Las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la Ciudad de México se encuentran cerradas desde el pasado miércoles, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado cuándo y dónde reanudarán sus servicios de atención, lo que preocupa a organismos internacionales y asociaciones civiles por las dificultades que supone para quienes tienen trámites en proceso o llegan a la capital del país para iniciar su solicitud de refugio.
El 27 de mayo, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que informó que a partir del miércoles 29, el nuevo domicilio oficial de la Comar sería en Bahía de Santa Bárbara No. 193, colonia Verónica Anzures, sin embargo, Sin Fronteras I.A.P. señaló que en esta dirección no se encuentran dando servicios, aunque tampoco están atendiendo a quienes acuden a las oficinas ubicadas en la colonia Juárez.
En lugar de eso, el personal le pide a quienes acuden para realizar trámites que vayan a las oficinas de la Comisión en municipios como Naucalpan o Nezahualcóyotl, en el Estado de México lo que, de acuerdo con Sin Fronteras, podría provocar que se incremente el tiempo de espera de las personas que buscan refugio en el país por motivos de violencia.
Sandra Álvarez, directora de Sin Fronteras I.A.P., explicó que, de acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección complementaria y Asilo Político, las autoridades tienen 45 días hábiles para responder a las solicitudes de quienes buscan el reconocimiento de la condición de refugiado, aunque en la actualidad hay personas que llevan más de seis meses sin que se resuelvan sus casos.
“De por sí la COMAR tiene un rezago importante, en algunos casos los procesos están durando alrededor de seis meses o más, por la dificultad de conseguir a personas traductoras y por el incremento de personas que llegan buscando refugio, y con el cierre de estas oficinas, lo que vemos es que el rezago en las atenciones va a aumentar”, comentó.
De acuerdo con Álvarez, el cierre de las oficinas de la COMAR en la Ciudad de México está generando dificultades para que las personas que cuentan con trámites en curso reciban notificaciones y tengan certeza del avance de sus solicitudes, “lo que implica una violación al debido proceso, que a la par vulnera otros derechos como la libertad de tránsito y a la vida misma, porque hay que subrayar que quienes solicitan asilo son personas que vienen perseguidas de su país de origen”.
Aunque la Secretaría de Gobernación informó que la Comar sería reubicada, en la dirección que las autoridades informaron que tendría a partir del 29 de mayo no están dando atención y se encuentran cerradas. En el domicilio ubicado en la colonia Juárez, no están atendiendo a solicitantes de refugio, y les piden que acudan a realizar sus trámites en otras oficinas de la dependencia, fuera de la capital.
A través de redes sociales oficiales, la Comar únicamente ha compartido que “por el momento y hasta nuevo aviso no nos es posible atenderles en la Ciudad de México. Mantente pendiente de nuestras redes y sitio web donde pronto informaremos lugar y fecha del reinicio de nuestras actividades”.
“Salvo estas publicaciones no ha habido mayor información sobre lo que va a ocurrir con las oficinas de la Comar en la Ciudad de México. Nosotros enviamos un pronunciamiento y solicitamos una reunión con la SEGOB, pero no hemos recibido respuesta, lo que nos parece muy grave”, agregó Álvarez.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también expresó su preocupación, por lo que expresó que es fundamental que esta dependencia “cuente con un espacio que permita la atención segura y digna de las personas forzadas a huir, que llegan a la CDMX en busca de protección. Hay familias, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y mujeres embarazadas”.
Es fundamental que la @comar_sg cuente con un espacio que permita la atención segura y digna de las personas forzadas a huir, que llegan a la CDMX en busca de protección. Hay familias, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y mujeres embarazadas.
— ACNUR México (@AcnurMexico) May 29, 2024
Gabriela Hernández, directora del albergue Casa Tochan, señaló que ha habido “mucha desinformación” sobre el fenómeno migratorio y la crisis de violencia que ha motivado a que miles de personas lleguen a México para buscar refugio o esperar a que se resuelva su solicitud para ingresar a los Estados Unidos, misma que no ha sido atendida por las autoridades, lo que ha derivado incluso en expresiones de discriminación.
