Chiapas se alista para las elecciones de 2024 y ya hay varios aspirantes que han levantado la mano para ocupar el lugar del morenista Rutilio Escandón, quien fue electo como gobernador en julio de 2018 con el 41.74% de la votación.
Sin embargo, quien termine ganando la gubernatura deberá poner atención en temas como la pobreza, la violación a los derechos humanos y el aumento en los feminicidios, pues el actual gobierno no ha logrado revertir las cifras en estos rubros.
Hasta el momento 8 aspirantes han levantado la mano para ser los sucesores de Rutilio Escandón.
Por el lado de Morena, uno de los contendientes más populares era Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, el pasado 21 de agosto se bajó de la contienda, por lo que surgieron varios morenistas para entrarle a la pelea.
Entre ellos está Eduardo Ramírez Aguilar, líder de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado.
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La mayor parte de la carrera política de Eduardo Ramírez se desarrolló de la mano del PVEM, con este partido ganó la presidencia municipal de Comitán, Chiapas, en 2008.
La empresaria y diputada federal Patricia Armendáriz también aseguró que está lista para gobernar la entidad.
“Vengo a decirles que voy a registrarme como candidata a la Coordinación en Chiapas en defensa de la Cuarta Transformación porque estoy muy preparada para que en Chiapas continúe la transformación de las conciencias”, dijo este 20 de septiembre en un video.
Armendáriz dijo que ella aspiraba a una senaduría, pues pensaba apoyar a Zoé Robledo, pero que al declinar, ella se siente lista para gobernar la entidad.
La senadora Sasil de León también levantó la mano, aunque ella no pertenece a las filas de Morena, pues llegó al cargo con Encuentro Social, sí apoya a la Cuarta Transformación, por lo que se espera que participe en las encuestas que haga el partido.
Sasil ha sido diputada local, federal y senadora, además de secretaria para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres de Chiapas.
Plácido Morales, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, afín a Morena, también anunció sus aspiraciones tras la declinación del director del IMSS.
“Mi vida y corazón están en Chiapas y conozco ese estado”, dijo.
Esta es la segunda vez que intenta ser gobernador. En 2018 renunció a su cargo como jefe de gabinete del entonces gobernador Manuel Velasco, para buscar la candidatura. También fue alcalde de Ocozocoautla, Chiapas.
La diputada Manuela Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, también es una de las que suenan para gobernar la entidad.
Y aunque ella no ha levantado la mano como tal, el director del IMSS, Zoé Robledo, pasó la estafeta en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura de Chiapas, a la diputada Manuela Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Le he pedido a dos compañeros del equipo: el presidente de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez, y la diputada Manuelita Obrador que vayan al encuentro de nuestros compañeros para decirles que ésta es la transformación: luchar por principios, ideales y no por cargos. Les agradezco su disposición y entrega para que no se diga adiós a la esperanza”, escribió en su cuenta de Facebook.
El Partido Verde Ecologista de México ha mantenido liderazgo en la entidad desde el 2000 gracias a sus alianzas estratégicas con distintos partidos. En ese año se unió al PAN, PRD, Convergencia y PT para respaldar la candidatura de Pablo Salazar Mendiguchía.
Para 2006 decidió caminar nuevamente con el PRI; y aunque perdió contra el PRD y su candidato Juan Sabines, quien obtuvo el 46.98, el margen fue muy cerrado, ya que el candidato del Verde, José Antonio Aguilar, obtuvo 46.45% de los votos
En 2012, el Verde decidió aliarse otra vez con el PRI, pero ahora con un candidato emanado de su partido: Manuel Velasco Coello, quien ganó con el 64% de la votación.
Velasco fue el primer gobernador 100% Verde de Chiapas, ya que es militante de dicho partido desde 2001.
Para 2018, el Verde rompió con sus aliados del PRI y fue en solitario, pero su candidato Luis Fernando Castellanos perdió ante Rutilio Escandón.
Hasta el momento, los que han levantado la mano para contender por el Partido Verde son Luis Armando Melgar, quien aseguró que sí tiene intenciones de competir por la candidatura.
Jorge Luis Yaven, quien ya fue respaldado por la líder del Verde, Karén Castrejón; y Valiera Santiago.
“Chiapas representa una fuerza política muy importante para el PVEM, por eso hoy respaldamos al diputado Jorge Llaven Abarca, porque a lo largo de los años ha demostrado tener una exitosa trayectoria, trabajo y liderazgo en el estado”, dijo la líder del Verde a nivel nacional.
