarían más tarde de que lotes enteros del nuevo tratamiento habían sido contaminados con VIH y hepatitis C.
Alrededor de dos tercios de las personas infectadas con VIH en la década de 1980 desarrollaron sida y murieron antes de que los medicamentos antirretrovirales modernos estuvieran disponibles.
A Sam le costó entender la verdad de lo que le sucedió a su familia cuando finalmente sus abuelos se lo contaron.
“No me lo creía, no me lo podía creer”, afirma. “No puedo superarlo, ¿por qué tuvo que suceder?”.
Importaciones de plasma
A principios de la década de 1980, Reino Unido no podía satisfacer la demanda de Factor VIII, que se elaboraba acumulando (o mezclando) el plasma sanguíneo de miles de donantes individuales.
En su lugar, importaron el tratamiento desde Estados Unidos.
En Reino Unido, las donaciones de sangre siempre han sido voluntarias, pero en Estados Unidos se permite a las compañías farmacéuticas pagar por el plasma.
Grupos de alto riesgo, desde prisioneros hasta consumidores de drogas, tenían un claro incentivo económico para donar sangre y potencialmente mentir sobre su historial médico.
Las pruebas que han desvelado activistas y que ha podido ver la investigación pública en curso sobre el escándalo de la sangre contaminada muestran que, cuando se empezó a conocer el riesgo del sida, se enviaron una serie de advertencias claras al gobierno de Reino Unido.
En mayo de 1983, Spence Galbraith, director del Centro de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Reino Unido, escribió a Ian Field, el principal funcionario médico del Departamento de Salud, instándole a que se retiraran del mercado todos los productos sanguíneos estadounidenses hasta que “se aclarara” el riesgo de contraer sida.
La carta de la embajada británica en Washington, que Panorama ha podido ver, también fue enviada al doctor Field apenas un mes después, el 28 de junio de 1983.
En ella, un funcionario de la embajada describe una reunión con un representante del grupo de trabajo sobre el sida del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.
Se habló de la transmisión del VIH por la sangre, escribe en la carta. Los hemofílicos estaban “en mayor riesgo” debido a los “dudosos hábitos” de algunos donantes de sangre estadounidenses que habían sido pagados y por la mezcla de miles de esas donaciones para producir Factor VIII.
El grupo “Sangre Contaminada”, que representa a cientos de sobrevivientes y sus familias, asegura que la carta muestra un “asombroso nivel de conocimiento y detalle” sobre los peligros.
Pero esta y otras advertencias no fueron atendidas. Los pacientes del NHS continuaron recibiendo Factor VIII sin tratar importado de EE.UU. hasta al menos 1985.
Muchos de los que tomaron parte en esas decisiones en los 80 ya no están vivos, entre ellos Ian Field.
En 1983, el conocimiento sobre el VIH y el sida todavía era incipiente.
Por aquel entonces, un funcionario del Departamento de Salud dijo que la petición de retirar el Factor VIII estadounidense era prematura y que no tenía en cuenta los riesgos que suponía para los hemofílicos eliminar una fuente importante de su tratamiento.
Sam afirma que su padre no supo durante muchos años que había sido infectado con VIH.
Gary transmitió sin saberlo el virus a su esposa Lesley. Más tarde la mujer dio a luz a una hija, Abbey, que nació VIH positiva y murió con sólo cuatro meses de edad.
Lesley volvió a quedar embarazada y en 1992 llegó Sam, aunque esta vez la prueba del VIH dio negativa.
Pero sólo dos años después, Lesley murió de una enfermedad relacionada con el sida, seguida apenas un año después por su marido.
“Lo triste es que no tengo recuerdos de ellos, sólo un puñado de fotografías”, dice Sam. “Es ese constante sentimiento de tristeza, de preguntarse cómo habría sido crecer (con ellos)”.
Sam fue criado por sus abuelos, que le dijeron al principio que su mamá y su papá habían muerto de cáncer y de un derrame cerebral.
Sólo comenzó a descubrir lo que realmente sucedió en su adolescencia, aunque el estigma que rodea al sida le obligó a mantener los detalles en secreto porque, dice, “los adolescentes pueden ser crueles”.
“Siempre he sufrido de ansiedad y depresión. Si pierdes a tu mamá y a tu papá a una edad tan temprana, eso te va a dar ansiedad”, dice.
“Pero luego, más adelante, descubrí por qué y eso simplemente agravó la agonía”.
Sam es uno de los cientos de niños que perdieron a sus padres a causa del escándalo. Hasta la fecha, ninguno ha recibido compensación del gobierno.
