Brugada presenta 14 medidas para combatir la gentrificación en CDMX; va por regulación de rentas y defensoría de inquilinos
Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, presentó una serie de medidas en pro del derecho a la vivienda y para combatir el fenómeno conocido como gentrificación, como parte del Plan Maestro: Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local.
Este proyecto se da en el contexto de las marchas contra la gentrificación en la capital del país, la primera de las cuales se realizó el viernes 4 de julio y para este domingo 20 se tiene contemplada una segunda movilización.
Algunos de los argumentos dados por Brugada son “la justicia habitacional” como un derecho fundamental de todas las personas, los aumentos en el costo de la vivienda durante los últimos 10 años, tanto de compra como en renta, y el desplazamiento de habitantes originarios y comercios locales debido a la llegada “de nuevos actores con mayor poder adquisitivo”.
“La gentrificación se inscribe en los patrones de transformación urbana vinculados a la transformación de bienes activos financieros y la especulación que se deriva del impacto de la economía global sobre las grandes ciudades”, señaló.
Cabe destacar que tras la primera protesta contra la gentrificación, el mensaje que emitió Brugada se centró en anunciar que habría una “estrategia especial” para evitar violencia en las manifestaciones, luego de que en esa marcha varios establecimientos de las colonias Roma y Juárez resultaron afectados.
En ese mensaje, la mandataria capitalina también se pronunció contra la gentrificación que está afectando, principalmente, a las colonias céntricas de la ciudad debido a que, dijo, implica la expulsión de la población “ante la construcción o ante una situación de vida distinta a la que tradicionalmente tiene la gente en los lugares”.
Ante esta situación, una de las primeras acciones de las autoridades fue convocar a un diálogo con vecinos de las colonias Roma, Hipódromo y Condesa, en el que algunos de los asistentes defendieron las condiciones del alto costo de las viviendas en venta o renta mientras que otros pidieron que se regule el incremento de estancias para turistas, y exigieron que se garantice su seguridad ante la posibilidad de que ocurran nuevas movilizaciones.
Estas son las 14 propuestas de Gobierno de CDMX para enfrentar gentrificación
- Estabilizar las rentas: las rentas habitacionales en la Ciudad de México no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año anterior, como lo indica actualmente el Código Civil en su artículo 2448. Se crearán los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar su cumplimiento.
- Se establecerá el Índice de Precios de Alquiler Razonable y Zonas de Tensión Inmobiliaria: el objetivo de dicho índice será aplicar políticas integrales en favor del fortalecimiento comunitario, la inclusión urbana y frenar los desplazamientos involuntarios, especialmente en estas zonas.
- Se fortalecerá la Regulación de la Renta de Viviendas en Ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal con el fin de respetar las disposiciones legales, se determinará una metodología objetiva y rigurosa para regular la operación del alquiler de viviendas de uso temporal.
- Defensoría de Derechos Inquilinarios: se creará un nuevo organismo público que dará apoyo legal, mediación y defensa para sancionar abusos o desalojos ilegales y promover nuevas relaciones entre arrendatarios y arrendadores.
- Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles: se impulsará una nueva ley para regular los precios de alquiler de vivienda, equilibrar derechos y obligaciones entre arrendatarios y arrendadores; y regular plataformas de arrendamiento temporales.
- Vivienda pública con enfoque sostenible: se priorizará la construcción de vivienda pública en zonas céntricas y de alta presión inmobiliaria a partir de un modelo sostenible que contemple la redensificación equilibrada, respeto a las dinámicas socioculturales y locales, así como la consolidación de reserva territorial.
- Vivienda pública en renta para sectores prioritarios: se ampliará el arrendamiento social para jóvenes, madres solteras, adultos mayores y trabajadores de la ciudad central.
- Énfasis en Vivienda Nueva Progresiva: se fortalecerá el apoyo de vivienda para ampliar espacios habitacionales en barrios populares y la creación de condominios familiares.
- Coordinación con sector privado: se combatirá la especulación inmobiliaria en zonas críticas y se promoverá la producción de vivienda asequible.
- Plan Maestro Instrumento de planeación participativa con la comunidad habitante en zonas de alta tensión para definir lineamientos, estrategias y acciones.
- Programa de arraigo comunitario, protección y preservación del espacio público y del patrimonio histórico, cultural y artístico: se protegerán espacios públicos y patrimonio cultural mediante políticas de cohesión social la diversidad y la pluralidad.
- Estímulos a comercios locales: se fortalecerá la economía barrial mediante apoyos a MiPyMES, oficios tradicionales y pequeños comercios con créditos e incentivos que favorezcan su permanencia en la comunidad.
