
Con todos los indicios reunidos por Sandra Luz Román Jaimes a lo largo de estos 12 años que su hija Ivette Melissa Flores Román fue privada de su libertad de manera ilegal, todo apunta a que además de ser víctima de desaparición forzada lo es de trata, porque algunas personas la han visto en bares y hoteles de diferentes lugares del país donde hay indicios de esta práctica.
Tiene evidencias de cinco puntos donde pudo ser vista Ivette Melissa, en dos de ellos, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ya hizo diligencias, pero tardías, y en los otros tres están pendientes por revisar, aun cuando en un par de éstos ya pasaron varios años del reporte. Sandra Luz también denunció que ha tenido que lidiar con una reacción lenta y hasta omisa de las instituciones del Estado que llevan la investigación de su hija.

Sandra Luz coordina el colectivo Madres Igualtecas, el cual creó al emprender la búsqueda de Ivette Melissa por su cuenta, después de poner en evidencia, junto a otros familiares de personas desaparecidas, que Iguala, de donde son originarias, era el lugar de la desaparición consentida en Guerrero. Esta situación fue denunciada en el contexto del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Desde entonces ha emprendido una lucha donde los obstáculos principales devienen de servidores públicos, que han obviado el caso de Ivette Melissa, aun cuando hay actores clave como probables responsables de su desaparición.
Cuando se la llevaron de la casa de su madre hombres armados con pinta de policía (la madrugada del 24 de octubre del 2012), después de vivir por mucho tiempo el acoso de la familia de su expareja, en particular de su suegro, Humberto Velázquez Delgado, apodado El Guacho, un agente ministerial asesinado en 2021, ella tenía 19 años; ahora tiene 31 años. El resto de los detalles del caso están aquí.
“Con la perspectiva de género y viendo cómo está encuadrando el tema de mi hija, es trata de personas y desaparición forzada. Esos son los delitos”, comentó en entrevista Sandra Luz al evaluar todos sus hallazgos.

Cuando logró que la FGR atrajera el caso de su hija, en 2013, el expediente lo llevaba la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), pero después se hizo cargo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) porque el caso reunía otros componentes.
Las desapariciones en Iguala eran graves, de acuerdo con lo que dejó en evidencia la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, caso que impulsó a muchas otras personas de la ciudad a denunciar otras desapariciones, como la de Ivette Melissa. Las desapariciones expusieron la relación y complicidad entre autoridades y grupos criminales.
“Yo relaciono mucho el caso Ayotzinapa (la desaparición de los 43 y asesinato de otros tres normalistas) con el de mi hija, porque fueron los mismo perpetradores”. La situación de desaparición en Iguala llevaba años, según las apreciaciones de Sandra Luz, porque el caso de su hija ocurrió dos años antes que el de los normalistas.
La primera evidencia que reunió de que su hija puede ser víctima de trata es desde 2013, cuando le dijeron que la vieron en una especie de casa de citas sexuales y de venta de alcohol en Juliantla, Guerrero, donde no era fácil entrar; la siguiente es de 2017, resultado de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas en Vida en Los Reyes, en Michoacán, donde supo que podría ser una de las chicas de un bar y que usaba el nombre de Kenia, al año siguiente obtuvo un indicio que apuntaba hacia Cuernavaca, Morelos, pero este último aún no es rastreado por las autoridades aun cuando ya pasaron seis años.
Además tiene el indicio que la misma Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) le notificó en 2021, de que una persona con la CURP de Ivette Melissa acudió a vacunarse contra la Covid-19. La fecha de su último registro de vacunación fue el 5 de julio del 2021, pero en la información no hay registro del estado, municipio, código postal, teléfono, correo electrónico ni dosis que le administraron.

Producto de las diligencias ordenadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano para buscar con vida a Ivette Melissa, Sandra Luz supo por un interno del penal de Chilpancingo que su hija podría haber estado en un hotel de Acapulco usado para el negocio de encuentros sexuales.
La queja de Sandra Luz en estas últimas diligencias es que no les acompaña un agente federal del Ministerio Público que recoja estos indicios para que dé fe de ellos, lo que dilata más la acción oficial para dar con Ivette Melissa. Sandra Luz encabeza todas las diligencias.
El ordenamiento de la ONU, en particular a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ocurrió hace dos años, las instancias oficiales comenzaron a cumplirlo apenas el 15 de julio pasado, en Ayutla, aun cuando fue dictado en 2022, hace dos años. Ya suman dos jornadas de una semana cada una, está pendiente la del 19 al 24 en Costa Grande.
Esto también pone en evidencia la dilación de las instituciones del gobierno mexicano para investigar el caso. En un texto anterior de Ivette Melissa publicado por Amapola, periodismo transgresor hay más datos de todas las omisiones y los atropellos que ha enfrentado Sandra Luz en la búsqueda de su hija.
En esta ocasión agregó, por ejemplo, que después de la privación de su hija, ella misma hizo el peritaje en su casa, para resguardar los casquillos de las armas de alto poder que usaron para balear su casa.
“Todo lo que llevo a la Fiscalía (FGR) yo lo investigo, yo tengo que enfrentar al delincuente para que me suelten información, por ejemplo, para dar con los puntos de Tijeritas (un punto ubicado entre Iguala y Taxco), que ahí trabajo Ayotzinapa, son datos que a mí me dio la delincuencia organizada”, dijo en entrevista.
Insistió en que en ambos casos hay coincidencias grandes, porque están detrás las mismas personas.
Esta nota se publicó originalmente en Amapola Periodismo

Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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