Las cabeceras municipales de Guadalupe y Calvo (colinda con el estado de Sinaloa) y Moris (colinda con el estado de Sonora) permanecen en constante alerta, luego de que grupos delictivos se pelean el territorio con mayor intensidad desde junio y durante este mes, lo que ha ocasionado desplazamientos forzados.

“Si se está yendo mucha gente, unos por miedo y otros por falta de trabajo”, dijo una mujer que solicitó no ser identificada. Ella se encuentra en la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.

En aquel municipio la disputa por la región se acrecentó desde el 2021, lo que ha causado el desplazamiento forzado de más de treinta comunidades y rancherías ódami y rarámuri hacia otras partes del estado o de Sinaloa. A esas comunidades se suman otras más que fueron desplazadas desde 2014 hasta 2020 de manera paulatina. La mayoría no ha podido regresar.

Entre otras rancherías y comunidades desplazadas de 2021 a la fecha, de acuerdo con el registro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave), del municipio de Guadalupe y Calvo se encuentran: Puerto Amarillo, Los Ángeles (colindante con el municipio de Morelos, forma parte de Coloradas de la Virgen), Sitánachi (forma parte de Coloradas de la Virgen), Santa Rita, San Gerónimo, La Reforma, Río Chiquito (o Puerto Riyito), Picacho, Las Juntas, Milpillas de Abajo, San José del Rincón, Baborigame, La Sierrita, Santa Tulita, El Nopal, Llano Grande, El Pinabete, Portezuelo, El Capitán, Amador, Pie de la Cuesta, El Silverio, Puerto Mala Noche, Las Casas (Cinco Llagas), entre otras.

Además de esas comunidades y rancherías, se suman personas desplazadas documentadas, entre otras más, de Los Alisos, Alicitos, otras rancherías de Cinco Llagas, Puerto Hondo, El Capulín, Dolores, El Pinito y Palos Muertos.

Previo al 2021 había otras comunidades y rancherías desplazadas del mismo municipio del centro de Coloradas de la Virgen, Los Flacos (Choréachi), La Reforma, Cordón de La Cruz, Llano Grande, Coloradas de los Villanueva, Puerto de laire, El Bambure, Coloradas de los Chávez, Atascaderos, Baborigame. Estas son parte del padrón de personas desplazadas de la Ceave de la FGE.

En la ciudad de Chihuahua hay alrededor de 300 personas desplazadas que salieron en silencio y en solitario del mismo municipio, desde 2014, 2015 y posteriormente otras llegaron entre 2023 y 2025. Ellas no forman parte del padrón de desplazados porque llegaron en silencio y con miedo, sin reconocerse como víctimas.

Este mes, la disputa alcanzó a la cabecera municipal y ha generado una parálisis parcial del poblado. “Algunas tiendas cerraron unos días por miedo, están surtiendo menos. A algunas les estaban cobrando cuotas. La policía y los soldados vienen, pero no platican casi con la gente, como que no les interesa. Algunos nada más vienen por la foto y ya, pero no hay rondines en todo el pueblo”, agregó otro habitante de Guadalupe y Calvo.

Integrantes de uno de los dos grupos delictivos se han instalado cerca de casas de habitantes del pueblo, por lo que la incertidumbre y el temor permanece en el ambiente. Y en el caso de las autoridades, pues realmente no ven eso, “hay muchas tiendas cerradas, y no unas 4 o 5 como dijo la presidencia (municipal), hay unas tiendas que están esperando a vender lo poco que les queda porque no han surtido”, aseveró otra mujer entrevistada.

Las identidades de las personas entrevistadas se reservan para salvaguardar su integridad física.

Señalan que hay camiones de pasajeros que durante algunos días no bajaban hasta el pueblo por temor y la gente se quedaba en rancherías cercanas en busca de hospedaje hasta que pudieran bajar a la cabecera municipal.

