Operativos sin enfrentamientos, detenciones masivas y liberaciones exprés marcan estrategia de seguridad en Chiapas
Las imágenes del primer operativo encabezado por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tras su toma de posesión el 8 de diciembre de 2024, evocan las de anteriores administraciones: fuerzas de seguridad desplazándose entre tráilers quemados y destruidos. No obstante, el primer operativo de su gestión, el 15 de diciembre en Comitán, su ciudad natal, generó una inusual cantidad de detenciones: 135 personas, entre ellas 92 policías municipales.
De los 319 operativos realizados desde esa fecha hasta mediados de marzo de 2025 —según una respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) a una solicitud de información—, decenas de policías y algunos alcaldes fueron detenidos bajo acusaciones graves, como vínculos con el crimen organizado o presunta participación en asesinatos y desapariciones. La FGE reportó el inicio de 3,351 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, así como la detención de 2,089 personas.
Muchos de estos arrestos ocurrieron durante operativos espectaculares y altamente mediatizados, supuestamente orientados a restablecer el orden y “limpiar” las instituciones estatales de corrupción. Sin embargo, una parte considerable de los agentes detenidos ha sido liberada casi de inmediato. Por ejemplo, tras el primer operativo en Comitán, se reportó la detención de 92 policías municipales, pero días después solo la mitad seguía en prisión. Algo similar ocurrió en Tonalá: de los 98 policías arrestados, 95 fueron liberados apenas dos días después.
Chiapas venía de una crisis de violencia que se agudizó a mediados de 2021 por la intensificación del conflicto entre grupos del crimen organizado, con más de 15 mil 700 desplazados entre enero de 2023 y junio de 2024, desapariciones que se cuadruplicaron en cinco años y homicidios dolosos que incrementaron un 63 % en un sólo año.
Por ello, la estrategia de seguridad del nuevo gobernador ha generado que algunos ciudadanos celebren las capturas y el abandono de la estrategia de “abrazos, no balazos”, pero otros cuestionan si la medida tendrá efectos duraderos o se tratará de una puesta en escena.
“Un aire distinto”
“En poquito más de cuatro meses en Chiapas se respira un aire distinto, de paz y tranquilidad”, afirmó el gobernador Eduardo Ramírez el pasado 22 de abril, al presentar una encuesta sobre percepción de seguridad. Todavía el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no divulga los datos de este año sobre la percepción de inseguridad de los chiapanecos, cuyo porcentaje se duplicó entre 2011 y 2024, pero en abril publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que muestra un gran alivio entre los habitantes de las dos ciudades más grandes e inseguras: Tapachula pasó del primer lugar a nivel nacional al octavo y Tuxtla Gutiérrez del lugar 33 al sexto. Además, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros meses del año la inseguridad sí disminuyó repentinamente, por ejemplo, los homicidios dolosos cayeron un 45.4 % si se compara con el mismo periodo de 2024.
Los medios locales, que cubrían continuos enfrentamientos y desplazamientos forzados, están contribuyendo a este cambio de percepción en la ciudadanía: desde que Eduardo Ramírez tomó posesión no reportaron ningún desplazamiento, sólo cinco enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con grupos de la delincuencia organizada y uno entre civiles armados que, de acuerdo con las autoridades, fue nada más una riña entre borrachos. A partir de este año, la cobertura de los medios chiapanecos está centrada en operativos exitosos que resultan en incautaciones y detenciones, aunque en su mayoría relacionadas con delitos menores.
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Programa Cero impunidad en Chiapas, qué es
En los últimos meses, en Chiapas, carreteras que durante años fueron intransitables debido a asaltos y bloqueos ahora son patrulladas de forma constante. Zonas arqueológicas y centros turísticos ubicados en regiones anteriormente muy inseguras han reanudado actividades, lo que ha contribuido parcialmente a la reactivación económica.
