El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitó este jueves al Congreso local la remoción de Uriel Carmona Gándara como fiscal de ese estado al argumentar que no tenía licencia para ausentarse 30 días, aunque el funcionario estuvo preso por poco más de ese lapso.
Además, Blanco agregó que con base en la ley, el fiscal no debe tener procesos penales en su contra.
“El Ejecutivo estatal solicita de manera respetuosa a las y los diputados que, de acuerdo a sus facultades y deberes constitucionales, se dé el trámite correspondiente a dicha solicitud conforme a derecho”, de acuerdo con un comunicado .
La petición de Blanco llegó el mismo día en que Carmona estuvo en el Congreso local para comparecer, como indica la ley, cada seis meses.
En su solicitud, Blanco mencionó que pide la remoción del funcionario “por considerar que se ha configurado una causal grave en términos de la ley”.
Además, en su solicitud escrita, Blanco dijo que según la Constitución el Fiscal debe cumplir el requisito de “no estar sujeto a proceso penal”.
Y también que Carmona no tenía licencia para ausentarse del cargo por más de 30 días.
“Así como la carencia de haber obtenido la licencia para separarse del cargo en tratándose de ausencias que excendan treinta días, en términos de los dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”, se lee en la carta dirigida al Congreso local.
Uriel Carmona estuvo fuera de su cargo por poco más de 30 días porque fue detenido por la Fiscalía de Ciudad de México.
El 4 de agosto pasado se registró un operativo afuera del domicilio de Carmona que terminó precisamente con su detención.
El fiscal de Morelos fue puesto en libertad por orden un tribunal el 22 de septiembre pasado para seguir en libertad el proceso en su contra.
Además, el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, enfrenta acusaciones de la Fiscalía de Ciudad de México por la posible comisión de los delitos de retardo de justicia, encubrimiento por favorecimiento del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda ocurrido en 2022.
De acuerdo con el artículo 79-B de la Constitución de Morelos, el gobernador puede solicitar al Congreso la remoción del fiscal “por las causas graves que establezca la ley”.
El mismo artículo indica que la remoción debe ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la legislatura local.
Y en caso de que el Congreso no se pronuncie dentro de los diez días hábiles seguidos a la presentación de la solicitud de remoción “se entenderá como rechazada y el Fiscal General seguirá desempeñando el cargo en los términos de su nombramiento”.
Uriel Carmona compareció este jueves en el Congreso local como parte de lo que establece la ley de rendir un informe semestral ante los legisladores.
En diversas ocasiones, Carmona fue detenido y recluido en un penal, primero de Ciudad de México, y luego del Estado de México. Autoridades judiciales ordenaban su salida y llegaba otra orden de aprehensión por la que volvía a prisión a enfrentar su proceso.
Eso hasta que por cuarta ocasión un tribunal colegiado ordenó su liberación inmediata que se cumplió el 22 de septiembre del penal del Altiplano, en el Estado de México. El tribunal pidió que se llevara su proceso en libertad pues como Fiscal de Morelos cuenta con fuero constitucional.
Ahora, el gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió al Congreso la remoción del cargo de Carmona porque considera que los legisladores deben anteponer el estado de derecho.
“El Gobierno del Estado respeta la autonomía de las instituciones, sin embargo, consciente de las necesidades y demandas de las y los morelenses, se pide a las y los legisladores anteponer el Estado de Derecho y actuar bajo los principios de legalidad y transparencia, además de no arbitrariedad”, de acuerdo con el comunicado.
Uriel Carmona declaró en días pasado que no descarta renunciar a su cargo en la Fiscalía General del Estado de Morelos ya que ahora su prioridad es “limpiar su nombre“.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva y luego de ser liberado del penal de alta seguridad de El Altiplano, Uriel Carmona reconoció que valora la posibilidad de dejar su cargo en la entidad.
“No hay resentimiento, hay respeto y se agradece la oportunidad a todas las autoridades, sobre todo a las autoridades jurisdiccionales, de que se respetarán los procesos y de lo que se trata es de aclarar las cosas”, comentó.
Además, el todavía fiscal de Morelos señaló que actualmente “tengo la imperiosa necesidad de limpiar mi nombre, pero tengo tranquilidad que da de no haber cometido ningún ilícito.
Durante su intervención, Uriel Carmona apuntó que “ahora se espera que haya respeto de instituciones”. “Yo hago un llamado para que sigamos trabajando en coordinación y cada quien en sus funciones”, agregó.
Sobre su reciente liberación, el fiscal de Morelos destacó que acudirá a firmar todas las semanas al penal de El Altiplano.
“Me voy a presentar a todas las audiencias y citaciones a que se ha llamado por las autoridades de la Ciudad de México, no hace falta pedir una un permiso o una licencia porque estamos obligados legalmente a hacerlo y tenemos que firmar periódicamente”, sostuvo.
