Comunidad de Tabasco desplazada por el cambio climático ya tiene terreno para reubicación, pero faltan familias excluidas
Uno de los casos en México de poblaciones desplazadas por efectos del cambio climático dio un paso hacia la llamada justicia climática: 60 familias de El Bosque, Tabasco, pueblo devorado por el mar, lograron que el gobierno estatal donara un terreno para ser reubicadas en conjunto, sin embargo, diez familias quedaron excluidas de la reubicación.
El Bosque, en el municipio de Centla, Tabasco, es una comunidad devorada por el mar, cuya crecida se ha llevado decenas de casas, la primaria y el kinder y, en suma, el territorio que habitaban unas 200 personas.
Este pueblo tabasqueño recibía su nombre porque en la orilla de la costa había una larga línea de pinos, de los cuáles sólo quedan algunos a punto de caer, incluso muertos, pero que se aferran con sus raíces, narra Guadalupe Mayoral, hija de una de las habitantes de El Bosque, y que llevó el caso a en una audiencia histórica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
“Lo ves lejos de la orilla. Ahí te das una idea de esa línea de pinos que estaba. Es muy triste ver lo que está pasando”, describió.
“Te preguntarás ¿Qué hacía una línea de pinos en una playa? Eso era más que suficiente para comprobar que era una tierra que tenía riqueza en todos los sentidos. Aunado a ello, aunque era una comunidad muy pequeña, sí tenía servicios de educación, tenía agua, tenía luz. Era un lugar muy bonito y muy turístico. Había pesca. Había suficiente pesca”, cuenta.
El Bosque fue una comunidad que años antes exportó toneladas de pescado y ahora sobreviven en techos de láminas que la población tuvo que adaptar.
Ante la emergencia, los pobladores apoyados por organizaciones civiles exigieron, al menos desde 2022, su reubicación, lo que convierte a este caso en “histórico” y “relevante”.
Logros de la comunidad de El Bosque ante el cambio climático
Los habitantes de El Bosque volverán a tener una casa propia, luego que el Congreso de Tabasco aprobó un dictamen por unanimidad para reubicar a estas familias, ahora desplazadas por efectos del cambio climático en México.
Con esto, se convierten en la primera comunidad reconocida como desplazada climática en México y atendida a través de un proceso de reubicación comunitaria.
La decisión del Congreso local se concretó el 28 de febrero de 2024 mediante un decreto en el cual consta que se “enajena” o transmite un terreno de 150 mil m2 totales a las familias de El Bosque.
Su reubicación ocurre después de años de evidenciar que la población comenzaba a vivir las consecuencias del impacto climático.
Sin embargo, aunque ya cuentan con un predio para las familias, organizaciones de la sociedad civil como Nuestro Futuro A.C., Conexiones Climáticas y Greenpeace México, señalan que hace falta considerar a las familias que quedaron excluidas del padrón que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó.
Nora Cabrera, abogada y directora de la organización Nuestro Futuro A.C. explica que el caso de la comunidad de El Bosque es especial porque a través de la lucha colectiva, la comunidad y la sociedad civil han acompañado y empujado la resolución sobre el predio para su reubicación.
“El caso de El Bosque tiene esperanza de resolución y puede ser un modelo sobre cómo atender un proceso de reubicación de desplazamiento climático [interno]”, dijo Nora Cabrera en entrevista para Animal Político.
Por ello, las organizaciones exigen que la reubicación se apegue a los plazos previamente establecidos y se revise el padrón de beneficiarios de la Sedatu, para integrar a las familias que quedaron fuera del proceso y que son parte reconocida de la comunidad.
¿Cómo es el predio en el que serán reubicados en Tabasco?
El terreno donde la comunidad será reubicada no está directamente pegado al mar. Respecto a la actividad pesquera que caracteriza a la población, la abogada señaló que, tanto la comunidad como las organizaciones que les acompañan, se encuentran en pláticas con las autoridades para que, una vez establecidos, sigan pescando.