“Me parece ilógico todo lo que ocurre, desde la respuesta de la gente a la llegada de personas migrantes a la Ciudad de México, hasta la reubicación de la Comar en medio de una completa desinformación por parte de las propias autoridades, que no resuelven y tampoco se han preocupado por sensibilizar a los vecinos que no parecen entender que quienes buscan el reconocimiento como refugiados están huyendo de la violencia”, apuntó Hernández.
“Las autoridades mexicanas tendrían que hacer una labor informativa sobre para qué sirve cada institución, quizás así se evitaría el rechazo de la ciudadanía que no quiere tener cerca las oficinas de Comar porque les molesta la presencia de migrantes. En vez de eso, yo les diría que si están viendo las barbas del vecino, pongan las suyas a remojar, porque desgraciadamente la violencia que se vive en México también está provocando el desplazamiento forzado de miles de personas”, añadió.
Acerca de las expresiones de vecinos de las colonias Juárez y Anzures que se han pronunciado en contra de que las oficinas de la Comar brinden servicio por los campamentos de personas migrantes que se han establecido en zonas como la plaza Giordano Bruno, Sin Fronteras I.A.P. aseguró que la presencia de oficinas de apoyo a refugiados no está relacionada con estos asentamientos.
La asociación dijo reconocer y respetar el derecho de manifestación de los vecinos de estas zonas, “sin embargo, instamos a las autoridades competentes a garantizar los derechos de las personas migrantes, fortalecer a la Comar y sensibilizar a las sociedades de acogida”.
Según datos oficiales, entre 2013 y 2023 el número de solicitudes de refugio aumentó 10,780%, al pasar de mil 295 a 140 mil 900.
Entre enero y abril de 2024, la Comar recibió 30 mil 230 peticiones, la mayoría de personas provenientes de Honduras (12 mil 782), Cuba (6 mil 703), Haití (2 mil 606), El Salvador (2 mil 297) y Venezuela (mil 718).
El peso ha sido una de las monedas más apreciadas de 2024, lo que ha vuelto al país caro no solo para los extranjeros, sino también para los propios argentinos.
“Argentina está cara en dólares”, me dice Manuel, un empresario gastronómico de 37 años, durante mi última visita a Buenos Aires en diciembre. “Te habrás dado cuenta rápido, vos que venís de Estados Unidos”.
Ya el primer día en la ciudad, noto lo que me dice Manuel en el precio del café.
En Palermo, un barrio turístico de Buenos Aires, una taza de café vale $3.300, US$3.2 al tipo de cambio oficial, unos pocos centavos menos que al paralelo, que los argentinos llaman “dólar blue“.
Es un dólar más de lo que pago por el café en la misma cadena de cafeterías en Coconut Grove, Miami.
Pero no solo los lugares que frecuentan los extranjeros están caros en dólares. La situación se repite en lugares menos turísticos y con productos más buscados por los argentinos.
Lo vemos en un pan en rebanadas que cuesta US$4 o en la manteca a US$3. También en los productos importados. Por ejemplo, un termo Stanley vale US$140 en Buenos Aires, mientras que en Estados Unidos no supera los US$30.
De acuerdo con el índice de precios Big Mac de McDonald’s, creado por The Economist en 1986, Argentina con US$7.37 tiene el precio más caro de la hamburguesa de América Latina y el segundo del mundo, detrás de Suiza.
Hace un año, el Big Mac costaba en Argentina la mitad en dólares.
Según estimaciones del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), el peso argentino se revalorizó un 40% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre del año pasado.
No obstante, estos cambios no se tradujeron en una mejora del poder adquisitivo de los argentinos, ya que los salarios se mantuvieron congelados y las llamadas correcciones del gobierno de Javier Milei generaron una dura recesión que provocó una caída del consumo.
