Bando Antigentrificación en CDMX, sin avance; autoridades alistan iniciativa y colectivos acusan simulación
A casi siete meses de darse a conocer el Bando 1 que presentó la jefa de gobierno, Clara Brugada, para frenar el fenómeno de la gentrificación en la CDMX, los avances para implementarlo son prácticamente nulos.
Las autoridades sostienen que la sola presentación del documento que prevé 14 acciones es un avance sustantivo, sin embargo, el Frente Antigentrificación -conformado por distintos grupos vecinales en la CDMX- acusa que se trata de una simulación y que las autoridades capitalinas sólo lo presentaron para silenciar las protestas que iban en incremento.
“Si bien es cierto que a veces uno quisiera que las acciones fueran de la noche a la mañana, entendemos que no puede ser así, pero no se ha visto un avance, un camino, una ruta para poder dar luz a estos 14 puntos”, sostuvo Diana, integrante del Frente Antigentrificación de la CDMX.
“Creo que esto de la presentación del Bando 1 fue querer mostrarle a la sociedad que se estaban haciendo cosas para que la gente se quedara tranquila, confiada y dejáramos de protestar”, agregó.
En entrevista, y cuestionado sobre la tardanza en la puesta en marcha de los 14 puntos que conforman el Bando Antigentrificación, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Enrique Yañes, explicó que desde la presentación del Bando 1 se ha trabajado para delinear la propuesta de Ley de Rentas Justas con lo que formalmente se comenzarán a atender las disposiciones del Bando.
“(Les pedimos) que tengan confianza en que esto no va a ser una letra muerta”, solicitó el funcionario.
Aunque también admitió que, aunque se prevé que la propuesta de ley sea enviada al Congreso capitalino en febrero próximo cuando inicia el Periodo Ordinario de sesiones, tampoco hay garantía de que su aprobación sea inmediata.
Y es que, señaló, se tocarán intereses varios y el debate será público para todos los actores a fin de construir una nueva política de habitabilidad para la ciudad, arraigo local, mezcla social y una regulación en el tema de alquiler en la ciudad.
“Próximamente, se va a entrar en una fase acelerada”, afirmó, “es una cosa bien compleja porque además son gran cantidad de intereses muy diferenciados que intervienen en estos procesos (…) pero de lo que se va a presentar, se va a presentar y de que pueda salir, pues ya dependerá de la dinámica social que se genere”, subrayó.
¿Qué es el Bando Antigentrificación?
El 16 de julio pasado, y en medio de una serie de protestas por el incremento en las rentas y la expulsión de capitalinos a la periferia, Clara Brugada presentó el Bando 1: Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo local, un documento que enlista 14 acciones que impulsará el Gobierno local para evitar los fenómenos de gentrificación y expulsión de habitantes y negocios locales.
Como parte de los primeros trabajos se anunció el arranque de un proceso de participación ciudadana con todos los sectores involucrados para tomar en cuenta sus opiniones; mesas de trabajo que a decir del Frente Antigentrificación no escucharon a todos, o al menos, no a ellos.
“Quienes acaparaban estos foros eran los pequeños anfitriones de Airbnb, son con quienes el gobierno tuvo la apertura, incluso tuvieron reuniones cerradas. A los colectivos no se nos permitió tener este tipo de reuniones, no se nos invitó, no se nos tomó en consideración”, reclamó la representante del Frente Antigentrificación.
Con este Bando, que quedó formalizado al publicarse en la Gaceta Oficial del Gobierno local, se busca primordialmente tener un marco jurídico para evitar que las rentas habitacionales en la CDMX suban cada año de forma discrecional como sucede hoy en día.
La idea es que su aumento no sea mayor a la inflación reportada el año anterior. Además de que se establecerá el Índice de precios de alquiler razonable a fin de estabilizar las rentas en zonas de presión inmobiliaria, principalmente.
No es un trabajo fácil, reconoció el titular de la Secretaría de Ordenamiento y Planeación Territorial, porque si bien es cierto que el artículo 2448 del Código Civil ya hay una disposición sobre los arrendamientos, no es del todo clara y actualmente no hay autoridad o mecanismo que verifique su cumplimiento.
De hecho, ni siquiera se conoce cuántas casas, departamentos y habitaciones hay en renta en la CDMX porque la mayoría de los arrendatarios no se dan de alta ante las autoridades fiscales.