“Ahora que ya está el terreno, es pedir que la reubicación sea justa y digna. Parte de esas características es que la comunidad siga siendo una comunidad de pescadores aunque se encuentre localizada en una zona que no tiene mar de frente”, añadió.
En el decreto se reconoce por primera vez que la resolución a favor de la reubicación de la población afectada deriva por la elevación del mar, como consecuencia del cambio climático. En el documento se autoriza que en una superficie de 20 mil m2 se construyan 60 viviendas para las familias de El Bosque.
De esta manera se evitará que “quienes actualmente habitan en viviendas consolidadas y en la mayoría de los casos fabricadas de materiales provisionales, se vean afectadas por el fenómeno natural”, señalaron en la resolución.
“Eso se ha logrado a través de una lucha colectiva y que la comunidad ha empujado y que la sociedad civil hemos acompañado y que las autoridades han escuchado. Entonces, hay una forma de decir [que] aquí hay algo para construir un protocolo, una política pública que reconozca y atienda el problema”, añadió Nora Cabrera.
¿Qué sigue?
Con el decreto publicado, se deberá comenzar con la construcción de las viviendas. De acuerdo con el proyecto ejecutivo, las casas deben quedar listas y entregadas para el mes de septiembre de 2024.
“El proyecto ejecutivo ya se le presentó a la comunidad y deben empezar [con la construcción], si no es en los próximos días o mes, con este tema. Sobre todo, lo importante es ver que se inicie con la construcción y que también se haga la entrega a las personas de la comunidad en el plazo que se comentó y es el tercer trimestre del año”, explicó la abogada Cabrera.
Además de resolver la reubicación de las familias, las autoridades deben atender las necesidades inmediatas de la comunidad como salud, educación y refugio que siguen sin ser atendidas, como han denunciado las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan.
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Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y persecución política figuran como prácticas sistemáticas del gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a los opositores, denuncian activistas de derechos humanos.
Mirbelis González entra en una celda de barrotes sin luz natural, retrete ni agua corriente cada miércoles por la mañana.
Se somete a esta rutina desde hace casi un año para visitar a su hermano Ángel Gabriel, un adolescente que está cerca de cumplir 12 meses detenido en una comisaría del estado La Guaira, en el norte de Venezuela.
El Ministerio Público venezolano acusa a Ángel Gabriel González, de 17 años, de terrorismo, incitación al odio, daños al patrimonio y obstrucción de las vías públicas, delitos que podrían suponer hasta diez años de cárcel, dice Mirbelis a BBC Mundo en una llamada telefónica.
La Fiscalía alega que participó en el derrumbe, a palos y pedradas, de una estatua del expresidente Hugo Chávez en La Guaira el lunes 29 de julio de 2024, un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de hace un año.
La oposición mostró las actas electorales que evidenciaban la victoria del candidato Edmundo González, por lo que el triunfo otorgado a Maduro desató una ola de protestas.
“Mi hermano no estaba ahí ese día. Lo llevamos (a la policía) para que se hicieran las averiguaciones de que él no era culpable y resulta que lo torturaron para que dijera que era culpable”, denuncia Mirbelis.
Además de la de La Guaira, al menos cinco efigies de Chávez fueron atacadas por manifestantes en los estados Aragua, Carabobo, Falcón y Guárico, en medio de 187 protestas para rechazar el resultado electoral, que tuvieron lugar en 20 de los 23 estados del país, según cálculos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
La oposición reivindicaba la victoria de González, quien se postuló en reemplazo de la dirigente María Corina Machado, tras ser inhabilitada por el Poder Judicial para ocupar cargos públicos.
Desde hace un año, la oposición exige al CNE mostrar las actas de votación y todavía espera por las evidencias. Sin embargo, publicó 80% de los comprobantes que daban a González 7,4 millones de votos frente a 3,3 millones de Maduro, con un nivel de participación de 60% del electorado, que excluyó a la mayoría de los electores venezolanos registrados en el exterior.
