Culiacán, Sinaloa, es la ciudad más insegura del país, tras casi un año de disputas entre grupos criminales
El municipio de Culiacán, en Sinaloa, es la ciudad en México donde los habitantes se sienten más inseguros, pues encabeza la lista de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con un 90.8 % de percepción. Un aumento considerable, ya que el año pasado registró un 44.7%.
Respecto a Mazatlán, el porcentaje de percepción de inseguridad disminuyó de manera estadísticamente significativa. En junio de 2024, el indicador se situó en 75.5%, mientras que para junio de 2025 descendió a 64.5 %. Esta disminución fue una de las más relevantes entre las áreas urbanas consideradas en el estudio.
El Inegi precisó que, de las 91 áreas urbanas de interés incluidas en la encuesta, 10 registraron incrementos estadísticamente significativos de percepción de inseguridad entre marzo y junio de 2025, mientras que seis áreas urbanas presentaron disminuciones significativas, entre las que se encontró Mazatlán.
El estudio también indicó que las mujeres manifestaron percepciones de inseguridad superiores a las de los hombres. En junio de 2025, 68.5% de las mujeres consideró inseguro vivir en su ciudad en comparación con 56.7 % de los hombres.
Políticas para restar inseguridad a Sinaloa
A 11 meses de la crisis de violencia que se vive en la entidad, autoridades federales han señalado la aprobación de nuevas leyes de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública para que ayuden a reducir la incidencia delictiva en Sinaloa.
“Es importante destacar que las tareas de seguridad en esta entidad se verán fortalecidas con las nuevas leyes aprobadas en materia de seguridad”, señaló Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El pasado 20 de julio, el funcionario federal destacó que con la Ley de Inteligencia se podrá perseguir los delitos con mayor eficacia y que con la creación de una plataforma en el Centro Nacional de Inteligencia, la cual interconectará a distintas instituciones de seguridad, se incrementará la coordinación.
En tanto, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, respaldó a García Harfuch e indicó que las nuevas leyes servirán para “dar un impulso” a las acciones que se vienen realizando en Sinaloa.
Violencia y desplazamiento en Sinaloa
Desde el 9 de septiembre de 2024, el balance es de mil 767 homicidios dolosos, mil 773 personas privadas de la libertad, 6 mil 293 vehículos robados, mil 497 personas detenidas y 105 personas abatidas
Ayer miércoles, un colectivo de buscadoras reportó la localización de restos óseos a la orilla de un camino de Aguaruto, en Culiacán.
En Sinaloa han huido de sus hogares más de mil 250 familias en 10 meses, desde que inició la pugna del crimen organizado en el estado.
María Inés Pérez Corral, titular de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), destacó que las personas desplazadas por la violencia son originarias de los municipios de Rosario, Concordia, San Ignacio, Cosalá, Elota, Culiacán, Choix y de la zona de Las Puentes perteneciente a Navolato.
“Son más de mil 250 familias, mil 250 familias que van y vienen. Pues después que se generó la violencia, después. Pues no fue propiamente los primeros días de septiembre, fue en el transcurso de cómo fue avanzando la violencia”, expuso Pérez Corral.
Asesinatos policiales y desapariciones en Culiacán, Sinaloa
Asimismo, se suman los 43 agentes policiacos que han sido asesinados, desde municipales, estatales y hasta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal de acuerdo con un conteo realizado por el medio Noroeste.
Los ataques han sido en contra de agentes en diferentes circunstancias, ya sea en cumplimiento de su deber o en descanso, hacia agentes en activo o en retiro.
El primer registro que se tiene de homicidio de un agente fue el 11 de septiembre del 2024, en Las Tapias al sur de Culiacán, donde asesinaron a Raúl Demetrio Herrera, “El Brujo”, quien era subdirector de la Policía Municipal, y tenía alrededor de un año retirado.
De septiembre de 2024 al 10 de junio de 2025 la Fiscalía General del Estado ha registrado 17 desapariciones de personas con ocupación Policía Estatal o Municipal.
De los agentes desaparecidos, tres fueron localizados con vida y seis sin vida, mismos que se ubican dentro de los 43 policías asesinados.
La FGE estableció que continúan activas las búsquedas de ocho agentes, pues no han sido ubicados.
Uno de los casos reportados fue el 13 de septiembre del 2024, cuando quedó abandonado dentro del Parque 87 de Culiacán el vehículo de un policía estatal activo, quien fue privado de su libertad y horas más tarde lo localizaron sano y salvo en su domicilio.
Para el 26 de septiembre del 2024, ocurrió con un oficial de la Municipal de Mazatlán.
Asimismo, una custodio del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue vista por última vez en el fraccionamiento Villa Bonita, en la capital. Pasó su periodo de descanso de 72 horas, pero ya no se presentó a trabajar.
Deterioro económico en Culiacán, Sinaloa
La Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa (Coparmex) exigió al gobierno federal y estatal la implementación de apoyos fiscales y la condonación de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al considerar que la economía de la entidad se ha visto afectada de forma crítica tras 10 meses de crisis de violencia por disputas entre grupos del crimen organizado.
Señaló que la situación en el estado ha obligado a personas a recurrir a la informalidad, lo que pone en desventaja a los empresarios que deshicieron mantenerse por la vía formal, y destacó que se han perdido 15 mil 700 trabajos formales permanentes y más de 7 mil patrones dados de baja ante el IMSS.
Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya ha admitido que su gobierno no ha logrado mejorar en cuanto a la contención de delitos de alto impacto, pero aseguró que continúan trabajando de la mano del gobierno federal a través del despliegue de fuerzas armadas.
“Más que el mensaje, pues son los hechos. Estamos reforzando nuestras capacidades. Bueno, que tengan confianza en que seguimos insistiendo en lograr la paz completa”, pidió el mandatario.
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En ese aspecto, el gobernador Rocha Moya admitió que el mes de junio es el más violento en la historia de la entidad con 212 asesinatos y 29 cuerpos hallados en fosas clandestinas.
Indicó que la fuerza pública tiene la capacidad suficiente para continuar atendiendo la ola de violencia.
“No hemos mejorado, efectivamente, ya lo ha dicho la propia presidenta, mayo y junio nos representa a nosotros un alza en homicidios, para eso también estamos trabajando”, dijo Rocha.
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La sentencia contra la médica ha sido criticada por organismos como la CIDH, que la consideran una prueba de la intención de las autoridades de silenciar las voces críticas.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es absoluto”.
La excusa para la invasión
“Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era “subido de tono” , pero negó que su madre cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una invasión.
“Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer”, alertó semanas atrás.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula”, advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
Sin sustento
La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.
“Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.
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