–¿¡Dónde está Cassandra?! ¿¡Dónde está mi hija?! ¿¡Mi hija?!

Isabel Torres tenía 36 años el día de su boda.

La pareja departía alegre con familiares y con los invitados que abarrotaban la pista de baile del salón ‘Tierra Bonita’, en el municipio chiapaneco de Berriozabal, a unos 40 minutos de la capital Tuxtla, cuando afuera del local tres camionetas blancas sin logos llegaron a toda velocidad y de su interior empezaron a salir hombres encapuchados y armados. 

Cuatro de ellos entraron con paso marcial al salón de fiestas, que enmudeció. 

–¡¡Rápido, celulares y carteras en la mesa!!

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Ahí los tiraron al piso, los esposaron, y los pusieron boca abajo. 

Refugiada debajo de una de las mesas del banquete, donde aún estaban intactos los arreglos florales de la boda, la hija de Isabel, Cassandra, se percató de que su hijo de tres años no estaba con ella. 

–¡Mi niño! –volvió a gritar Cassandra, que producto de los nervios y del instinto de protección desobedeció las indicaciones de permanecer en el suelo y se levantó para buscar a su hijo, recibiendo de uno de los encapuchados un cachazo con la pistola que la volvió a tumbar con violencia. 

“Le gritaban que se tirara al suelo”, recuerda con angustia en la voz Isabel. “Pero ella se paraba una y otra vez para buscar a mi nieto. Entonces, mi hijo mayor, que estaba junto a ella, la agarró de la mano y la jaló contra el suelo. ‘Ya tírate Cassandra, si no te van a seguir golpeando’, le decía. Pero ella no hacía caso. ‘No, ¿pero es que dónde está mi hijo’?, respondía”. 

Tras varios minutos de caos, miedo e incertidumbre, uno de los encapuchados comenzó a hacer gestos con la mano y a gritar al resto del escuadrón. 

–¡Retirada! ¡retirada! ¡retirada C5! –vociferaba.

Tan rápido como llegaron, los tipos, que vestían uniformes y chalecos tácticos, salieron del salón de festejos y se subieron a las camionetas, que abandonaron el lugar con el motor rugiendo y chillando ruedas. Con ellos, a la fuerza, se llevaron a cuatro personas del festejo de la boda de Isabel. 

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“Cuando pasaron unos minutos, uno de los invitados comenzó a decir que ya podíamos salir, que ya había pasado todo. Pero, entonces, me pongo a buscar a mis hijos y a mi hija, y escucho que alguien dice: ‘se llevaron a Cassandra’”. 

Sin pensarlo, la mujer subió a la moto que había llevado su hija al convite con su pareja, un joven de 24 años que también desapareció esa noche.

Isabel salió desesperada en busca de las camionetas que se llevaron a Cassandra. 

No se percató de que aún llevaba puesto el vestido de novia. 

***

Cifras de desapariciones en Chiapas

De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, sólo entre enero y el 31 de octubre de este 2024 suman 663 denuncias en Chiapas por desaparición de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como Cassandra en 2022. 

De ese total de denuncias, un total de 208 continúan vigentes. Es decir, más de 200 niños y jóvenes siguen sin aparecer, y 11 ya fueron localizados muertos. 

Si bien es cierto que en cuanto a denuncias interpuestas hubo una leve reducción en 2024 (para el mismo periodo del año pasado fueron 674, 11 más), en lo que respecta a denuncias por casos que continúan sin resolverse hubo un disparo del 90%: mientras que para el periodo enero-octubre 2023 había 109 denuncias vigentes, para el de 2024 la cifra escaló a 208. 

Esto es, los jóvenes que están desapareciendo recientemente en la entidad, no están apareciendo con la misma frecuencia que en años anteriores. 

En cuanto a los municipios con más denuncias, la capital Tuxtla ocupa el primer lugar con 130; le sigue Tapachula, en la frontera sur, con 74 casos, de los cuales 39 son mujeres jóvenes desaparecidas, el 52%; y en tercer lugar, San Cristóbal de las Casas, con 51 casos, de los que algo más de la mitad también son mujeres jóvenes.

Por bloques de edad, de los 204 casos de desapariciones que continúan vigentes a la fecha, 39 tienen entre 0 y 13 años (el 19%); 62 tienen entre 14 y 19 años (30%); y 107 entre 20 y 29 años (52%).  

Estos datos se dan en un contexto marcado por la explosión de la violencia en los dos últimos años en Chiapas, donde dos cárteles principalmente, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, se disputan a balazos el control de múltiples municipios chiapanecos, especialmente en la franja fronteriza con Guatemala. 

