“Estamos sobre una bomba de tiempo”: miles viven sobre suelo contaminado por derrames de hidrocarburos del aeropuerto de la CDMX
Más de 37 mil personas habitan en las colonias aledañas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”. Para ellas y ellos, vivir cerca del puerto aéreo significa estar expuestos a derrames de hidrocarburos que les provocan dolores de cabeza y mareos, y hacer su vida cotidiana a lado de un sitio que desde hace más de 15 años ha estado contaminado y que, a la fecha, no tiene un plan de remediación.
Pedro es uno de esos miles de habitantes. Ha vivido durante más de 20 años en CTM Aragón, una de las colonias atravesada por el ducto de turbosina que lleva el combustible de Azcapotzalco al puerto aéreo, pero fue hasta el año pasado que empezó a detectar un olor a hidrocarburos en la zona, el cual las autoridades atribuyeron a tomas clandestinas que hicieron grupos criminales. Pedro es un nombre ficticio de este vecino del Aeropuerto, quien pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
Este olor se debía a la turbosina, una sustancia compuesta por químicos como el benceno –que es cancerígeno–, etilbenceno, tolueno, y derivados que han sido catalogados como “probablemente cancerígenos” por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Pedro, junto con otros vecinos, comenzaron a denunciar los hechos en febrero de 2024, tanto con la Secretaría de Protección Civil capitalina como en redes sociales, pero no han obtenido respuesta íntegra a sus preocupaciones, e incluso ya recibieron amenazas de las cédulas delictivas, por lo que pidieron omitir sus nombres reales por su seguridad.
“Estamos sobre una bomba del tiempo”, dice, “estamos ahí porque ese es nuestro patrimonio, pero por ejemplo, mi mamá no sale de la casa por el aroma. Si tuviéramos a dónde cambiarnos, muchos ya lo hubiéramos hecho”.
Sumado a las tomas clandestinas, se han derramado miles de litros de turbosina en dos ocasiones en la estación de combustible. Además, el uso continuo de combustibles en el área y la falta de atención integral a las filtraciones han generado un significativo pasivo ambiental en el subsuelo. El ducto de turbosina y la estación de combustibles conforman una infraestructura completa que, aunque es operada por dos empresas distintas, ha causado contaminación en el subsuelo del AICM y las colonias aledañas.
Norponiente de la CDMX, acechado por hidrocarburos
El AICM se encuentra en el norponiente de la Ciudad de México, sobre terrenos que fueron utilizados para la aeronáutica militar y civil desde inicios del siglo XX. El hoy Aeropuerto “Benito Juárez” se surte de combustible, para los más de 300 mil vuelos que operan cada año, por medio de un ducto de turbosina que está a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este tubo desemboca en la Estación de Combustibles, que es administrada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
La misma estación se ubica encima de suelos contaminados con turbosina y trazos de gasavión. El total de suelos afectados podría llenar poco más de 4 albercas olímpicas, o más de 14 mil metros cúbicos.
La Estación de Combustibles del AICM se encuentra justo detrás del Deportivo Oceanía ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la capital del país. Del lado sureste colinda directamente con la colonia Pensador Mexicano, en la Alcaldía Venustiano Carranza; y hacia el norte y noroeste con la colonia San Juan de Aragón III Sección de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
En tanto, el ducto de turbosina que surte al AICM de combustible atraviesa las colonias Cuchilla del Tesoro, San Juan de Aragón secciones III, IV y V; Narciso Bassols, Fovissste Aragón, CTM Aragón, y Ciudad Lago, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.
Las calles de las colonias no son sólo habitacionales, pues hay comercios, escuelas, jardines de niños, bibliotecas y centros comunitarios.
Tan sólo de las manzanas que colindan directamente con la zona de la Estación de Combustibles, se calcula que hay 4 mil personas viviendo alrededor de este sitio contaminado, con base en cifras del Inventario Nacional de Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, el total de pobladores de las colonias que colindan con la Estación de Combustibles y el ducto de turbosina –que es operado por Petróleos Mexicanos (Pemex)– es de aproximadamente 37 mil personas.