Adultos mayores que les pagan a través del banco Bienestar o a quienes trabajan en caminos artesanales de comunidades cercanas, les tuvieron que pagar en el bando de El Vergel, del municipio de Balleza porque unos días no había sistema o el banco estaba cerrado. Posteriormente abrieron.

“Entran y salen muebles (vehículos), pero solo en el día por la mañana, ya a mediodía en adelante no transitan. Las rutas que vienen de algunas comunidades pararon porque en las carreteras había retenes”, agregaron otros habitantes.

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Los enfrentamientos continuaron aún el martes de esta semana, hay viviendas con balazos incrustados y alguna con vidrios quebrados.

“El martes tiraban y nomás tronaban las balas en los tejabanes, hay varios tinacos agujerados y vidrios quebrados de carros, estuvo feo. Se alcanzan a ver los hombres armados entre casas, otros cerca del centro ceremonial de la comunidad, unos más en los cerros que rodean el pueblo, pero no los detienen”.

Los elementos del Ejército mexicano y de la Policía Ministerial montaron un retén en el centro, detallaron los entrevistados, pero no dan rondines por las colonias del pueblo, donde se asienta la mayor parte de los integrantes de grupos delictivos. No sólo están en el monte, aseveraron.

El viernes de la semana pasada, un grupo de hombres armados interceptaron a un paciente herido de arma de fuego, cuando lo trasladaban en una ambulancia del hospital regional de Guadalupe y Calvo a Parral. Posteriormente fue localizado sin vida.

De acuerdo con la Fiscalía Zona Sur de Chihuahua, trabajan en el esclarecimiento del homicidio del hombre identificado como Yair Alejandro S.M, de 22 años, encontrado en el kilómetro 87 de la carretera Parral-Guadalupe y Calvo.

El joven era originario de Guadalupe y Calvo, presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

La Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena del crimen y localizaron una camilla médica, así como diversos casquillos de los calibres .223 y .308. Posteriormente trasladaron el cuerpo al anfiteatro para realizar la necropsia correspondiente.

El domingo pasado, la FGE aseguró que continúan con la estrategia de seguridad implementada en el municipio de Guadalupe y Calvo para prevenir la comisión de delitos, a través de acciones disuasivas y en busca de armas, drogas, vehículos con reportes de robo y personas que cuenten con mandamientos judiciales.

“De manera simultánea, las Bases de Operación Interinstitucional replican las estrategias y trabajos de seguridad en diversas brechas y comunidades del referido municipio”, indicó la FGE en comunicado de prensa.

La violencia alcanza la cabecera municipal de Moris

Después del desplazamiento forzado de decenas de comunidades del pueblo warijó y pima de los municipios de Moris y Uruachi, el 5 de julio lanzaron explosivos con drones sobre la presidencia municipal y viviendas de la cabecera.

“El Pilas de Moris (una de las comunidades principales del municipio) se quedó solo”, señaló uno de los hombres desplazadas que se encuentra en el estado de Sonora.

Las primeras comunidades desplazadas llegaron hasta la Ciudad de México, quienes denunciaron que desde el 26 de junio incrementó la violencia en su región, con explosivos sobre la población en general, lo que les obligó a huir de sus casas y de su tierra.

Ante instancias federales denunciaron los hechos y culparon al grupo delictivo Los Salazar o Los Salazares, perteneciente al cartel de Sinaloa, como el causante de las agresiones. Los denunciantes son personas indígenas warijó y pimas.

El 27 de junio, la FGE reconoció la situación en el municipio, principalmente en las rancherías El Zapote, La Trompa, Chiltepín, La Finca, La Ciénega, Naranjito y Sahuayancito, agredidas presuntamente por parte del grupo Los Salazar, quienes dañaron viviendas y se registraron personas asesinadas, no dijeron cuántas ni dónde.

