“¿Dónde está el gobierno?”: la ausencia de autoridad y la lenta entrega de víveres generan caos en Acapulco
“¿Dónde está el gobierno? ¡No se vale!”.
Los gritos desesperados los da un hombre de unos 50 años, moreno, alto y fibroso, que se encuentra en la gasolinera que está a un costado del monumento de la Diana Cazadora de Acapulco.
Son las 4.30 de la tarde y hace tan solo un par de horas antes, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró rotundamente desde el centro de acopio instalado por el Ejército, a un par de kilómetros del aeropuerto, que la situación tras el paso del huracán Otis estaba bajo control y que ya los víveres estaban siendo distribuidos de manera masiva.
Sin embargo, a cuatro días del impacto del huracán categoría 5, la falta de agua, comida, electricidad y combustible están haciendo mella en el ánimo de los pobladores, que claman porque la ayuda humanitaria llegue de manera mucho más rápida y fluida a todas las colonias.
“¡Es un abuso de autoridad, los policías se están llevando la gas!”, grita con las venas del cuello muy marcadas el hombre, mientras agita al aire, amenazante, el galón rojo donde pretende recargar combustible. Atrás de él, una enorme fila de personas que se extiende por kilómetros, alzan también las garrafas vacías y comienzan a increpar a un grupo de policías ministeriales del estado de Guerrero que pidieron a la población que se hicieran para atrás porque ellos iban a repostar también gasolina.
“¡Mañosos!”, se escucha entre la turba de gente, que piensa que los agentes ya no los van a dejar cargar combustible.
“¿Por qué no nos venden la gasolina? ¡La queremos comprar! Ellos se la están robando, ¡ellos son los rateros, no nosotros!”.
Por momentos, la tensión va incrementándose, hasta el punto de que los agentes ministeriales agarran del cuello a uno de las personas que los increpa, y se lo llevan aparte, hasta que la turba reacciona airada y sale corriendo hacia el grupo de policías ministeriales, que al percatarse de que la situación se ha tornado en un peligroso polvorín deciden soltar a la persona y meterse rápido a sus patrullas para abandonar a toda prisa la gasolinera.
“¿Dónde está el gobierno, López Obrador?”, vuelve a gritar el señor con las venas del cuello y de los brazos a punto de estallarle, que azota con furia y frustración el galón rojo contra el suelo, para volver a increpar: “¿Dónde está la autoridad?”.
Caos por víveres en Acapulco; autoridades prometen llegar a todos
En las colonias más alejadas de la zona turística de la costera, la situación también continúa siendo caótica. En la Cereso número 2, donde se encuentra el penal de Acapulco, Ricardo Flores, de 26 años, observa entre las rendijas de una cortina de hierro si aún queda algo de comida en un Oxxo. Lleva cargando a su bebé de meses.
“¡Necesitamos agua!”, grita a un convoy de militares, que le devuelven la mirada en silencio. “¡Y también alimento! ¡El huracán nos quitó todo!”, vuelve a gritar. Junto a él, sentada en una banqueta enfrente del Oxxo, una mujer adulta mayor se lleva las manos a la cara.
Está cansada, desesperada, y con hambre y sed. “Aquí hay muchos niños que no tienen nada de comer ni de beber. Se necesitan muchos pañales”, musita la mujer, que vuelve a llevarse las manos al rostro sudoroso por el intenso calor húmedo del puerto.
“No hay ni tortillas para llevarse a la boca”, lamenta por su parte Ángel, de la colonia Radio Coco. “Han pasado ya muchos días y seguimos sin ayuda. Necesitamos agua, mucha agua, y también comida. Hay gente que ya está pasando hambre y que en su casa no les quedó ni una cobija”.
En el poblado de Llano Largo, al paso del convoy de militares que está haciendo un recorrido para anotar las principales carencias de la población para, después, comenzar el reparto de las despensas que están llegando a cuentagotas al centro de acopio instalado junto al aeropuerto, hay quienes entre la población saludan a los soldados y les agradecen el apoyo, pero también muchos que los miran con cara de enojo y les increpan por la ausencia de autoridad y de alimentos.