Grupos criminales provocan derrames en colonias
Desde febrero de 2024, vecinos de las colonias Narciso Bassols, Fovissste Aragón, CTM Aragón y San Juan de Aragón secciones IV y V denunciaron un fuerte olor a gasolina en varias avenidas y en coladeras cerca de sus viviendas.
No fue hasta inicios de julio, cuando el olor se extendió también a la colonia Cuchilla del Tesoro y se produjo un incendio en el límite entre esta colonia y Ciudad Lago, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, que Pemex y bomberos locales intensificaron labores de desazolve para limpiar los drenajes y medir los niveles de explosividad en las alcantarillas, el cual indicaron que era nulo.
En ese momento, técnicos de Pemex y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) explicaron que la presencia de hidrocarburos en los drenajes se debía a que había tomas clandestinas a lo largo del ducto de turbosina.
Las autoridades también negaron que el incendio que se produjo el 1 de julio haya estado relacionado con la infraestructura a cargo de Pemex, pero en los vecinos se cimbró el miedo de que sus colonias tuvieran el mismo destino que Analco, en Guadalajara, hace 33 años, cuando la tragedia del Sector Reforma se cobró la vida de más de 200 personas por una explosión causada por la filtración de miles de litros de gasolina en el drenaje.
“En Jalisco, el accidente que hubo, lo mismo: lo minimizaron, que no pasa nada, que hay una fuga de combustible, y en dos o tres días ya estaban volando casas, autos, camiones y demás”, expresó Pedro.
En las inmediaciones del AICM, Pemex se comprometió a cambiar la infraestructura y hacer que el ducto fuera más profundo para evitar que fuera comprometido. Asimismo, removió la tierra del camellón sobre la Avenida 604 que había sido contaminada por turbosina, pero sin previamente hacer estudios de caracterización para determinar cuánto suelo había sido afectado.
Igualmente, participó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para hacer estudios de contaminación en el aire; y se mandaron a hacer estudios de caracterización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema) para determinar el nivel de afectación en el suelo.
“Nos dijeron que la turbosina no hace daño”
“Nos dijeron que la turbosina no es inflamable, la turbosina no hace daño, la turbosina no huele, que tú puedes convivir con la turbosina como si nada”, dijo Pedro sobre la información que dio Pemex en las primeras juntas.
Sin embargo, la misma hoja de datos de seguridad que maneja Pemex para la turbosina lo clasifica como un “líquido inflamable” y marca como medidas de prevención que se mantenga fresco y alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
Asimismo, indica como riesgo para la salud “peligro por aspiración”, y en particular por contacto con la piel o en caso de ingestión. Si bien señala que “No se cuenta con datos significativos para demostrar causar cáncer”, uno de los componentes de la turbosina es el benceno, que múltiples fuentes –entre ellas el Departamento de Salud estadounidense– señalan como cancerígeno.
Técnicos de Pemex Logística, junto con la autoridad de aguas en la Ciudad de México SACMEX y Protección Civil local hicieron estudios del porcentaje de explosividad en las zonas afectadas, y aunque todos los resultados arrojaron cero, los vecinos desconfiaron de la autoridad.
“Al enterarnos que la turbosina sí tenía afectaciones, no solamente a nosotros como seres humanos, sino también al medio ambiente, se comprometen a cambiar la tierra por donde corre todo el derecho de vía, que era donde estaba contaminada la tierra, y a limpiar en lo más posible el drenaje, porque obviamente el drenaje también estaba contaminado”, explicó Ana, otra vecina de las colonias que pidió resguardar su identidad por amenazas de grupos criminales.
Esperan resultados, sin conocer el daño ambiental
Los vecinos no han recibido todavía los resultados de los estudios de caracterización, por lo que no saben en qué nivel los suelos de sus colonias pueden estar contaminados.
