En Chautipan, Guerrero, siguen sin clases desde septiembre; habitantes exigen atender situación
Para entender mejor
Desde septiembre del 2024, niñas, niños y adolescentes de Chautipan, Guerrero, están sin clases debido a que las maestras y maestros de los tres niveles escolares que hay en la comunidad no se han presentado a laborar.
Los habitantes exigieron a la autoridad educativa resolver la falta de clases por la ausencia de los maestros que atienden los diferentes niveles educativos disponibles en esta comunidad de la sierra de Chilpancingo, a una hora y media de la cabecera.
Las clases fueron suspendidas desde días antes del huracán John, ya que por la presencia del fenómeno meteorológico la Unidad de Protección Civil suspendió labores. Las lluvias de John dañaron la carretera de Chilpancingo a Jaleaca de Catalán y los maestros ya no subieron, aunque los habitantes y comerciantes locales se trasladaban por un camino de terracería.
Después de la contingencia, los habitantes vivieron entre el 24 y 27 de octubre la desaparición de 17 integrantes de una misma familia que se dedicaba a la venta de trastes en diferentes comunidades de la Montaña baja, principalmente en Chilapa, un área controlada por el grupo del crimen organizado Los Ardillos.
El 6 de noviembre, 11 de las 17 personas desaparecidas, entre ellas, dos mujeres y cuatro niños, aparecieron muertos, todos presentaban signos de tortura y de violencia extrema.
El 5 de noviembre, las y los maestros adscritos a la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza enviaron un documento al director general de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, en el cual explicaron por qué no cumplían con su labor como docentes.
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“Debido al huracán John una de las dificultades que se presentaron es el difícil acceso a la comunidad, la falta de transporte y uno de los principales temas que aqueja a la localidad es la inseguridad que prevalece en el entorno donde desempeñamos nuestra labor docente”, dice el texto.
Agregaron que bajo esas circunstancias no sentían la confianza y seguridad para trasladarse a cumplir con sus funciones.
Lo anterior luego de que la comunidad envió un oficio a los docentes el 4 de noviembre, en donde las madres y padres de familia acordaron que los maestros debían quedarse en la comunidad de lunes a viernes en lugar de viajar a diario.
“Todos los padres llegamos a la conclusión de que los maestros se queden en la comunidad de lunes a viernes, en caso de no estén de acuerdo, los maestros se comprometerán a realizar un documento donde ellos se hacen responsables si viajan diario de la comunidad”, menciona el documento.
Este intercambio de oficios ocurrió un par de días antes de que fueran halladas las once personas asesinadas. Después del sepelio colectivo, las madres y padres de familia han solicitado a las maestras y maestros regresar a dar clases, pero los maestros anteponen ese oficio enviado desde noviembre.
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Las madres y padres tenían esperanzas de que este lunes 13 de enero se reanudaran clases en todos los planteles de pero las instalaciones educativas en este pueblo de alrededor de 500 habitantes, donde hay unos 200 menores de edad, no abrieron porque los maestros no regresaron.
Un comité de madres y padres de familia pidió a la autoridad educativa resolver esta situación, ya sea con cambiar a los maestros o supervisar que haya las condiciones que ellos piden para subir a la comunidad a cumplir con su función.
Esta nota se publicó originalmente en Amapola, Periodismo transgresor.
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Las pruebas contra Trump por intentar anular el resultado electoral en 2020 fueron “suficientes para obtener y mantener una condena”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense.
Las pruebas contra Trump fueron “suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
Trump respondió diciendo que Smith estaba “trastornado” y que sus hallazgos eran “falsos”.
El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones.
Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero.
Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado.
Smith dice en el informe que “respalda plenamente” los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso.
El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso.
“Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota.
Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró.
• Justifica el caso contra Trump acusándolo de “esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder” mediante “amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores“.
• Los “esfuerzos criminales” de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega.
• El informe detalla los “desafíos importantes” que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia.
• Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: “La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula”.
• Smith reflexiona además en una carta adjunta: “Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante”.
El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith.
La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida.
En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal “no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante”.
Trump añadió: “¡¡¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!!!”
Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses.
En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden.
Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente.
Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio.
El informe explica: “La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente.”
Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: “Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente”.
La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados.
Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos.
A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.
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