Previo a ser asesinada, la abogada y activista Cecilia Monzón había denunciado violencia familiar por parte del político Javier López, quien fue su pareja y con quien procreó un hijo; sin embargo, su caso permaneció por años atascado en tribunales, hasta ahora, cuando se le encontró culpable por las agresiones que perpetró contra ella.
Para los familiares de Cecilia, este es un fallo histórico “que valida la denuncia que hizo en vida“, y que se logró aún con las dificultades que implicó el hecho de que la denunciante fue asesinada, además del desgaste que han tenido a nivel emocional por la revictimización procesal y los gastos que ha implicado el que tengan que viajar para las diligencias judiciales desde España, de donde era originaria la víctima.
Helena Monzón, abogada y hermana de Cecilia, señala que ha sido “un juicio largo y complicado”, en el que “se han intentado todas las estrategias para hacernos desistir, pero somos muy conscientes de lo importante que era esta causa para mi hermana, y también como parte de su lucha que era la justicia para las mujeres”.
El próximo 30 de mayo conocerán la condena contra López Zavala; sin embargo, aún queda pendiente que se concluya el proceso por el feminicidio, pues aunque hay tres detenidos por el caso –Javier, acusado de ser el autor intelectual; Silvestre “N”, identificado como el hombre que le disparó, y Jair “N”, presunto conductor de la motocicleta en la que se movilizaron los agresores–, no hay una sola sentencia.
“Tenemos que presenciar cómo la fiscalía presenta las pruebas de toda la investigación, que va desde que la encuentran en el coche hasta todo el seguimiento para dar con los sicarios y el autor intelectual, entonces son fases probatorias muy largas en las que se cita a varios testigos y eso complica mucho el avance”, a lo que se suman “las estrategias de las defensas de diferir una y otra vez los procedimientos”, cuenta en entrevista la hermana de Cecilia.
De acuerdo con Helena Monzón, el valor del fallo radica en que valida la denuncia que hizo Cecilia y su trabajo en vida, “y por lo tanto no sólo se da fuerza a sus alegaciones y a su lucha, sino que también es un paso importante para la perspectiva de género en la justicia del estado de Puebla, porque era un caso con dificultades, entre ellas que ella fue asesinada en el año 2022 y no podía estar presente, por lo que tuvimos que suplir de muchas maneras esta circunstancias para acreditar el hecho”.
“Fue algo muy doloroso y difícil de denunciar, y por ello destaco la valentía de mi hermana al denunciarlo en un sistema que pone absolutamente todos los obstáculos posibles, precisamente por quién es el agresor: un expolítico que tenía gran fuerza en el estado de Puebla, y eso, creemos que dificultó e impidió que mi hermana accediera de forma correcta a la justicia, y la privó de la posibilidad de ver esta sentencia”.
“Lo que (los agresores) han buscado desde siempre es alargar este procedimiento para salir sin enfrentar juicio, pero no lo han conseguido, y es por eso nuestra lucha, aún con la revictimización que suponen los abusos procesales, y que incluso en las audiencias he sido atacada, como el año pasado, cuando finalizó una audiencia del juicio y Javier López se lanzó contra mí, que no hablara más con los medios, que su señoría me pusiera freno”, subraya Monzón.
Pese al dolor y desgaste por la búsqueda de justicia, Helena señala que ella y sus padres han logrado reajustar su vida, al cuidado del hijo pequeño que dejó huérfano Cecilia, cuya custodia definitiva la tiene su abuela materna, “y que es un niño que va al cole, hace sus deberes y es feliz”.
“Nos ha dado mucha ilusión y mucha emoción el poder estar aquí para presenciar una parte de mi hermana, tener esa parte de ella aquí con nosotros, eso nos ha dado mucha fuerza”, expresa sobre su sobrino, a quien dedican el triunfo, pues “parte de lo que perseguimos en la búsqueda de justicia es que esta sea expansiva para otras mujeres y que él pueda creer en la justicia cuando sea mayor”.