“Si no hubo un estudio en el derecho de vía, ¿qué te dice que este metro está contaminado y el siguiente metro no? Si no hubo una reparación, más que la cantidad que ellos [Pemex] determinaron que iba a sacar tierra y hasta ahí”, comentó Ana.
Entre la posibilidad de que se detecten nuevas tomas clandestinas y haya derrames, junto con su temor de la exposición a químicos cancerígenos, los habitantes de la zona aledaña al AICM han reiterado su miedo de perder sus colonias por la turbosina.
“Todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, y nuestra primera preocupación fue por ellos. Por el futuro que les vamos a dejar, pero también muchos tienen su sustento y su medio de vivir en estas colonias, así como muchos”, expresó la vecina de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
“Es gente que vive ahí en la colonia, y ha sido su vida y va a ser la herencia de sus hijos, sus nietos y por una casa que lucharon. Nosotros llegamos antes que la turbosina”.
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La Casa Blanca señaló que usó la ley de Enemigo Extranjero para evitar la invasión de esta organización al país.
Este domingo el gobierno de Donald Trump deportó a más de 200 venezolanos hacia El Salvador bajo el amparo de una centenaria ley, conocida como del Enemigo Extranjero.
Y volvió a mencionar el nombre de una organización que ha dado muchas vueltas en los últimos meses: el Tren de Aragua.
De acuerdo a lo señalado por la propia Casa Blanca, la mayoría de los venezolanos deportados y que fueron enviados a la megacárcel del Cecot en El Salvador eran miembros de esta organización criminal, nacida en las prisiones venezolanas y que ahora tiene un alcance internacional.
Sin embargo, a pesar de distintos requerimientos, Washington nunca entregó pruebas contundentes que confirmaran la relación de los deportados venezolanos con la organización criminal.
La controvertida ley detrás las deportaciones puede ser invocada si el país está en guerra con otro, o si un gobierno extranjero ha invadido o ha amenazado con una invasión del territorio estadounidense.
Esta última premisa fue la que utilizó Trump para justificar su decisión, al señalar que la organización del Tren de Aragua estaría “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos”.
En enero de este año, el gobierno de EE.UU. había declarado al Tren de Aragua como una “organización terrorista”.
Pero, ¿cuál es la verdadera presencia del Tren de Aragua en EE.UU.?
Video y presencia
Cinco jóvenes con gorras y capuchas, pero a cara descubierta, suben las escaleras de un bloque de apartamentos y se reúnen frente al número 301.
Uno carga un rifle de asalto, otro habla por el celular en español. Un tercero toca con insistencia la puerta y todos irrumpen a la fuerza en la vivienda.
El video, grabado en agosto del año pasado por una vecina del complejo residencial de ladrillo rojo llamado Edge at Lowry, situado en el corazón de Aurora, Colorado, y habitado principalmente por inmigrantes venezolanos, pronto se volvió viral.
Ese mismo mes, la policía local informó de la detención del también venezolano Yoendry Vílchez Medina-José, acusado de protagonizar escenas similares y de un brutal ataque contra el gerente de otro edificio de apartamentos en la zona.
Lo identificó, al igual que a otra docena de individuos, como “miembro documentado” del Tren de Aragua (TdA), un nombre cada vez más ubicuo en los círculos de seguridad de Estados Unidos pero hasta entonces prácticamente desconocido para la población general.
El pasado 20 de enero, el recién posesionado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la banda como “organización terrorista”.
Fue precisamente Trump el altavoz que hizo que la banda se volviera conocida en todo Estados Unidos.
El entonces candidato no tardó en centrar la atención nacional en este populoso suburbio del área metropolitana de Denver -donde en los últimos dos años se han instalado en torno a 30.000 venezolanos-, al describirlo falsamente como una “zona de guerra”.
