“Estamos sobre una bomba de tiempo”: miles viven sobre suelo contaminado por derrames de hidrocarburos del aeropuerto de la CDMX
Más de 37 mil personas habitan en las colonias aledañas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”. Para ellas y ellos, vivir cerca del puerto aéreo significa estar expuestos a derrames de hidrocarburos que les provocan dolores de cabeza y mareos, y hacer su vida cotidiana a lado de un sitio que desde hace más de 15 años ha estado contaminado y que, a la fecha, no tiene un plan de remediación.
Pedro es uno de esos miles de habitantes. Ha vivido durante más de 20 años en CTM Aragón, una de las colonias atravesada por el ducto de turbosina que lleva el combustible de Azcapotzalco al puerto aéreo, pero fue hasta el año pasado que empezó a detectar un olor a hidrocarburos en la zona, el cual las autoridades atribuyeron a tomas clandestinas que hicieron grupos criminales. Pedro es un nombre ficticio de este vecino del Aeropuerto, quien pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
Este olor se debía a la turbosina, una sustancia compuesta por químicos como el benceno –que es cancerígeno–, etilbenceno, tolueno, y derivados que han sido catalogados como “probablemente cancerígenos” por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Pedro, junto con otros vecinos, comenzaron a denunciar los hechos en febrero de 2024, tanto con la Secretaría de Protección Civil capitalina como en redes sociales, pero no han obtenido respuesta íntegra a sus preocupaciones, e incluso ya recibieron amenazas de las cédulas delictivas, por lo que pidieron omitir sus nombres reales por su seguridad.
“Estamos sobre una bomba del tiempo”, dice, “estamos ahí porque ese es nuestro patrimonio, pero por ejemplo, mi mamá no sale de la casa por el aroma. Si tuviéramos a dónde cambiarnos, muchos ya lo hubiéramos hecho”.
Sumado a las tomas clandestinas, se han derramado miles de litros de turbosina en dos ocasiones en la estación de combustible. Además, el uso continuo de combustibles en el área y la falta de atención integral a las filtraciones han generado un significativo pasivo ambiental en el subsuelo. El ducto de turbosina y la estación de combustibles conforman una infraestructura completa que, aunque es operada por dos empresas distintas, ha causado contaminación en el subsuelo del AICM y las colonias aledañas.
Norponiente de la CDMX, acechado por hidrocarburos
El AICM se encuentra en el norponiente de la Ciudad de México, sobre terrenos que fueron utilizados para la aeronáutica militar y civil desde inicios del siglo XX. El hoy Aeropuerto “Benito Juárez” se surte de combustible, para los más de 300 mil vuelos que operan cada año, por medio de un ducto de turbosina que está a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este tubo desemboca en la Estación de Combustibles, que es administrada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
La misma estación se ubica encima de suelos contaminados con turbosina y trazos de gasavión. El total de suelos afectados podría llenar poco más de 4 albercas olímpicas, o más de 14 mil metros cúbicos.
La Estación de Combustibles del AICM se encuentra justo detrás del Deportivo Oceanía ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la capital del país. Del lado sureste colinda directamente con la colonia Pensador Mexicano, en la Alcaldía Venustiano Carranza; y hacia el norte y noroeste con la colonia San Juan de Aragón III Sección de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
En tanto, el ducto de turbosina que surte al AICM de combustible atraviesa las colonias Cuchilla del Tesoro, San Juan de Aragón secciones III, IV y V; Narciso Bassols, Fovissste Aragón, CTM Aragón, y Ciudad Lago, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.
Las calles de las colonias no son sólo habitacionales, pues hay comercios, escuelas, jardines de niños, bibliotecas y centros comunitarios.
Tan sólo de las manzanas que colindan directamente con la zona de la Estación de Combustibles, se calcula que hay 4 mil personas viviendo alrededor de este sitio contaminado, con base en cifras del Inventario Nacional de Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, el total de pobladores de las colonias que colindan con la Estación de Combustibles y el ducto de turbosina –que es operado por Petróleos Mexicanos (Pemex)– es de aproximadamente 37 mil personas.
Grupos criminales provocan derrames en colonias
Desde febrero de 2024, vecinos de las colonias Narciso Bassols, Fovissste Aragón, CTM Aragón y San Juan de Aragón secciones IV y V denunciaron un fuerte olor a gasolina en varias avenidas y en coladeras cerca de sus viviendas.
