
Uno de los casos en México de poblaciones desplazadas por efectos del cambio climático dio un paso hacia la llamada justicia climática: 60 familias de El Bosque, Tabasco, pueblo devorado por el mar, lograron que el gobierno estatal donara un terreno para ser reubicadas en conjunto, sin embargo, diez familias quedaron excluidas de la reubicación.
El Bosque, en el municipio de Centla, Tabasco, es una comunidad devorada por el mar, cuya crecida se ha llevado decenas de casas, la primaria y el kinder y, en suma, el territorio que habitaban unas 200 personas.
Este pueblo tabasqueño recibía su nombre porque en la orilla de la costa había una larga línea de pinos, de los cuáles sólo quedan algunos a punto de caer, incluso muertos, pero que se aferran con sus raíces, narra Guadalupe Mayoral, hija de una de las habitantes de El Bosque, y que llevó el caso a en una audiencia histórica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

“Lo ves lejos de la orilla. Ahí te das una idea de esa línea de pinos que estaba. Es muy triste ver lo que está pasando”, describió.
“Te preguntarás ¿Qué hacía una línea de pinos en una playa? Eso era más que suficiente para comprobar que era una tierra que tenía riqueza en todos los sentidos. Aunado a ello, aunque era una comunidad muy pequeña, sí tenía servicios de educación, tenía agua, tenía luz. Era un lugar muy bonito y muy turístico. Había pesca. Había suficiente pesca”, cuenta.
El Bosque fue una comunidad que años antes exportó toneladas de pescado y ahora sobreviven en techos de láminas que la población tuvo que adaptar.
Ante la emergencia, los pobladores apoyados por organizaciones civiles exigieron, al menos desde 2022, su reubicación, lo que convierte a este caso en “histórico” y “relevante”.
Los habitantes de El Bosque volverán a tener una casa propia, luego que el Congreso de Tabasco aprobó un dictamen por unanimidad para reubicar a estas familias, ahora desplazadas por efectos del cambio climático en México.
Con esto, se convierten en la primera comunidad reconocida como desplazada climática en México y atendida a través de un proceso de reubicación comunitaria.
La decisión del Congreso local se concretó el 28 de febrero de 2024 mediante un decreto en el cual consta que se “enajena” o transmite un terreno de 150 mil m2 totales a las familias de El Bosque.
Su reubicación ocurre después de años de evidenciar que la población comenzaba a vivir las consecuencias del impacto climático.
Sin embargo, aunque ya cuentan con un predio para las familias, organizaciones de la sociedad civil como Nuestro Futuro A.C., Conexiones Climáticas y Greenpeace México, señalan que hace falta considerar a las familias que quedaron excluidas del padrón que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó.

Nora Cabrera, abogada y directora de la organización Nuestro Futuro A.C. explica que el caso de la comunidad de El Bosque es especial porque a través de la lucha colectiva, la comunidad y la sociedad civil han acompañado y empujado la resolución sobre el predio para su reubicación.
“El caso de El Bosque tiene esperanza de resolución y puede ser un modelo sobre cómo atender un proceso de reubicación de desplazamiento climático [interno]”, dijo Nora Cabrera en entrevista para Animal Político.
Por ello, las organizaciones exigen que la reubicación se apegue a los plazos previamente establecidos y se revise el padrón de beneficiarios de la Sedatu, para integrar a las familias que quedaron fuera del proceso y que son parte reconocida de la comunidad.
El terreno donde la comunidad será reubicada no está directamente pegado al mar. Respecto a la actividad pesquera que caracteriza a la población, la abogada señaló que, tanto la comunidad como las organizaciones que les acompañan, se encuentran en pláticas con las autoridades para que, una vez establecidos, sigan pescando.
“Ahora que ya está el terreno, es pedir que la reubicación sea justa y digna. Parte de esas características es que la comunidad siga siendo una comunidad de pescadores aunque se encuentre localizada en una zona que no tiene mar de frente”, añadió.
En el decreto se reconoce por primera vez que la resolución a favor de la reubicación de la población afectada deriva por la elevación del mar, como consecuencia del cambio climático. En el documento se autoriza que en una superficie de 20 mil m2 se construyan 60 viviendas para las familias de El Bosque.
De esta manera se evitará que “quienes actualmente habitan en viviendas consolidadas y en la mayoría de los casos fabricadas de materiales provisionales, se vean afectadas por el fenómeno natural”, señalaron en la resolución.
“Eso se ha logrado a través de una lucha colectiva y que la comunidad ha empujado y que la sociedad civil hemos acompañado y que las autoridades han escuchado. Entonces, hay una forma de decir [que] aquí hay algo para construir un protocolo, una política pública que reconozca y atienda el problema”, añadió Nora Cabrera.