Respecto a si irán solos o en Alianza, Castrejón no ha dejado claro cómo será la operación que seguirán en la entidad, aunque sí ha dicho que respecto a las elecciones presidenciales y legislativas seguirán con Morena.
Por parte de la alianza PAN, PRI y PRD hay algunos nombres que suenan para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México, entre ellos está el priista Rubén Zuarth y Willy Ochoa, quien fue gobernador interino en 2018 tras una solicitud de licencia provisional de Manuel Velasco Coello.
Sin embargo, los líderes partidistas que conforman la alianza aún no han definido el método para elegir candidato en los estados.
En enero pasado, Marko Cortés, líder del PAN, dijo que esperan mantener las candidaturas comunes en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, por lo que se realizarán mesas de trabajo con dirigencias locales para definir la ruta.
Chiapas es una de las entidades con el mayor porcentaje de población en pobreza. De acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 75% de las personas están en esa condición.
En números absolutos, Chiapas cuenta con 4 millones 218 mil personas en pobreza.
Además, el estado cuenta con los niveles más altos respecto a carencias sociales y acceso a servicios de salud.
Entre 2018 y 2020, la carencia por acceso a los servicios de salud presentó un incremento del 17.6 % a 37.1 %, una variación de 19.5 puntos porcentuales, mayor al incremento de 12 puntos porcentuales reportados en el ámbito nacional.
En cuanto al porcentaje de personas vulnerables por carencias sociales aumentó 1.8 puntos porcentuales, al pasar de 12.3 % en 2018, a 14.1 % en 2020. Esto quiere decir que en términos absolutos hubo 133,662 personas más en esta situación.
La población vulnerable por ingresos también incrementó, pues pasó de 3.0 % en 2018 a 3.3 %,en 2020.
Otro tema pendiente en la entidad son las múltiples violaciones a los derechos humanos que se han registrado en los últimos meses.
Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, Chiapas tiene abiertos 603 expedientes de queja en esa materia, de los cuales el 42% son atribudos al Instituto Nacional de Migración.
Las quejas contra el INM tienen que ver con acciones directas que atentan contra los migrantes y sus familiares.
En segundo lugar están las quejas atribuídas a la Comisión Mexicana de ayuda a refugiados, con 114 expedientes abiertos.
Chiapas es una de las 5 entidades que concentran el 81.6% de las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Chiapas es una de las entidades en la que varios municipios se rigen bajo usos y costumbres, es decir, cuentan con un conjunto de normas que buscan defender y proteger la identidad de pueblos y comunidades indígenas, por lo que ninguno de los aspirantes de los partidos tradicionales podrá intervenir o hacer campaña.
Actualmente, la Ley de Derechos y Cultura indígena de Chiapas reconoce y protege a 12 pueblos indígenas asentados en el estado: tseltal, tzotzil, chol, zoque, tojolabal, mame, cakchiquel, lacandon, mocho, jacalteco, chuj y kanjobal.
Sin embargo, el único municipio de Chiapas que se gobierna mediante Sistemas Normativos Indígenas es Oxchuc, una localidad que ganó en tribunales el derecho a implementar su propia forma de gobierno, es decir, tienen autonomía política.
De acuerdo con el sistema normativo, los habitantes de Oxchuc tienen el derecho de implementar cómo elegir a su presidente municipal, sus regidores y representantes, mediante el sistema que ellos deseen.
En 2019, tras meses de tensión social y confrontaciones políticas, los habitantes de Oxcuc eligieron mediante voto a mano alzada, a su primer presidente municipal electo por este sistema: Alfredo Sántis Gómez, quien concluyó su periodo en 2021.
Aunque en 2021 se hizo un llamado para una nueva elección, los conflictos internos provocaron que se suspendiera, por lo que apenas en julio de este 2023 se emitió la convocatoria para nuevas elecciones.
Los usos y costumbres de los pueblos indígenas también han sido criticados porque se usan para justificar los matrimonios infantiles, la venta de niñas para fines de explotación sexual, así como el despojo de tierras.
Esto, pese a que se han decretado leyes que buscan la protección de mujeres e infancias en el municipio.
En materia de seguridad, el gobierno de Rutilio Escandón no ha podido frenar la ola de feminicidios, delito que se ha incrementado después de la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en 2018 se registraron 21 feminicidios; para 2019 la cifra se redujo a 20; sin embargo, para 2020 comenzó el incremento y la cifra subió a 28.
