Desaparece la abogada mixe, Sandra Domínguez; denunció a funcionarios de Oaxaca por acoso a mujeres
Activistas, amigos y familiares de la abogada y defensora mixe, Sandra Domínguez, denunciaron la desaparición de ella y su esposo, Alexander Hernández, por lo que exigen a las autoridades encontrarlos lo más pronto posible.
De acuerdo con el reporte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, fue vista por última vez el viernes 4 de octubre en la comunidad de María Lombardo de Caso, San Juan Cotzocón, en el estado de Oaxaca. La dependencia ya emitió una ficha de búsqueda.
“Sandra Domínguez es de complexión delgada, mide un metro sesenta centímetros, tez morena clara, de ojos grandes color café oscuro, su cabello es negro largo y ondulado”, dice la ficha de búsqueda.
De acuerdo con el activista, Joaquín Galván, la defensora confrontó a Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), por haber protegido a diversos funcionarios y operadores políticos involucrados en redes de acoso y violencia contra mujeres indígenas.
En su cuenta de X, Galván aseguró que, por el caso, en el año 2020 fue destituido Rolando Vázquez, uno de los iniciadores.
Defensora denunció chats misóginos en Oaxaca
En 2023, Domínguez Martínez acusó que el coordinador de delegados de la Paz Social, Donato Vargas Jiménez, se encontraba involucrado en chats “donde exhiben a mujeres en situaciones sexuales”.
“Donato, otra vez eres tú, el que se ve involucrado en un chat de hombres, de funcionarios, en donde exhiben a mujeres en situaciones sexuales. Hace tiempo yo denuncié un chat al que llamaron de nombre ‘Sierra XXX’. Tú mismo Donato, me pediste una disculpa. Aceptaste la existencia de este chat y diste los nombres de tus compañeros funcionarios”, aseguró la defensora.
Dijo que este gobierno no escuchaba a la ciudadanía y mujeres porque permitía que siguiera con el puesto.
“Burlándote y exhibiendo a mujeres cuando ya hay denuncias y no les hacen caso. A tu expareja por haber sido violentada y abusada por tu parte. Este es el gobierno que tenemos señoras y señores oaxaqueños”, manifestó la abogada.
En tanto, el activista Joaquín Galván recordó que la defensora acusó a varios funcionarios del gobierno que se encontraban en grupos de chats donde participaban en el acoso de mujeres.
“Con terrible dolor en el corazón quiero pedir su apoyo para exigir la presentación con vida de Sandra Domínguez Martínez, abogada y defensora Ayuujk que denunció la participación de funcionarios en grupos de acoso a mujeres, Sandra había recibido amenazas por este y otros casos”, escribió en sus redes sociales.
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Galván dijo que gracias a la voz y el testimonio de Sandra se logró generar consecuencias contra agresores de mujeres que ocupaban la función pública.
“Sandra es una mujer fuerte, valerosa, con ella acompañamos distintos casos de violencia feminicida y sistémica, me acompañó en el caso del feminicidio de Fanny Guadalupe y el caso de la desaparición de Zayra Leticia Loyola. Sandra es una gran compañera de luchas”, aseguró Galván.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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