
El Congreso del estado de Chihuahua aprobó una reforma al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación para fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español. Esto no significa que se haya prohibido el lenguaje inclusivo como presumió el diputado del PAN, Carlos Olson San Vicente, impulsor de la iniciativa.
La medida, aprobada con 17 votos a favor y 14 en contra, fue interpretada como una acción directa para vetar el lenguaje inclusivo de las escuelas. Sin embargo, la acción legislativa se centra específicamente en establecer una atribución a las autoridades educativas para fortalecer y promover el dominio del idioma español conforme sus reglas preestablecidas.
La reforma consiste en la adición de la fracción XXVIII al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación, quedando redactada de la siguiente manera: “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”.

El diputado panista, Olson San Vicente, quien presentó la iniciativa, explicó que el dictamen busca fomentar el uso correcto de las reglas con la finalidad de que las nuevas generaciones no pierdan el dominio de su lengua materna ni se diluya la enseñanza del español ante “la influencia de modas digitales o de formaciones lingüísticas ajenas a la regla del idioma”.
De acuerdo con los argumentos en el dictamen, la enseñanza “correcta” del lenguaje es crucial para garantizar que los estudiantes puedan comprender, razonar y participar de forma activa en la vida social.
Aunque el texto se enfoca en el fomento del “uso correcto”, la polémica sobre el lenguaje inclusivo surgió porque la interpretación dominante fue la de la prohibición o retiro de este.
Incluso, el propio legislador del PAN lo expresó en ese sentido en una publicación en redes sociales al indicar que Chihuahua se convirtió en el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en los planteles educativos.
“No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’. ¡Sentido común sobre ideología!”, dijo en X.
A pesar de que el legislador Olson defendió la iniciativa y presumió su aprobación, la directora de México Igualitario Derribando las Barreras A.C., Ninde Molre, precisó que la reforma no constituye una prohibición.
En entrevista con Animal Político, la abogada explicó que el PAN “vendió la idea” desde la exposición de motivos del dictamen la “prohibición del lenguaje incluyente por ser parte de esta ideología de género”, la cual, calificó como “sumamente estigmatizante”. No obstante, afirmó que, al analizar la parte legal, el texto final no prohíbe nada expresamente.

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Molre enfatizó que una prohibición de carácter legal requeriría expresamente que se indicara que el uso no está permitido, y que se estableciera una sanción para quien la incumpla.
En esa línea, la abogada fue clara al señalar que “no está prohibido y no va a estar prohibido”, pues la redacción aprobada únicamente pide a las autoridades competentes que impulsen “el uso correcto del español”.
“Cuando realmente lo leemos ahí no hay una prohibición. O sea, están diciendo a estas autoridades que les piden que fomenten, es decir, que impulsen el uso correcto de el español,” detalló Ninde Molre.
De hecho, señaló que la reforma aprobada no menciona en ningún lugar el lenguaje inclusivo, por lo que consideró que la confusión se debió al anuncio de una reforma que genera pánico y hace creer a las personas que está prohibido.
El diputado Olson San Vicente argumentó que la enseñanza “correcta” del lenguaje es esencial para el razonamiento y compresión de los estudiantes, mientras que para los promotores de la iniciativa, la educación de calidad requiere un lenguaje claro, y el español es un vehículo de identidad, historia y cultura.
Sin embargo, la abogada Molre advirtió que al centrarse la reforma únicamente en fomentar el uso del español, podría lesionar o generar una situación de desigualdad respecto a las lenguas indígenas que existen en Chihuahua.
Aunque no es el objeto directo de la reforma, el hecho de que priorice expresamente el español podría ocasionar una jerarquía entre quienes hablan dicho idioma y las personas que se expresan en otras lenguas.
Por su parte, durante el debate en el Congreso, la diputada de Morena, Jael Argüelles, sostuvo que la medida representa un retroceso en materia de derechos, inclusión y libertad de expresión. Argüelles señaló que la iniciativa busca invisibilizar a colectivos como las mujeres y el colectivo LGBTTTIQ+ al intentar imponer criterios rígidos sobre el idioma, que es un “sistema vivo, evolutivo y ambiguo” que cambia para nombrar nuevas realidades e identidades.