No fue hasta inicios de julio, cuando el olor se extendió también a la colonia Cuchilla del Tesoro y se produjo un incendio en el límite entre esta colonia y Ciudad Lago, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, que Pemex y bomberos locales intensificaron labores de desazolve para limpiar los drenajes y medir los niveles de explosividad en las alcantarillas, el cual indicaron que era nulo.
En ese momento, técnicos de Pemex y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) explicaron que la presencia de hidrocarburos en los drenajes se debía a que había tomas clandestinas a lo largo del ducto de turbosina.
Las autoridades también negaron que el incendio que se produjo el 1 de julio haya estado relacionado con la infraestructura a cargo de Pemex, pero en los vecinos se cimbró el miedo de que sus colonias tuvieran el mismo destino que Analco, en Guadalajara, hace 33 años, cuando la tragedia del Sector Reforma se cobró la vida de más de 200 personas por una explosión causada por la filtración de miles de litros de gasolina en el drenaje.
“En Jalisco, el accidente que hubo, lo mismo: lo minimizaron, que no pasa nada, que hay una fuga de combustible, y en dos o tres días ya estaban volando casas, autos, camiones y demás”, expresó Pedro.
En las inmediaciones del AICM, Pemex se comprometió a cambiar la infraestructura y hacer que el ducto fuera más profundo para evitar que fuera comprometido. Asimismo, removió la tierra del camellón sobre la Avenida 604 que había sido contaminada por turbosina, pero sin previamente hacer estudios de caracterización para determinar cuánto suelo había sido afectado.
Igualmente, participó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para hacer estudios de contaminación en el aire; y se mandaron a hacer estudios de caracterización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema) para determinar el nivel de afectación en el suelo.
“Nos dijeron que la turbosina no hace daño”
“Nos dijeron que la turbosina no es inflamable, la turbosina no hace daño, la turbosina no huele, que tú puedes convivir con la turbosina como si nada”, dijo Pedro sobre la información que dio Pemex en las primeras juntas.
Sin embargo, la misma hoja de datos de seguridad que maneja Pemex para la turbosina lo clasifica como un “líquido inflamable” y marca como medidas de prevención que se mantenga fresco y alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
Asimismo, indica como riesgo para la salud “peligro por aspiración”, y en particular por contacto con la piel o en caso de ingestión. Si bien señala que “No se cuenta con datos significativos para demostrar causar cáncer”, uno de los componentes de la turbosina es el benceno, que múltiples fuentes –entre ellas el Departamento de Salud estadounidense– señalan como cancerígeno.
Técnicos de Pemex Logística, junto con la autoridad de aguas en la Ciudad de México SACMEX y Protección Civil local hicieron estudios del porcentaje de explosividad en las zonas afectadas, y aunque todos los resultados arrojaron cero, los vecinos desconfiaron de la autoridad.
“Al enterarnos que la turbosina sí tenía afectaciones, no solamente a nosotros como seres humanos, sino también al medio ambiente, se comprometen a cambiar la tierra por donde corre todo el derecho de vía, que era donde estaba contaminada la tierra, y a limpiar en lo más posible el drenaje, porque obviamente el drenaje también estaba contaminado”, explicó Ana, otra vecina de las colonias que pidió resguardar su identidad por amenazas de grupos criminales.
Esperan resultados, sin conocer el daño ambiental
Los vecinos no han recibido todavía los resultados de los estudios de caracterización, por lo que no saben en qué nivel los suelos de sus colonias pueden estar contaminados.
“Si no hubo un estudio en el derecho de vía, ¿qué te dice que este metro está contaminado y el siguiente metro no? Si no hubo una reparación, más que la cantidad que ellos [Pemex] determinaron que iba a sacar tierra y hasta ahí”, comentó Ana.
Entre la posibilidad de que se detecten nuevas tomas clandestinas y haya derrames, junto con su temor de la exposición a químicos cancerígenos, los habitantes de la zona aledaña al AICM han reiterado su miedo de perder sus colonias por la turbosina.
“Todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, y nuestra primera preocupación fue por ellos. Por el futuro que les vamos a dejar, pero también muchos tienen su sustento y su medio de vivir en estas colonias, así como muchos”, expresó la vecina de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
“Es gente que vive ahí en la colonia, y ha sido su vida y va a ser la herencia de sus hijos, sus nietos y por una casa que lucharon. Nosotros llegamos antes que la turbosina”.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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