Gobierno de CDMX prevé incorporación de más de 32 mil trabajadores a IMSS-Bienestar; asegura que mejorarán condiciones laborales
A partir de la transición de los servicios locales de salud de la Ciudad de México al organismo público descentralizado IMSS-Bienestar, formalizada con la firma de un convenio el pasado 15 de junio, la Secretaría de Salud capitalina prevé que poco más de 32 mil trabajadores sean transferidos como prestadores de servicios al nuevo modelo.
Hasta ahora, precisó en entrevista su titular, Oliva López Arellano, son aproximadamente 5 mil 500 las contrataciones en las que ya se ha avanzado mediante la presentación de exámenes psicométricos y clínicos y entrega de documentación. La funcionaria aseguró que quienes concluyan satisfactoriamente con la integración de su expediente estarán contratados a partir del 1 de septiembre y recibirán su primer salario el día 15.
“Seguiremos avanzando, porque habrá algunos que todavía no puedan integrar completo su expediente y vamos a continuar; en total, pasarían poco más de 32 mil trabajadores al sistema IMSS-Bienestar para ser prestadores de servicios”, afirmó.
Ante las protestas de los trabajadores de la salud en torno a esta transición, en las que han asegurado que su antigüedad y otras condiciones laborales no serán respetadas, indicó que quienes ya tienen base y buenas condiciones las conservarán tal cual.
En tanto, las personas contratadas como eventuales serán a quienes se les ofrecerá una mejoría en términos de basificación, prestaciones y salario, de acuerdo con la titular de Sedesa. Sin embargo, si actualmente cuentan con una base en cualquier otra institución del sector público, no serán consideradas para la primera ronda de contrataciones basificadas en IMSS-Bienestar, aunque podrán seguir trabajando.
“El trabajo en el sector salud desafortunadamente es un trabajo en múltiples instituciones, que hace que los trabajadores se desgasten mucho pero que también tenga un efecto sobre la prestación de los servicios; es parte de la dinámica laboral, y, siempre y cuando el horario sea compatible, no hay problema”, reconoció López Arellano.
De hecho, existen personas que actualmente ya tienen base en dos o tres instituciones cuando se garantiza la compatibilidad de horarios.
Por lo tanto, en el primer grupo de contrataciones de IMSS-Bienestar, las personas que ya tienen una base en otra institución de salud no serán consideradas como prioritarias, pues según la funcionaria esta primera ronda está pensada para aquellas con contratos más precarios. Sin embargo, aseguró que mientras haya compatibilidad de horarios, podrían incorporarse más adelante y mientras tanto podrán seguir trabajando.
“No podríamos ofrecerles bases del IMSS-Bienestar en este momento, porque parte también de nuestra tarea es ir avanzando hacia la unificación del sistema. Esta yo la considero una meta de medio camino”, aseguró.
Respecto de los trabajadores que han permanecido contratados como eventuales durante más de 15 años y que ingresarán por primera vez a una plaza basificada, como han señalado las personas inconformes, López Arellano minimizó la situación; dijo que son únicamente 222 casos.
Por otro lado, el personal de salud que trabaja en reclusorios —a quienes también se ha referido en las protestas por estar en una situación de incertidumbre— permanecerá a cargo de la dependencia local, por el tipo de atención del que se trata. “Con ellos hay una estrategia de mejora, pero es una estrategia local”, dijo la secretaria, sin detallar.
Según la funcionaria, lo que plantea la transición al IMSS-Bienestar es una política de justicia laboral, que no responde solo a un conjunto de movilizaciones. Aseguró que es un modelo que no solo va a fortalecer los servicios, sino a mejorar las condiciones de trabajo del personal en condiciones precarias. Los trabajadores, subrayó, serán contratados con bases federales con definitividad y prestaciones.
Sobre la antigüedad, refirió que para quienes ya hayan cotizado en el ISSSTE, las semanas cotizadas serán respetadas; sin embargo, admitió, quienes estaban contratados por honorarios no contaban con esta prestación, por lo que en ese caso la antigüedad les será considerada para formar parte del grupo prioritario que se basifique, y a partir de ello tendrán derecho a todas sus prestaciones.