En tanto, Jonathan Caudillo Lozano, maestro en Saberes sobre Subjetividad y Violencia por parte del Colegio de Saberes y doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana aseguró que quienes usan lenguaje inclusivo no creen que “esto mágicamente” termine con los ejercicios de exclusión y de violencia.
“Lo que se manifiesta es una postura que intenta visibilizar una multiplicidad. Cualquiera podría decir que el género gramatical y el género sexual no son la misma cosa, pero el uso de la “e” aparece en este caso más como un gesto performativo que como una simple cuestión de mala educación, como se ha querido hacer ver (sobre todo, por quienes recurren apresuradamente a la Real Academia Española, RAE, con el afán de invocar una autoridad, como si el lenguaje no fuera una realidad en perpetuo devenir)”, comentó.
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La diputada del Partido del Trabajo, Elizabeth Guzmán, también sostuvo que las reglas gramaticales son sobre el uso del verbo o el sustantivo, y que estas no impedirán que los jóvenes utilicen términos como “elle”.
“Las reglas gramaticales nos hablan de dónde usar el verbo, dónde usar el sustantivo, esas son las reglas gramaticales. Si ustedes están esperando a que esto o los conservadores están esperando que poner que sea una educación con reglas gramaticales va a impedir que las y los jóvenes, las o los ciudadanos dejen de decir ella, elle, no es cierto”, sentenció.

Un veredicto en su contra tuvo lugar menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión. Aún tiene pendientes varias acusaciones.
Dos bolsos Chanel, una concesionaria BMW y una polémica iglesia estuvieron en el centro del juicio a la ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee.
Esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, que fue destituido en 2025, fue arrestada en agosto por cargos que incluían soborno, manipulación bursátil e interferencia política, todos los cuales niega.
La fiscalía acusó a Kim, de 52 años, de ganar más de 800 millones de wones (US$552.570) al participar en una trama de manipulación de precios relacionada con las acciones de Deutsch Motors, una concesionaria de BMW en Corea del Sur, entre octubre de 2010 y diciembre de 2012.
También fue acusada de aceptar bolsos de lujo, un collar de diamantes y otros regalos por valor de hasta 80 millones de wones (US$56.000) como sobornos de la controvertida Iglesia de la Unificación a cambio de favores comerciales, y de recibir 58 encuestas de opinión gratuitas, por valor de 270 millones de wones coreanos, del empresario Myung Tae-kyun antes de las elecciones presidenciales de 2022.
El miércoles, un tribunal la declaró culpable de aceptar sobornos de funcionarios de la Iglesia de la Unificación y la condenó a 20 meses de cárcel.
Sin embargo, fue absuelta de los cargos de manipulación del precio de acciones y de violar las leyes de financiación de campañas de Corea del Sur. Aún quedan dos acusaciones en su contra que el tribunal no ha escuchado.
El veredicto llega menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión por abuso de poder y obstrucción a la justicia en relación con su fallido intento de instaurar la ley marcial.
También marca la primera vez en la historia del país que la esposa de un presidente es acusada formalmente estando detenida.
Pero no es la primera vez que la propia Kim se ve envuelta en controversias.
Antes de ser la primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, cuyo verdadero nombre es Kim Myeong-sin, era empresaria y amante del arte.
Se graduó con una licenciatura en educación artística de la Universidad Femenina de Sookmyung en 1999, pero posteriormente enfrentó repetidas acusaciones de plagio durante su época de estudiante allí.
La universidad anuló su título en 2025 después de que su comité de ética de investigación descubriera que la tesis de Kim tenía problemas.
Nunca ha respondido públicamente a estas acusaciones.
En 2009 fundó la empresa de exhibiciones de arte Covana Contents, de la que sigue siendo directora ejecutiva y presidenta. Sin embargo, en 2019 medios de comunicación surcoreanos informaron que Kim presuntamente había evadido impuestos y recibido sobornos por organizar exposiciones.
Kim fue absuelta de estos cargos en 2023, pero un fiscal especial está reexaminando el caso.