“No estamos ni mejor ni peor. Tenemos problemas distintos a los del año pasado”, me dice el dueño de una panadería con más 30 años en el rubro, que votó por Milei y que lo sigue apoyando, cuando le pregunto cómo afecta la apreciación de la moneda local en sus ventas.
Por eso, el impacto de la baja en el ritmo de la inflación en Argentina, que es el mayor logro de Milei en su primer año como presidente, combinada con la apreciación de la moneda local, sorprenden a cualquiera que no haya visitado el país en el último año.
En BBC Mundo te explicamos por qué este país se volvió “caro en dólares” después de haber sido uno de los más baratos de América Latina y qué impacto tiene en su economía.
“Necesito más dólares que hace un año para vivir en Argentina”, me dice Thiago, un programador brasileño que cobra en la moneda estadounidense y que hace dos años eligió vivir en Argentina favorecido por el tipo de cambio.
Desde que el peso se fortaleció en Argentina y el real cayó en Brasil, liderando las pérdidas de las monedas de América Latina, Thiago está pensando volver a São Paulo porque “con menos dólares vivo mejor allá”.
Pero Thiago no es el único. En agosto de 2024, BBC News Brasil reportaba una oleada de brasileños que dejaban Argentina porque era “inviable” para ellos mantenerse allí.
Pero ¿cómo llegó la moneda argentina, que Milei devaluó un 54% apenas asumió, a convertirse en un solo año en lo que los medios de comunicación locales han apodado un “súper peso”?
La respuesta está en la estrategia que utilizó Milei para bajar la inflación –su principal meta al asumir– que en 2023 había alcanzado el 211% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Se trata de una herramienta que los economistas llaman “ancla inflacionaria”. Es decir, se “ancló” la cotización de dólar oficial, aumentando su cotización -es decir, devaluando el peso- un 2% fijo por mes, muy por debajo de la tasa mensual de inflación.
Eso, sumado a un “ancla fiscal” que redujo fuertemente el gasto público y un “ancla monetaria” que dejó de emitir dinero para financiar al Tesoro, ha sido clave para que Argentina cerrara el 2024 con una inflación anual del 118%, lo que representa una reducción del 44,5% en un año.
Sin embargo, el lado negativo es que mientras el peso se ha ido fortaleciendo al devaluarse menos que la inflación, el dólar oficial ha quedando retrasado con respecto al costo de vida, perdiendo mucha de su capacidad de compra.
El resultado fue un fenómeno nuevo para los argentinos: la inflación en dólares, que según las estimaciones de varios economistas locales superó el 70% el año último.
En otras palabras: lo que hace un año pagabas con US$100, ahora te cuesta US$170.
Pero no solo el dólar “oficial”, que es controlado por el gobierno, perdió poder de compra. El libre o de mercado también está en niveles similares a cuando asumió Milei, a pesar de que la inflación superó el 100% en ese período.
Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, lo atribuye principalmente a una exitosa iniciativa que realizó el gobierno para que los argentinos ingresaran al sistema financiero los dólares en efectivo que tenían ahorrados en sus casas o depositados en el exterior sin declarar.
“La calma del mercado cambiario se consolidó gracias al blanqueo de capitales”, le dijo a BBC Mundo. “El gobierno logró, con mucha mucha confianza y pragmatismo, un blanqueo de capitales que le habilitó un ingreso muy generoso de dólares en efectivo”, dice el economista.
La iniciativa resultó mejor de lo esperado. En la primera etapa, Argentina consiguió que ingresaran US$19.023 millones, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Esto llevó a contener el dólar paralelo y que se mantenga a una tasa levemente superior al tipo de cambio oficial, a diferencia de años anteriores cuando la brecha era muy amplia.
El “peso fuerte” tiene aspectos positivos y negativos para el país.
Por un lado, el gobierno destaca que los salarios han aumentado en dólares.