López Arellano agregó que la posibilidad de que se conserve o se obtenga una base en la propia Sedesa desde el principio ha estado descartada, y no será posible. La centralización de los servicios de salud de la ciudad al IMSS-Bienestar resultará en que la secretaría permanezca compacta, esencialmente con funciones de salud pública, atención colectiva, rectoría en salud y gobernanza territorial, pero no prestación de servicios médicos a población sin seguridad social excepto por el subsistema que atiende a población privada de la libertad.
“Hemos estado abiertos al diálogo, mantenemos las mesas de trabajo, nuestros funcionarios permanentemente reciben llamadas y atienden visitas de trabajadores que tienen dudas, incertidumbre, y siempre tenemos las puertas abiertas para aclarar cualquier duda e insistir: todo este proyecto es para mejorar las condiciones laborales pero también mejorar y en el centro poner a las personas, a estos sujetos de derechos a los que nos debemos todas las instituciones de salud”, aseguró.
Algunos, aún a la espera y en la incertidumbre
Verónica es trabajadora social en los servicios de salud públicos de la ciudad. Durante casi 14 años ha atestiguado diversos cambios en las condiciones laborales del personal de salud que ahí labora, las cuales, para ella, nunca han sido óptimas, incluso antes del Seguro Popular, cuya desaparición al principio de esta administración es el antecedente directo de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que luego también se extinguió para dar paso al IMSS-Bienestar.
“Nos han ido cambiando de contrato. En un principio, se manejó el Seguro Popular, y siempre hemos ganado la mitad de sueldo de lo que, en un inicio, ganaban los de base, que eran los únicos compañeros que la tenían, y justificaban esta diferencia porque las prestaciones que ellos tenían, que era lo que les elevaba el sueldo, provenían de un sindicato, al cual nosotros no teníamos derecho porque tienes que tener una base para eso”, explica.
Entonces, recuerda, no tenían ninguna prestación, incluido el servicio médico y las vacaciones. Por cuatro o cinco años, permanecieron así. Luego transitaron al esquema conocido como estabilidad laboral, en el que el único cambio fue una semana de vacaciones. Desde aquel momento, surgió el primer movimiento, que derivó en que quienes tenían más de cinco años de antigüedad fueran transferidos al programa actual, Galeno Salud. Fue cuando algunos empezaron a tener ISSSTE.
“Yo tengo casi 14 años y solo he cotizado al ISSSTE tres o cuatro, que fue a partir de que nos cambiaron de programa. Todos esos años atrás se perdieron, porque como no coticé, nadie me las reconoce. Esa es otra de las molestias, sobre todo del personal que tenemos muchísimos años”, reclama Verónica. Durante la pandemia, se dieron varias nuevas contrataciones con sobresueldos, acusa, lo que generó un desequilibrio ante el desempeño de las mismas funciones.
Ella considera que el personal de más tiempo, que no alcanzó la basificación desde un principio, es el que ha sido relegado, mientras que los eventuales más recientes son los priorizados. “Tuvimos que hacer esto —las protestas— porque nunca nos voltearon a ver, porque ya en la administración se había estado solicitando y nadie nos hizo caso. Creo que no es justo lo que está pasando, que durante años hagamos el mismo trabajo y tengamos un sueldo muy inferior al de todos. Simplemente queremos que se nos iguale el sueldo a lo que ganan todos nuestros compañeros porque nosotros hacemos lo mismo que ellos”, señala.
Ahora, asegura, están a la espera y a la incertidumbre del proceso de transición a IMSS-Bienestar, pues ha existido muy mala organización para citarlos a la entrega de documentos y preparación de exámenes. Hoy, siguen siendo personal de Galeno Salud, con un sueldo y prestaciones más bajas que el de base, ahora dos periodos vacacionales, y a la espera de cuándo les llamarán y cuáles serán las condiciones reales de la transición.
