Colectivos que buscan a sus desaparecidos en varios municipios de Guerrero, cancelaron la búsqueda de campo en Chilapa debido a la situación de inseguridad y violencia que prevalece en la zona, denunciaron al finalizar la jornada de pega de fichas de sus desaparecidos.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, los colectivos de personas desaparecidas dijeron que las autoridades recomendaron que no hicieran las búsquedas en Chilapa porque representa un peligro estar en ese municipio.
David Molina Rodríguez, vocero del colectivo Lupita Rodríguez, afirmó que los familiares de los desaparecidos tuvieron que pegar fichas en lugares públicos y “paradas” en las calles cuando el semáforo se prende en rojo.
“No había garantías para ir a Chilapa y optamos por hacer pega de fichas de nuestros desaparecidos”, dijo el activista.
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Los colectivos realizaron estas actividades en los municipios de Zumpango de Neri y Chilpancingo, en este último en la capital y en Amojileca.
En Chilapa, los colectivos pegaron fichas solo en la cabecera municipal.
“Teníamos planeado realizar la búsqueda de desaparecidos en varias comunidades del municipio de Chilapa, pero está muy peligroso”, refirió David Molina.
Los 12 colectivos acordaron realizar la búsqueda durante varios días en Chilapa, luego de que el pasado 5 de noviembre la 35 Zona Militar dio a conocer que 400 elementos del Ejército, apoyados por helicópteros y drones, arrancaban un operativo para localizar a 17 vecinos de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, que desde octubre desaparecieron en los municipios de Chilapa y Quechultenango.
Sin embargo, el 8 de noviembre, tres días después de que el Ejército empezó la búsqueda de los 17, fueron hallados desmembrados 11 de ellos, en la batea de una camioneta abandonada a un costado de la Autopista del Sol, en el punto conocido como el Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.
Hasta el momento, las otras seis personas de Chautipan desaparecidas no han sido localizadas por la Fiscalía General del Estado y ni por el Ejército.
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“Luego de que fueron hallados 11 de los 17 desaparecidos, suspendimos nuestra búsqueda en esa zona de Chilapa, además de que el gobierno nos dijo que no había garantías para hacerlo”, dijo David Molina.
“Era peligroso ir allá (a Chilapa y Quechultenango). Imagínense lo que le pasó al presidente municipal de Chilpancingo (Alejandro Arcos, que fue decapitado por criminales de esa zona), ¿qué es lo que nos podría pasar a nosotros?”, planteó David Molina.
Señaló que actualmente, pese a que hay un gran despliegue de seguridad en Guerrero, las desapariciones han aumentado, pero por temor las familias no quieren acudir a interponer una denuncia para que el gobierno investigue.
“Hay un miedo de la gente de denunciar la desaparición de un familiar, porque también saben que las autoridades no harán nada para encontrarlo”, refirió el activista.
Los 12 colectivos de personas desaparecidas se reunieron con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, que preside el diputado morenista Jesús Urióstegui García, a quien le plantearon la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
En la reunión, donde también estuvo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán, Jesús Urióstegui dijo que ellos no tenían conocimiento de que en el Congreso había una iniciativa de Ley de Desaparición Forzada.
Dicha Ley fue presentada por los colectivos de familiares de desaparecidos, desde la pasada legislatura, pero se le dio trámite legislativo.
“En marzo de este 2024, cuando todavía no estaba la actual legislatura local, protestamos en el Congreso local; y en ese entonces nos atendió la expresidenta de la Junta de Coordinación Política, Citlali Calixto Jiménez, a quien le pedimos la aprobación de la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada”, refirió David Molina.
Recordó que, en esa reunión, la ahora diputada morenista, Citlali Calixto se molestó con ellos porque realizaron una protesta”.
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“Nos dijo: ‘Los atiendo, pero siempre y cuando quiten su plantón’, fue la advertencia de la legisladora. Pero no retiramos nuestra protesta y sí nos atendió, pero nunca aprobaron la ley”, dijo David Molina.