En enero de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que Ariadna Fernanda López, joven hallada muerta en la carretera México-Cuernavaca en noviembre de 2022, murió por golpes en la cabeza y no por “broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica”, como sostuvo la Fiscalía de Morelos, por lo que pidió investigar el caso como feminicidio.
Cabe mencionar que en noviembre de 2022, la Fiscalía de Morelos negó dar información sobre el feminicidio de Ariadna y destacó que entregaría la carpeta de investigación hasta el 13 de noviembre, denunció la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Además, Sheinbaum acusó a Uriel Carmona, de encubrir el feminicidio asegurando que hay una supuesta relación entre el presunto responsable del asesinato y la institución estatal.
La medida se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara que quiere comprar Groenlandia, una isla autónoma con amplia autonomía pero que forma parte de Dinamarca.
Dinamarca ha anunciado que destinará 14.600 millones de coronas (US$2.050 millones) a reforzar la seguridad en la región ártica, en colaboración con sus territorios autónomos, Groenlandia y las Islas Feroe.
El acuerdo, con el que buscan “mejorar las capacidades de vigilancia y mantener la soberanía en la región”, incluye tres nuevos buques para el Ártico, más drones de largo alcance con capacidad avanzada de adquisición de imágenes y una mayor cobertura por satélite.
“Debemos afrontar el hecho de que existen serios desafíos en materia de seguridad y defensa en el Ártico y el Atlántico Norte”, declaró el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen.
La medida llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho en repetidas ocasiones que quiere adquirir Groenlandia, una isla que goza de amplia autonomía pero que sigue formando parte de Dinamarca.
Trump ha dicho que no puede descartar el uso de la fuerza militar o económica para perseguir su deseo de apoderarse del territorio.
La tensión desatada por la ambición expansionista de Trump sobre la isla llegó a su momento álgido la semana pasada en una explosiva llamada telefónica que mantuvo con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
Ambos mandatarios conversaron durante unos 45 minutos, en los que Frederiksen dejó claro que Groenlandia no estaba en venta, aunque ofreció una mayor cooperación en defensa y en la explotación de los recursos naturales de la isla.
A pesar de ello, Trump estuvo “agresivo” y “confrontacional”, y la charla acabó mal, según dijeron funcionarios europeos que fueron informados de la conversación al Financial Times.
“(Trump) fue muy firme. Fue una ducha fría. Antes era difícil tomárselo en serio. Pero creo que es grave y potencialmente muy peligroso”, dijo uno de ellos al diario británico. Otro calificó la conversación de “horrorosa”.
Frederiksen ha pedido desde entonces a sus socios europeos que no inflamen más los ánimos, pero ha iniciado una gira por las capitales europeas para recabar apoyos.
Groenlandia, el territorio menos poblado del mundo, tiene unos 56.000 habitantes, en su mayoría indígenas inuit.
Estados Unidos mantiene desde hace tiempo un vínculo de seguridad con Groenlandia. Después de que la Alemania nazi ocupara Dinamarca continental durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos invadió Groenlandia y estableció estaciones militares y de radio en todo el territorio. Desde entonces ha mantenido su presencia en la región.
Groenlandia se encuentra en la ruta más corta entre Norteamérica y Europa, lo que le confiere una importancia estratégica para Estados Unidos.
En los últimos años, ha aumentado el interés por los recursos naturales de Groenlandia, incluida la extracción de minerales de tierras raras, uranio y hierro.
“Groenlandia está entrando en una época de amenazas cambiantes”, declaró Vivian Motzfeldt, ministra de Independencia y Asuntos Exteriores de Groenlandia, en un comunicado en el que anunciaba el nuevo gasto en defensa.
“Me complace que con este acuerdo parcial hayamos dado el primer paso para reforzar la seguridad en Groenlandia y sus alrededores”.
Se espera que en el primer semestre de este año se anuncien nuevos fondos.
La nueva inversión se produce después de que Dinamarca anunciara por separado en diciembre que iba a destinar casi US$1.500 millones a la defensa de Groenlandia, incluida la compra de nuevos buques, aviones no tripulados de largo alcance y equipos adicionales de trineos tirados por perros.
Poulsen describió el momento del anuncio como una “ironía del destino”, justo después de que Trump dijera que la propiedad y el control de Groenlandia eran una “necesidad absoluta” para Estados Unidos.
El primer ministro de Groenlandia ha dicho que el territorio no está en venta, añadiendo que «Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia».
Por su parte, la primera ministra danesa ha dicho a Trump que corresponde a Groenlandia decidir su propio futuro.
Trump ha redoblado sus intenciones desde entonces, a pesar de las advertencias de los países europeos de que no amenace a Groenlandia.
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