- Participación comunitaria en la gestión: las políticas de inclusión, arraigo, convivencia y reducción de desigualdades, se definirán con consulta y participación activa de las comunidades
- Observatorio de suelo y vivienda: se creará una instancia para sistematizar y analizar datos sobre precios y contratos de vivienda y suelo, incluyendo renta corta y larga duración, con respaldo jurídico.
Estas acciones serán aplicadas en “zonas tensionadas” que comprenden 17 mil 376 predios, 3 mil 501 inmuebles y 910 manzanas en las colonias Hipódromo Condesa, Condesa, Juárez, (excluyendo Zona Rosa), Roma Norte y Sur, Doctores y Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Escandón secciones I y II y San Miguel Chapultepec secciones I y II en la Miguel Hidalgo.
“Se busca dar cumplimiento a los principios establecidos en la Constitución de la Ciudad de México, una legislación de carácter progresista que reconoce de manera explícita el derecho a la vivienda digna y al derecho a la ciudad”, se señala como motivación de este Plan Maestro.
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Nayib Bukele es el último presidente de la región autorizado a postularse a tantos mandatos consecutivos como quiera. Él defiende el cambio; los expertos encienden alarmas.
La reelección presidencial indefinida aprobada en El Salvador parece validar un aforismo que suele atribuirse a Mark Twain: “la historia no se repite, pero a menudo rima”.
En este caso, la historia es sobre un presidente popular, que concentra poder y es habilitado por un cambio constitucional a postularse para seguir en el cargo cuantas veces quiera, en nombre de la soberanía popular.
La reforma en El Salvador se realizó vía exprés el jueves en la Asamblea Legislativa, donde el presidente Nayib Bukele tiene amplias mayorías.
El cambio de Constitución, aprobado por 57 legisladores en un total de 60, extendió además el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta en las elecciones.
Por más drástica y novedosa que resulte esta reforma para El Salvador, está lejos de ser algo inusitado en América Latina, donde distintos países permitieron la reelección presidencial indefinida en tiempos recientes.
Y la evidencia regional muestra, según expertos, que el permiso de continuidad a voluntad de los mandatarios en un régimen presidencial implica serios riesgos para las democracias.
“La reelección indefinida es sinónimo de autocratización”, dice Mario Torrico, un politólogo que ha estudiado el fenómeno, a BBC Mundo.
“Un tecnicismo”
Bukele fue electo inicialmente en 2019 y reelecto el año pasado por amplio margen, con mayoría absoluta de su partido en la Asamblea Legislativa, con base en el apoyo popular que tiene su política de seguridad de mano dura.
Bajo un estado de excepción, su gobierno encarceló a decenas de miles de personas acusadas de vínculos con las pandillas, una estrategia que según organizaciones de derechos humanos implica distintos abusos de poder.
El mandatario de 44 años puede ahora buscar seguir en el cargo sin plazo de salida obligatoria.
Ante las críticas a esta reforma, Bukele respondió el domingo que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
“Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de pronto es el fin de la democracia”, agregó en la red social X.
El presidente incluyó en ese comentario tanto a los sistemas de gobierno parlamentarios de países desarrollados como a los presidenciales de América Latina, y sostuvo que distinguirlos es “un tecnicismo” y “un pretexto”.
Sin embargo, los expertos creen que esa diferencia es crucial.
“En un régimen parlamentario, la elección del primer ministro o presidente proviene de un acuerdo en el Parlamento de fuerzas políticas diversas”, dice Agustín Grijalva, un exjuez de la Corte Constitucional de Ecuador, a BBC Mundo.
“En un régimen presidencial (hay) dos elecciones separadas e independientes: la del Parlamento por un lado y la del presidente por otro, que no depende de la elección del Parlamento. Y cada uno tiene un período fijo”, agrega. “Es otra estructura institucional totalmente distinta, que exige que esos períodos fijos se cumplan”.
Según este docente de la Universidad Andina que investigó el tema, “el planteamiento de Bukele sería creíble si nos diera ejemplos de países con regímenes presidenciales que tienen reelección indefinida: ahí va a ver que son los autoritarios, (como) el caso de Venezuela o Nicaragua”.
De hecho, estos dos países así como Ecuador y Bolivia permitieron la reelección ilimitada de sus presidentes en este siglo, años antes que El Salvador.
El cambio se mantiene vigente en Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos pasaron a ser considerados autocráticos por buena parte de la comunidad internacional, mientras Ecuador y Bolivia volvieron luego a limitar la permanencia en el poder.