Este viernes 22, el presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui, les pidió a los colectivos de personas desaparecidas que, en febrero de 2025, ya estará listo el documento de la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada.
“Vamos a esperar de aquí a febrero para ver cómo avanza”, mencionó el activista.
Esta nota se publicó originalmente en Amapola, Periodismo transgresor.
De una alianza estratégica a una crisis diplomática sin precedentes. ¿Qué consecuencias traerá para Colombia esta disputa entre el presidente Donald Trump y su homólogo Gustavo Petro?
La relación entre Colombia y Estados Unidos, su principal socio comercial y estratégico, vivió este domingo un episodio de inusual tensión y de consecuencias aún imprevistas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, anunciaron la imposición mutua de aranceles de hasta el 50 % a las importaciones provenientes de ambos países, en lo que se perfila como una incipiente disputa comercial.
El primero en mover ficha fue Trump, quien respondió así a la negativa del país sudamericano a autorizar el aterrizaje de dos aviones militares con ciudadanos colombianos deportados.
“Los EU no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos”, argumentó Petro, en referencia a los condiciones en que viajaban sus connacionales y por las que desautorizó el aterrizaje de los aviones.
Además del aumento de tarifas, que comenzarían con un 25 % y alcanzarían el 50% en una semana, el presidente norteamericano también dijo que impondrá un veto de viaje y revocará las visas de funcionarios del gobierno colombiano, sus aliados y seguidores.
Las medidas anunciadas, además, incluirán sanciones financieras y bancarias, al igual que un refuerzo en las inspecciones de aduana y frontera de todos los nacionales colombianos.
“Estas sanciones son solo el comienzo”, amenazó Trump en su publicación.
Horas antes de su anuncio, medios colombianos reportaron que Washington había decidido cerrar temporalmente la oficina que emite visas en su embajada en Bogotá.
Según expertos consultados por BBC Mundo, de materializarse y no corregirse la tensión entre ambos países, las medidas supondrían un golpe inmediato para la economía colombiana.
Y el impacto no solo sería económico. Aunque todavía impredecibles, las consecuencias políticas no tardarán en desencadenarse.
Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes de Colombia, piensa que esta crisis “será muy costosa para el presidente (Petro) y que lo va a debilitar”.
“Temo un escenario probable en que Trump use a Colombia para demostrar su intención de torcerle el brazo a todos aquellos que no estén dispuestos a caminar con sus iniciativas a nivel internacional”, le dice a BBC Mundo.
Un aumento de aranceles en importaciones puede tener efectos muy rápidos en consumidores estadounidenses y exportadores colombianos.
Las tarifas encarecen importaciones y eso repercute en un aumento de precios. De este modo, los clientes norteamericanos podrían optar por otros productos que no vengan de Colombia para ahorrar dinero.
Esto tendría un impacto claro el próximo 14 de febrero, pone como ejemplo Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis.
Colombia es el mayor productor de flores de América. Para la celebración de San Valentín en 2024 exportó más de 700 millones de tallos. La mayoría a Estados Unidos, según el Ministerio de Agricultura colombiano.
“Será crítico. Las flores colombianas han sido muy apetecidas por los consumidores de EU”, le explica Guzmán a BBC Mundo.
De acuerdo al Departamento de Agricultura estadounidense, este país importa un 27 % de su café desde Colombia, además de otros bienes como bananas, petróleo o aguacates.
Solo las importaciones de café valen alrededor de US$2 mil millones.
Si se materializan las sanciones, todos estos productos tendrían un precio más alto en el mercado estadounidense.
“Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones generales y las no minero-energéticas. A noviembre de 2024, 3 mil 230 empresas habían exportado a EU (en ese año)”, según cifras facilitadas a BBC Mundo por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
Casi un tercio de las exportaciones colombianas se dirigen a EU. Entre enero y octubre de 2024, estas alcanzaron un valor de US$13 mil 106 millones, de acuerdo a Analdex.