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Para la historia quedarán las imágenes de un desfile de integrantes del cártel de Sinaloa por la carretera panamericana en septiembre del año pasado, cuando pobladores de San Gregorio Chamic y Frontera Comalapa los recibieron con aplausos y vítores –algunos ciudadanos dijeron después que fueron obligados a hacerlo– ante la ausencia de las autoridades mexicanas y la mirada del ejército guatemalteco al otro lado de la frontera. 

Otras cifras oficiales, las del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, reflejan también ese aumento preocupante en los índices delictivos en Chiapas. 

Tan solo entre enero y septiembre de este año, suman ya 525 asesinatos en la entidad, un 50% más que en el mismo periodo de 2023 y hasta un 85% más que en 2022. De hecho, 2024 ya es el año con más asesinatos en Chiapas, al menos, desde 2015, hace casi una década. 

“Nunca habíamos visto esta situación tan preocupante de violencia y de desapariciones. Si escuchábamos de lejos que pasaba en el norte, en Sonora, en Tijuana, pero aquí no. En Chiapas no existía nada de esto”, plantea Adriana Gómez, fundadora del colectivo Madres en Resistencia, cuya hija fue asesinada en enero de 2020 dentro de una institución del gobierno chiapaneco, el Indeporte.

Aumentan casos de desapariciones de menores en Chiapas

La activista explica que, originalmente, la colectiva inició como madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, pero en los últimos dos años, cuando recibieron el primer caso, han ido integrando al grupo a familiares de personas víctimas de desaparición. 

En la actualidad, dice Adriana, acompañan 11 casos, como el de Cassandra y otros jóvenes desaparecidos en Berriozabal, como el de Jonathan Estrada Vázquez, un joven de 21 años de ojos zarcos que desapareció en este municipio en julio del año pasado; o el de Pablo Alexis Moreno Marroquín, de 20 años, que desapareció en enero de este año cuando salió de su casa en la colonia Santa Cecilia; el de Braulio De la Cruz Domínguez, otro joven de apenas 17 años que también desapareció cuando salió de su casa, en la colonia Lomas del Pedregal; o el de Christian Manuel Ozuna De la Cruz, de tan solo 16 años, desaparecido el pasado 31 de julio en el barrio Pénjamo, de Berriozabal.

Adriana Gómez explica que en la colectiva han detectado que muchos de estos casos de desaparición de jóvenes, como el de Cassandra, repiten un mismo ‘modus operandi’. 

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“La forma de actuar en todos los casos es muy parecida. Llegan personas a tu domicilio, te sacan a la fuerza y te desaparecen. Llegan con chalecos tácticos, con camionetas blancas sin logos, y armados. Y lo mismo sucede si  el joven está en un antro: llegan, lo sacan y lo desaparecen”. 

“¿Se trata de personas del crimen organizado quienes desaparecen a estos jóvenes o de elementos de la Fiscalía?”, se le cuestiona en entrevista. 

La respuesta de la activista, básicamente, se reduce a que es muy difícil de saber, pues la línea que separa ambos bandos es, en muchos casos, muy delgada. Pero, en cualquier caso, dice que la colectiva acaba de meter un amparo para que las autoridades de investigación hagan su trabajo e investiguen estas y otras desapariciones de jóvenes como parte de ese ‘modus operandi’, pues denuncia que son ellas, como sucede en muchas otras partes del país, las que soportan el peso de las investigaciones y asumen el riesgo frente al crimen organizado.

“Si las mamás no nos ponemos a hacer la investigación, no pasa nada, porque ellos, las autoridades, no lo van a hacer. Nosotras somos las que estamos haciendo marchas, huelgas, y utilizamos todos nuestros medios para hacer las búsquedas en vida. Nosotras hacemos el trabajo de la Fiscalía, y por eso nos ven como sus enemigas”, lamenta la mujer. 

Piden “permiso” al crimen organizado para buscar a sus desaparecidos

La desesperación es tal, subraya Adriana Gómez, que también como ha pasado ya en otras partes del país, como en Sonora, las madres chiapanecas están optando por dirigirse directamente a “los cárteles de Chiapas, sean quienes sean”, para decirles que no están buscando culpables, sino a sus seres queridos . Que las dejen buscar, pues. Así lo han manifestado en videos y en las fichas que pegan en los municipios donde quieren iniciar las búsquedas, como una forma de conseguir el permiso de la delincuencia. 

“Es que ya no sabemos a quién pedirle el apoyo, no sabemos a quién voltear, si al crimen organizado, que no sabemos quiénes son, o a quién”, apunta la activista. 

