Un mes sin Carlos Manzo: implicados asesinados, detenciones, sospechas políticas y Uruapan, cercada por el crimen
Para entender mejor
Este lunes 1 de diciembre se cumple un mes del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde independiente de Uruapan que mantuvo una postura frontal contra el crimen organizado y que, después de solicitar apoyo en al menos diez ocasiones a autoridades federales y estatales, sin obtener respuesta, fue ultimado a tiros en un ataque que cimbró la vida pública de Michoacán y del país.
Por el homicidio de Manzo —asesinado por un sicario de 17 años cuando caminaba con su hijo en brazos durante las celebraciones del Día de Muertos—, la Fiscalía de Michoacán ha detenido hasta ahora a ocho personas, entre ellas siete escoltas del propio edil, señaladas por presuntas omisiones y por su posible involucramiento en la planeación del ataque.
De acuerdo con las investigaciones, los escoltas fueron detenidos tras detectarse inconsistencias en sus declaraciones y en los protocolos de resguardo de la noche del asesinato.
La fiscalía sostiene que varios de ellos pudieron haber evitado la agresión y que incluso habrían facilitado condiciones para que el joven de 17 años —Víctor Manuel “N”— se aproximara a muy pocos metros de distancia y disparara a quemarropa. Aunque el adolescente ya estaba reducido, fue abatido por los escoltas, quienes ya fueron vinculados a proceso para esclarecer su presunta participación en el homicidio.
Otro detenido y vinculado a proceso es Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado por autoridades federales como uno de los presuntos autores intelectuales. Según la información disponible, encabezaba una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación —uno de los cuatro grupos que operan en Uruapan—, que, junto con Fernando José “N”, Ramiro “N” y el joven sicario, habría perpetrado el asesinato.
Los cuatro integrantes de la célula monitorearon los movimientos de Manzo la noche del 1 de noviembre y mantuvieron comunicación constante antes, durante y después del crimen a través de mensajería instantánea, informó Omar García Harfuch, titular de la SSP federal. Tras el ataque, Fernando José “N” y Ramiro “N” también fueron asesinados.
El arresto de “El Licenciado” —ingresado el 21 de noviembre al penal de máxima seguridad del Altiplano— abrió nuevas líneas de investigación, incluida la posible participación de otros actores de seguridad municipal, así como la fuga del coronel José Manuel Jiménez Miranda, miembro del cuerpo de escoltas, confirmada el 28 de noviembre.
En total, el caso suma tres autores materiales abatidos, un presunto autor intelectual detenido, siete escoltas arrestados y otro escolta prófugo.
Para el analista en seguridad David Saucedo, la rapidez con la que se concretaron las primeras detenciones responde a dos factores: la afectación político-electoral en contra de Morena en la región —recordó la manifestación de al menos 100 mil personas en Uruapan el 7 de noviembre, una semana después del asesinato— y la presión del gobierno de Estados Unidos para que México muestre resultados contra el crimen organizado.
“Estos elementos están acelerando las investigaciones y, por lo menos en este caso, podría no haber impunidad”, planteó.
Pese a los avances, el móvil del asesinato sigue sin claridad. Esto ha llevado a Grecia Quiroz, viuda de Manzo y nueva alcaldesa de Uruapan, a insistir en que se investigue una posible línea política. Ha señalado a varias figuras vinculadas a Morena: Leonel Godoy, diputado federal y exgobernador; Raúl Morón Orozco, senador y exalcalde de Morelia, e Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan y adversario político de Manzo.
“Carlos lo dijo muchas veces en sus transmisiones. Él los señaló específicamente. No es algo nuevo”, afirmó Quiroz el 13 de noviembre. Días después, el diputado Carlos Bautista Tafolla —del Movimiento Independiente del Sombrero, el mismo que respaldaba a Manzo— se sumó a las acusaciones y puso en duda la versión de García Harfuch, quien atribuyó el crimen a una célula del CJNG.
La polémica escaló el 25 de noviembre, cuando el senador Gerardo Fernández Noroña lanzó contra Quiroz el calificativo de “fascista” por pedir que se investigara a personajes de Morena, y aseguró que sus señalamientos responden a un interés político porque —según dijo— ella buscará la gubernatura de Michoacán en 2027.
El Uruapan que heredó Grecia Quiroz
Más allá de aspiraciones futuras, Quiroz hereda un escenario crítico: sostener el legado de su esposo, apodado por sectores de la ciudadanía como “el Bukele mexicano” por su confrontación directa con el crimen organizado.
Uruapan vive una de las crisis de violencia más severas de Michoacán —y del país—, con la presencia simultánea de cuatro organizaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Caballeros Templarios, Los Viagras y Los Blancos de Troya. Las disputas más intensas entre CJNG y Templarios han alcanzado niveles de guerra abierta, con empleo de minas antipersona y drones explosivos. La violencia ha provocado éxodos masivos, como el de 500 habitantes de El Alcalde y El Guayabo este mismo año.
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Las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran la dimensión del desafío: 494 asesinatos entre 2023 y septiembre de 2025 en una ciudad de algo más de 300 mil habitantes; 104 homicidios solo entre enero y septiembre.
En ese periodo se registraron 2 mil 84 lesiones dolosas, 2 mil 953 robos de vehículos, 724 denuncias por narcomenudeo y 158 denuncias por extorsión. Aunque algunos indicadores han disminuido —como el narcomenudeo, con una baja del 35% desde 2023—, la violencia general continúa en escalada.
