
Uno de los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, recién designado en septiembre de 2025 por el Senado de la República, ocupa un cargo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, lo cual es violatorio de la Ley General en materia de desaparición.
Francisco Javier Espinosa Granados es parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desde el 1 de octubre de 2010, con el puesto de jefe de oficina, como personal de confianza con nómina de base, de acuerdo con el buscador “Personas que trabajan para ti” del Gobierno de la Ciudad de México.

Lo anterior es violatorio de la Ley General en materia de desaparición, que en su artículo 60 define que el consejo debe estar integrado por cinco familiares, cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda o la investigación, y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Esos integrantes deben ser nombrados por el Senado de la República previa consulta y garantizando el principio de paridad, además de que “la duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público”. Quienes integran el consejo deben ejercer su función en forma honorífica, y no recibir contraprestación económica alguna por su desempeño.
La declaración de situación patrimonial de Espinosa Granados describe que su área de adscripción es la Dirección de Adquisiciones, almacenes y aseguramiento, así como que su función principal es la procuración de justicia (sentencias, ministerios públicos, fiscales, policías de investigación, auxiliares ministeriales, etcétera). La transparencia del Gobierno de la Ciudad consigna una remuneración bruta de 10 mil 77 pesos y neta de 9 mil 772.
“Le hacemos llegar con gran preocupación que se tiene en la articulación de Víctimas Unidas, integrada por diversos colectivos a nivel nacional e internacional, ya que los encargados de analizar los perfiles de candidatos que se propusieron para ser integrantes del Consejo Nacional Consultivo de la CNB no lo realizaron”, señala la red en un escrito entregado a la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez el 12 de diciembre de 2025, con sello de recibido de ese mismo día.
“No omitimos mencionar que se hace entrega de este escrito con el respaldo de 271 víctimas, 14 colectivos, 5 colectivas y 23 personas solidarias (defensoras de derechos humanos, activistas, abogados, directores, presidentes de organizaciones, observatorio, etc), siendo un total de 313 firmas”, agregan en el texto, que con posterioridad han crecido a casi 350.
“Si la ley dijera y permitiera que un servidor público pueda ser (consejero), adelante, nos quedamos callados y vemos su función, pero la ley lo está diciendo, y él que siendo víctima, si queremos que nos defienda, la está violando desde el principio. Yo no me voy a postular si soy servidor público, porque la ley lo dice muy claro, y si exigimos que los demás la respeten, tenemos que empezar desde nosotros”, comenta en entrevista Alejandra Galván, de Víctimas Unidas.

Espinosa Granados se postuló como familiar de una persona desaparecida, pues busca a su hijo Francisco Javier Espinosa desde abril de 2004, cuando se perdió su rastro junto al de otras nueve personas sustraídas por un comando del bar Maverick en Aguascalientes. Sin embargo, ocupar una posición en el consejo es incompatible con su estatus como funcionario público, anterior a su nombramiento como parte del órgano de consulta. Ahí radica el reclamo de los colectivos.
De acuerdo con la Ley General, el Consejo tiene entre sus atribuciones hacer propuestas al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda para acelerar o profundizar sus acciones, ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Búsqueda o mejorar el funcionamiento de programas, registros, bancos y herramientas, así como acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas.
Por otro lado, puede solicitar información a cualquier integrante del Sistema Nacional, acceder a la información estadística generada mediante sus diversas herramientas; contribuir en la promoción de acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con la ley, así como dar vista a las autoridades y órganos internos de control sobre las irregularidades en las actuación de servidores públicos relacionados con la búsqueda y la investigación.
El 30 de julio de 2025, después de medio año de retraso, el Senado de la República inició las comparecencias para elegir a las nuevas personas que integrarían el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que serán parte de este hasta 2027.
Un mes antes, exintegrantes que habían terminado su gestión en 2024 advirtieron sobre la ausencia de reuniones del Sistema Nacional y el estancamiento institucional en el contexto de la crisis de desapariciones en México, que hasta el cierre de esta publicación asciende a más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el registro oficial.
Durante tres días comparecieron más de 40 aspirantes a integrar el consejo, entre familiares de personas desaparecidas, integrantes de organizaciones civiles y especialistas. Finalmente, se propusieron 13 perfiles ante la Junta de Coordinación Política del Senado para su votación en el pleno, lo que derivó en el nombramiento de Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Diana Gutiérrez Cerqueda y José Andrés Méndez Ñeco, además de Espinosa Granados, como familiares; Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda, como especialistas, y Emanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Jessel Islas Villagómez como representantes de la sociedad civil.