“Pero si es al crimen, pues le pedimos que nos apoyen a encontrar a nuestros desaparecidos, porque la Fiscalía, llegas, pones la denuncia y te dicen: ‘ah, es que el crimen’, y ya con eso se lavan las manos. Por eso, nosotras le mandamos el mensaje a los cárteles de Chiapas, pues que nos ayuden, que nos den al menos permiso de entrar a los lugares para poder encontrar a los desaparecidos y si están muertos darles una santa sepultura. No sabemos por qué se los llevaron, pero sí les pedimos ese apoyo y ese permiso”. 

“O sea –se le plantea a continuación–, ustedes ya llegaron al punto de preferir pedir permiso al crimen organizado que ir con las autoridades…”. 

“Pues sí, porque esto ya es un lugar sin ley –responde tajante la activista–. Porque ellos, el crimen, están más organizados que la Fiscalía –ríe ahora con desgana–. Acá en Chiapas, las autoridades del gobierno solo hablan del clima, de la temperatura, y solo se lavan las manos”. 

Precisamente, esta inoperancia de las autoridades es lo que está llevando a que muchos casos se queden en la sombra, que no se denuncien, y que, por lo tanto, la cifra de los 204 niños, niñas, y jóvenes que siguen desaparecidos pueda ser, en realidad, mucho mayor. 

Así lo plantean dos organizaciones civiles, REDIAS Chiapas y Melel Xojobal, que están haciendo un monitoreo de la situación de desapariciones de jóvenes en la entidad. 

“Desde 2018, el fenómeno de las desapariciones de jóvenes ha ido creciendo en Chiapas. El año 2021 fue el top con más de 600 casos, y en teoría, ahora, ha habido una reducción de las denuncias, aunque creemos, más bien, que se trata de un tema de denuncia y no que hayan bajado las desapariciones. Porque todo el tiempo vemos en redes las fichas de desaparición que hacen las familias, pero que no ponen la denuncia porque no pasa nada, o porque tienen miedo”, plantea en entrevista Violeta Galicia, coordinadora operativa de REDIAS. 

José Encinos, del área de defensoría de Melel Xojobal, plantea que de enero a septiembre de este año tienen registrados al menos 354 casos de jóvenes desaparecidos, de los que 132, un 36%, corresponden a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años de identidad indígena, de los cuales 7 de cada 10 casos se dan en el bloque de edad de entre los 12 y los 17 años. 

Encinos plantea que los casos de desaparición comenzaron a registrarse en Chiapas de manera más notable a partir de 2018, aunque cada año “se ha ido incrementando” hasta llegar a la situación actual. 

“Ahora estamos en un punto muy álgido por la situación de violencia que vive el estado, y eso que no se llega a denunciar todos los casos y no se activan todas las fichas de alerta”, señala el activista de Melel Xojobal, organización que insta a las familias de las víctimas a que se interponga la denuncia para que se activen las fichas de localización y eso ayude a la búsqueda de las personas. 

***

Aún con el vestido de novia puesto, Isabel se lanzó a la comandancia de la policía municipal de Berriozabal, que estaba a escasos 150 metros del salón de festejos donde sujetos armados se llevaron a cuatro personas de su banquete de bodas, entre ellos su hija de 19 años, Cassandra. 

“Fuimos a pedir ayuda, pero tenían las luces apagadas y todo cerrado. Nos dijeron que no les competía ese tipo de cosas”, dice en entrevista. 

A la par, en el salón de festejos Tierra Bonita, luego de que el convoy de camionetas blancas salió a toda velocidad con las cuatro personas ‘levantadas’, entre ellas el novio de Cassandra, llegaron a los minutos otros sujetos armados y sin mediar palabra balacearon el local, hiriendo en la pierna al cuñado de Isabel. 

“Solo llegaron a eso y se fueron”, dice la mujer. 

Tiempo después, Isabel cuenta que a dos de los cuatro que se llevó el convoy los liberaron y los dejaron cerca de la Fiscalía estatal de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Ellos le contaron que el convoy pasaba “charoleando” por los retenes de la Guardia Nacional que se encontraban a su paso hacia la capital chiapaneca. Es decir, que mostraban placas oficiales y pasaban sin ningún cuestionamiento ni problema. La pista de Cassandra y su novio se pierde cuando el convoy se dirigía a Chiapa de Corzo. 

Desde entonces, lo único que ha sabido Isabel de su hija es por los mensajes amenazantes que le han llegado a través de varias personas. Por ejemplo, uno de los liberados, le dijo que “no pusiera denuncia” porque, de hacerlo, “la iban a matar”. Además, le aseguraron que “en una semana” Cassandra estaría de vuelta. 

