Nombran a nuevo titular de Seguridad en Colima a cuatro días del asesinato de familiares de Mario Delgado; asume el teniente Fabián Gómez
El teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo fue designado por la gobernadora Indira Vizcaíno como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Colima en sustitución del contraalmirante Gerardo Romero Santana.
A través de redes sociales, la mandataria informó sobre el nombramiento del teniente, a quien se refirió como un marino y servidor público “consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad”.
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El cambio de titularidad de la Secretaría de Seguridad se presenta en el marco del asesinato de dos mujeres en Colima, quienes fueron identificadas como María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima respectivamente del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Asume nuevo secretario de Seguridad en Colima tras asesinato de familiares de Mario Delgado
La madrugada del sábado, dos mujeres fueron asesinadas en su domicilio en la colonia Placetas Estadio, en el estado de Colima, informaron autoridades estatales. Las víctimas fueron identificadas como María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima del secretario de Educación Pública.
Luego de los hechos, tres presuntos implicados en el doble asesinato fueron abatidos en un enfrentamiento posterior, en el que resultó herido un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.
Alrededor de las 4:30 de la madrugada, personas armadas habrían ingresado al domicilio en el municipio de Colima y asesinaron a madre e hija, para después huir de la zona. Una de las víctimas, María Eugenia Delgado Guízar, es hermana de Felipe Delgado Guízar, padre del actual secretario de Educación Pública.
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A través de redes sociales, el funcionario federal confirmó el parentesco con las víctimas, condenó el crimen y exigió justicia: “Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio (…) Abrazo con mucho cariño y solidaridad a mis tíos, tías, primas, primos, sobrinos y en especial a mi primo Alex. Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEPD”.
El asesinato de las dos mujeres familiares del secretario de Educación Pública, ocurrido el pasado fin de semana en Colima, sacudió el círculo de uno de los integrantes más conocidos del Gobierno Federal. Sin embargo, más allá del impacto mediático y político, el doble homicidio ocurrió en un territorio donde la violencia letal no es una excepción, sino una constante documentada desde hace años.
Lejos de tratarse de una nota roja aislada, el crimen se inscribe en la trayectoria de un estado que, por cuarto año consecutivo, encabeza el ranking nacional de tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, convirtiendo a Colima en la entidad más letal de México en términos proporcionales.
Datos oficiales consultados por Animal Político confirmaron la dimensión del problema. De acuerdo con las defunciones por homicidio del INEGI, Colima registró en 2020 una tasa de 94.5 homicidios por cada 100 mil habitantes; en 2021, aunque la cifra descendió a 81.5, el estado se mantuvo entre los más violentos del país.
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A partir de 2022, la situación se agravó de forma clara: la tasa se disparó a 115.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, colocándolo en el primer lugar nacional.
Con información de Manu Ureste y Alfredo Maza
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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