En las manifestaciones que siguieron a las elecciones, 28 personas murieron y 2.229 fueron detenidas en operativos de captura que se desplegaron por todo el país, tal como precisó en su momento el propio Maduro, que culpó a la oposición de querer desestabilizar el país.
BBC Mundo solicitó entrevista con el gobierno de Venezuela pero no obtuvo respuesta.
En una entrevista en febrero con BBC Mundo, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo:
“El 29 y 30 de julio [de 2024] ocurrieron hechos brutales de violencia. Murieron 28 personas a manos de manifestantes violentos, quemaron centros de salud, escuelas, centros electorales y derribaron monumentos y en función de ello se detuvo a un grupo de personas (…)
El plan de ellos (de los opositores) no era ir a las elecciones, era cantar fraude y promover una insurrección armada en Venezuela”.
La sociedad civil organizada advirtió que 114 de los arrestados eran menores de edad, como Ángel Gabriel González.
“Botar sangre por la nariz”
Funcionarios de la policía de La Guaira buscaron al adolescente en casa de su padre días después de las elecciones, el 8 de agosto de 2024 a las 9:00 de la noche, recuerda Mirbelis.
“Ellos amenazaron que si no entregábamos a Ángel, se iban a llevar detenido a mi papá. Y mostraron un video donde caía la estatua, pero ahí no hay (nadie) parecido a mi hermano”.
Debido a las dolencias físicas del padre, descartaron que él se presentara ante las autoridades y decidieron acompañar a Ángel al día siguiente a la “casa de seguridad ciudadana”, una sede de la policía local, para aclarar la situación.
Cuando llegaron a la comisaría, Mirbelis cuenta que los funcionarios les pidieron quedarse afuera mientras el joven entraba.
“(Él) Me dice que le pusieron una bolsa en la cara y lo tiraron en una colchoneta boca abajo”, asegura Mirbelis. “Nos comentó que lo habían asfixiado hasta botar sangre por la nariz, por eso dijo en ese vídeo que era culpable, porque lo torturaron”.
“Él dice que ya no soportaba más lo que estaba viviendo”.
Desde ese momento, la rutina familiar cambió por completo.
Ángel Gabriel fue recluido con otros adolescentes en una celda sin luz. “Nos pidieron la colaboración de [comprar] cables y bombillos”, recuerda Mirbelis. Su hermano y los demás detenidos no disponen de lavabo, sino de una letrina entre dos paredes y una cortina, cuenta sobre el espacio que ella visita cada miércoles.
Como no reciben agua corriente, Mirbelis calcula que entre todos han acumulado un centenar de botellas de plástico de refresco que llenan una vez a la semana con una manguera de la que sale agua marrón.
Mirbelis, su padre y su tía visitan la comisaría cada día entre las 9:00 y 11:00 de la mañana para llevarle almuerzo, cena y agua potable congelada. El día de visita es el miércoles y sólo puede ir Mirbelis o su tía, porque está prohibido que los hombres entren en las celdas de los detenidos.
“Mi hermano dice que está cansado de vivir”, asegura Mirbelis cuando recuerda las conversaciones con su hermano. “Él dice que está triste, pregunta que cuándo se va a acabar esto y cuándo lo vamos a sacar de ahí”.
Casi 1.000 detenidos
Para mediados de julio de este año, la ONG venezolana de defensa de derechos humanos Foro Penal estimaba que había 948 personas detenidas por razones políticas y cuatro de ellas eran adolescentes.
Varias organizaciones confirmaron que 59 presos fueron liberados el viernes 18 de julio como parte de un intercambio inédito de prisioneros entre los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y El Salvador.
Aunque el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó que 80 venezolanos serían excarcelados en el canje, ninguna autoridad en Caracas publicó una lista oficial, más allá del cálculo de las ONG.