Una paradoja es que estos cuatro países habilitaron la reelección sin límites bajo gobiernos de izquierda, supuestamente en las antípodas ideológicas de Bukele, estrella de la derecha continental.
Y el modo en que lo hicieron también guarda llamativas semejanzas.
“Hagámoslo rápido”
La reelección indefinida en América Latina siempre se aprobó bajo presidentes que llevaban más de un mandato y se acercaban al límite constitucional que los obligaba a retirarse del poder.
Es decir, se ha hecho con nombre y apellido.
Esos presidentes tenían mayorías en el Legislativo, en la Justicia o en ambos poderes a la vez para cambiar las reglas de juego.
Bukele y el nicaragüense Daniel Ortega son los primeros que gobernaron por dos mandatos consecutivos en sus países desde la década de 1980, con base en dictámenes judiciales que desactivaron la prohibición de reelección inmediata en sus constituciones.
Después, en ambos casos (así como en Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa) mayorías legislativas oficialistas cambiaron las constituciones para permitir la reelección indefinida. Hoy Ortega gobierna Nicaragua desde hace más de 18 años.
En Bolivia, el Tribunal Constitucional autorizó al entonces presidente Evo Morales a buscar la reelección sin límites cuando terminaba el tercero consecutivo, aunque la Carta Magna decía que sólo podía ser reelecto una vez y a que la ciudadanía rechazó en un referéndum su intento de cambiarla.
Las elecciones de ese año en Bolivia acabaron en una crisis mayor, y Morales abandonó el país denunciando un golpe en su contra.
Así como El Salvador aprobó la reelección indefinida con un trámite exprés, Venezuela también lo hizo a contrarreloj cuando el entonces presidente Hugo Chávez se lo pidió a su mayoría legislativa a fines de 2008. “Si lo vamos a hacer, hagámoslo rápido”, dijo.
La votaron en menos de dos meses y ratificaron en un referéndum poco más de un año después de que esa posibilidad fuera rechazada también por voto popular.
Chávez sostenía que los electores debían determinar si un presidente debe seguir o no, porque “el pueblo es el dueño de un país”.
Es un argumento similar al que maneja el oficialismo de Bukele.
“El poder ha regresado al único lugar al que verdaderamente pertenece… al pueblo salvadoreño”, dijo la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, al votar la enmienda la semana pasada.
Pero Grijalva también rechaza esa idea.
“No es que se le está devolviendo a la mayoría un derecho”, sostiene. “La mayoría se expresa en la Constitución y las leyes para que haya un régimen democrático, (y) lo que está sucediendo es que se invoca a esa mayoría para tener un régimen autoritario”.
Consecuencias
La advertencia de que El Salvador de Bukele transita “el mismo camino” que la Venezuela de Chávez también fue hecha por Juanita Goebertus, directora para América de Human Rights Watch.
“Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, escribió Goebertus en la red X cuando El Salvador aprobaba la reelección indefinida la semana pasada.
Chávez presidió Venezuela durante 14 años consecutivos, hasta su muerte en 2013. Su delfín, Nicolás Maduro, sigue en el poder hasta hoy.
Los expertos creen que aprobar una reelección indefinida en un país es más factible cuando hay flexibilidad para cambiar las constituciones o los jueces están subordinados al Poder Ejecutivo.
Como ejemplo inverso, señalan el caso de Colombia cuando la Corte Constitucional cerró en 2010 la posibilidad de que el entonces presidente Álvaro Uribe aspirase a un tercer mandato.
“Es importante que las instituciones construyan una reputación y sean muy profesionales. La Corte Constitucional (colombiana) era todo eso y pudo frenar a Uribe”, afirma Torrico, investigador en México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Así como desconocemos si la frase sobre la “rima” de la historia pertenece realmente a Twain, tampoco sabemos hasta qué grado El Salvador se parecerá de ahora en más a los países de la región que autorizaron la reelección indefinida de sus presidentes.
Los casos de Bolivia y Ecuador, al revertir la regla después que Morales y Correa dejaron el poder, sugieren que en esto también hay marcha atrás.
Pero los expertos observan razones suficientes para preocuparse sobre los signos vitales de la democracia de El Salvador.
“La reelección consecutiva ya nos mete en problemas, porque los presidentes para reelegirse tuercen reglas y acumulan poder”, dice Torrico.
“Pero cuando además les metes la reelección indefinida, intentan controlarlo todo”, agrega, “y lo que se vive ya es un régimen autocrático”.
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