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La abogada subraya que, a partir del fallo a favor de Cecilia, otras mujeres víctimas de violencia familiar podrían verse beneficiadas, ya que la valoración de las pruebas deja un precedente en el análisis con perspectiva de género de este tipo de casos, ya que se tomaron en cuenta las pruebas aportadas por la denunciante, así como el testimonio de quienes atestiguaron algunas de las agresiones en su contra.
“En este caso, por ejemplo, su señoría consideró que la figura que representa Javier López, así como su forma de conducirse con mi hermana generó circunstancias que dificultaron que la denuncia ocurriera de forma inmediata, y eso es algo que le pasa a miles de personas, porque es difícil darse cuenta que son víctimas de violencia familiar, y hay un sistema que tiene que cambiar para investigarlo“, comenta Helena.
Después de haber pasado por todo el proceso para llegar a esta sentencia, reflexiona: “Yo creo que hay que pensar en los casos en que las víctimas no denuncian y cuáles son los motivos, uno de ellos es el miedo a las consecuencias, pero hay muchos más, como la lentitud del procedimiento y la revictimización que hay en él”.
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“Hasta que no se pueda contar con procedimientos donde las víctimas estén realmente acompañadas, es decir, que desde el momento en que se plantan a denunciar no sólo tengan asesoramiento, sino también el acompañamiento del Estado para sentirse seguras en la denuncia y en el juicio, el delito de violencia familiar seguirá siendo difícil de denunciar… especialmente si tarda tantísimo en llegar la justicia”, lamenta.
“Estamos ante una figura que se creía impune y que iba a conseguir silenciar a mi hermana, pero finalmente está saliendo la verdad a la luz, y mi hermana se está haciendo presente, todavía años después”, agrega Monzón.
El feminicidio de Cecilia, además, ha impulsado cambios legislativos a favor de las víctimas de feminicidio, como la llamada “Ley Monzón“, que ha sido aprobada en los estados de Puebla, Ciudad de México, Sinaloa, Querétaro, Veracruz y Chiapas, misma que busca quitar la patria potestad a los feminicidas.
Además de la patria potestad, contempla la creación de un fondo de apoyo económico para la manutención y educación de los hijos, y establece penas para los funcionarios públicos que sean omisos o entorpezcan las investigaciones de feminicidio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al gobernante federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos mil soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, ante una escalada en las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad californiana.
La decisión del mandatario se impuso sobre la autoridad del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien calificó la medida de “provocación deliberada”.
En la última semana, al menos 118 inmigrantes fueron arrestados en operativos realizados en varias partes de la ciudad. Esto generó un ambiente de tensión cuando multitudes se congregaron frente a negocios que presuntamente iban a ser blanco de redadas.
Según la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles, los manifestantes se tornaron “cada vez más agresivos, lanzando objetos y mostrando comportamientos violentos”, lo que obligó a la policía a emplear gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.
Las autoridades locales informaron que hubo 29 detenidos.
Trump justificó su decisión alegando que Los Ángeles vive una “invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales”, según escribió en su plataforma Truth Social.
“Ahora, turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, agregó.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó.
Más allá de las razones de Trump para movilizar a la Guardia Nacional, BBC Mundo plantea otras 4 preguntas para comprender lo que está ocurriendo.
Para contener los disturbios, Trump recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al presidente federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
Normalmente, la Guardia Nacional de cada estado se activa únicamente cuando lo solicita el gobernador.
Sin embargo, en esta ocasión Trump eludió ese procedimiento invocando una disposición especial del Código de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (10 U.S.C. §12406), que contempla tres circunstancias bajo las cuales el presidente puede poner bajo control federal a la Guardia Nacional.
Trump indicó en su memorando que las protestas en Los Ángeles constituyen “una forma de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos”.
Expertos aseguran que esta es la primera vez desde 1965 que la Guardia Nacional es activada por orden presidencial sin el consentimiento del gobernador estatal.