Una vez que el grupo de personas desplazadas llegó a Ciudad de México, la violencia se acrecentó en la región y el grupo avanzó hacia otras comunidades de Moris y Uruachi. Los integrantes de las otras comunidades llegaron a diferentes municipios de Chihuahua y de Sonora, donde esperan y resisten hasta regresar a sus hogares.

Los mismos desplazados hicieron una carta pública en redes sociales a los gobiernos hace un par de semanas, para dar a conocer que acababan de salir más personas de las comunidades de Arechuyvo (Uruachi), Chiltepín, San Juan, Palmarito, La Barranca, La Finca, La Mesa de Cereachi y San Juan de la Trompa de Moris. Dieron a conocer que, en Palmarito, se les arrebató la vida a varias personas de manera violenta a base de torturas y castigos inhumanos, entre ellos personas de edad avanzada, mujeres y niños, “en busca de supuesta información”.

Organización civil advierte que Chihuahua es “un estado de guerra no declarado”

La organización civil Consultoría Técnica Comunitaria, que acompaña a algunas comunidades desplazadas exigió atención a personas desplazadas en Moris y denunció que las autoridades siguen sin reconocer la gravedad de la crisis humanitaria que enfrentan comunidades indígenas y mestizas.

Contec advirtió sobre el agravamiento de la violencia en la Sierra Tarahumara y el desplazamiento forzado que afecta a comunidades enteras, en particular en los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi y, más recientemente, en Moris.

Este miércoles emitió un posicionamiento público y externó el desasosiego, tristeza y profunda preocupación por la crisis que se vive en la región.

Advierte que no se trata de hechos nuevos, pero la violencia se ha intensificado a raíz de una disputa más cruenta entre grupos criminales, con el uso cada vez más común de drones, armas de alto calibre y enfrentamientos prolongados.

“Vivimos en un estado de guerra no declarado”, aseveró con otras organizaciones que suscriben el pronunciamiento, que han documentado desplazamientos en comunidades como Llano Grande, El Pinito, Cinco Llagas y Dolores, en Guadalupe y Calvo; en Rocheachi, Guachochi; y en la zona serrana del municipio de Moris.

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Las personas desplazadas pertenecen en su mayoría a pueblos originarios: rarámuri, ódami, pima y warijío.

“El municipio de Guadalupe y Calvo ha estado, como es de conocimiento público, bajo el dominio de un grupo criminal durante décadas, con la complacencia —explícita o tácita— de las autoridades”, denunció Contec.

Esa situación, señalan, se ha agravado en los últimos tres años con la incursión de nuevos grupos criminales en la región. En su pronunciamiento, la organización reclamó que las autoridades han minimizado la gravedad de la situación, han negado la existencia del desplazamiento forzado e incluso han criminalizado a las víctimas.

“La población vive con miedo, con la angustia de saberse desprotegida, enfrentando pérdidas humanas, materiales y culturales”, advierten.

Ante este panorama, las organizaciones han acompañado a comunidades desplazadas en procesos legales y en la gestión de apoyos básicos como alimentación, salud, educación y justicia. También han denunciado en múltiples espacios oficiales las estrategias de despojo y control territorial empleadas por los grupos criminales.

A pesar de los múltiples llamados, acusan que el Estado mexicano sigue sin cumplir con su obligación constitucional de garantizar seguridad, justicia y atención humanitaria. “No existen políticas públicas de prevención del desplazamiento forzado, especialmente cuando quienes más lo sufren son pueblos indígenas”, afirmaron.

El posicionamiento también exige a la Ceave establecer contacto con las personas desplazadas del municipio de Moris, quienes actualmente se encuentran en la Ciudad de México.

Contec hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno a informar de manera clara y transparente sobre la situación de las personas desplazadas, y sobre las acciones que están tomando para atender la violencia en la región. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué está ocurriendo y qué acciones concretas están emprendiendo las autoridades para atender, prevenir y erradicar la violencia, el despojo y el desplazamiento forzado”, concluyen el pronunciamiento.