“Una de las preocupaciones es cómo fortalecemos los mecanismos de verificación y al mismo tiempo los mecanismos de colaboración de la propia ciudadanía”, aceptó el funcionario.
“Lo que estamos pensando -por ejemplo- es que registrar tu contrato de renta sea una ventaja para ambas partes (…) la idea es construir los equilibrios, porque no se trata de tener un mecanismo de verificación sin participación y colaboración ciudadana. Entonces, estamos afinando estos mecanismos para que efectivamente tengamos cumplimiento efectivo porque una ley es un acuerdo social”, abundó.
Otras de las medidas que conforman el Bando 1 son el fortalecimiento de la regulación de la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal, aunque este punto, informó el funcionario, tomará un poco más de tiempo.
“Lo primero que va para adelante de manera inmediata (es la Ley de Rentas Justas), el otro (regulación de plataformas) lo veremos digamos en el transcurso de la administración”, precisó.
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El Bando Antigentrificación también contempla la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, de la cual tampoco hay avance porque será parte de la propuesta de Ley de Rentas Justas y Asequibles que enviará la jefa de Gobierno al Congreso capitalino.
Urgen atender también populares, no solo las que tienen tensión inmobiliaria
El plan del gobierno capitalino contempla un trabajo más intenso en zonas como Condesa, Hipódromo, Cuauhtémoc, Del Valle, Anzures, Escandón, entre otras, polígonos que han sido definidos como de tensión inmobiliaria.
Sin embargo, para el Frente Antigentrifación es primordial que se atiendan todas las colonias por igual porque el fenómeno de expulsión de vecinos y negocios de barrio, a causa de las altas rentas, se presenta sin distingo en toda la Ciudad.
“Se necesita regular rentas en zonas populares que es donde está habiendo mayor afectación, pero como son colonias populares, nadie les hace caso”, lamentó Diana, representante del Frente Antigentrificación.
“Tenemos por ejemplo Atlampa, la colonia Obrera, la colonia Doctores -de la que se habla un poco más-, pero por ser populares regularmente son ninguneadas”, reprochó.
Vivienda para jóvenes, la prioridad
Como parte de los compromisos para su administración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se ha propuesto la construcción de 200 mil viviendas que puedan ser adquiridas a bajos precios y con planes de financiamiento amigables, por lo que este plan también forma parte del Bando 1.
La idea es impulsar la vivienda social en la ciudad central y en las zonas de tensión inmobiliaria que suelen ser las mejores conectadas y que cuentan con todos los servicios.
Para ello, explicó el secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial, Pablo Enrique Yanes, se pondrá especial atención en incentivar la vivienda para los jóvenes.
“Las personas que han estado protestando contra los fenómenos de gentrificación son jóvenes y por eso nosotros hemos pensado en que la política de juventudes no debe ser solo una política de inclusión social, sino de emancipación social. O sea, crear las condiciones materiales para un proyecto de vida independiente”, afirmó el funcionario.
“Porque a veces la única opción es quedarse con sus papás o conseguirte unos roomies”, subrayó.
Para estos fines, Yanes también adelantó que se estará trabajando en un banco de suelo, es decir, hacer una revisión de esos espacios mal ocupados o infraestructuras ociosas en las que se puedan incentivar proyectos de vivienda asequible porque sí, el funcionario señaló que aún es posible construir en la CDMX.
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De acuerdo con datos del Gobierno capitalino actualmente hay 2.7 millones de viviendas en la capital, sin embargo, son insuficientes para resolver el problema del acceso a una vivienda digna. Se estima que el 60% de la población vive en hacinamiento, mientras que hay zonas donde los precios de las rentas se duplicaron o más.
Protección a los negocios de barrio
El Bando 1 también plantea el impulso del Programa de Arraigo Comunitario, Protección y Preservación del Espacio Público y del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico; así como un programa especial de estímulos a comercios locales.
En diciembre pasado, Animal Político dio a conocer la historia de la Frutería Pepe, un negocio de barrio que por 40 años operó en Polanco, pero que derivado a la presión inmobiliaria fueron apercibidos para que en febrero dejen el local que ocupan para dar paso -según saben- a un restaurante.
Teniendo como base este caso, Yanes informó que la dependencia a su cargo trabaja de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina para delinear un plan y evitar la expulsión de negocios de barrio como la Frutería Pepe.