Además, la ya añeja debilidad institucional agrava la situación: Uruapan cuenta con apenas 300 policías para más de 300 mil habitantes, y Manzo denunció hasta diez veces la falta de apoyo estatal y federal. Quiroz asume así una ciudad marcada por balaceras recurrentes, desapariciones silenciadas y un sistema de extorsión extendido.
“En Uruapan nadie se salva de pagar cuota al narco”, dijeron en una crónica publicada en Animal Político taxistas, comerciantes, gasolineros, restauranteros y un largo etcétera de ciudadanos.
Como respuesta, el gobierno federal anunció que Uruapan será eje del nuevo Plan Michoacán, que contempla despliegue militar y policial, así como estrategias sociales con una inversión superior a los 60 mil millones de pesos. La alcaldesa, sin embargo, lamentó que el apoyo llegara “demasiado tarde”.
El domingo 30, García Harfuch informó que el plan ya acumula 932 detenidos, 23 toneladas de droga aseguradas, 924 armas decomisadas y 17 laboratorios clandestinos desmantelados. También anunció que la presencia de fuerzas federales en el estado aumentó a 12 mil 514 elementos.
Asimismo, se instaló una subsede de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y se capacitó a operadores del 089, lo que ha permitido 478 detenciones a nivel nacional, de las cuales 180 corresponden a Michoacán.
Violencia política en Michoacán
Michoacán es uno de los estados con mayor incidencia de violencia política en México. En las últimas tres elecciones locales, múltiples alcaldías han registrado asesinatos de candidatos, atentados contra funcionarios y disputas abiertas entre grupos criminales por el control territorial y presupuestal. Organizaciones como Data Cívica han documentado que el estado se mantiene de forma recurrente entre los primeros lugares nacionales en agresiones contra autoridades locales.
Uruapan arrastra un historial especialmente grave: asesinatos de servidores públicos, amenazas a regidores, presiones a cuerpos policiacos e intervenciones directas del crimen en procesos electorales y administrativos. La vulnerabilidad institucional se profundiza por la fragmentación del mando policial y la cooptación de estructuras municipales.
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Ari Gisel, de 23 años, admitió haber instigado a su pareja y a otros hombres a asaltar a los surfistas que estaban en un campamento en una playa remota de Baja California.
Una mujer fue condenada a 20 años de prisión por su participación en el asesinato de tres turistas durante el robo de su vehículo en el noroeste de México el año pasado.
Ari Gisel, de 23 años, se declaró culpable de instigar la violenta agresión a los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y a su amigo estadounidense Carter Rhoad, que estaban en un viaje para hacer surf en el estado de Baja California en abril de 2024.
Los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos y, luego de unos días, sus cuerpos fueron encontrados con heridas de bala en la cabeza en el fondo de un pozo.
En un juicio abreviado solicitado por la defensa de Ari Gisel, la mujer reconoció haber instigado a robar a los turistas: “Traen buen teléfono y buenas llantas (neumáticos)”, les dijo a los implicados en el homicidio, Irineo Francisco “El Yuni” o “El Junior”, Jesús Gerardo “El Kekas”, y Ángel Jesús.
Los apellidos de la mujer y los tres hombres no fueron divulgados por las autoridades.
Jesús Gerardo, Irineo Francisco y Ángel Jesús siguieron el vehículo hasta el campamento donde se alojaban los surfistas en un sitio remoto y solitario de la costa, al oeste de la localidad de Santo Tomás. Ahí los robaron y, al resistirse al asalto, los agresores los mataron.
Los casos contra estos tres hombres siguen pendientes ante los tribunales. Se cree que Jesús Gerardo e Irineo Francisco tienen vínculos con el cártel de Sinaloa, que durante muchos años estuvo liderado por el famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Debido a estos vínculos, ambos hombres están recluidos en El Hongo, una prisión de máxima seguridad en Baja California. Ángel Jesús está siendo procesado desde un centro penitenciario distinto en la ciudad de Ensenada.
Sin embargo, según la emisora Australian Broadcasting Corporation (ABC), los fiscales no sospechan que exista ninguna conexión entre los asesinatos y el crimen organizado.
“Soñábamos con verlos crecer”
Las familias de las víctimas, que comparecieron en la audiencia por videoconferencia, hicieron emotivas declaraciones el miércoles.
“Soñábamos con verlos crecer, con que tuvieran hijos. Ahora todo eso se ha esfumado”, dijo Debra Robinson, madre de Callum y Jake, según informó la televisora australiana ABC. “Tenemos que vivir con su ausencia”.
Callum Robinson, de 33 años, era miembro de la selección nacional de lacrosse de Australia y vivía en San Diego (EE.UU.), justo al otro lado de la frontera de Baja California.
Su hermano menor, Jake, de 30 años, vivía en Australia y había viajado a Norteamérica para visitar a Callum. Tenía previsto comenzar un nuevo trabajo como médico a su regreso a Australia.
Su amigo Rhoad, de 30 años, era residente en San Diego y trabajaba en una empresa de servicios tecnológicos. Estaba a pocos meses de casarse con su prometida cuando fue asesinado.
“Él era mi seguridad en el mundo”, declaró su prometida, Natalie Wiertz, durante la audiencia. “Mi vida ahora es una pesadilla”.
Al tomar la palabra, Ari Gisel ofreció una disculpa: “Sé que nada que pueda decir compensará o les dará paz”, les dijo a los familiares de las víctimas.
“Estoy enfocada en ser una mejor persona y lamento mucho sus pérdidas. Les aseguro que no sabía lo que pasaría esa noche”, declaró la madre soltera.
Al declararse culpable y optar por un juicio abreviado, la mujer obtuvo una reducción de los más de 30 años de prisión que enfrentaba.
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