Para 2021 este delito se duplicó pues se registraron 46 feminicidios. 2022 cerró con 44, y según la tendencia, la cifra podría ser similar en 2023, pues hasta julio de este año se tiene un registro de 23 feminicidios.
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Además de los feminicidios, la violencia en algunos municipios no baja.
Diversas organizaciones indígenas, activistas y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas han denunciado situaciones de desplazamiento forzado, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras, en la entidad; además de la presencia de grupos del crimen organizado y autodefensas.
Entre los municipios más afectados por el crimen organizado están Comitán, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Tapachula, Suchiate y Palenque, los más cercanos a la frontera con Guatemala.
Los mensajes de los líderes de Estados Unidos y de Rusia revelan diferentes perspectivas sobre un posible acuerdo de paz para Ucrania.
Donald Trump prometió el año pasado que terminaría la guerra de Ucrania en “24 horas”.
La semana pasada dijo que no se resolvería hasta que él y el presidente ruso, Vladimir Putin, pudieran “reunirse” y resolverlo en persona.
El lunes, la cosa cambió de nuevo.
Después de una llamada telefónica de dos horas con Putin, Trump dijo que las condiciones de un acuerdo de paz solo podrían negociarse entre Rusia y Ucrania, y quizás con la ayuda del papa León XIV.
Aun así, el presidente estadounidense no ha perdido su optimismo ante la perspectiva de paz, y publicó en las redes sociales que los combatientes “comenzarían inmediatamente” las negociaciones para un alto el fuego y el fin de la guerra.
La percepción de Trump no parece coincidir con la visión rusa.
Putin se limitó a declarar que su país está listo para trabajar con Ucrania para elaborar un “memorándum sobre un posible futuro acuerdo de paz”.
Hablar de memorandos y un “posible futuro” de paz se antoja lejos del compromiso necesario para cimentar acuerdos duraderos rápidamente.
Putin volvió a enfatizar que cualquier resolución del conflicto tendría que abordar las ‘”raíces” de la guerra, que, según ha afirmado Rusia en el pasado, es el deseo de Ucrania de estrechar lazos con Europa.
Existe la posibilidad de que la última opinión de Trump sobre la guerra en Ucrania pueda ser una señal de que Estados Unidos abandonará finalmente la mesa de negociaciones.
“Hay grandes egos involucrados, pero creo que algo va a suceder”, dijo Trump el lunes por la tarde. “Y si no sucede, simplemente me retiraré y tendrán que seguir adelante”.
Sin embargo, un movimiento así vendría con su propia lista de preguntas y riesgos.
Si Estados Unidos se desentiende de la guerra, una amenaza planteada también por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ¿significaría que Estados Unidos también pondrá fin al apoyo militar y de inteligencia a Ucrania?
Si ese es el caso, es probable que lo agradeciera Rusia, que contaría con mayores recursos que una Ucrania sin el respaldo estadounidense.
La sola perspectiva basta para preocupar al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
“Es crucial para todos nosotros que Estados Unidos no se distancie de las conversaciones y la búsqueda de la paz”, dijo el lunes después de la llamada entre Trump y Putin.
Al margen de la retórica del lunes, parece que Ucrania y Rusia están dispuestos a continuar algún tipo de conversaciones, y eso ya es un progreso después de casi tres años de guerra.
Aún está por determinarse si el equipo ruso será algo más que la delegación de bajo nivel que viajó a Estambul, Turquía, para reunirse con los ucranianos el viernes pasado.
Trump ha ofrecido a Rusia la promesa de reducir las sanciones contra Moscú y nuevos acuerdos comerciales e inversiones económicas como el incentivo que moverá a Putin hacia un acuerdo de paz.
Lo volvió a mencionar en sus comentarios posteriores a la llamada. Por otro lado, no se discutieron consecuencias negativas para Rusia, como nuevas sanciones a la banca rusa y las exportaciones de energía.
El presidente estadounidense advirtió el mes pasado que no toleraría que Putin le “tomara el pelo” y señaló que Rusia no debería atacar áreas civiles.
Pero el domingo, Rusia lanzó su mayor ataque con drones contra ciudades ucranianas en lo que va de guerra, y la llamada del lunes entre los dos líderes mundiales ha dejado claro que cualquier alto el fuego o acuerdo de paz se atisba todavía muy lejano.
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