“¡Queremos apoyo, no que vengan a tomarnos fotos!”, gritaban algunas de las personas al ver al convoy militar acompañado de periodistas.
“La situación con el agua es horrible”, apunta la señora Rufina Maldonado, que se encuentra sentada en una sombra junto a la glorieta de la Diana; tiene la esperanza de que los militares le dejen hacer una llamada para avisar a sus familiares, cuatro días después del huracán, de que ella y los suyos se encuentran bien. “Con vida, que es lo importante”.
“Y la situación de inseguridad es otra cosa que está horrible”, añade. “La delincuencia está muy fuerte. Es todo un descontrol. Quiero pensar que las autoridades no se dan abasto a controlar la ciudad, por eso debemos tener fe, pero la realidad es que la situación es muy complicada”.
Unas horas antes, la secretaria Luisa Alcalde pintó un panorama de la situación radicalmente distinto. En entrevista a su llegada al centro de acopio, la funcionaria federal insistió varias veces en que la situación está controlada, y que ya se está repartiendo la ayuda.
“Vamos a un ritmo muy rápido”, subrayó.
Cuando se le planteó que hay pobladores que en las colonias menos turísticas denunciaron la falta de ayuda, Alcalde hizo hincapié en que desde este sábado ya se están repartiendo víveres a través del Ejército mexicano.
“Hay un despliegue de 15 mil elementos de las fuerzas armadas y vamos a llegar a todas las colonias”, hizo hincapié.
“¿Creen que serán suficientes 15 mil elementos para una población damnificada de 800 mil?”, se le cuestionó.
“Lo que sea necesario, no hay límites. Ni para reforzar elementos, ni recursos. Vamos a llegar a todos lados”, prometió la secretaria de Gobernación.
Pobladores de Acapulco se sienten inseguros, pese a llegada del Ejército
Junto a una farmacia con la fachada completamente destruida y su interior saqueado, un grupo de guardias nacionales y de soldados del Ejército observan impasibles la escena, concentrados en dar fluidez al tráfico a la atascadísima costera Miguel Alemán.
Horas antes, durante la mañana, las patrullas del Ejército mexicano pasaban por la misma costera Miguel Alemán donde, como en prácticamente en todo el territorio de Acapulco, no queda ningún comercio grande, mediano y pequeño, que no haya sido desvalijado por personas que buscan víveres y por otras que también buscan recuperar por su cuenta algo de lo que el huracán les arrebató.
“¡Oigan, están saqueando!”, grita un hombre de unos 60 años, menudo, algo encorvado, que llama la atención de los militares alzando el brazo hacia un pequeño centro comercial en el que un grupo de personas todavía alcanzaba a sacar unas mesas y sillas que estaban cargando en una camioneta de batea.
“¿Qué no piensan hacer nada? ¿Los van a dejar?”, pregunta impotente a gritos el hombre, mientras la patrulla del Ejército sigue su camino y los soldados solo alcanzan a responderle: “Lo sentimos, no podemos hacer nada”.
Lo anterior es solo una pequeña estampa de lo que han sido estos cuatro días tras el paso de Otis, en cuanto a los saqueos y la ausencia de autoridad que resguarde los comercios y también los inmuebles.
“No es viable volver a mi fraccionamiento, hay una violencia extrema: la rapiña y el saqueo están desbordados”, dice una mujer que es administradora de un edificio.
“No hay un solo comercio que haya sobrevivido al saqueo. Da igual si es un supermercado grande, tiendita, o un local. La gente está enardecida. Y sí, está la Guardia Nacional y el Ejército, pero no hacen nada por evitarlo. Tristemente, Acapulco está destrozado”, lamenta la mujer, que asegura sentirse aliviada tras haber podido salir del puerto.
“Salimos aterrados de Acapulco porque no hay seguridad. No hay nadie que ponga orden. Hay departamentos que están siendo saqueados. Se están robando con camionetas las salas y comedores, y todo lo que puedan. Es muy triste ver al puerto así”, agrega la mujer.
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Del tamaño de un carnet de identidad, lleva casi 20 años en circulación, pero su demanda se ha disparado desde que Trump asumió la presidencia.
“Llevándola encima me siento más segura”.