“La Secretaría de Desarrollo Económico está trabajando en un proyecto para apoyar a los pequeños negocios que hay en muchas de las zonas tensionadas (porque) es muy interesante el papel de los negocitos, por ejemplo, en la seguridad. Están atentos y vuelven a conocer a la gente por su nombre”, compartió el funcionario.
“Además, cumplen una función más allá de lo simplemente económico de abasto, cumplen una función social de tejido comunitario”, subrayó.
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Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas.
China ejecutó a 11 miembros de una conocida familia mafiosa que dirigía centros de estafa en Myanmar, a lo largo de su frontera nororiental, según informan los medios de comunicación estatales.
Los miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre por diversos delitos, entre ellos homicidio, detención ilegal, fraude y gestión de casas de juego, por un tribunal de la provincia china de Zhejiang.
Los Ming eran uno de los muchos clanes que controlaban la ciudad de Laukkaing, transformando una urbe empobrecida y aislada en un llamativo centro de casinos y barrios rojos.
Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas que habían tomado el control de Laukkaing durante una escalada de su conflicto con el ejército de Myanmar.
Con estas ejecuciones, Pekín está enviando un mensaje disuasorio a los posibles estafadores. Pero el negocio se ha trasladado ahora a la frontera de Myanmar con Tailandia, y a Camboya y Laos, donde China tiene mucha menos influencia.
Según estimaciones de Naciones Unidas, cientos de miles de personas han sido víctimas de la trata para llevar a cabo fraudes en línea en Myanmar y otros lugares del sudeste asiático.
Entre ellas hay miles de chinos, y sus víctimas, a las que estafan miles de millones de dólares, también son principalmente chinas.
Frustrado por la negativa del ejército de Myanmar a poner fin al negocio de las estafas, del que presuntamente se beneficiaba, Pekín respaldó tácitamente una ofensiva de una alianza insurgente étnica en el estado de Shan a fines de 2023.
La alianza arrebató un territorio significativo al ejército y tomó Laukkaing, una importante ciudad fronteriza.
¿Quién era la familia Ming?
Los once miembros de la familia Ming son los primeros jefes de esquemas fraudulentos de Myanmar en ser ejecutados por China.
Pero no serán los últimos. Cinco miembros de la familia Bai también fueron condenados a muerte en noviembre, y los juicios de otros dos grupos de acusados de las familias Wei y Liu aún no han concluido.
El juicio de la familia Ming se celebró a puerta cerrada, aunque el año pasado se permitió la asistencia de más de 160 personas a la audiencia para dictar sentencia, entre ellas familiares de las víctimas.
Las operaciones fraudulentas y las casas de juego de la mafia Ming generaron más de 10.000 millones de yuanes (US$1.400 millones) entre 2015 y 2023, según el tribunal supremo de China, que rechazó sus apelaciones en noviembre.
Sus delitos provocaron la muerte de 14 ciudadanos chinos y lesiones a muchos otros, según el tribunal.
Más de 20 miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre a penas de cárcel que iban de cinco años a cadena perpetua. Ming Xuechang, el patriarca del clan, se suicidó en 2023 mientras intentaba evitar su detención, según informó entonces el ejército de Myanmar.
Las confesiones de los detenidos se difundieron en documentales de los medios de comunicación estatales, para subrayar la determinación de las autoridades chinas de erradicar las redes de estafa.
Los Ming estaban entre un puñado de familias al estilo “El Padrino” que ascendieron al poder en Laukkaing a comienzos de la década de 2000.
Esto ocurrió después de que el entonces “señor de la guerra” de la ciudad fuera derrocado en una operación militar encabezada por Min Aung Hlaing, quien se convirtió en líder del gobierno militar de Myanmar tras el golpe de 2021.
El cabeza de familia, Ming Xuechang, dirigía uno de los centros de estafas más infames de Laukkaing, Crouching Tiger Villa.
Al principio, el juego y la prostitución eran las principales fuentes de ingresos de estas familias, pero con el tiempo comenzaron a dedicarse al fraude en línea, con personal compuesto en su mayoría por personas secuestradas y obligadas a llevar a cabo estos delitos.
Dentro de los muros de los extensos y bien vigilados recintos se desarrollaba una cultura de violencia. Las palizas y las torturas eran habituales, según los testimonios recogidos de los trabajadores liberados.
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