Trump, en plena campaña para las elecciones del pasado mes de noviembre que terminó ganando, visitó Aurora y utilizó los incidentes para alimentar su retórica de asociar la migración con el aumento de la criminalidad.
Y yendo más allá, bautizó como “Operación Aurora” la deportación masiva de indocumentados que prometió poner en marcha nada más llegar a la presidencia.
El lunes 16 de diciembre por la noche el nombre de la ciudad volvió a vincularse con el del Tren de Aragua, cuando un grupo de 14 personas armadas irrumpió en el mismo complejo de apartamentos Edge at Lowry y, según la policía local, torturó a dos venezolanos que estaban dentro.
Mientras saqueaban el piso, los trasladaron a otra vivienda, donde siguieron las vejaciones y las amenazas para que no acudieran a la policía. No los liberaron hasta la mañana de este martes.
“Les dieron una paliza. Una de las víctimas fue apuñalada. Tenía una herida de arma blanca”, describió lo ocurrido el jefe de policía de Aurora, Todd Chamberlain, que explicó que los individuos están detenidos y siendo identificados. “Es una actividad 100% de pandillas”, aseguró.
La preocupación entre las autoridades estadounidenses por la presencia en su territorio del Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de Venezuela hace algo más de una década y con tentáculos en varios países de Sudamérica, ha ido creciendo en los últimos meses.
Un informe del Departamento de Seguridad Nacional identifica a presuntos miembros del TdA en 16 estados, hay 100 investigaciones federales relacionadas con el tema en marcha, ha habido unas 50 detenciones e incluso condenas, y el gobierno de Joe Biden la declaró “organización criminal transnacional”.
Y desde el pasado 20 de enero es considerada “organización terrorista” por EE.UU.
Aunque cuestiones como su tamaño real, la sofisticación y la posible coordinación con la cúpula en su país de origen y con otros sindicatos del crimen en EE.UU. siguen sin estar claras.
Entretanto, el Tren de Aragua sigue victimizando a la migración venezolana con robos, extorsiones o explotación sexual allá donde llega.
Y que quedó en evidencia al ser la principal justificación que utilizó el presidente Trump para deportar a los más de 200 venezolanos este domingo.
Lo que demuestra su cada vez mayor prominencia en el discurso político y deja a quienes buscan asilo en EE.UU. lidiando con el estigma y la discriminación.
Pandilla carcelaria en Venezuela
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la organización nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo en construcción del ferrocarril que atravesaría el estado Aragua.
“Sus miembros extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del Tren de Aragua'”, le explicó el experto en crimen organizado a BBC Mundo.
Algunos de estos individuos terminaron en la prisión local de Tocorón, situada al suroeste de Caracas.
Allí fue recluido también el que se considera hoy uno de los líderes de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, y “desde allí comenzaron a tomar fuerza”, señala el profesor.
La influencia de la banda pronto se extendió fuera del centro penitenciario, hasta convertirse en la empresa criminal más poderosa de Venezuela.
El “Niño Guerrero” está siendo buscado en varios países de Sudamérica y se desconoce su paradero.
Varios investigadores apuntan a que esto solo pudo ser posible por la complicidad de funcionarios estatales, ya fuera por “acción u omisión”. Otros directamente aseguran que el Tren es una organización “patrocinada por el Estado” y con vínculos con el poder, algo que el gobierno venezolano rechaza.
Sea como fuere, cuando el país se sumió en una profunda crisis económica y política, la banda empezó a sacar provecho de los millones de venezolanos que huían.
“Identificaron que podían hacer dinero con la migración y empezaron a beneficiarse del negocio”, le dice a BBC Mundo Ronna Rísquez, periodista de investigación venezolana y autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”.
La expansión por América Latina
La primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, aunque pudo haber empezado antes, dice Rísquez.