Posteriormente, antes de las elecciones presidenciales de 2022, que finalmente ganó su esposo, surgieron acusaciones de que Kim había presentado solicitudes a universidades y empresas con títulos y premios falsos, lo que desató un escándalo por posibles credenciales falsificadas.
En respuesta a estas acusaciones, que algunos miembros de la oposición intentaron utilizar como arma política contra Yoon, Kim emitió una disculpa pública por lo que describió como “exageraciones” en su currículum.
Además, prometió que si su esposo llegaba a la presidencia, se centraría exclusivamente en su rol como esposa.
Sin embargo, es su conducta durante ese periodo lo que ha provocado algunas de las críticas más duras en su contra.
A finales de 2023 aparecieron imágenes de una cámara espía que mostraban a Kim recibiendo un bolso de lujo de un individuo en una oficina de Seúl en septiembre de 2022.
Se informó que las imágenes fueron grabadas en secreto por el pastor Choi Jae-young con una cámara en su reloj, y su publicación intensificó el escrutinio público sobre Kim y Yoon.
Al parecer, mostraban a Choi caminando hacia una tienda para comprar un bolso de piel grisáceo, con un recibo que estimaba su costo en 3 millones de wones (US$2.200). Choi luego visitó Covana Contents, una empresa en Seúl propiedad de la primera dama, donde Kim le preguntó al pastor: “¿Por qué sigue trayéndome estas cosas?”.
La ley surcoreana prohíbe que los funcionarios públicos y sus cónyuges reciban regalos por un valor superior a 1 millón de wones(US$698) de una sola vez, o un total de 3 millones de wones en un año fiscal.
Si bien el video no muestra explícitamente a Kim aceptando el regalo, el diario Korea Herald informó en ese momento que la oficina presidencial confirmó la recepción de la bolsa y afirmó que estaba “registrada y almacenada como propiedad del gobierno”.
La oficina presidencial no respondió de inmediato a la grabación, lo que avivó aún más la controversia, ya que grupos cívicos presentaron denuncias ante la fiscalía alegando posibles violaciones de la Ley Anticorrupción.
Este incidente fue una de las 16 acusaciones investigadas por el equipo de fiscales especiales, 12 de las cuales fueron remitidas a la policía para su posterior investigación.
Sin embargo, el veredicto de este miércoles se centró en la presunta aceptación de sobornos por parte de Kim de la Iglesia de la Unificación, así como en su presunta participación en la manipulación de las acciones de Deutsch Motors y en una presunta manipulación electoral.
Kim negó los cargos, aunque admitió haber recibido bolsos de Chanel, que, según afirma, luego devolvió sin usar.
El mes pasado la fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión y una multa de 2.000 millones de wones, alegando que Kim había actuado “por encima de la ley” y conspirado con la Iglesia de la Unificación para socavar la “separación constitucional entre religión y Estado”.
Si bien la serie de escándalos de Kim ensombreció la carrera presidencial de su esposo, fue el propio Yoon quien finalmente selló su destino como uno de los exlíderes más desacreditados de Corea del Sur.
El 16 de enero de este año Yoon fue declarado culpable de abuso de poder, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia al intentar, sin éxito, imponer la ley marcial en el país en 2024. También fue condenado a cinco años de cárcel.
Este fue el primero de los veredictos en cuatro juicios relacionados con el decreto de ley marcial de Yoon. Aunque efímero, la medida desató una agitación nacional, provocando protestas cuando los parlamentarios acudieron a la Asamblea Nacional para revocar la decisión de Yoon.
Las acciones de Yoon “sumergieron al país en una crisis política”, declaró un juez al emitir el veredicto, señalando que Yoon “no había mostrado remordimiento alguno”.
Fue durante una investigación de un año sobre el fallido intento de Yoon de instaurar la ley marcial que los fiscales especiales comenzaron a investigar muchas de las acusaciones contra Kim.
Juntos, la otrora poderosa pareja forma una dupla histórica: si bien Corea del Sur tiene antecedentes de expresidentes acusados y condenados, Yoon y Kim marcan la primera vez que un expresidente y una exprimera dama son encarcelados.
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