La noche del pasado lunes 20 de enero, el día que Trump canceló el programa de solicitudes de asilo en Estados Unidos y desató una crisis dejando varadas en toda la frontera norte a miles de personas, el Ayuntamiento de Tijuana despidió a su director de atención a migrantes, luego de que este fuera la única autoridad que atendió a los solicitantes de asilo varados en la garita de El Chaparral, y luego de que ante los medios pidiera más “coordinación” entre los tres niveles de gobierno, y más recursos de la Federación para atender a los albergues y a los migrantes.
La crónica del despido inició a las 14 horas del 20 de enero. Trump acababa de cancelar el programa de citas para solicitar asilo y el ambiente entre los migrantes que esperaban su cita en las inmediaciones de ‘El Chaparral’, en la garita migratoria entre Tijuana y San Diego, comenzaba a caldearse.
“¡Queremos una respuesta!” “¡Que alguien salga y nos diga algo!”, pedían las personas solicitantes de asilo quienes, desesperados, comenzaban a agolparse en la puerta de las instalaciones federales del Instituto Nacional de Migración (INM). Muchos de esos solicitantes eran venezolanos, colombianos, centroamericanos, y también mexicanos que huyen de la violencia. Todos contaban a la prensa los peligros tras cruzar por la selva, caminos de terracería, y desiertos, para alcanzar Tijuana, la puerta con Estados Unidos.
“Esto no puede ser real”, musitaba una mujer colombiana que venía con 5 hijos y quien fue de las primeras en alzar la voz cuando la aplicación para solicitar asilo había sido cancelada en los primeros minutos de la nueva ‘era Trump’.
Lentamente, la tensión continuaba en aumento, lo que hizo que agentes del INM llamaran a José Luis Pérez Canchola, el director municipal de atención al migrante en Tijuana, además de conocido activista por los derechos de los migrantes y uno de los fundadores de Morena en la localidad fronteriza.
“Por el trabajo y la confianza que tengo con los agentes del INM, me llamaron para decirme que había un posible conflicto afuera de la garita, que se estaba acumulando gente afuera que tenía su cita con la Patrulla Fronteriza”, expone Pérez Canchola en entrevista con Animal Político.
“Me comentaron que ya había gritos, inconformidad, y que los migrantes querían entrar a la garita. También me dijeron que veían posibilidades de un conflicto porque nadie de la Federación ni del Estado llegaba a hablar con ellos, y me pidieron a mí si podía ir, a lo que les dije que sí”, dijo el hombre de 80 años.
En efecto, este medio atestiguó que el funcionario municipal fue la única autoridad que se apersonó en El Chaparral, y platicó con los migrantes, que cada vez estaban más desesperados por los rumores y los primeros correos electrónicos que comenzaron a recibir, diciéndoles en algunos casos que sus citas habían sido canceladas, y en otros que habían sido reprogramadas para el 9 de febrero.
Ahí, Pérez Canchola se limitó a explicarles que la decisión de cancelar el programa de citas para pedir refugio en Estados Unidos era únicamente del nuevo gobierno de Donald Trump y que ellos, básicamente, solo les podían ofrecer albergue para que pasaran la noche, “porque había muchos niños” entre los migrantes, además de solicitar al municipio unas patrullas de policía para darles seguridad.
El funcionario municipal dijo ante la prensa y grupos de migrantes que situaciones como las que se estaban viviendo ese 20 de enero a partir de la llegada de Trump “se iban a agravar”.
“Este es un problema que tenemos que atender los tres niveles de gobierno”, hizo hincapié.
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El funcionario llamó al ombudsman estatal de derechos humanos, Jorge Ochoa, y al director del albergue Ágape de la sociedad civil, para tratar de calmar a los solicitantes de asilo.