Desde entonces, fue extendiéndose rápidamente por los países vecinos, a pesar de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que lo desmanteló al retomar en 2023 el control de la prisión en la que nació, y de que el canciller Yván Gil declarara en julio de este año que el Tren de Aragua es “una ficción creada por los medios internacionales”.
Ese mismo mes la policía de Colombia anunció que ya habían sido detenidos más de 80 miembros del grupo en el país. El más notorio, Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido como Larry Changa, considerado otro de los fundadores del Tren de Aragua.
También ha habido capturas y condenas relacionadas con la banda en Chile, y en el vecino Brasil las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país.
“El Tren de Aragua va controlando la migración irregular, explotándola en los países que transita, y así conoce también otras realidades criminales y va aprendiendo de ellas”, le dice a BBC Mundo Pablo Zeballos, un exagente de inteligencia de la fuerza policial chilena de Carabineros reconvertido en consultor sobre crimen organizado.
“Es una economía perfecta. Perversa, pero perfecta“, subraya Zeballos, quien lleva investigando la organización desde 2015.
Hasta EE.UU., siguiendo la migración
Los expertos consultados por BBC Mundo reconocen que la expansión del Tren de Aragua en EE.UU., a donde han migrado casi un millón de venezolanos en los últimos años, era cuestión de tiempo.
“Empezamos a detectarlo en 2021, pero los reportes policiales al respecto eran pocos. En 2022 hubo más, y en 2023 muchos más. Hasta que este año explotó”, le dice a BBC Mundo Joseph Humire, del Center for a Secure Free Society (SFS), un think tank conservador con sede en Washington especializado en seguridad nacional.
A principios de 2024 funcionarios federales alertaron a las autoridades de Nueva York de la llegada de la pandilla, según le dijo Joseph Kerry, jefe de detectives del Departamento de Policía de la ciudad, al diario The New York Times.
De acuerdo a ese medio, desde enero la policía de esa ciudad ha interrogado al menos a 30 personas, entre ellas individuos afiliados a la banda recluidos en la cárcel de máxima seguridad de la Isla de Rikers.
Y ha registrado a 24 miembros en la base de datos de organizaciones criminales, aunque se cree que son más. En la urbe operan 496 bandas según ese directorio, con un total de 14.000 individuos adscritos.
“Se trata de un pequeño número de personas que son violentas, y vamos a identificarlas y utilizar nuestras prácticas como lo hacemos con cualquier pandilla”, dijo en rueda de prensa en julio el alcalde Eric Adams, quien se niega a que su ciudad se vuelva bastión del grupo.
“Son malos y no representan a la comunidad de inmigrantes y solicitantes de asilo“, subrayó el demócrata, un policía retirado, tratando de contrarrestar el discurso de los círculos más conservadores, amplificado por Trump y por medios de comunicación de derecha.
Pero no solo se han reportado incidentes que las autoridades relacionan con el Tren en Nueva York.
En Florida, Yurwin Salazar, un inmigrante originario de Venezuela que según la policía de Miami forma parte de la megapandilla, fue acusado de secuestrar y matar a un policía venezolano jubilado.
En mayo, las autoridades federales descubrieron una red de tráfico sexual que, según dijeron, se extendía por los estados de Luisiana, Texas, Virginia, Florida y Nueva Jersey.
Las víctimas eran mujeres venezolanas a las que obligaban a tener relaciones sexuales para saldar deudas con los traficantes que les facilitaron el cruce de la frontera, de acuerdo a una denuncia presentada ante un tribunal federal; un modus operandi habitual del Tren de Aragua, apuntan los investigadores.
Más recientemente, un memorando interno de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional filtrado por una serie de medios identificaba a individuos relacionados con el tema en 16 estados.
En medio de los informes sobre su supuesta creciente presencia en el país, el gobierno de Biden la designó en julio “organización criminal transnacional” —junto a la salvadoreña Mara Salvatrucha o la italiana Camorra— y anunció una recompensa de hasta US$12 millones por información que pudiera conducir a la detención de tres de sus líderes.
