Elizabeth Álvarez se mudó a Xoco en 1994, y años después, en 2008, se convirtió en activista, cuando comenzó a vivir las problemáticas por la construcción del megaproyecto Mitikah, con la tala de árboles y el daño a las viviendas, aunque en ningún momento se consultó a los habitantes del pueblo si estaban de acuerdo con el establecimiento.

“Yo era ama de casa, y de la noche a la mañana mi vida se transformó porque dije, ¿quién me va a pagar mi patrimonio que se está deteriorando? De la noche a la mañana no eres tú quien decide sobre tu vida, es el gobierno y los megaproyectos que llegan a cambiarte la vida”, recordó indignada.

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“No consuman despojo. A la ciudadanía, la invitamos a ejercer su poder de decisión desde el consumo. No compren donde se lucra con la exclusión, no contribuyan a un modelo de ciudad que desplaza, discrimina y rompe comunidades”, invitaron a los transeúntes que miraban con curiosidad la manifestación.

Además del cierre simbólico de Mitikah con la manta “Clausurado por gentrificar”, los vecinos y colectivos realizaron el cierre vial de Avenida Universidad para presionar a las autoridades a atenderlos. Desde el bloqueo, quemaron una maqueta de la plaza comercial y reiteraron su rechazo a los megaproyectos que crecen a lo largo de toda la capital.

Carmen, de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco, tomó la palabra para recordar que hace quince años, esta organización había alertado sobre lo que entonces era una amenaza y hoy es realidad: “el consumo de agua de Mitikah representa el 12% de todo el barrio, y los reportes de falta de servicio crecieron 1750% entre 2018 y 2022, además que la llegada del complejo privatizó calles como Real de Mayorazgo”.

“Esto refleja una ciudad que prioriza la especulación inmobiliaria por encima del derecho a una vivienda digna. Los grandes desarrollos concentran beneficios fiscales, consumen recursos públicos y agravan desigualdades, mientras las familias originarias enfrentan desplazamiento, discriminación y pérdida de su entorno comunitario”, reclamó.

Álvaro Rosales, autoridad del pueblo de Xoco, expresó que los cambios no sólo les han quitado la vista del horizonte, la luz del sol y la tranquilidad con la alta afluencia de vehículos, sino que incluso se han generado accidentes, como el que le ocurrió cuando un motociclista lo atropelló.

En otros casos, como el de Silvia, las denuncias fueron por agresiones presuntamente cometidas por habitantes de la torre de departamentos de Mitikah, quienes “desde las alturas de sus balcones nos han lanzado piedras y botellas, o hemos sido grabados entre burlas”.

“Estas agresiones pudieron tener consecuencias graves para las personas que caminan en la calle, sin embargo, cuando acudí a levantar mi denuncia porque me dañaron una ventana no fui atendida, porque me pedían que diera yo el departamento que me había aventado las botellas. No quisieron hacerse cargo de los daños, o sea, nos dejan vulnerables”, comentó.

La vecina subrayó que, aunado a estas omisiones, “las autoridades tampoco han llevado a cabo alguna acción para recomponer la convivencia en el pueblo ni para cambiar el clasismo que está creciendo”.

“No ha habido campañas de mediación comunitaria ni presencia institucional para garantizar que este territorio siga siendo un espacio seguro y digno para quienes hemos vivido aquí toda la vida. Lo que enfrentamos no es sólo un conflicto de vecinos, es una expresión clara de violencia y clasismo, derivada de un proceso de gentrificación que nos está desplazando, fragmentando y poniendo en riesgo”, apuntó.

Anuncian nuevas acciones legales contra Mitikah

Guillermo Torres, integrante de la organización Prodesc y abogado que 2023 acompaña la lucha de los vecinos, explicó que se está trabajando en una nueva acción legal para obligar a las autoridades a garantizar el derecho al agua de los habitantes del pueblo, así como la no discriminación frente a este tipo de proyectos.

“Los problemas a los que se ha enfrentado el pueblo de Xoco desde hace más de 15 años, lamentablemente ya no son exclusivos de aquí. Todas estas problemáticas que tienen que ver con la precarización del acceso a la vivienda, el encarecimiento de la calidad de vida, el deterioro de la movilidad y del derecho a la ciudad se están padeciendo en todos lados”, reflexionó.

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El abogado indicó que actualmente, los vecinos están a la espera de la revisión de una sentencia dictada en abril pasado, de un juicio de amparo interpuesto por violaciones a su derecho al consentimiento libre, previo e informado, y que el Poder Judicial local les negó.

Asimismo, recordó que las autoridades continúan sin aceptar la recomendación 11/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para garantizar el derecho a la movilidad y accesibilidad de los vecinos del pueblo.

Afortunadamente, dijo, “Xoco es un pueblo que resiste, que se ha organizado, y la batalla no concluye aquí”.