Así dice Verónica Velásquez, una inmigrante indocumentada originaria de Filipinas y residente en Los Ángeles, de una tarjeta roja del tamaño de un carnet de identidad que mantiene siempre en su cartera.
Llamada también know-your-rights card (tarjeta conozca sus derechos) o simplemente “la tarjeta roja”, recuerda a quien la tiene entre manos algunos de sus derechos constitucionales y le resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Disponible en 19 idiomas e ideada por la organización Immigrant Legal Resource Center (ILRC), lleva en circulación casi dos décadas.
Aunque su uso y demanda se han disparado desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, con la promesa, entre otras, de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Lista de derechos e instrucciones
Todo el que se encuentre en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria, tiene ciertos derechos garantizados por la Constitución.
La tarjeta roja enumera algunos de los más relevantes para alguien que no tenga el permiso legal para residir en el país y corra el riesgo de ser deportado, como el derecho a permanecer en silencio recogido en la Quinta Enmienda o a no dejar entrar a la casa a un agente que no porte una orden firmada por un juez, tal como especifica la Cuarta Enmienda.
Usted tiene derechos constitucionales:
• No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta.
• No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho a guardar silencio.
• No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.
• Si usted está fuera de su casa, pregúntele al agente si tiene la libertad de irse y si le dice que sí, váyase con tranquilidad.
• Entréguele esta tarjeta al agente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.
Su formato es una referencia a las tarjetas rojas que usan los árbitros en los partidos de fútbol para expulsar a los jugadores.
Y la idea de crearlas surgió en 2007, a raíz de una serie de redadas llevadas a cabo en entornos laborales que “aterrorizaron a la comunidad”, explican desde ILRC, que tiene su sede en la ciudad californiana de San Francisco.
La organización las distribuye directamente a otras entidades, que a su vez las reparten en escuelas, iglesias, clínicas o bancos de alimentos, y a abogados que trabajan con migrantes y solicitantes de asilo.
También ofrece la posibilidad de descargar el diseño a través de su página web, para que quien las quiera pueda imprimirlas y montarlas por su cuenta.
“Desde las elecciones (presidenciales del 5 de noviembre) nos han llegado pedidos para un total de nueve millones de tarjetas, más que el total de los 17 años anteriores”, informa la organización.
En una cara llevan la información en inglés, y en la otra la traducción a uno de los 19 idiomas disponibles, desde el español y el portugués, pasando por el árabe, el creole, el ruso y el ucraniano, hasta el vietnamita y el chino, como muestra del diverso origen de los inmigrantes que hoy por hoy están en riesgo de deportación en EE.UU.
Según un análisis del Centro de Investigación Pew en base a los datos más recientes disponibles, en 2022 había 11 millones de personas indocumentadas en EE.UU., el 23% de los inmigrantes y un 3,3% del total de la población.
En torno a cuatro millones eran originarias de México, 1,9 millones nacieron en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica – El Salvador, Honduras y Guatemala, y los provenientes de Venezuela pasaron de ser 55.000 en 2007 a más de 270.000 en 2022.
Y también hay amplias comunidades originarias de otros continentes, como por ejemplo 750.000 residentes no autorizados que nacieron en India.
“Sencilla, pero de alto impacto”
Para muchos de estos inmigrantes sin papeles, hacer valer los derechos que recoge la tarjeta roja podría marcar la diferencia entre quedarse en el país o ser deportado, advierten activistas y abogados.
Por ello, organizaciones como TODEC, con sede en tres municipios de zonas rurales de California donde un alto porcentaje de trabajadores agrícolas son indocumentados, ha repartido hasta 500.000.
“Asegúrate de que portas siempre la tarjeta roja, para explicar y hacer cumplir tus derechos si llega a detenerte un agente migración”, dice la hoja informativa que suele repartir en comunidades con población en riesgo de ser deportada.
“Es una herramienta sencilla pero puede tener un alto impacto”, subraya Dalia Zetina, del Dream Project Center de la Universidad Coastline de Newport Beach, California.
“Además ayuda a quien lo lleva a sentirse más seguro a la hora de salir de casa o para ir al trabajo”, le dice a BBC Mundo.
“Probablemente te pongas nervioso si un agente te para. Así que solo tienes que agarrar la tarjeta y leerla, o entregársela directamente”, explica.