Al mes, siete republicanos encabezados por el senador por Florida Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado y futuro Secretario de Estado en el gobierno de Trump, escribieron una carta al fiscal general Merrick Garland pidiendo una estrategia coordinada para combatir a la pandilla.
Y en septiembre el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, declaró el Tren “amenaza de primer nivel”, dándole a la fuerza policial estatal más herramientas para perseguirlo y allanando el camino para penas más duras.
Mientras, Colorado también ha creado un grupo dentro de la policía específicamente dedicado a combatirlo.
Una evolución “nunca antes vista”
Daniel Brunner, un agente especial retirado del FBI experto en organizaciones criminales, es uno de los investigadores en EE.UU. que considera que el TdA está presente al menos en una veintena de estados.
Pero duda que sea una estructura organizada, con un proyecto concreto de expansión.
“No creo que haya un plan maestro y que hayan decidido enviar una célula a un estado o a otro”, le dice a BBC Mundo.
“Nadie en Venezuela o Colombia dijo: ‘Vamos a mandar a alguien a Montana’. Los migrantes llegaron aquí porque hay trabajo en la construcción y detrás vinieron miembros del Tren de Aragua”, añade, coincidiendo con otros especialistas en la materia.
“Se extendió de forma natural, siguiendo la migración venezolana, porque es la población que explota, al igual que la MS-13 se movió a Nueva Jersey, Carolina del Norte, Massachusetts o Boston, donde hay comunidades salvadoreñas, porque son a las que extorsiona”, sigue.
Cuando Brunner se refiere a la Mara Salvatrucha, sabe de lo que habla.
La mayor parte de sus 20 años en el FBI los dedicó a investigar la pandilla surgida en Los Ángeles en los 80 y que adquirió otra dimensión cuando muchos de sus miembros fueron deportados a El Salvador, volviéndose una organización que sembraría el terror en Centroamérica durante años.
Brunner, quien hoy se desempeña como asesor de seguridad, dirigió investigaciones sobre la mara en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, incluidas dos que terminaron en condenas en el marco de la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas.
Esta ley, más conocida como RICO por sus siglas en inglés, permite procesar a la MS-13 y sus miembros como crimen organizado y presentar cargos de terrorismo contra los considerados líderes.
El exagente también fue uno de los tres miembros del FBI en sumarse a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan (JTGV, por sus siglas en inglés) creada en 2019 para coordinar esfuerzos entre distintos departamentos y fuerzas del orden con el objetivo de “erradicar” la MS-13.
Preguntado por cómo se compara el Tren de Aragua con la pandilla salvadoreña, no vacila.
“Aprende mucho más rápido”, subraya. “Está tomando lo que hizo la MS-13, y también el Barrio 18 –la pandilla rival de la Salvatrucha— o los Trinitarios, aprendiendo de los errores de estos, acumulando esa experiencia y utilizándola para sus propios crímenes”, dice, en una explicación similar al exmiembro de los Carabineros de Chile Pablo Zeballos.
Con él coincide en que su evolución como organización transnacional es inusualmente rápida.
“Si el PCC [El Primer Comando de la Capital, de Brasil] tardó 30 años en ser lo que es, el Tren de Aragua lleva 10, a lo más, siendo lo que es”, apunta Zeballos. “Si nos fijamos cuándo nació, es como un adolescente que ya actúa como adulto”.
El experto chileno Zeballos destaca además su diversificado portafolio delictivo como otra marca distintiva.
“El Tren de Aragua aprovecha cualquier oportunidad de economía ilícita”, asegura. “Si en una zona decidió explotar el reparto en motos, lo más probable es que sea dueño de todos los vehículos y cobre cuota, pero además, en los horarios libres, los repartidores tienen que robar celulares para la organización”, explica.
“No me imagino que estructuras como el Cartel de Medellín se hayan dedicado a robar carteras como un negocio paralelo, pero el TdA sí”, prosigue.
