“Somos hermanos de los 43”: a 10 años de la noche de Iguala así ha cambiado la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
Para entender mejor
Fabián cursaba la primaria cuando los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron víctimas de desaparición forzada la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. A 10 años, recuerda cómo esos hechos marcaron su infancia y adolescencia, tanto que eso lo impulsó a querer ser maestro normalista.
Ahora el joven estudia en las aulas y camina por los pasillos por donde alguna vez anduvieron los 43. Aunque son las mismas instalaciones, la normal de Ayotzinapa es otra a 10 años. Nunca volverá a ser igual. Cada muro y frase pintada en los edificios evocan a esa memoria colectiva. También es un recordatorio de que la impunidad prevalece en el caso.
La escuela es una de las 17 normales rurales que existen en el país. Su modelo educativo está enfocado a la formación política, social, educativa y cultural de sus alumnos y futuros maestros. La mayoría son hijos de campesinos, albañiles, comerciantes, obreros y amas de casa, a quienes el capitalismo ha excluido.
Los casi 600 jóvenes matriculados en la Normal Raúl Isidro Burgos saben quiénes fueron los 43 estudiantes. Es cómo si lo tuvieran tatuado en la piel o formara parte de su ADN. La escuela se encuentra en Tixtla, un municipio enclavado en la montaña a 17 kilómetros de la capital guerrerense: Chilpancingo de los Bravo.
Desde la entrada del plantel se anuncia que ahí estudiaron los 43 normalistas. En la parte de afuera hay pendones con los rostros de los jóvenes y, al cruzar la puerta, hay un monumento dedicado a ellos: un tronco cortado con tortugas alrededor y la frase “vivos los queremos 43”.
Fabián relata que el 29 de septiembre de 2014 llegaron normalistas de Ayotzinapa a la escuela primaria donde estudiaba. Fueron a difundir la noticia.
“Cargaban fotografías del compañero Julio César Mondragón, en ese tiempo no lo conocía, pero sabíamos por la foto que se había hecho viral en redes que le quitaron el rostro. En primera instancia, como niño, me entró miedo y pensé ‘en qué país estamos viviendo’. No tenía edad suficiente para ser consciente de todo lo que había pasado, pero sí fue un golpe duro”, comenta.
Incluso, afirma que hubo compañeros que querían ser maestros, pero después de la desaparición forzada de los 43 normalistas renunciaron a ese sueño. A Fabián le ocurrió lo contrario y se aferró a esa meta.
“Recuerdo que en ese tiempo Guerrero estuvo bastante activo y no sólo en el estado, sino normales de la Federación los buscaban de Norte a Sur y de Este a Oeste. Se unieron a la búsqueda de los 43 compañeros. Todo el pueblo mexicano estaba con ese coraje”, asegura.
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En la actualidad, Fabián estudia el tercer grado en la Normal. El plan de estudios establece que deben de cursar cuatro años. Hay dos licenciaturas: una en Educación Primaria, y la otra en Educación Primaria Indígena.
En los pasillos por donde alguna vez caminaron los 43 se siente su ausencia. Por todos lados hay pintas que los recuerdan, testigos de su existencia.
Hay reglas que cambiaron o se mantienen por ellos. Afuera del comedor hay una fila larga. Al esperar hay estudiantes que en su ropa tienen cintas de masking tape pegadas en la vestimenta para cubrir los logos de las marcas comerciales. El alumno que vigila la entrada comenta que hay formalidades que se mantienen dentro de la Normal, y una de ellas es que no pueden entrar al comedor con alguna marca que representa al capitalismo.
“No apoyamos a ningún partido político ni religión. Es por respeto a nuestros compañeros 43”, explica.
Abajo de donde está la biblioteca hay unas escaleras que desembocan a una cancha techada. Ese lugar no ha cambiado en 10 años. En el piso hay veladoras de color rojo que forman el número 43 y atrás hay igual número de pupitres con las fotografías con el rostro de los estudiantes, víctimas de desaparición forzada.
“No queremos que el caso Ayotzinapa quede en el olvido”
Los estudiantes entrevistados expresan que este gobierno ha intentado desacreditar el movimiento y criminalizar a los normalistas. Incluso dicen que esta administración pretende desaparecer a las normales rurales.
Al entrar a estudiar a estas escuelas, los normalistas deben elegir un pseudónimo. “A mí me dicen ‘Venceremos’, comenta uno de los jóvenes. “Venceremos” fue un himno de la Unidad Popular en Chile, y que en la actualidad los estudiantes de las escuelas normales entonan cada vez que concluyen un acto político.
El joven al que le dicen ‘Venceremos’ expresa que, desde la década de los 70, se criminaliza a los estudiantes rurales. Estas escuelas están cumpliendo 100 años de existencia, pues se fundaron en la época de los caudillos Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y por sus aulas han pasado personajes como Genaro Vazquez y Lucio Cabañas, ambos luchadores sociales.
“Desde los 70´s nos criminalizan sin tener algún algún motivo. Ahora lo hacen porque salimos a manifestarnos, pero no salimos por gusto, sino porque hay motivos para hacerlo. Hay 43 compañeros que no aparecen y tenemos que estar haciendo ruido para que seamos escuchados, de otra forma no se puede lograr nada”, indica el joven.
“Somos hermanos de los 43”
Cada año que se cumple un aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas, estudiantes de las 17 escuelas normales rurales realizan actividades para conmemorar los hechos, pero también para exigir la aparición con vida de los jóvenes.
“‘Somos nietos de la Revolución, hijos del 68 y hermanos de los 43’. Esta última frase tiene mucha relevancia, porque prácticamente las normales surgen a través de la Revolución. ‘Hijos del 68’. Después de la matanza de Tlatelolco nuestra Federación se volvió muy independiente al gobierno. ‘Hermanos de los 43’. Cuando llegas aquí te inculcan la hermandad, el compañerismo, y a un hermano nunca se le deja solo, por eso mismo nunca dejamos de buscarlos”, señala ‘Venceremos’.
Diez años después de la trágica noche de Iguala, la Normal Rural de Ayotzinapa mantiene viva la memoria de los 43, la memoria de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, de Emiliano Zapata y del Ché Guevara. No sólo en los murales que adornan los edificios de dormitorios y aulas, sino en sus libros de texto, en su biblioteca y en la vocación de lucha social de sus profesores y alumnos.
No en balde, en la entrada a la escuela, junto a la palabra “Bienvenidos” hay una leyenda que advierte: “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”.
El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.
Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.
Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.
La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.
Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.
Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Masacre de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.
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