“Entre los migrantes había colombianos, por ejemplo, que habían tardado meses en llegar hasta Tijuana para su cita. Se escuchaban historias muy lamentables, y dejarlos abandonados ahí, sin ninguna explicación, y sin tomar en cuenta su derecho a la información, era algo que podía complicar mucho las cosas, y por eso platiqué con ellos”, cuenta el funcionario, que logró convencer a la mayoría de migrantes para que se trasladaran en microbuses gestionados por el gobierno estatal al albergue federal Carmen Serdán y no pasaran la noche afuera de la garita, soportando el frío y los posibles asaltos y violencia de una de las ciudades más peligrosas de México.
Al caer la noche, una vez que los migrantes ya habían sido trasladados en su mayoría al albergue y todo se había calmado, José Luis Pérez Canchola cuenta que a las 18 horas fue citado por Arnulfo Guerrero, secretario municipal de gobierno en la administración morenista del alcalde Ismael Burgueño, y que éste le pidió su renuncia inmediata.
En entrevista dijo que al gobierno local no le había gustado que diera esas declaraciones ante los migrantes y los medios, especialmente las relativas a que se necesitaba de una “mayor coordinación”, pues entendían que “eso era algo que le correspondía a altos mandos del gobierno federal o del gobierno del estado”.
“No les gustó que haya planteado la necesidad, la urgencia, de una mayor coordinación entre el Estado, el municipio, y la Federación, para atender a esta población migrante, y que reclamara el fondo federal (de ‘migralidad’ para situaciones de emergencia)”, explica.
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“El secretario (de gobierno municipal) consideró que yo me involucré en cuestiones que no me tocaban, que estaba además exagerando el tema. Esa fue la palabra que usó: ‘estas exagerando’. Y además, dijo que estaba mintiendo. Y pues, obviamente no me iba a poner a discutir con alguien que no entiende la dinámica de la migración y prefería retirarme, y mantener la pelea por los migrantes desde otra trinchera”.
Tras pedirle la renuncia, que Pérez Canchola aceptó firmar, el ayuntamiento de Tijuana publicó a las 8 de la noche de ese mismo día un comunicado anunciando la salida del funcionario y la entrada de Kareli Ruiz al cargo, una abogada penalista sin experiencia en temas migratorios, de acuerdo con directores de albergues de la sociedad civil, que dijeron no conocerla.
Sin embargo, en el comunicado, el Ayuntamiento destacó que la nueva directora será importante para establecer relaciones bilaterales con las nuevas autoridades de Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), tras los cargos que Ruíz ocupó en Aduanas como jefa del departamento de asuntos y trámites legales, y administrativa en el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en materia laboral, y asesora en derechos humanos en el gobierno municipal de Tijuana.
Canchola, que dijo no haber recibido llamada alguna del alcalde que lo invitó al cargo en la dirección de atención al migrante, mantiene su cargo como regidor suplente del morenista Pablo Yáñez en el Ayuntamiento.
“De ese puesto no me pueden pedir renuncia”, bromeó Canchola, que también continuará como activista para la protección de los derechos de los migrantes.
“Si la gente necesita atención, hay que darle atención”, concluye.
En el remot asentamiento de Kapisillit, los groenlandeses le cuentan a la BBC que Trump puede visitar la isla “pero eso es todo”.
El sol se eleva sobre las montañas cubiertas de hielo del fiordo de Nuuk mientras viajamos por una de las últimas fronteras salvajes del mundo.
Pero hay sombras que se ciernen sobre este paisaje y sobre el resto de los espacios helados de Groenlandia.
Con Donald Trump a punto de convertirse en presidente de Estados Unidos, su negativa a descartar la toma de Groenlandia por la fuerza resuena en conversaciones de toda la isla.
“Será bienvenido si viene a visitarnos, por supuesto”, dice el patrón del barco pesquero reconvertido que nos lleva hacia el este. Consciente de que necesita relacionarse con gente de todos los colores políticos, pide que no se le nombre, pero utiliza una frase que se oye a menudo por aquí.
“Groenlandia pertenece a los groenlandeses. Así que Trump puede visitarla, pero nada más”.