Esta fuente añade que los departamentos que más exportaron a EU en 2024 fueron Antioquia (US$2 mil 492 millones), la capital Bogotá (US$ mil 664) y Cundinamarca (US$851.2 millones).
Colombia es el tercer mayor socio comercial de Estados Unidos en América Latina y empresas estadounidenses con filiales en Colombia generan más de 90 mil puestos de trabajo.
Además del daño a la importaciones, Guzmán destaca el golpe que sufrirían las entidades bancarias colombianas, especialmente si cumple Trump con la amenaza de aplicar la ley IEEPA (por sus siglas en inglés, que otorga al presidente amplios poderes para investigar, regular o bloquear actividades económicas que involucren a entidades extranjeras.
Del modo inverso, el aumento de aranceles a productos estadounidenses se vería reflejados en lo que pagarían las empresas importadoras y los consumidores colombianos.
Importaciones de EU a Colombia incluyen petróleo, maíz, equipos eléctricos, harina de soja y componentes de aviones, de acuerdo al Departamento de Estado y al Observatorio de Complejidad Económica.
Según Analdex, esas importaciones alcanzaron un volumen de US$13 mil 403 millones entre enero y octubre de 2024.
El Departamento de Estado de EU también describe que, en 2022 ambos países intercambiaron bienes y servicios bilaterales por más de US$39.300 millones, con grandes inversiones en los sectores minero y manufacturero.
Para Guzmán, el director de Colombia Risk Analysis, el hecho de que “EU es mucho más poderoso que Colombia” implicaría que las consecuencias para el país sudamericano serían más significativas.
Más allá de las consecuencias económicas, los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en la difícil salida diplomática que esta crisis entre ambos países tendrá.
Analizan que estas acciones de Trump, de alguna forma, suponen un claro mensaje de lo que pueden sufrir aquellos gobiernos que contradigan sus políticas domésticas.
“La migración es un tema que le permite a Trump masajear a sus bases electorales. Lo tratará con toda la contundencia del mundo”, dice Borda.
“(Trump) Estaba a la espera de un espacio como este para demostrar hasta dónde va a llegar y poder mostrar la brutalidad de las tácticas de negociación que va a utilizar”, continúa la experta.
Su análisis va en línea con lo que este domingo dijo a través de un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien se refirió a las sanciones como una muestra de que su gobierno está “manteniéndose firme en el compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”.
Sin embargo, las medidas de presión desde el país norteamericano no parecen surtir efecto en Petro, al menos en cuanto a la retórica con la que se pronunció todo el domingo en X.
En sus publicaciones no solo desafió a Trump y sus políticas, sino que anunció que más de 15 mil estadounidenses en Colombia están “irregulares” y “por las leyes colombianas deben regular su estadía”.
También solicitó a Xiomara Castro, presidenta de Honduras y actual titular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la convocatoria de una “asamblea extraordinaria de presidentes latinoamericanos para examinar los problemas de la migración y la nueva configuración del mercado de drogas en América”.
Castro atendió al llamado y convocó una reunión urgente poco después para el miércoles 30 de enero.
Borda ve difícil, sin embargo, que otros países en la región asuman una actitud como la de Colombia.
“Creo que evitarán sufrir las consecuencias que va a sufrir Colombia”.
Estados Unidos y Colombia cimentaron durante décadas una relación estratégica sin igual en la región.
A comienzos de los 2000, con el Plan Colombia, el país norteamericano invirtió decenas de miles de millones en ayuda militar para combatir el narcotráfico y los grupos armados en el país sudamericano.
A esto se sumó un tratado de libre comercio entre ambas naciones que entró en vigor en 2012.
Pero desde hace uno años, Colombia, en particular bajo la administración de Petro, está inmersa en una estrategia clara de diversificar sus alianzas.
De hecho, algunos analistas predicen que es cuestión de pocos años que China supere a Estados Unidos como principal socio comercial del país.
“Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos”, dijo Petro este domingo.
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