Verónica admite que les han hablado de que el tabulador se igualará, pero hasta ahora nada lo ha oficializado. “Ahorita ya todos hicimos exámenes, entregamos documentos pero seguimos en la espera de ver qué va a pasar, porque no hay ningún comunicado oficial donde reconozcan que se va a dar a todos una base definitiva, y además homologar el sueldo y las prestaciones. Hoy, 22 de agosto, seguimos siendo Galeno, ganando la mitad, teniendo una jornada más larga y no tenemos las prestaciones que tienen los demás compañeros”, insiste.
Para ella, las condiciones laborales, al final, serán las que defina el IMSS-Bienestar —como lo señalan los artículos transitorios del decreto que dio vida al organismo público descentralizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto— y quedarán oficializadas hasta que la transición de los servicios sea definitiva.
Hasta el 18 de julio, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que el IMSS-Bienestar ha sumado la operación de 5 mil 339 médicos especialistas con la transferencia de 253 hospitales, 21 unidades médicas de especialidades y 4 mil 146 centros de salud en 22 estados. Destacó que la plantilla médica se ha incrementado con el apoyo de médicos cubanos, la contratación de recién egresados —cuyos retrasos ha reportado Animal Político— y la de 451 jubilados.
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La periodista venezolana Mirelis Morales relata su intento por legalizarse en EE.UU. y cómo se vio obligada a abandonar el trámite migratorio durante el gobierno de Trump.
Migrar a Miami nunca estuvo en mis planes. Sin la posibilidad de una green card, no me atrevía ni a soñarlo. Pero la aprobación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos (TPS por sus siglas en inglés) en marzo de 2022 me abrió un camino de permanecer legal en Estados Unidos que parecía improbable.
Mi travesía migratoria había comenzado en junio de 2018, cuando me fui a Perú en un acto desesperado por salir de la crisis humanitaria que ahogaba a Venezuela.
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Perú me devolvió la calma. Sin embargo, la pandemia de covid me hizo cuestionar qué tan conveniente era seguir sola allí con un niño de 4 años. La idea de que pudiera contagiarme y no tener quién cuidara de mi hijo, me hizo pensar que debía buscar un nuevo destino donde tuviera red de apoyo. Entonces, ya en 2021, pensé en Miami o en Madrid.
Pero la duda volvía a surgir: “¿Cómo logro sacarme los papeles en Estados Unidos?”. Frente a mi falta de opciones, decidí que lo mejor era irme a Madrid y solicitar una visa humanitaria. Antes, quise hacer una parada en Miami para pasar Navidad con mi hermano y recargarme de abrazos luego de meses de aislamiento.
Ese era mi plan. Sólo que no contaba con que las fronteras de España seguían cerradas para los no residentes y me tocó quedarme en Miami con la esperanza de que ese asunto se resolviera lo más pronto posible.
Entonces, pasó lo inesperado.
El gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para los venezolanos que estuvieran indocumentados en el país, como una medida de protección humanitaria ante la crisis que persistía en Venezuela. El TPS te daba la opción de obtener tanto el seguro social, como el permiso de trabajo. Y eso lo cambió todo.
Miami se convirtió en un refugio. Me permitió estar cerca de mis afectos, me concedió el privilegio de trabajar como periodista, me permitió formalizar mi negocio editorial y hasta me dio una segunda oportunidad de encontrar el amor.
El último lugar donde pensaba vivir me abría un mundo de posibilidades. De modo que inicié con determinación mis trámites para obtener “mi visa para un sueño”, como tantas veces le escuché decir a Juan Luis Guerra.
Sólo que nadie me preparó para la pieza que me tocó bailar.
El efecto Trump
“Mirelis, tienes premios, publicaciones, reconocimientos… Puedes pedir una visa de talentos extraordinarios”, me decían mis conocidos.
Todo indicaba que mi perfil calificaba. Así que contacté a un abogado que les había hecho el trámite a otros periodistas venezolanos y desembolsé los primeros US$6.000.
Lo hice con los ojos cerrados, porque ellos habían logrado conseguir sus papeles. ¿Por qué yo no?
Pasé un año armando mi expediente. Un año recabando evidencias –hasta debajo de las piedras– para demostrar los 10 criterios que me avalaban como una persona sobresaliente en mi área.