Las aguas están en calma cuando llegamos al asentamiento aislado de Kapisillit, de unos 40 habitantes, donde unos cuantos cazadores salen en busca de focas.
La temperatura es de -16 ºC y, con el viento, la sensación térmica es de -27 ºC.
Pero cerca del puerto me encuentro con Kaaleeraq Ringsted, un bisabuelo de 73 años, que está secando filetes de bacalao pescados en las abundantes aguas junto a la puerta de su casa.
Cuando le pregunto si el presidente electo Trump comprará o invadirá Groenlandia, al principio se ríe. Luego su tono se vuelve serio.
“No se puede aceptar que diga esto. Groenlandia no está en venta”.
Luego me cuenta cómo aprendió a pescar y cazar aquí con su padre y su abuelo, y cómo quiere preservar esta vida para sus hijos y nietos.
Al cruzar la bahía, el barco se adentra en el hielo roto de la superficie. Dos águilas se posan en una roca en busca de peces en las aguas cristalinas.
Nos dirigimos a la granja de Angutimmarik Hansen, que cría ovejas y caza focas, aves silvestres y conejos.
Todo el alimento de invierno para las ovejas tiene que importarse de Dinamarca, un recordatorio de cómo el duro clima determina las condiciones de vida aquí.
En la puerta de su casa hay un estante con rifles de caza. Se da cuenta de que los miro.
“Son por si hay una invasión”, bromea.
Pero su actitud ante la retórica belicosa procedente de Mar-A-Lago dista mucho de ser tranquila.
“Menudo estúpido que es Trump”, afirma. “Jamás venderemos Groenlandia”.
Esta pequeña granja está a unos 4.828 km de Florida, donde el presidente entrante de EE.UU. dio su ya célebre rueda de prensa la semana pasada.
“Pero Trump no es EE.UU. Podemos entendernos con la gente de EE.UU.”, declara Hansen.
El efecto Trump se disparó con la llegada a Groenlandia de Donald Trump Jr, que se sumó a las declaraciones de su padre. Llegó a la capital, Nuuk, en el avión 757 de la familia, el Trump Force One, y permaneció allí durante cuatro horas y treinta y tres minutos.
“Ha sido un placer increíble conocer gente, y la gente estaba muy contenta de reunirse con nosotros”, dijo, después de almorzar en un hotel local. “Papá tendrá que venir aquí”.
Luego regresó a los climas más soleados de Florida.
Trump Jr fue recibido por el empresario local Jorgen Boassen, que en su día hizo campaña por el presidente electo.
Boassen declaró a los medios locales que era el “mayor fan” de Trump y que “por supuesto que están interesados en nuestro país, y pueden venir y ver cómo es nuestro país. También se trata de abrirse al comercio y la cooperación”.
La ciudad de Nuuk es la capital más septentrional del mundo. Tiene una próspera sociedad civil y una prensa potente. Y hay cierta satisfacción por que los comentarios de Trump hayan impulsado el debate sobre la independencia de Groenlandia a la escena internacional.
Debe haber una Groenlandia que no sea colonia de nadie, dicen activistas como Kuno Fencker, diputado de la coalición gobernante y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad del Parlamento local.
Nos reunimos en el puerto, bajo la estatua de bronce de Hans Egede, el misionero del siglo XVIII considerado aquí como el hombre que abrió el camino a la colonización.
“Donald Trump es un político”, dice Fencker.
“Es un duro hombre de negocios y conocemos su retórica, y esa retórica es algo a lo que nos hemos acostumbrado desde 2019, y solo se trata de hablar con un igual, un aliado, sobre cómo podemos resolver las cosas aquí en el Ártico y también en la OTAN”.
Fencker ofrece el argumento central de los independentistas.
“Lo que hace falta aquí es que Groenlandia, como Estado soberano, negocie directamente con Estados Unidos y no que Dinamarca lo haga por nosotros”.
La independencia de Dinamarca podría tener un coste financiero importante.