El centro para el que trabaja ha distribuído 700 unidades en la comunidad, en español, tagalo y vietnamita.
A la semana de la toma de posesión de Trump y en vista de las primeras redadas, María Fernanda García Castillo, nacida en EE.UU. de padres inmigrantes, decidió imprimir tarjetas y repartirlas en su entorno en Charlotte, Carolina del Norte.
“Supe de gente que no estaba yendo al trabajo porque vivían en un área con alta población latina y laboraban en sectores que están en el punto de mira de las autoridades migratorias, como la construcción”, le contó al medio local WCNC.
“Se me acabaron pronto y me di cuenta que la gente tenía muchas preguntas acerca de cuáles eran sus derechos”, así que decidió fundar Project Red Cards, para distribuir todas las que pudiera en tiendas, restaurantes, clínicas, lavanderías y otros puntos de su municipio y en localidades aledañas.
A kilómetros de allí, en el estado de Maryland, Marlon A. Cruz, un ingeniero de 23 años hijo de inmigrantes guatemaltecos, organizó este martes un taller para imprimir y montar 400 tarjetas rojas en 10 idiomas distintos.
Ahora pretende entregarlas entre la comunidad hispana del condado en el que vive, Prince George’s, en las afueras de Washington DC, le dice a BBC Mundo, y trabajar en red con organizaciones para ampliar su alcance.
Son solo unos ejemplos de los grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país que llevan semanas organizándose y ofreciendo la tarjeta como parte de una serie de recursos a la población en peligro de deportación.
También organizan talleres y sesiones informativas en centros comunitarios, escuelas e iglesias bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
Asimismo, existe una serie de aplicaciones para celular que contienen una información similar a la de las tarjetas rojas en audio, y que permiten a sus usuarios no tener que mediar palabra con los agentes migratorios.
“Yo lo llamo ‘cómo escapar del arresto'”
Mientras, funcionarios de la administración Trump han arremetido contra la actividad de ONGs y voluntarios, subrayando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo Thomas D. Homan, a quien el presidente nombró “zar de la frontera” y que está al frente de las operaciones de deportación.
También aclaró que eso no frenará las expulsiones, como ya lo ha dicho sobre las “ciudades santuario”, aquellas donde los funcionarios municipales no están obligados a colaborar con los agentes federales en materia migratoria.
“Nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella”, aseguró en una entrevista en la cadena Fox News nada más ser elegido para el cargo, que asumió tras fungir como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esa fue una de las principales promesas de campaña de Trump y desde que asumió la presidencia ha ordenado redadas en todos los rincones del país, enviado aviones con deportados a Colombia o Venezuela, algunos tras haber estado detenidos en Guantánamo, y usado como países “puente” a Panamá y Costa Rica.
El nuevo gobierno ha hecho un gran despliegue mediático con las detenciones y las deportaciones.
A diario, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales y páginas web, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE publican imágenes de personas que han sido arrestadas, a veces a punto de subirse a un vuelo, encadenados de manos y pies.
Sin embargo, y aunque la seguridad nacional sea el argumento con el que el nuevo gobierno justifica las deportaciones y Trump y Homan insistan en que se están repatriando “delincuentes”, cifras obtenidas por la cadena NBC muestran que más del 40% de los detenidos no tenía antecedentes penales.
El medio encontró que de los 4.422 arrestados por el ICE en las primeras dos semanas de febrero, 1.800 (un 41%), no tenían ninguna condena ni cargos penales pendientes.
Ante ello, el temor a encontrarse con un agente migratorio se ha extendido como la pólvora entre los inmigrantes indocumentados y las familias con estatus mixto, en las que al menos uno de los miembros no tiene la residencia legal.
“Ni voy a salir de casa”, le decía a BBC Mundo José, quien lleva más de 25 años en el país pero no ha logrado regularizar su situación por haber cruzado la frontera desde México de forma ilegal, después de que el diario LA Times, en base a la filtración de un documento oficial del DHS, informara de unas posibles redadas masivas en Los Ángeles antes de que termine febrero.
En ese contexto de miedo, una herramienta tan básica como una tarjeta roja puede marcar la diferencia.
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