Cada carta de respaldo ameritaba una búsqueda casi detectivesca para ubicar a la persona responsable de la firma y luego un lobby para convencerlo de que no era un caso inventado. Hubo muchos que se negaron. Otros ni lo dudaron.
Tenía toda mi esperanza puesta en este proceso. No sólo porque me abría la posibilidad de una residencia –y el camino hacia la ciudadanía– sino porque me permitía darle un estatus a mi hijo y a mi pareja que, para ese entonces, tenía más de 11 años a la espera de la entrevista por solicitud de asilo.
Pagué otros US$3.500 entre gastos administrativos y el servicio exprés para obtener respuesta en 15 días. Ello sin contar el gasto en traducciones certificadas.
“Esto es una inversión a futuro”, me repetía cada vez que me tocaba desembolsar más dinero.
El 15 de febrero de 2024 se envió mi expediente. El 27 de febrero llegó la respuesta: caso rechazado. Sabía que existía esa posibilidad. Igual, no pude evitar la frustración ni la impotencia. Lloré hasta que no pude más. Me sentía tan vulnerable…
¿Ahora qué? Tenía la posibilidad de apelar. Pero preferí pedir una segunda opinión.
“Tu caso está mal de base. No tiene sentido apelar. Lo mejor es armar uno nuevo”, me dijo otro abogado.
La buena noticia es que tenía otra oportunidad. La mala es que debía pagar US$12.570 entre honorarios y gastos administrativos.
“Esto es una inversión a futuro”, me volvía a decir.
Me embarqué en armar otro caso. Esta vez más exhaustivo.
¿El resultado?
Un expediente de 700 páginas con pruebas suficientes para demostrar mis aportes en el campo del periodismo, mi rol liderando investigaciones periodísticas en reconocidas organizaciones como BBC y The New York Times, mis publicaciones en los medios más importantes del mundo, mi papel como jurado del trabajo de otros periodistas y mi participación en instituciones periodísticas internacionales.
La solicitud se envió el 24 de enero de 2025, cuatro días después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato.
A los días llegó una notificación de Uscis (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) en la que solicitaba evidencias adicionales. “¡¿Qué más quieren de mí?!”, pensé. Se envió lo requerido y sólo quedaba esperar.
Se había hecho tan buen trabajo que estaba segura de que esta vez sí obtendría una respuesta positiva. Debía lograr que me aprobaran al menos 3 criterios de los 10 expuestos. Me aceptaron 4.
Solo que no me dieron la residencia, porque, según el funcionario, “no tenía el high-level of expertise requerido” para este tipo de visas.
A juicio de mi abogado, Uscis se había excedido en el uso de la discrecionalidad. A criterio de muchos, mi caso había caído en el hoyo generado por el “efecto Trump”.
Tenía el derecho de apelar ante una corte federal por incumplimiento de la ley. Pero lo descarté al saber que el trámite podía demorar dos años y suponía desembolsar otros US$10.000 sin garantía de nada.
Para aquel momento, el futuro del TPS ya pendía de un hilo. La Secretaría de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional luchaban por revocarlo de forma definitiva.
Se habían abierto varias demandas contra la decisión. Un juez determinó que el gobierno no podía interferir. Se asomó la posibilidad de una extensión hasta octubre de 2026. Sin embargo, nada era definitivo. Mi TPS se vencía en septiembre de 2025 y tenía el tiempo en contra.
Mi abogado me propuso optar por la visa O, a través de una empresa que me patrocinara. Otros US$4.000 que debía sumar a mi abultada deuda de la tarjeta de crédito.
Decidí quemar mi último cartucho, a sabiendas de que esa opción no me daba residencia ni ciudadanía. Sólo 3 años de permanencia legal, renovables por tres años más. El tiempo suficiente para que el país tomara otro rumbo migratorio y las aguas se calmaran. Pensé.
Lo que se suponía era un trámite sencillo, terminó por demorarse más de cinco meses y entré en desesperación.
Mi abogado y su equipo estaban colapsados. No respondían los mensajes. Nadie sabía el estatus de mi solicitud. Ni tampoco me daban la cara.