De acuerdo con el gobierno, estos resultados se alcanzaron en tan poco tiempo gracias a la presencia del recién creado grupo de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), al incremento del salario del 40 % a los policías estatales y al programa Cero Impunidad. Sus detalles no son públicos, pero según el gobernador se trata de una estrategia integral para erradicar la impunidad y fortalecer la seguridad a través del uso de herramientas tecnológicas de vanguardia y de un sistema de incentivos para mejorar el rendimiento de los ministerios públicos y fiscalías.
Sin embargo, expertos y organizaciones de la sociedad civil chiapaneca temen que la pacificación exprés de Chiapas responda a un pacto del estado con quienes generaban la violencia.
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Operativos sin enfrentamientos en Chiapas
Una de las razones que lleva a los críticos del gobierno de Eduardo Ramírez a sostener esta tesis es que las fuerzas policiales chiapanecas entraron y pacificaron regiones controladas por la delincuencia organizada sin casi disparar un tiro.
“¿Cuál es la diferencia entre los operativos que se están llevando a cabo en otros estados de la República y lo que está sucediendo en Chiapas?”, dice Leonel Rivero, abogado defensor de derechos humanos y de perseguidos políticos. “Los primeros han derivado en enfrentamientos con muchos muertos, mientras que en Chiapas los grupos no se resistieron a que la autoridad retomara el control. Yo creo que no se opusieron porque hicieron un pacto con el estado para bajar la tensión y distribuirse el territorio”.
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Nuevos pactos de gobernabilidad
Las carreteras de Chiapas están llenas de espectaculares con fotos de los Pakales y de pintas que recuerdan el resultado del gobierno: “100 días de paz”, dicen. Una paz que llegó a Chiapas de repente, como si estuviera lista detrás de una puerta esperando a que alguien le abriera.
“Eduardo Ramírez se vende como el salvador que pacífica y trae las inversiones, como la única opción para que el caos no se derrame”, dice una activista local que prefiere el anonimato. “Sin embargo, para controlar en 100 días un estado que está al borde del abismo tienes que tener la solución lista: la negociación empezó mucho antes del comienzo de su mandato y la FRIP, que es su guardia pretoriana, ya la tenía lista”.
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También el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) está convencido de que el nuevo gobierno emprendió negociaciones con la criminalidad organizada. “Pensamos que el ejecutivo está ubicando a las redes locales de criminalidad para generar pactos de gobernabilidad a través de sus líderes, y si no aceptan les toca la cárcel. Algunos la llamarían pax narca”, dice Pedro Faro, coordinador de sistematización e incidencia del Frayba. “De esta forma las redes de criminalidad se desactivan, pero no se están desarticulando a la raíz y en cualquier momento se pueden reavivar. La paz actual es muy frágil y se puede romper, pues no hubo cambios reales”.
Una paz social con cimientos endebles en Chiapas
La FGE afirma que los criminales se fueron a Guatemala, pero analistas y organizaciones sociales piensan que siguen en los territorios, donde operan con un perfil más bajo. De todos modos, según el abogado Leonel Rivero, no se puede negar que la población sale beneficiada de este pacto: actualmente en Chiapas sí existe una paz social, aunque está construida sobre cimientos endebles. “La cuestión es también cuál es el precio de este pacto: hay un costo de impunidad para los cabecillas de la delincuencia”, dice.
Para el Frayba, los pactos de impunidad se podrían romper si el Estado se investigara a sí mismo, empezando por personalidades como el actual Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Decenas de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron tras su nombramiento, recordando su pasado oscuro, sobre todo como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad”, escriben.
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“La paz verdadera no se negocia”
“Pakal [antiguo rey de Palenque] era el protector de Chiapas y la FRIP está para defender al pueblo”, dijo en entrevista con Canal 10 el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño. “Cuando vean a un Pakal ofrézcanle una botella de agua, un pozol: que se sientan bienvenidos en Chiapas”.
El 78.1 % de la población chiapaneca recibió con ánimo la estrategia de seguridad de su gobierno, de acuerdo con una encuesta realizada por FactoMétrica en marzo de 2025, pero en el estado preocupan las violaciones a los derechos humanos que han acompañado la intervención policial y militar del territorio.