En 1992, durante los disturbios provocados por la absolución de policías acusados de golpear al automovilista afroestadounidense Rodney King, el entonces presidente George HW Bush envió tropas federales, pero en ese caso fue el gobernador de California, Pete Wilson, quien solicitó el apoyo.
En 2020, tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas en algunos estados tras las protestas por la muerte de George Floyd.
Altos funcionarios del gobierno de Trump respaldaron la movilización militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en redes sociales que era una decisión “de sentido común” y agregó: “La violencia y destrucción contra agentes e instalaciones federales NO serán toleradas”.
El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, declaró a CNN: “¿Parece que las protestas están bajo control? Absolutamente no”.
Sin embargo, varios funcionarios californianos rechazaron la intervención militar al asegurar que la policía local puede controlar los disturbios y que la presencia del ejército es innecesaria.
La congresista demócrata Nanette Barragán, quien representa a Paramount, una localidad de las afueras de Los Ángeles donde se registraron protestas, le dijo a CNN: “No necesitamos esa ayuda”.
“La Guardia Nacional solo empeorará las cosas”, añadió.
Sus palabras coinciden con las del gobernador Newsom, quien denunció en la red social X: “El gobierno federal está tomando el control de la Guardia Nacional de California y enviando dos mil soldados a Los Ángeles, no porque falten policías, sino porque quieren montar un espectáculo”.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, declaró también a ABC7 que el despliegue militar es innecesario.
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron redadas el viernes en zonas mayoritariamente latinas de Los Ángeles como parte de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración irregular.
Un portavoz confirmó que 44 personas fueron arrestadas ese día.
Estos operativos forman parte del objetivo presidencial de realizar “la mayor operación de deportación en la historia de EU”.
Los Ángeles, que tiene una numerosa población migrante, se ha convertido en un foco importante para esta política migratoria.
A principios de mayo, ICE anunció la detención de 239 migrantes indocumentados en una operación de una semana en la ciudad, aunque las cifras de arrestos generales no han cumplido las expectativas del gobierno.
En junio, la Casa Blanca incrementó su meta, estableciendo que ICE debería realizar al menos tres mil arrestos diarios.
Las autoridades han extendido cada vez más sus operativos a lugares de trabajo como restaurantes y tiendas minoristas.
Las recientes redadas en Los Ángeles, que generaron protestas, ocurrieron en un comercio mayorista de ropa y en una sucursal de la cadena de ferreterías Home Depot.
“Van a ver más redadas en lugares de trabajo de las que se hayan visto en la historia de este país”, afirmó Thomas Homan, el “zar de la frontera” del gobierno de Trump.
Esta agresiva campaña de deportaciones ha incluido el traslado de migrantes en aviones militares hacia la base de Guantánamo, centro militar estadounidense criticado por abusos contra los derechos humanos, antes de llevarlos a Luisiana.
Otros fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, incluyendo al menos un migrante con estatus legal en EE.UU.
Algunos incluso fueron enviados a países con los que no tienen ningún vínculo de origen.
Muchas de estas acciones han enfrentado desafíos legales en los tribunales.
El viernes, varios manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente a un comercio mayorista de ropa. Lanzaron objetos e intentaron impedir los arrestos. Los agentes federales respondieron usando granadas de estruendo y gas pimienta.
En Paramount, ubicada a unos 32 kilómetros del sur del centro de Los Ángeles, también se usaron gases lacrimógenos y granadas de estruendo contra manifestantes frente a una tienda Home Depot.
En redes sociales, ICE describió la situación así: “Nuestros valientes agentes fueron ampliamente superados en número: más de mil manifestantes rodearon y atacaron un edificio federal”.
En respuesta a las protestas, la policía de Los Ángeles confirmó que realizó 29 arrestos, casi todos por negarse a dispersarse, una falta menor, según informó CBS News, medio asociado de la BBC en EU.
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