Diputados y diputadas del Congreso de Jalisco propusieron que la comparecencia del Gabinete de Seguridad estatal por el caso del presunto centro de adiestramiento y exterminio hallado en un rancho de Teuchitlán, se posponga hasta contar con información suficiente sobre lo acontecido.
Además, las y los legisladores consideraron que los funcionarios de seguridad citados deben estar presentes en las labores de investigación en curso y deben asegurarse de brindar acompañamiento puntual a las familias de personas desaparecidas.
La solicitud, firmada por representantes de todos los grupos parlamentarios, se presentó el 18 de marzo, un día antes de la fecha en la que estaba programada la comparecencia.
“El Congreso del Estado tiene como propósito fundamental cumplir sus responsabilidades constitucionales y poner como prioridad la atención a las víctimas, la justicia y las acciones legislativas que prevengan a Jalisco de hechos de esta naturaleza”, señala el documento.
En la sesión programada inicialmente a las 11:00 horas del miércoles 19 de marzo iban a estar presentes el fiscal Salvador González de los Santos; el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y la secretaria de Inteligencia y Búsqueda, Edna Montoya.
El pasado 13 de marzo el Congreso de Jalisco aprobó exhortar a los funcionarios del Gabinete de Seguridad estatal a presentarse en el recinto “para conocer a profundidad y analizar los hechos ocurridos”.
La noticia de que la comparecencia sería pospuesta se dio casi a la par de que Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), daba una conferencia de prensa en la que acusó a la fiscalía de Jalisco de no realizar ni las mínimas diligencias ministeriales que le correspondían tras conocer de la existencia del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán.
Entre las irregularidades que mencionó el fiscal están que las autoridades locales no cumplieron con los protocolos establecidos, no procesaron la evidencia ni realizaron la inspección total y exhaustiva del lugar.
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Asimismo, Gertz Manero señaló que a seis meses del primer aseguramiento que se llevó a cabo en septiembre de 2024, los servicios periciales del estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad e identidad de los restos encontrados.
Por su parte, el fiscal del estado, Salvador González, informó que ese mismo miércoles entregarían a la delegación de la FGR en Jalisco, el expediente completo sobre el caso del Rancho Izaguirre, a fin de que atraiga la investigación y deslinde responsabilidades.
El departamento se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, administra los préstamos estudiantiles y dirige programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos.
“Estados Unidos no ha estado educando bien a sus alumnos desde hace mucho tiempo y todo el mundo sabe que esto es lo correcto”.
Con estas palabras se refería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su decisión de desmantelar el Departamento de Educación, algo que hace mucho tiempo están pidiendo los conservadores.
El mandatario estadounidense firmó este jueves la orden ejecutiva con la que se pone en marcha el proceso de eliminación de esta agencia.
“El cierre ocurrirá lo más rápido posible”, dijo Trump durante la firma, afirmando que Estados Unidos “gasta mucho más dinero en educación que cualquier otro país”, pero está “casi al final de la lista en términos de éxito”.
La eliminación total del Departamento de Educación requiere de la aprobación del Congreso.
Desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca, el Departamento de Educación ya anunció planes para recortar aproximadamente la mitad de su personal.
Fundado en 1979, este departamento se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, administra los préstamos estudiantiles y dirige programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos.
Trump y sus aliados acusan a la agencia de adoctrinar a los jóvenes con material racial, sexual y político.
Un error común es creer que el Departamento de Educación opera las escuelas estadounidenses y establece los planes de estudio. En verdad, esa responsabilidad recae en los estados y en los distritos locales.
La agencia lo que hace es supervisar los programas de préstamos estudiantiles y administrar las becas Pell, que ayudan a estudiantes de bajos recursos a acceder a la universidad.
También ayuda a financiar programas de apoyo a estudiantes con discapacidades y a estudiantes que viven en la pobreza.
Además, el departamento hace cumplir las leyes vinculadas a la protección de los derechos civiles diseñadas para evitar la discriminación por motivos de raza o sexo en las escuelas financiadas con fondos federales.
El presupuesto asignado al departamento fue de US$238.000 millones en el año fiscal 2024, lo que representa menos del 2% del presupuesto federal total.
La agencia cuenta con unos 4.400 empleados, la menor cantidad de cualquier departamento con rango de ministerio.
La mayor parte de la financiación pública para las escuelas estadounidenses proviene de los gobiernos estatales y locales.
En 2024, Education Data Initiative estimó que Estados Unidos invirtió un total de poco más de US$857.000 millones en educación primaria y secundaria, lo que equivale a US$17.280 por alumno.
Por sí solo, Trump no puede cerrar totalmente el departamento.
El presidente no solo necesita la aprobación del Congreso para deshacerse del departamento, sino que posiblemente necesite una mayoría especial en el Senado de 60 de los 100 senadores.
Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, por lo que necesitan que al menos siete demócratas voten a favor de la abolición de la agencia, una apuesta políticamente improbable.
Incluso en la Cámara de Representantes, Trump podría tener dificultades para conseguir el apoyo necesario.
En una votación el año pasado para abolir el Departamento de Educación, que fue adjunta como enmienda a otro proyecto de ley, la decisión no se adoptó porque 60 republicanos se unieron a todos los demócratas de la Cámara para votar en contra.
Trump ha tomado medidas para reducir otros departamentos gubernamentales en las últimas semanas, a pesar de las dudas sobre la legalidad de dichas medidas.
Un borrador de la orden de Trump para desmantelar el Departamento de Educación, obtenido el mes pasado por The Washington Post, reconocía que solo el Congreso puede deshacerse de la agencia por completo, pero la orden ejecutiva firmada este jueves pone en marcha su reducción gradual.
Los empleados de Educación se encuentran entre aquellos que están en el foco de los esfuerzos del gobierno de Trump para reducir la fuerza laboral federal.
El Departamento de Educación supervisa una enorme cartera de préstamos a estudiantes universitarios, que según Trump se transferirá a otra agencia gubernamental.
“No creo que el Departamento de Educación deba gestionar los préstamos. No les incumbe”, exlamó Trump.
Los expertos afirman que lo más probable es que la cartera -que incluye más de US$1,5 billones en préstamos obtenidos por más de 40 millones de estadounidenses- se transfiera al Tesoro de Estados Unidos.
Un informe de la Casa Blanca indica que le corresponde a la secretaria de Educación, Linda McMahon, garantizar la “prestación ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”.
Pase lo que pase, los prestatarios seguirán teniendo que devolver los préstamos.
Las sentencias judiciales y las políticas de Trump han revertido algunos cambios que el expresidente Joe Biden intentó implementar para reducir los costos de los préstamos y perdonar algunas deudas.
La idea de eliminar el Departamento de Educación ha sido planteada por los republicanos casi desde su existencia.
Durante la campaña presidencial de 1980, Ronald Reagan presionó para su desmantelamiento.
Históricamente, los republicanos se han opuesto a la centralización de la política educativa, creyendo que es mejor dejarla en manos de cada estado y cada ciudad.
Más recientemente, han acusado al Departamento de Educación de imponer a los niños lo que describen como una ideología política woke, incluyendo cuestiones de género y raza.
Los aliados de Trump también quieren ampliar la opción escolar, lo que permitiría a los estudiantes y a las familias utilizar fondos públicos para elegir alternativas privadas o religiosas a las escuelas públicas.
Los conservadores argumentan que las funciones del Departamento de Educación deberían estar a cargo de otras agencias.
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