Según un informe de Bumeran, una plataforma de empleo en línea, el sueldo promedio pretendido en este país es de US$1.234, por encima de la media regional. Mientras que hace un año era uno de los más bajos de América Latina.
Sin embargo, la apreciación de la moneda también ha generado una caída en el número de turistas extranjeros que visitan el país y el aumento de los argentinos que aprovechan el “dólar planchado” para viajar al exterior.
Según datos del Indec, la cantidad de turistas internacionales en el país registró una baja interanual del 19,2% en noviembre.
Pero el impacto que más preocupa a muchos locales es en sectores como la industria, dado que ahora es más caro producir, tanto para el mercado local como para el exterior, lo que hace menos competitivos a la industria y al agro argentino.
A esto se suma la apertura de las importaciones que realizó el gobierno para incentivar la competencia y bajar los precios locales.
El resultado es que “cada vez será más barato acceder a productos importados y cada vez será más cara la producción nacional”, afirma Sigaut Gravina.
En este sentido, desde el sector industrial han advertido que esto podría generar una caída en la producción, que llevaría a una consecuente reducción de puestos de trabajo.
Los más críticos al gobierno incluso alertan sobre un posible “industricidio”, como el que ocurrió en la década de 1990 cuando el peso argentino estaba atado al dólar y muchas empresas terminaron cerrando.
Entre los economistas que advirtieron sobre los efectos negativos del “súper peso” está Domingo Cavallo, quien fue ministro de Economía durante ese período (1991-1996) del presidente Carlos Menem, apodado el “padre de la convertibilidad” en Argentina.
Cavallo dijo en diciembre que la actual “apreciación real exagerada del peso” es “parecida” a la que ocurrió a finales de 1990, “una deflación muy costosa porque transformó a la recesión que se había iniciado a fines de 1998 en una verdadera depresión económica”.
En Argentina, la lectura de que el peso está artificialmente alto en comparación con su valor real o competitivo en el mercado internacional se expande en la opinión pública e incomoda al presidente.
Pero Milei asegura que sus críticos están equivocados.
“El tipo de cambio desde mi perspectiva no está atrasado”, aseguró en una entrevista a comienzos de enero en la radio El Observador. “Es irritante e insultante la estupidez que dijo [Cavallo]”.
Para el mandatario, la poca distancia en la cotización entre el dólar oficial y el de mercado, además del hecho de que el Banco Central logró acumular unos US$25.000 millones en reservas con la actual cotización, son prueba de que no hay retraso.
“Además hay equilibrio fiscal”, destacó.
La economía de este país, según la lectura de Milei, no debe ganar competitividad debilitando al peso sino desregulando la economía, reduciendo los impuestos y mejorando el acceso al crédito.
Para Sigaut Gravina, las palabras de Milei buscan contener la presión para que el gobierno vuelva a devaluar la moneda argentina.
“Si todos tenemos la idea de que hay un atraso cambiario significativo, todos van a pensar que el peso así como está no se sostiene”, señala.
No obstante, el experto dice que “el principal activo del gobierno hoy es que bajó la inflación y devaluar implica, como efecto inmediato, más inflación”.
Por eso, Milei ha asegurado que no hará otra gran devaluación del peso, como la que hizo al asumir.
Por el contrario, el Banco Central argentino anunció que a partir de febrero reducirá la devaluación mensual del tipo de cambio oficial del 2% al 1%, lo que fortalecerá aún más al peso.
Se espera que la estrategia ayude a seguir bajando la inflación, que en diciembre pasado alcanzó un 2,7% mensual.
Pero muchos se preguntan cuál será el perjuicio de seguir siendo “caros en dólares”.
De todas formas, lo que realmente podría definir la cotización del dólar es lo que ocurra una vez que Milei levante los controles de capitales que hoy restringen el acceso al billete estadounidense y deje flotar al peso, algo que ha prometido hacer en 2025.
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