Organizaciones sociales como la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, cuyos integrantes habitan municipios que han padecido mucha violencia como Chenalhó y Pantelhó, ven con temor los continuos operativos y hablan de “paz simulada”.
“Se llevan a narcomenudistas, quizás sean pequeños delincuentes, pero no están desarticulando realmente a los grandes criminales que han metido terror en las comunidades”, escribieron Las Abejas en un comunicado.
“Reconocemos que en nuestras comunidades algunos desplazados han podido regresar a sus pobres y saqueadas casas y salir a cosechar un poco de café, aunque con miedo. Pero la paz verdadera no se negocia, porque si no, no es verdadera”.
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Irán ya ha vivido protestas antes, las más recientes en 2022, pero ¿por qué las manifestaciones actuales se consideran diferentes en alcance y objetivos?
Las protestas antigubernamentales en Irán, que, según corresponsales de la BBC y un funcionario iraní ya han dejado al menos dos mil muertos, han alcanzado un nivel nunca visto en los 47 años de historia de la República Islámica, según numerosos expertos y testigos presenciales.
Jiyar Gol, corresponsal de la BBC en persa, aseguró que el número de muertos debe ser de miles, y añade que, si bien el gobierno ya ha recurrido antes a la fuerza, esta vez no tiene precedentes.
La agencia de noticias Reuters, por su parte, informó que un funcionario de seguridad iraní afirmó que el número de muertos podría rondar las 2.000 personas. La fuente indicó que la estimación incluía tanto a personal de seguridad como a civiles, y culpó a “terroristas” de las muertes.
Mientras la gente sale a las calles en ciudades de todo el país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con “dar duro donde más duele” si las autoridades reprimen a los manifestantes y ha afirmado que EE.UU. “está listo para ayudar”.
Si eso ocurre, las autoridades iraníes han prometido responder con ataques a los aliados e intereses estadounidenses en la región.
Pero ¿en qué se diferencian estas protestas —y la respuesta del gobierno iraní a los levantamientos— de las manifestaciones anteriores en el país?
Amplio alcance
Los expertos sostienen que la escala y la extensión de las protestas de este año no tienen precedentes.
El investigador en sociología Eli Khorsandfar afirma que, si bien se han producido manifestaciones en las principales ciudades iraníes, también se han extendido a pequeñas localidades, “cuyos nombres quizá muchos desconozcan”.
Irán ya ha vivido protestas. El llamado Movimiento Verde de 2009 lideró la protesta de la clase media contra el presunto fraude electoral. Aunque fue de gran magnitud, se centró en las grandes ciudades. Otras protestas importantes en 2017 y 2019 se limitaron a las zonas más pobres.
Las protestas recientes más comparables se produjeron en 2022, cuando estallaron manifestaciones tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, de 22 años.
La joven había sido detenida por la policía moral iraní por su forma de llevar el velo.
Esas protestas se intensificaron rápidamente tras la muerte de Amini, pero alcanzaron su punto álgido seis días después, según múltiples informes.
En cambio, las protestas actuales parecen más grandes, más amplias y parecen crecer de manera más consistente desde que comenzaron el 28 de diciembre.
“Muerte al dictador”
Al igual que las protestas de 2022, los levantamientos actuales tienen sus raíces en un reclamo específico que pronto se transformó en demandas de un cambio sistémico profundo.
“El movimiento de 2022 comenzó con el problema de las mujeres. Pero también se reflejaron en él otras reivindicaciones… Las protestas de diciembre de 2025 comenzaron con cuestiones que parecían económicas y, en muy poco tiempo, llegaron a transmitir mensajes compartidos”, afirma Khorsandfar.
A finales de diciembre, los comerciantes del bazar se declararon en huelga en el centro de Teherán, en respuesta a las fuertes fluctuaciones del tipo de cambio del rial iraní frente al dólar estadounidense.