Cuando finalmente se dispusieron a cerrar el expediente para enviarlo, me enteré de las repercusiones tributarias y decidí desistir.
No era sostenible económicamente para mí.
España: otro cantar
Hasta entonces, había gastado más de US$25.000 sin obtener ningún resultado.
Fueron más de dos años de un intenso desgaste emocional y financiero, dentro de un contexto país cada vez más hostil contra los migrantes, en especial contra los venezolanos.
La única opción que me quedaba para extender mi permanencia en Estados Unidos era acogerme a un asilo extemporáneo, pero, con mis papás en Venezuela, estaba negada ya que eso habría supuesto no poder salir de EE.UU. durante años.
Madrid se abría, de nuevo, como una alternativa.
Por esas cosas del destino, llegué a una publicación en Instagram sobre la visa de nómada digital en España. Pedí una cita con un gestor para conocer con detalle los requerimientos y esa reunión me pintó un panorama más esperanzador: podría obtener la residencia en un plazo de 20 días hábiles y a los dos años optar por la nacionalidad.
Era eso o regresarme a Venezuela.
Fueron días muy complicados emocionalmente. Irme de Estados Unidos implicaba dejar lo más valioso que había construido en los últimos cinco años: mi familia. Y por mucho que mi abogado intentó resarcir el daño con la exoneración del último pago, nada ni nadie me devolvería esa pérdida.
Me tomó un mes cerrar mi vida en Miami. Metí lo que pude en cuatro maletas y viajé a Caracas con el único propósito de renovar mi pasaporte y el de mi hijo para seguir a Madrid.
Tenía la opción de pedir la visa en la embajada de España en Caracas, pero lo descarté al no saber con certeza cuánto duraría el trámite por la vía consular.
Aterricé en Madrid el 8 de septiembre de 2025.
A la semana me reuní con el gestor para entregarle los requisitos de la visa de nómada digital: documentos de mi empresa, estados de cuenta para avalar que gano más de 2.200 euros (unos US$2.580), seguro privado, mis antecedentes penales en Estados Unidos y Venezuela, así como una carta en la que explicara que podía ejercer mis funciones a distancia. Nada más.
Presentamos los documentos el 2 de octubre de 2025. Al mes recibí la noticia: mi residencia en España había sido aprobada por tres años. ¡No lo podía creer!
La resolución llegó en el tiempo establecido y a un costo que no superó los US$825.
Después de tantas vueltas, finalmente había logrado una respuesta afirmativa. De camino a casa, las lágrimas se me salían solas.
Aún no asimilo la sensación de desarraigo que me dejó la salida intempestiva de Miami. De una u otra forma, sentí que Estados Unidos me expulsó. Y me quedó ese mal sabor de no haber logrado permanecer en el país, a pesar de haber hecho las cosas bien.
Cuando me preguntan qué tal va mi adaptación, siempre respondo lo mismo: “No sé si Madrid sea mi lugar, pero, al menos, me ha hecho sentir más que bienvenida”.
España me ha permitido algo que había olvidado en Estados Unidos: ahorrar. Hasta entonces, mi sueldo se iba directo al bolsillo de los abogados y no me quedaba para mucho más. Mi pareja era quien asumía casi toda la carga económica.
Ahora logré recuperar un poco mi autonomía financiera al salir de mis deudas y el dinero me alcanza para cubrir mis gastos: renta, comida, colegio, entretenimiento.
Aquí volví a sentir la libertad de no tener que depender de un auto para moverme de un lugar a otro. El día que llevé a mi hijo caminando al colegio no me lo podía creer.
Ya no tengo que andar contando millas para saber cuánto gastaré en gasolina o en peaje. El sistema de transporte público en España te permite llegar a cualquier parte y te puedes mover por Madrid a una tarifa plana mensual de 32,7 euros (unos US$38).
No falta quien te mete miedo con la cuota que hay que pagar por ser trabajadora autónoma o quien me advierte que tenga cuidado con Hacienda, que no perdonó ni a la mismísima Shakira.
Pero, con todo y eso, aquí he experimentado una sensación que no tenía desde la llegada de Trump a Estados Unidos: sentirme a salvo.
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