“Pueden dedicarse al narcotráfico —sobre todo con una droga sintética en polvo de color rosa, conocida como tusi, que a menudo está mezclada con ketamina, MDMA o fentanilo—, lucrarse de la migración, ser dueños de un par de minas de oro en Venezuela, pero también robar bolsos y teléfonos”, agrega.
Lo que queda por saber
Los detectives y expertos en seguridad siguen tratando de elaborar un perfil de sus operaciones, sus presuntas tácticas de reclutamiento —en centros de acogida para inmigrantes o a través de grupos cerrados de WhatsApp—, su penetración en el tejido social de las ciudades, averiguar si se organiza en células y si existe coordinación o no entre ellas, o con otros grupos criminales.
También si los supuestos miembros en EE.UU. reciben órdenes de la cúpula o si envían dinero al extranjero.
En vista de ello, algunos investigadores son más cautos a la hora de hacer afirmaciones.
“Lo que queda por precisar es qué hacen exactamente en Estados Unidos y cuál es su objetivo, si hay en realidad un plan para expandirse, para poder así entender cuál es el riesgo verdadero“, apunta Rísquez a BBC Mundo.
Aclararlo no parece que vaya a ser tarea fácil.
En parte, porque la falta de intercambio de información entre las autoridades estadounidenses y las venezolanas imposibilita que se pueda verificar la existencia de un historial delictivo en el país de origen.
“Como agentes federales, no tenemos forma de examinar a estas personas”, dijo el vicepresidente del Consejo de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Chris Cabrera, en una rueda de prensa en septiembre. “Si nos dicen su nombre, no podemos contrastarlo con ninguna base de datos”.
Por otro lado, está la ausencia de identificativos comunes. Los investigadores se están fijando en ciertos tatuajes o un estilo concreto a la hora de vestir, aunque expertos aseguran que también los han adoptado individuos que nada tienen que ver con el mundo criminal.
Y por último, el exagente del FBI Brunner apunta a la dificultad de la propia agencia de adentrarse en las comunidades y ganarse su confianza, por falta de manejo del idioma, etcétera.
“Ahora, con el cambio de gobierno [de Trump], va a ser aún más complicado“, lamenta. “Porque todo el mundo (en las comunidades de migrantes y solicitantes de asilo) se va a encerrar [por el temor a las deportaciones] y no va a hablar con la policía, con Inmigración, y nadie va a señalar y decir: ‘Mire, ese es miembro del Tren de Aragua'”.
Para combatir la organización, se debe asumir como problema regional y aprender de los países que han enfrentado el problema antes, apunta Humire.
“EE.UU. debe trabajar en la concienciación, y luego comenzar a asociarse con países latinoamericanos y sus fuerzas del orden para entender cómo puede lidiar con esta pandilla”, subraya.
Mientras eso ocurre, muchos venezolanos solicitantes de asilo lidian ya con el estigma.
Como Nelly, una mujer venezolana cuyo apellido omitimos por seguridad, que salió de su país por violencia de género y antes de llegar a Estados Unidos vivió durante un tiempo con sus tres hijos en Perú.
“Ya allí había mucha xenofobia hacia los venezolanos, nos decían que todos éramos delincuentes. Decidimos irnos cuando un día nos atacaron en la pizzería en la que trabajaba como encargada”, recuerda.
Tras cruzar ocho países por tierra, incluida la temible selva del Darién, entre Panamá y Colombia, y atravesar México subidos al tren de carga conocido como La Bestia, en enero llegaron a Los Ángeles.
Consiguió un apartamento a través de un programa que ayuda a mujeres migrantes con hijos, pero pronto va a tener que empezar a pagar el alquiler y los gastos, y está buscando trabajo.
“He empezado a decir que soy de otra nacionalidad, porque me dicen que no, que no contratan a venezolanos. Por unos pocos, pagamos todos“.
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