Las protestas se extendieron a las regiones más pobres del oeste del país. Al igual que en 2022, las provincias de Ilam y Lorestán fueron algunos de los principales epicentros.
Hacia finales de diciembre, se llevaron a cabo marchas en las que participaron miles de personas mientras millones de iraníes, también de clase media, se enfrentaban a una grave crisis económica y a un rápido aumento de los precios. Desde entonces, la gente que marcha por las calles corea “¡Muerte al dictador!”.
Exigen la destitución del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y del régimen que preside.
El factor Pahlavi
Las protestas de 2022 parecieron no tener líderes y pronto se desvanecieron.
En cambio, las manifestaciones actuales cuentan con figuras —algunas como el exiliado Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado en 1979— que intentan moldear o liderar las marchas desde la distancia.
Esto podría explicar en parte por qué se mantienen durante más tiempo.
En las protestas actuales, los cánticos que exigen el regreso de los Pahlavi se han escuchado más que nunca.
Pahlavi se autoproclamó sha de Irán durante su exilio en Estados Unidos.
Sus llamamientos a corear consignas en las calles han sido ampliamente compartidos. Los jóvenes iraníes se han animado indirectamente a unirse a las manifestaciones a través de las redes sociales.
La magnitud de las recientes protestas en ciudades como Teherán demuestra la eficacia del llamamiento de Pahlavi.
Analistas afirman que, como resultado, la presencia de una figura conocida de la oposición parece haber reforzado para algunos manifestantes la idea de que existe una alternativa viable en caso de la caída del gobierno actual.
Otros indican que cualquier indicio de apoyo a Pahlavi no implica necesariamente un deseo de retorno a la monarquía.
Más bien, es una expresión de desesperación por encontrar cualquier alternativa al gobierno clerical, sobre todo ante la ausencia de figuras visibles y laicas de la oposición dentro del país.
Amenaza de intervención de Trump
Otro factor que distingue a las protestas de 2025, incluso de las de 2022, es Estados Unidos.
Las manifestaciones de este año, a diferencia de las anteriores, parecen contar con el apoyo de la Casa Blanca.
Trump ha amenazado con atacar las posiciones del gobierno en apoyo a los manifestantes, algo que nunca había ocurrido antes.
Durante el movimiento de protesta de 2009 contra el presunto fraude en las elecciones presidenciales, los manifestantes coreaban: “¡Obama, Obama, o con ellos o con nosotros!”.
El expresidente estadounidense Barack Obama, que asumió el cargo en 2009, lamentó más tarde no haber apoyado de forma más visible a los manifestantes en las calles en aquel momento.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que las manifestaciones están siendo manipuladas por “los enemigos de Irán”.
Sin embargo, el problema para él es que su país tiene menos amigos que en los últimos años.
Las autoridades iraníes han perdido aliados clave: Bashar al Assad ha sido derrocado como presidente de Siria y Hezbolá en Líbano también se ha visto significativamente debilitado por la acción militar israelí.
El legado de la guerra
A diferencia de las manifestaciones de 2022, las protestas de este año se concretaron meses después de la guerra de 12 días con Israel y de los posteriores ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
El periodista Abbas Abdi cree que estos incidentes brindaron a las autoridades iraníes la oportunidad de forjar cierto tipo de solidaridad y cohesión social, pero que el gobierno no la aprovechó.
Algunos expertos también sugieren que el duro golpe al ejército iraní el año pasado ha destrozado el aura y el prestigio de la Guardia Revolucionaria Islámica como principal institución militar del país ante los ojos de los iraníes.
Inspirándose en el espíritu de las manifestaciones de 2022, Khorsandfar ve un cambio duradero en las protestas actuales: en entrevistas con mujeres que salieron a las calles hace tres años, muchas le dijeron que su mayor logro fue superar el miedo a un estado represivo.
*Con información y análisis de BBC News Persian, BBC Global Journalism y Neda Sanij, periodista de Oriente Medio.
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