Sin haber consultado previamente a las personas afectadas por el derrame de 40 millones de litros de tóxicos ocasionado por la empresa Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, la nueva administración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció en conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum la creación de un programa de remediación tras reunirse con los empresarios.

“De hecho, ya nos reunimos con los empresarios y acordamos hacer un plan conjunto de remediación del río Sonora, Bacanuchi”, fijp Alicia Bárcena, titular de la Semarnat durante su intervención en la conferencia matutina del pasado 21 de noviembre durante la presentación del Plan Nacional Hídrico.

Ante esto, integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora denunciaron que “a espaldas de las víctimas del derrame tóxico, Semarnat acuerda con la empresa proceso de reparación en Río Sonora”.

En un comunicado, las personas afectadas señalaron que sin diálogo con las comunidades del Río Sonora, la nueva administración de Semarnat aseguró haber alcanzado acuerdo con “la empresa principal que actúa por allá”.

Además, recordaron que en junio de 2024 la hoy presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a escuchar las voces de los habitantes del Río Sonora. Sin embargo, cinco meses después continúan esperando el diálogo prometido.

Ante la reacción de las comunidades afectadas, ese mismo 21 de noviembre por la noche, la titular Alicia Bárcena Ibarra escribió en su cuenta X que dialogarán con la población de la cuenca. 

La junta tiene el fin de dialogar en torno “al respaldo que la Semarnat ha dado y seguirá dando a los afectados de esa región”, dijeron a medios.

Río Sonora, diez años después 

Se cumplen 10 años y tres meses del derrame tóxico minero, considerado el peor desastre ambiental de la minería en México. Las víctimas denuncian que Grupo México no ha cumplido con la remediación ambiental.

El río sigue contaminado, tampoco se ha cumplido con las plantas potabilizadoras de agua y la atención médica es carente. Ante esto, las comunidades afectadas denuncian que las acciones a los avances que se tienen hasta ahora no son suficientes.

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Animal Político entrevistó a Martha Patricia Velarde, afectada por el derrame tóxico en el Río Sonora, después de su participación en el Foro Diálogos por la justicia ambiental: defensa del territorio y construcción de paz que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre en San Lázaro.

En su intervención recordó lo que han padecido a una década del derrame que provocó Grupo México y alcanzó al río Bacanuchi y posteriormente al Río Sonora que alimenta a la presa “El Molinito”, esto causó afectación en 271.6 km lineales del cauce del río. 

Velarde señaló que ya son diez años y tres meses que han implicado la pérdida de vidas humanas y no se ha dado una solución real.

“Quisimos hacer patente esto, en la Cámara de Diputados, y tengan en cuenta que en el papel y en el discurso todo se ve bonito. Pero mientras, en el territorio, no veamos hechos concretos”, dijo Martha Patricia en entrevista para Animal Político. 

Pese a que reconocen que existen avances, la afectada señala que estos no son suficientes a la realidad que viven las poblaciones a poco más de una década del derrame.  

“Reconocemos los avances que pudiera haber pero no son suficientes. Hay mucha tarea y por eso, yo decía que los avances ahí están pero los desafíos son aún mayores porque falta mucho por hacer en este sentido”, dijo.

En el foro estuvieron presentes otros integrantes de los Comités de la Cuenca Río Sonora quienes compartieron sus experiencias. Incluso, denunciaron la prolongada impunidad en su caso.

“Lo que nosotros hemos experimentado de que es inexistente el poder del Estado para solucionar nuestro problema y es inexistente porque lo que nosotros vemos es el poder de la empresa, del capital neoliberal que puede circular impunemente y no solo eso sino que, ‘de pilón’, las mismas instituciones del gobierno federal le entregan reconocimientos que obviamente juegan en nuestra contra en la narrativa de la empresa”, denunció.

Grupo México presume premio

La compañía Grupo México recibió el Premio Nacional de Exportación por sus minas Buenavista del Cobre y La Claridad en el estado de Sonora. El reconocimiento lo otorgó la Secretaría de Economía (SE).

De acuerdo con el gobierno mexicano, el Premio Nacional de Exportación es el máximo a las empresas, instituciones y organizaciones que operan en el país en el área del comercio internacional, el cual reconoce “su esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e innovación han logrado poner el nombre de México en alto en el mundo”.

Sobre el premio, Martha Patricia Velarde expresó que aunque el galardón fue entregado por la Secretaría de Economía por productividad, se tuvo que mencionar cuáles han sido sus prácticas medioambientales y compromiso social.

“Eso, acá en las comunidades, lo consideramos una burla porque ninguna de las dos cosas es cierta. No respetan los derechos humanos, no tienen la debida diligencia en la forma en la que operan, no respetan el medioambiente y tienen acaparada el agua, se la siguen robando”, denunció.

Velarde recordó que Grupo México no ha reparado los daños medioambientales que provocó el derrame que ocasionó la compañía y tampoco ha respondido por las plantas potabilizadoras que garanticen el derecho humano al agua de las comunidades, pese a tener un amparo ganado.

El pasado 15 de enero de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió, por unanimidad, el amparo y protección a las comunidades del Río Sonora, en el caso relacionado con la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del programa de remediación ambiental, como se señaló en el amparo en revisión 640/2019. 

Este caso se convierte en el más importante de los que han interpuesto los Comités de Cuenca Río Sonora y que atrajo la Corte.

AMLO y Durazo presumieron supuestos avances

Pese a esto, autoridades federales y estatales aseguran que han atendido el problema. El 9 de agosto de 2024 cuando Andrés Manuel López Obrador aún era presidente de México anunció en su conferencia matutina que el gobierno federal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la que María Luisa Albores fue su titular, la rehabilitación de 6 plantas potabilizadoras y construcción de 4 nuevas.

En un comunicado del Comité de los Comités de Cuenca de Río Sonora las personas afectadas se pronunciaron en desacuerdo por las afirmaciones de los avances en los planes de justicia ambiental y de salud, así como del acceso a agua potable para habitantes de la región que, supuestamente, el gobierno federal señaló que estaba garantizado para la población.

Por su parte, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, aseguró que su gobierno se ha encargado de brindar atención integral a la población afectada, según el comunicado que hizo desde su cuenta X, la Secretaría de Salud estatal atiende a personas afectadas del municipio Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús, Ures, Arizpe, Bacoachi, Banámichi y Baviácora.

Según el gobernador en Sonora se realizan jornadas de salud móviles, vigilancia epidemiológica y saneamiento municipal, principalmente. Sin embargo, en respuesta a este comunicado las víctimas de Comités de Cuenca Río Sonora expresaron en un comunicado que no se ha presentado un plan concreto de atención a la salud de las personas afectadas, con un cronograma de trabajo consensuado con la población.

Aclararon que no se han llevado a cabo acciones de prevención o atención urgente por especialistas en toxicología. Aunque el  Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) realizó análisis de metales pesados en sangre y orina a una parte de la población, no dieron seguimiento y clasificó como “reservado” el estudio de Abordaje Toxicológico en la Salud Humana de las poblaciones afectadas.

Los integrantes de los Comités Cuenca Río Sonora también señalaron que el IMSS Bienestar no ha encabezado los trabajos de salud especializada en toxicología y la Secretaría de Salud de Sonora utiliza prácticas dilatorias en los juzgados, argumentando que realiza campañas de vacunación como medida de atención a la población del río. 

“Esto no es la atención especializada en toxicología que se requiere”, denunciaron.