Más de 30.000 pacientes del NHS se infectaron con VIH y hepatitis C entre 1970 y 1991 por productos sanguíneos contaminados como Factor VIII y IX, o a través de transfusiones de sangre tras una cirugía, un tratamiento o un parto.
En otros países, desde Francia hasta Japón, las investigaciones sobre la catástrofe médica concluyeron hace muchos años. En algunos casos, se presentaron cargos penales contra médicos, políticos y otros funcionarios.
En Reino Unido, los activistas afirman que el escándalo nunca ha recibido la misma atención.
Una investigación privada llevada a cabo en 2009, que se financió enteramente a través de donaciones, careció de poderes reales para llegar al fondo, mientras que otra investigación escocesa en 2015 fue calificada de “encubrimiento” por las víctimas y sus familias.
En 2017, forzada por la presión política, la entonces primera ministra Theresa May ordenó poner en marcha una investigación pública a nivel nacional.
Dirigida por el exjuez del Tribunal Supremo Brian Langstaff, tenía la capacidad de obligar a los testigos a declarar bajo juramento y de ordenar la divulgación de documentos.
Tras varios retrasos, su informe final deberá ser presentado el 20 de mayo.
El estigma social
La investigación encontró que 380 de los 1.250 pacientes con trastornos hemorrágicos que fueron infectados con VIH eran niños en ese momento.
Muchas familias también tuvieron que lidiar con el estigma de lo que entonces era una enfermedad intratable.
El hermano menor de Sarah-Jane, Colt, fue infectado con VIH y murió en 1992 a los 10 años. Sarah-Jane asegura que la familia, de la ciudad de Plymouth, tuvo que mudarse de casa tres veces para escapar del maltrato de sus vecinos.
“Nos rehuían, hablaban de nosotros. Colt no tenía amigos porque nadie quería jugar con él”, rememora.
“Amigos y vecinos se volvieron distantes, temerosos y acusadores”.
En septiembre de 1985, una escuela primaria del condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra, apareció en las noticias nacionales cuando los padres de un joven hemofílico contaron a los profesores que había dado positivo por VIH.
Otras familias sacaron a sus hijos de clase y no los permitieron regresar hasta que se enviaron a especialistas en sida para explicarles los riesgos.
El niño en el centro de la tormenta mediática tenía sólo nueve años y en ese momento era anónimo. Pero ahora se le puede identificar como Peter Adlam, de 48 años.
“Solo recuerdo que no quería que me grabaran las cámaras a las puertas de la escuela”, revela a Panorama en su primera entrevista.
“Intentaba integrarme con los otros niños todo lo que podía. Cuando eres niño piensas que eres indestructible y que vas a vivir para siempre, y yo me estaba volviendo muy consciente de que no lo haría”.
Peter desarrolló graves problemas de salud relacionados con el VIH, entre ellos tres episodios de neumonía en 1996. A sus padres les llegaron a decir en un momento que tal vez sólo le quedaran unas semanas de vida.
Nuevos medicamentos contra el VIH llegaron a tiempo para salvarle la vida, aunque ha tenido que seguir lidiando con múltiples problemas de salud hasta el día de hoy.
“Hasta ese momento no pensaba que llegaría a ver el año 2000. Era desolador y no había muchas esperanzas”, dice.
“Veía a otras personas de mi edad vivir sus vidas y yo no podía hacerlo. No he tenido una carrera, no he viajado. No puedo imaginar cómo habría sido mi vida si no me hubiera infectado”.
En agosto de 2022, el gobierno acordó pagar las primeras compensaciones provisionales de 100.000 libras (US$125.700) a unos 4.000 sobrevivientes del escándalo o a sus desconsoladas parejas.
Los ministros han indicado que planean extender esos pagos a los padres e hijos de los infectados, entre ellos Sam Rushby, y también quieren establecer un plan definitivo de compensación.
Pero aún no se ha establecido un calendario en firme para realizar los pagos, y es probable que el costo total ascienda a miles de millones de libras.
“Esta fue una tragedia espantosa que nunca debería haber ocurrido. Tenemos claro que se debe hacer justicia y rápidamente”, afirmó el gobierno británico a Panorama en un comunicado.
“Esto incluye el establecimiento de un nuevo organismo para ofrecer un Plan de Compensación de la Sangre Contaminada, que contará con todos los fondos necesarios para ofrecer compensaciones una vez que se hayan identificado a las víctimas y evaluado las reclamaciones”.
“Seguiremos escuchando atentamente a la sociedad mientras abordamos este terrible escándalo”.
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