¡Sin las familias no!: Madres buscadoras de Jalisco exigen reactivación de búsquedas en campo
Colectivos de familias que buscan a los desaparecidos se manifestaron en Guadalajara, Jalisco para exigir que las autoridades del estado reactiven las labores de búsqueda en campo.
La manifestación, de más de 23 colectivos a lo largo de todo el país, ocurre después de que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, notificó que las búsquedas en campo en la entidad quedarían suspendidas. Poco después aclaró que solo sería para los reportes que provenían de una llamada anónima.
Las familias insisten en que la decisión afecta pues la mayoría de los hallazgos de personas desaparecidas en el estado provienen de reportes anónimos. Los usuarios los realizan a través del 911 o de los números de los colectivos.
Los colectivos también denuncian que desde el anuncio del gobernador la Fiscalía Estatal ha dejado de realizar trabajos en la fosa clandestina localizada la semana pasada en Tlajomulco de Zúñiga, a la altura de la localidad San Juan Evangelista, donde se han localizado más de 50 cuerpos.
Indira Navarro, representante de Buscadoras de Jalisco, mencionó que ese y otros puntos de búsqueda siguen abiertos, por lo que se requiere que se sigan procesando por las autoridades.
🔴Colectivos de familiares que buscan a los desaparecidos avanzan en la mega marcha por Avenida Vallarta, una de las más representativas de Guadalajara. Exigen que no se suspendan los trabajos de búsqueda en campo, como ordenó el gobernador de Jalisco, @EnriqueAlfaroR pic.twitter.com/B5QED5lnC6
— Animal Político (@Pajaropolitico) July 16, 2023
Entre las demandas de los colectivos están reforzar los protocolos de seguridad relacionados a la búsqueda, que en todas las búsquedas las familias sean acompañados por elementos de seguridad, aclarar por cuánto tiempo se tomará la medida de no realizar búsquedas por llamados anónimos y que se tomen todas las decisiones sobre búsqueda de personas desaparecidas con los colectivos.
Hector Flores, co-dirigente del colectivo Luz de Esperanza mencionó que se planea una mesa de diálogo entre colectivos de búsqueda y autoridades del gobierno estatal para conocer cuales son las medidas tomadas por la autoridad. Esperan que a diferencia de la mesa realizada hace un año, si acuda el gobernador del Estado.
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Nora tiene pesadillas desde que piensa en la posibilidad de ser deportada. Sus hijas Christell y Leah están dispuestas a abandonar EU para mantener a la familia unida.
Nora no durmió durante la noche electoral. A medida que Donald Trump sumaba votos y el mapa de Estados Unidos se teñía de rojo, crecía su temor a ser deportada.
Aunque sus dos hijas son ciudadanas estadounidenses, Nora es indocumentada. Llegó a Estados Unidos hace 24 años, después de que el huracán Mitch devastara su pueblo en Nicaragua.
“Ando desvelada, no he podido dormir. Vuelve el miedo nuevamente”, dice tras pedir que su identidad se mantenga anónima debido a su estatus migratorio.
La campaña republicana insistió en un lema que resume el punto de partida del segundo mandato de Trump frente a los migrantes indocumentados: “¡Deportaciones masivas ahora!”.
Esta propuesta se convirtió en un tema diario de discusión entre Nora, de 47 años, y sus hijas Christell y Leah, de 30 y 19, durante las últimas semanas de campaña, en las que decidieron hacer un plan de respuesta familiar ante el posible triunfo del candidato republicano.
“Nos sentamos a hablar, porque teníamos mucha ansiedad y mucho miedo”, recuerda Nora. “Mis hijas me dijeron que, si tomo la decisión de marcharme de Estados Unidos, ellas se irían conmigo”.
Christell y Leah no pueden pedir a su madre ante las autoridades migratorias porque entró de forma irregular por la frontera sur. “El triunfo de Trump nos aterroriza”.
El expresidente conquistó más de los 270 votos del Colegio Electoral que requería para consolidarse como el ganador de los comicios.
Además, los republicanos lograron el control del Senado, lo cual le permitirá a Trump avanzar en sus iniciativas de gobierno.
Un millón para empezar
JD Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con el canal ABC que la deportación masiva de migrantes podría comenzar con un millón de personas indocumentadas.
Sin embargo, expertos en legislación migratoria cuestionan el costo y la factibilidad de esta propuesta. Algunos estiman que mantener un plan como el que propone Trump costaría alrededor de US$100.000 millones.
