Diputada de Morena en Guerrero niega que Cybertruck sea suya tras exhibir paseo en Chilpancingo
Para entender mejor
Citlalli Téllez Castillo, diputada local de Morena en Guerrero, aseguró este sábado que la camioneta Cybertruck de Tesla en la que paseó por las calles de Chilpancingo no es de su propiedad, sino de uno de sus amigos.
El viernes, la morenista grabó un video en vivo mientras recorría las calles del municipio a bordo del vehículo que cuesta más de 2 millones de pesos.
El video desató críticas de usuarios en redes sociales quienes apuntaron a la funcionaria por viajar en un auto de lujo, a pesar de pertenecer a un partido que defiende la “austeridad republicana”.
La diputada representa al Distrito 19 de Guerrero y preside la Comisión de Minería en el Congreso local.
Cybertuck es de un amigo, dice diputada
Luego de borrar el video, la morenista compartió un mensaje en redes sociales en donde explicó que la camioneta pertenece a uno de sus amigos.
“Esa camioneta no es mía, es de un gran amigo mío y decirles que no ha sido la primera vez que he estado a bordo de esa camioneta, no ha sido la primera vez que yo comparto un video en esa camioneta”, comentó.
Según detalló, su amigo hizo los trámites desde 2019 para poder adquirir el vehículo y fue hasta el mes pasado que se la entregaron, por lo que decidieron celebrar viajando al pueblo de donde ella es originaria.
En cuanto al paseo del miércoles, dijo que fue parte de un encuentro casual. “Antes de ser diputada yo tenía una vida, de la que no tengo culpa”, sostuvo.
Asimismo, adelantó que iniciará acciones legales contra los medios de comunicación y plataformas que, según dijo, han puesto en riesgo su seguridad e integridad al difundir estos hechos.
“Yo en lo personal me he trasladado a mi comunidad hasta la fecha, desde que obtuve el cargo público, en las combis, en las urvans, que van de Zumpango a Tlacotepec, tengo evidencia de cómo aparto mis asientos, no gozo de ningún privilegio ni hago abuso del poder que tengo”, agregó.
Esto ocurre en medio de la crisis de seguridad que enfrenta Chilpancingo, donde recientemente fueron hallados los cuerpos de 11 integrantes de una familia de comerciantes originarios de la comunidad de Chautipan que se encontraban desaparecidos.
A inicios de octubre el alcalde del municipio y el secretario general del Ayuntamiento fueron asesinados apenas unos días después de haber asumido sus respectivos cargos.
El cuerpo del ahora exalcalde, Alejandro Arcos Catalán, fue hallado decapitado al interior de un vehículo al oriente de la ciudad. Las indagatorias del gobierno federal señalan que antes de ser asesinado, el exfuncionario viajó solo y sin protección al pueblo de Petaquillas, en donde sostendría una reunión con personas cuya identidad no fue revelada.
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Días después, más de 2 mil personas se manifestaron en las calles de Chilpancingo para exigir justicia y paz en la zona, así como castigo a los responsables del crimen.
Gustavo Alarcón, quien era alcalde suplente, rindió protesta el pasado 10 de octubre e informó que ya cuenta con protección de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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