Isabel esperó 15 días primero, y luego 10 días más, 25 en total. Hasta que, desesperada, acudió a la Fiscalía a denunciar. 

“Al principio, confié en la Fiscalía. Pero al pasar 5 meses y ver que nada, pues yo los llamaba a diario y me decían que sí, que estaban buscando, pero era mentira. Entonces, decidí unirme al colectivo Madres en Resistencia y, junto con el colectivo Cereza, me empiezan a asesorar para hacer las búsquedas”, plantea Isabel, que asegura haber recibido en ese tiempo amenazas por parte del que era Secretario de Seguridad municipal de Berriozabal, Germán Alegría Estrada, quien fue secuestrado por un grupo armado y hallado muerto en febrero pasado, junto con su chofer y su secretario particular, también asesinados. 

“Me mandó a decir que ya no le moviera a lo de mi hija, porque si no me iban a levantar también a mi hijo y me lo iban a desaparecer”, dice Isabel, que a raíz de la amenaza asegura que ya sacó a su hijo de la entidad para protegerlo. 

Por esa amenaza, y por varios videos que corrieron después del asesinato del jefe de la policía, en donde lo acusaban de proteger a un grupo delicitivo volteando las cámaras de seguridad del municipio cuando desaparecían personas en la localidad, Isabel cree que por eso las autoridades “nunca quisieron entregar los videos de las cámaras, cuando las camionetas que se llevaron a mi hija pasaron hasta por tres retenes”. 

“Les pedimos también las fotografías de las placas de los carros, y la Fiscalía nos entregó fotos distorsionadas”, dice por su parte Adriana Gómez, del colectivo Madres en Resistencia, que acompaña el caso de Cassandra. 

Casi dos años después, Isabel no sabe nada del paradero de su hija de 19 años, ni de por qué se la llevaron. Aunque tiene sus hipótesis: cree que la pareja de Cassandra, el joven de 25 años que también sigue desaparecido, pudo estar involucrado en alguna actividad delictiva, pues tiempo después fueron descubriendo cosas de él, como que no se llama como les había dicho. Pero, al no haber una investigación consistente en el caso, no hay nada claro aún. 

Lo único claro, lamenta Isabel, es que el tiempo pasa, y Cassandra continúa en esa lista de jóvenes desaparecidos en Chiapas en circunstancias violentas. 

“A raíz de que desaparece mi hija, empiezan a desaparecer muchos jóvenes aquí en Berriozabal. Hasta ahora, solo en el municipio hay 18 personas desaparecidas. Son jóvenes de 14, 15, 16, 17 años… Nunca había pasado algo así aquí. Pero desde que se le dio entrada a los cárteles, se empezaron a llevar a muchos jóvenes”, plantea la madre y ahora activista, que como Adriana Gómez, dice que además de enfrentar el dolor por la desaparición de su hija, tiene que enfrentar también la desidia y el obstáculo de algunas autoridades para poder buscarla. 

“Hace unos días queríamos hacer una búsqueda aquí, en Berriozabal, pero el presidente municipal no lo permitió. Su argumento fue que es muy inseguro, pero en la web del ayuntamiento pide a la gente que visite el tianguis municipal y el parque. Entonces, para eso sí hay seguridad, pero para las búsquedas no. Y hasta ahora no nos han permitido buscar”, lamenta Isabel, que también apunta que están optando por ir directamente con el crimen organizado a solicitar su ‘autorización’. 

“Ahora sí, estamos pidiendo permiso a los cárteles de Chiapas. Porque una vez fuimos con Fiscalía a hacer una búsqueda, y nos dijeron: ‘de aquí no podemos pasar, porque ya es plaza del cártel Jalisco y tenemos que pedir permiso’”.

A pesar de todo, Isabel cree firmemente que su hija sigue con vida. Se lo dice su instinto de madre, comenta, y también algunas pistas, como que el celular de Cassandra apareció en Cancún. Así que asegura que continuará buscando contra todos los elementos, al margen de que su vida y la de su familia ya nunca más volverá a ser la misma desde aquella trágica celebración de bodas. 

“Ahora, en lugar de celebrar meses o años de casada, pues hago marchas. Mi esposo me dice: ‘qué triste es ver a otras parejas que cumplen un año y salen a festejar o de viaje’. Pero nosotros no celebramos eso. Para mí ya no es el día en que me casé. Sino el día en que mi hija desapareció y no la he vuelto a ver. Fue el peor día de mi vida”, lamenta Isabel.