El gobierno de Maduro no reconoce las razones políticas de las detenciones. De hecho, la Cancillería venezolana señaló en un comunicado que los liberados habían sido procesados por “la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional”.
También fueron liberados diez estadounidenses que estaban presos en Venezuela.
A cambio, el gobierno salvadoreño excarceló y envió de vuelta a Venezuela a 252 migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos y que permanecieron meses detenidos en la cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), diseñada para detener a pandilleros salvadoreños.
Sin embargo, al menos 20 personas fueron detenidas en las 72 horas posteriores al canje de presos por migrantes, según denunció la líder opositora María Corina Machado, quien acusó al gobierno de Maduro de aplicar una “política de puerta giratoria”, en la que unos salen mientras otros entran a prisión.
En medio de los arrestos, Foro Penal advierte que al menos 51 personas permanecen “desaparecidas”.
Tras examinar 15 casos, Amnistía Internacional concluyó en un informe publicado a mediados de julio que las autoridades venezolanas “cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, lo que configura un “crimen de lesa humanidad”.
El nombre de un arcángel
El padre de Ángel es tan devoto del arcángel Gabriel que decidió ponerle su nombre.
La madre de Mirbelis y Ángel falleció un año antes de su detención, cuando él tenía 15. En ese momento ambos pensaron que perderla sería la experiencia más dolorosa de sus vidas.
Sin embargo, el arresto de Ángel desencadenó una temporada de incertidumbre y pesar para sus familiares que nunca imaginaron que podrían vivir. Las celebraciones han cobrado un nuevo sentido, especialmente los cumpleaños, la Navidad y el Año Nuevo.
“El cumpleaños de mi hermano siempre ha sido motivo de celebración”, asegura Mirbelis. “El año pasado lo festejamos en la playa. Pero este año ha sido muy difícil”.
Después de la muerte de su madre, lo más doloroso para Ángel ha sido estar ausente en el nacimiento de su hijo debido a la detención. “Él no conoce a su hijo porque no permiten la visita del bebé. Pero le hemos pasado fotos”.
Mirbelis dice que su padre se reunió en diciembre con el fiscal venezolano, Tarek William Saab. Ahora no entiende por qué el jefe del Ministerio Público dijo que Ángel sería liberado, pero luego la excarcelación no se cumplió.
El joven le escribió una carta a su padre que se hizo viral a través de las redes sociales. En ella lamentaba no haber sido excarcelado el 12 de diciembre de 2024 y le pedía perdón a sus familiares por obligarlos a vivir su detención.
“Ese día me habían prometido mi libertad, para estar con ustedes y mi hijo. Ya estoy cansado de esta vida, a veces me dan ganas de seguir durmiendo y no levantarme más nunca”.
“Que tenga esperanza”
Después de aquel episodio, el jefe de la comisaría le prohibió a Ángel el acceso a lápiz y papel, aunque tiene una Biblia que lee con frecuencia.
También se ha enfermado varias veces, incluyendo cuatro abscesos que le salieron en la piel de los brazos y las axilas. “Sólo nos permiten llevarle cuatro ibuprofenos y cuatro antibióticos”.
Tres meses después de las elecciones, en octubre de 2024, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela había documentado 850 casos de violaciones graves de derechos humanos en Venezuela que incluían detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, entre otros delitos.
El equipo de Marta Valiñas, la presidenta de este mecanismo, alertó que el gobierno de Maduro había puesto en marcha “una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente” tras los comicios, que incluía una cantidad de arrestos de menores de edad nunca antes vista en Venezuela.
Recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo estar “profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto”.
Mientras sigue las noticias sobre la liberación de presos a cambio de migrantes, Mirbelis González anhela que su hermano sea uno de los próximos excarcelados.
“Él no es un adolescente malo, no es un adolescente rebelde, le gustaba trabajar con mi papá. Siempre le digo que tenga esperanza, que esto se va a acabar pronto”.
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