Para entender mejor
Diputados de todas las bancadas del Congreso de la CDMX junto con representantes de organizaciones en defensa de los animales formaron una comisión que sesiona este mismo jueves para discutir el futuro de las corridas de toros.
El nuevo dictamen ya no va en el sentido de prohibirlas sino que se incorporó la propuesta de la jefa de gobierno, Clara Brugada para que las corridas no lastimen al animal ni haya sangre en el ruedo.
La diputada del PAN y presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales, Daniela Álvarez, consideró que con esto “morirá” la llamada fiesta taurina.
“Yo consideró que sí, porque cuando fueron los parlamentos abiertos, ellos (taurinos) decían que eso no era parte del arte y que ellos no preferirían no asistir y nada, será prácticamente lo mismo”.
Mencionó que este nuevo documento será revisado por todos los partidos políticos y que fueron convocados cuatro miembros de organizaciones animalistas para dar seguimiento a dicha iniciativa.
“Necesitamos ver el tiempo para ver si los 10 minutos que se están proponiendo en realidad son suficientes o más bien que el animal pudiera tener un paro cardíaco porque al menos fue lo que nos vinieron a explicar aquí los taurinos cuando tuvimos el Parlamento Abierto y pues lo que nosotros estamos buscando es que exista la integridad del animal en su totalidad”, añadió.
De acuerdo con la presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales, intentarán tener el dictamen el día de hoy, aunque el plazo concluye hasta el sábado, debido a que se planea discutir la iniciativa en el pleno del Congreso de CDMX el 18 de marzo.
“Nosotros intentaremos tener hoy el dictamen, lo más pronto posible. Y en cuanto lo tengamos, la intención de los miembros de Jucopo es hacer una conferencia de prensa para dar a conocer algunas observaciones que se tomarán en consideración siempre y cuando nosotros revisemos que en esas consideraciones evidentemente (se tome en cuenta) la integridad del animal”, comentó la legisladora.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Sesma, reiteró que el tema de las peleas de gallos no formará parte del análisis de este dictamen.
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“Ya cada quien dio su punto de vista ante los medios de comunicación, pero es importante que la gente sepa que, si venimos trabajando en pro de los seres vivos no humanos, la característica que queremos dejar hoy clara es que el tema de gallos saldrá de este dictamen toda vez que falta la ruta de la consulta pública”, recalcó Sesma.
Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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