Con el decreto publicado, se deberá comenzar con la construcción de las viviendas. De acuerdo con el proyecto ejecutivo, las casas deben quedar listas y entregadas para el mes de septiembre de 2024.
“El proyecto ejecutivo ya se le presentó a la comunidad y deben empezar [con la construcción], si no es en los próximos días o mes, con este tema. Sobre todo, lo importante es ver que se inicie con la construcción y que también se haga la entrega a las personas de la comunidad en el plazo que se comentó y es el tercer trimestre del año”, explicó la abogada Cabrera.
Además de resolver la reubicación de las familias, las autoridades deben atender las necesidades inmediatas de la comunidad como salud, educación y refugio que siguen sin ser atendidas, como han denunciado las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan.

Las autoridades estadounidenses han confiscado este mes al menos dos petroleros que considera parte de una flota de buques fantasma utilizada por Venezuela para evadir sanciones.
Rusia y China condenaron la incautación por parte de Estados Unidos de petroleros sancionados en aguas cercanas a Venezuela, en una reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York el martes.
El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, dijo que se trataba de una “agresión flagrante” contra un Estado soberano y describió las acciones estadounidenses como “métodos pseudolegales” que vulneran el derecho internacional.
Por su parte, el embajador chino afirmó que las medidas de Estados Unidos violan la Carta de la ONU y el derecho internacional, y advirtió que amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe.
Las críticas de Moscú y Pekín se produjeron en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo de la ONU, solicitada por el propio gobierno venezolano y respaldada por ambos países.
Las autoridades estadounidenses han confiscado en lo que va de este mes al menos dos petroleros que considera parte de una flota de buques fantasma utilizada por Venezuela para evadir sanciones.
En el foro abierto por Venezuela en el Consejo de Seguridad, Rusia acusó a EE.UU. de “comportamiento de cowboy” e “intimidación”, según la agencia AFP, mientras China denunció una escalada de presión militar y económica contra Caracas en un contexto de creciente tensión en el Caribe.
En respuesta, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Washington hará “todo lo que esté en su poder para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense”.
Waltz defendió el bloqueo impuesto por la administración de Donald Trump a petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, así como la interceptación de varios buques en el mar Caribe.
También aseguró ante el Consejo que su país impondrá sanciones “al máximo” para privar al presidente Nicolás Maduro de los recursos que, según Washington, utiliza para financiar al Cártel de los Soles, designado por Estados Unidos como organización terrorista.
Insistió en que el petróleo exportado por Venezuela constituye “el principal salvavidas económico” de un gobierno al que calificó como ilegítimo y al que acusó de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Las declaraciones en la ONU llegan en medio de una intensificación de la presión militar estadounidense sobre el gobierno de Maduro.
Trump sugirió este lunes que Estados Unidos se quedará con el crudo de los petroleros incautados frente a las costas venezolanas, e incluso con los propios buques.
Por otra parte, el Comando Sur de Estados Unidos informó de un ataque militar en aguas internacionales del Pacífico oriental contra una embarcación sospechosa de narcotráfico, en el que murió una persona.
Desde septiembre ya han muerto alrededor de 100 personas en ataques de EE.UU. contra supuestas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico.
Trump también ha amenazado con extender este tipo de operaciones a tierra firme, al tiempo que continúa el enorme despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe.
Desde Caracas, Nicolás Maduro ha denunciado las incautaciones de los petroleros como actos de “piratería” y acusa a Washington de querer apropiarse de las reservas de petróleo de su país y de querer derrocarlo.
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