Autoridades federales dijeron que los disparos del agente del ICE fueron en defensa propia, mientras que las locales consideron los hechos commo una acción injustificada.
La mujer que murió este miércoles en la ciudad de Minneapolis por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años.
Good, madre de tres hijos, murió durante un operativo de ICE contra la migración irregular.
La mujer era ciudadana estadounidense, según le dijeron dos fuentes federales a la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos.
De momento se desconoce la identidad del agente que la mató.
El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minnesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.
Las autoridades federales aseguran que los disparos del agente contra Good fueron en defensa propia, mientras que las de Minneapolis y el estado de Minnesota consideran que el agente disparó de forma injustificada, ya que la víctima no estaba poniendo en peligro su vida.
La madre de Good, Donna Granger, identificó públicamente a su hija unas horas después del tiroteo mortal, describiéndola como “una de las personas más amables” que ha conocido.
“Era extremadamente compasiva. Durante toda su vida se preocupó por la gente. Era amorosa, tolerante y afectuosa. Era un ser humano increíble”, le dijo Granger al diario The Minnesota Star Tribune.
Granger expresó incredulidad ante las circunstancias de la muerte de su hija. “Fue algo tan estúpido”, le declaró al medio local. “Probablemente estaba aterrorizada”.
Según su madre, Good residía junto a su pareja en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, algo que confirmaron en una declaración conjunta varios miembros del Concejo Municipal.
En lo que parece ser la cuenta de Instagram de Good, que ahora es privada, los medios estadounidenses afirman que ella se describía a sí misma como una “poeta, escritora, esposa y madre” que estaba “disfrutando de Minneapolis”.
Oriunda de Colorado Springs, se había mudado a Minneapolis el año pasado desde Kansas City.
El Minnesota Star Tribune informa que solía presentar un podcast con su segundo marido, Tim Macklin, pero que él falleció en 2023. Tuvieron un hijo juntos, que ahora tiene 6 años, según declaró el padre de Macklin al periódico.
Good tuvo otros dos hijos con su primer esposo, que habló con los medios estadounidenses con la condición de que no revelaran su nombre. Él afirmó que Good no era activista, sino una cristiana devota que había viajado a Irlanda del Norte en misiones juveniles cuando era más joven.
Según la agencia de noticias AP, anteriormente había trabajado como asistente dental y en una cooperativa de crédito, pero en los últimos años era ama de casa.
Good estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk, Virginia, y en 2020 ganó un premio para estudiantes universitarios de la Academia de Poetas Estadounidenses.
“Cuando no está escribiendo, leyendo o hablando sobre escritura, ve maratones de películas y hace arte con su hija y sus dos hijos”, reza la biografía del premio, según citan los medios estadounidenses. Ahora, aparentemente, el texto ha sido eliminado de la página web.
Good se graduó ese mismo año en la Facultad de Artes y Letras de la universidad con una licenciatura en inglés.
En un comunicado, su presidente afirmó que su repentina muerte “es otro claro ejemplo de que, lamentablemente, el miedo y la violencia se han convertido en algo habitual en nuestro país”.
“Ojalá la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: la libertad, el amor y la paz”, escribió Brian Hemphill, presidente de la Universidad Old Dominion.
Videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales muestran desde varios ángulos el vehículo en el que viajaba la mujer bloqueando parcialmente una calle en el momento en que se aproximan los agentes migratorios.
Estos tratan de abrir la puerta de la conductora, que aparentemente trata de huir acelerando a la derecha.
Uno de los agentes, que intentaba bloquear el paso del vehículo, respondió con varios disparos hacia el asiento de la conductora, cuyo auto acabó fuera de control y empotrado contra otro que se encontraba estacionado.
Los videos no dejan claro hasta qué punto el vehículo en marcha llegó a tocar al agente.
Tras el incidente se concentraron cientos de manifestantes en el lugar, ubicado cerca de algunos de los negocios de inmigrantes más antiguos de la ciudad y a menos de 2 kilómetros del lugar donde George Floyd murió a manos de la policía en 2020.
El presidente Donald Trump declaró que las imágenes son “algo horrible de ver” y alegó que la conductora se comportaba de forma “muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, y que luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se encontraba de visita en Texas, describió el incidente como un “acto de terrorismo doméstico” contra el servicio migratorio.
Según su versión, la conductora intentó atropellar a los agentes y los embistió con su vehículo, lo que llevó a uno de ellos a disparar “para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban”.
Esa caracterización fue duramente rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien calificó la versión del gobierno federal de “basura”.
Frey condenó el despliegue de más de 2.000 agentes federales en las áreas metropolitanas de Minneapolis y St. Paul como parte de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.
“Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza”, afirmó el alcalde, quien pidió a los agentes migratorios abandonar la ciudad usando un lenguaje explícito.
Tras asegurar que había visto los videos del incidente, Frey subrayó que no se trata de un caso de defensa propia.
La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez también condenó el incidente, tachándolo de “asesinato público”.
Se ha iniciado una investigación sobre el tiroteo, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, acusó a los agentes federales que estaban tocando el vehículo de haber podido afectar la escena.
La muerte de la mujer de 37 años es, según los datos disponibles, el quinto fallecimiento vinculado a operativos migratorios recientes en grandes ciudades del país.
El área de las Twin Cities (Minneapolis y St. Paul) se encontraba en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara el martes el inicio del operativo, relacionado en parte con presuntas irregularidades y fraudes que implicarían a residentes somalíes.
Kristi Noem confirmó que se han realizado “cientos y cientos” de arrestos en el marco de esta campaña.
*Con reportería e información adicional de Tiffany Wertheimer, periodista de BBC News.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.