Cerca de 11 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos hasta 2022, según la información más reciente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Casi la mitad de esta población proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los migrantes indocumentados representan 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores, de acuerdo con el instituto de investigación Pew Research Center.
La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Sin embargo, el Pew Research Center advierte que este panorama puede haber cambiado durante los últimos dos años debido a tres factores que aún no se reflejan en las estadísticas oficiales:
- La cifra récord de más de 2 millones de arrestos en la frontera con México.
- El incremento de más de 1 millón de solicitudes de asilo.
- La llegada de 500 mil migrantes beneficiados por permisos humanitarios (parole) provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
“Quieren quitarme a mi mamá”
En el año 2000, cuando Nora se quedó sin empleo después del huracán Mitch, la decisión más difícil no fue emigrar a Estados Unidos junto con su esposo.
Lo más doloroso fue dejar a su hija Christell, quien tenía 6 años en aquel momento, con la abuela.
A la pareja le tomó cuatro años juntar el dinero necesario para sacar a Christell de Nicaragua y llevarla a Estados Unidos. Un año después nació su segunda hija, Leah, en Miami.
Durante su primer gobierno (2017-2021), Trump respondió al repunte en la entrada irregular de migrantes por la frontera sur con una orden polémica: separar a los padres de sus hijos para disuadir a las familias de emigrar hacia EU sin seguir lo marcado por la ley.
Aquella situación sembró tanto miedo en la casa de Nora, que su hija Leah se ofreció a defenderla públicamente de la amenaza de ser deportada, aunque solo tuviera 12 años.
Leah Cayasso se convirtió en redes sociales en “Leah, la activista” (@LeahTheActivist) y se identificaba a sí misma como una “orgullosa hija de migrantes”.
“Quieren quitarme a mi mamá”, dijo Leah desde una tarima durante un acto contra la política migratoria de Trump en 2018, cerca de la Casa Blanca en Washington DC.
“No me gusta vivir con este miedo. No puedo dormir. No puedo estudiar. Estoy estresada”, afirmó entre lágrimas ante una audiencia que le pareció multitudinaria.
“Tengo miedo de que se lleven a mi mamá mientras está en el trabajo, conduciendo o en casa”, expresó en aquel momento.
Seis años después de aquella experiencia, Leah ya no hace activismo, aunque respalda la lucha de su madre por encontrar una alternativa para obtener la ciudadanía.
“Yo tenía las esperanzas de una chica muy joven que no entendía muy bien lo que estaba pasando”, cuenta Leah en una llamada telefónica.
“Fue difícil no ver resultados y hasta cierto punto perdí un poco la esperanza.
“Ahora que comprendo la situación, creo que la mejor opción para mi mamá es que se apruebe un TPS para los nicaragüenses”.
La opción de un TPS
El estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, brinda una protección a los ciudadanos que no pueden regresar de forma segura a sus países, como es el caso de Cuba, Haití o Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU ofrece TPS a los ciudadanos de países que afrontan tres “condiciones temporales”: conflictos armados, desastres naturales o sanitarios (como epidemias) u otras circunstancias “extraordinarias”.
En vista de que el perfil de Nora no se ajusta a las condiciones que exige Estados Unidos para optar por el permiso humanitario para los nicaragüenses, considera que la opción más expedita para lograr su legalización es un TPS.
“En estos 24 años que llevo en Estados Unidos, en los que he trabajado y he pagado impuestos, no ha habido ningún otro mecanismo para que yo cambie de estatus”.
“Qué difícil es pensar en volver a Nicaragua”.
El estatus migratorio de Nora es la mayor preocupación de toda la familia.
De hecho, Christell y Leah votaron por primera vez en estas elecciones con la esperanza de que si Kamala Harris ganaba, podría hacer “algo a favor de los migrantes”.
Durante su campaña, Harris prometió que buscaría agilizar el proceso de asilo y abrir vías legales para que los indocumentados tramitaran la ciudadanía.
Pero desde la victoria de Trump, temen verse obligadas a separarse de su madre.
“Me siento un poco triste y decepcionada de ver cuántas personas apoyaron a Trump”, asegura Christell. “Nos afecta mucho saber que nuevamente hay una amenaza hacia nuestra comunidad migrante y en especial hacia nuestra familia”.
En el ejercicio de imaginar los próximos pasos que van a seguir, Christell reconoce que emigrar de Estados Unidos “es una decisión difícil”.
Sin embargo, alberga la esperanza de que Biden tome una medida de última hora y decida conceder el TPS a los nicaragüenses.
En medio de la incertidumbre, Leah se aferra a una única certeza: “Haremos lo que sea por mi mamá”.
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