Groenlandia recibe subvenciones de Copenhague por valor de aproximadamente una quinta parte de su PIB cada año. Fencker sugiere, al igual que otras figuras destacadas, que la isla negocie con Estados Unidos y Dinamarca para obtener ayuda.
“No somos ingenuos. Necesitamos apoyo en defensa, seguridad y también desarrollo económico. Queremos una economía sostenible y autosuficiente”.
El director del periódico local Sermitsiaq, Maasana Egede, admite que le preocupó la amenaza implícita de fuerza de Donald Trump, pero quiere ver si la realidad coincide con la retórica.
En cuanto a la independencia, Egede se siente frustrado por lo que considera un debate polarizado en los medios de comunicación locales e internacionales.
“Estamos contando esta historia de que tiene que haber independencia o no independencia. Pero hay todo un relato intermedio, y es que la gente quiere la independencia, pero no a cualquier precio. Hay un nivel de vida que hay que mantener. Hay un comercio que hay que mantener. Hay formas de vida que hay que mantener”.
Existe la expectativa de que en algún momento -no en un futuro inmediato- se vote a favor y Dinamarca acepte el resultado.
El primer ministro de la isla, Mute Egede, ofreció una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a raíz de los últimos comentarios de Donald Trump.
“No queremos ser daneses, no queremos ser estadounidenses, queremos ser groenlandeses”, dijo. La primera ministra danesa se cuidó de no ofender a nadie, y menos al presidente entrante de Estados Unidos.
“El debate sobre la independencia de Groenlandia y los últimos anuncios de EE.UU. nos demuestran el gran interés que despierta Groenlandia”, declaró.
“Acontecimientos que ponen en marcha muchas reflexiones y sentimientos en Groenlandia y Dinamarca”, añadió.
Frederiksen sabe muy bien que este sentimiento viene de lejos en Groenlandia. El recuerdo de la injusticia y el racismo sigue fresco entre la población indígena inuit.
Escándalos como la campaña de inserción de dispositivos intrauterinos (DIU) para evitar embarazos en miles de mujeres y niñas inuit en los años 60 y 70 ensombrecen la relación entre Groenlandia y Dinamarca.
No se sabe cuántos de estos procedimientos se llevaron a cabo sin el permiso de las implicadas, pero las cifras son considerables. El objetivo era reducir la población groenlandesa.
Maliina Abelsen es exministra de Finanzas del gobierno de Groenlandia, y ahora asesora a empresas y organizaciones que trabajan en la isla. También ha trabajado para UNICEF Dinamarca y para importantes empresas groenlandesas, como el grupo marisquero Royal Greenland.
Abelsen cree que hay que hacer mucho más para corregir las injusticias del pasado.
“Creo que mucha gente está diciendo, quizá también el gobierno y el Estado daneses: ‘Oh, bueno, ya sabes que esto ocurrió en el pasado. Fue hace muchos años. ¿Cómo vamos a ser responsables de ello? Es hora de seguir adelante'”.
“Pero no puedes seguir adelante si no lo has superado y no has reconocido lo que te ocurrió. Ese es un trabajo que tenemos que hacer junto con Dinamarca, no algo que Groenlandia pueda hacer por sí sola”.
A pesar de su alto perfil en la sociedad civil y los círculos empresariales, Maliina Abelsen afirma que cuando se trata de racismo -por ejemplo, bromas sobre los inuit- ella puede hablar en nombre de la mayoría de los groenlandeses “ya que todos lo hemos experimentado en nuestra vida”.
Las cuestiones de la autodeterminación y de afrontar el pasado están íntimamente entrelazadas.
Ahora, la intervención de Donald Trump ha puesto ambas ante los ojos del mundo.
Pero el mensaje que escuchamos -desde los remotos asentamientos del fiordo hasta la capital, Nuuk- es que el destino de Groenlandia debe decidirse aquí, entre personas cuyas voces han sido ignoradas durante demasiado tiempo.
Con información adicional de Adrienne Murray y Kostas Kallergis.
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