La taquilla de las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa, fue baleada durante el transcurso de la noche del miércoles y primeras horas de este 7 de noviembre.
“Hasta ahorita lo único que tenemos son agresiones o acercamientos con disparos de arma de fuego a ciertas instalaciones, tengo uno que no me precisa si es la taquilla Ganadera, debe de ser éste con el que se cuenta”, dijo el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, en conferencia de prensa.
Este ataque, de acuerdo con el secretario de Seguridad, puede responder a un intento de los grupos criminales por llamar la atención.
“Con base a este reporte que tengo y en lo que se está comentando, pudiera ser nada más algún alertamiento o alguna situación de llamar la atención”, dijo y señaló que la Fiscalía General del Estado será la responsable de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
La Feria Ganadera de Culiacán es un encuentro de espectáculos y juegos mecánicos que acompaña exposiciones de ganado organizado por la Unión Ganadera.
La Feria se realiza todos los años a partir de mediados de noviembre. Este año, a pesar de la crisis de seguridad que enfrenta el estado, el evento se realizará a partir del 14 de noviembre y hasta el 1 de diciembre.
Tras darse a conocer estos hechos, el secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, indicó que se desplegará un operativo con elementos de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad durante el evento.
“El dispositivo de seguridad para el evento se va a instalar de manera plena el día 13 en la noche. Previamente se van a hacer todas las pruebas técnicas requeridas para garantizar ese dispositivo, de tal suerte que, la feria y el palenque corran con normalidad”, precisó.
De acuerdo con la estrategia establecida, elementos de la Policía Municipal y Estatal resguardarán el interior del recinto, la Guardia Nacional se encontrará al exterior y el Ejército en un perímetro más amplio.
“Si hablamos de bloqueos o intentos de bloqueo, si hablamos de otro tipo de acciones, ahí tenemos las fuerzas de seguridad. Está concebida la estrategia para superar situaciones de esta naturaleza de inmediato”, agregó el funcionario.
Desde septiembre Sinaloa vive una ola de violencia derivada de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el pasado 25 de julio en El Paso, Texas.
Previo a finalizar octubre, la entidad a cargo del gobernador Rubén Rocha Moya registró el fin de semana con más homicidios dolosos durante ese mes, con un total de 24 casos entre sábado y domingo.
El pasado 4 de noviembre fue asesinado Jorge Peraza Berna, dueño del restaurante “La Chuparrosa Enamorada”, ubicado en Culiacán. Cinco días antes, el empresario recibió el premio al Mérito Restaurantero en el Congreso de Sinaloa, donde fue ovacionado por su resiliencia y capacidad para reinventarse.
Su asesinato se dio siete días después de que se registrara un incendio que consumió su restaurante. En un principio, según denuncias de vecinos, se señaló que el fuego habría sido por un acto de violencia. Sin embargo, autoridades dijeron después que el siniestro fue accidental.
En octubre, la maestra Laura Guzmán, presidenta de la industria de restaurantes en Sinaloa, dijo a Animal Político que los comerciantes tuvieron que hacer encuestas para saber qué medidas tomar y así facilitar el regreso de clientes a sus negocios, que suman semanas vacíos por la violencia.
Guzmán narró que entre múltiples empresarios organizaron chats de WhatsApp y grupos de personas que salían desde las cinco de la mañana para comprobar si había condiciones de seguridad en la ciudad para que el transporte público urbano trabajara con ciertas garantías, y para que pudieran abrir los puntos más importantes de comercio, como los mercados públicos, y las tiendas del centro de Culiacán.
“Sin embargo, después de hacer un gran esfuerzo para que los trabajadores pudieran trasladarse en transporte público a sus empleos, vimos que no había consumo, que no había clientes en las tiendas”, dijo la presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).
Con información de Noroeste.
Nora tiene pesadillas desde que piensa en la posibilidad de ser deportada. Sus hijas Christell y Leah están dispuestas a abandonar EU para mantener a la familia unida.
Nora no durmió durante la noche electoral. A medida que Donald Trump sumaba votos y el mapa de Estados Unidos se teñía de rojo, crecía su temor a ser deportada.
Aunque sus dos hijas son ciudadanas estadounidenses, Nora es indocumentada. Llegó a Estados Unidos hace 24 años, después de que el huracán Mitch devastara su pueblo en Nicaragua.
“Ando desvelada, no he podido dormir. Vuelve el miedo nuevamente”, dice tras pedir que su identidad se mantenga anónima debido a su estatus migratorio.
La campaña republicana insistió en un lema que resume el punto de partida del segundo mandato de Trump frente a los migrantes indocumentados: “¡Deportaciones masivas ahora!”.
Esta propuesta se convirtió en un tema diario de discusión entre Nora, de 47 años, y sus hijas Christell y Leah, de 30 y 19, durante las últimas semanas de campaña, en las que decidieron hacer un plan de respuesta familiar ante el posible triunfo del candidato republicano.
“Nos sentamos a hablar, porque teníamos mucha ansiedad y mucho miedo”, recuerda Nora. “Mis hijas me dijeron que, si tomo la decisión de marcharme de Estados Unidos, ellas se irían conmigo”.
Christell y Leah no pueden pedir a su madre ante las autoridades migratorias porque entró de forma irregular por la frontera sur. “El triunfo de Trump nos aterroriza”.
El expresidente conquistó más de los 270 votos del Colegio Electoral que requería para consolidarse como el ganador de los comicios.
Además, los republicanos lograron el control del Senado, lo cual le permitirá a Trump avanzar en sus iniciativas de gobierno.
JD Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con el canal ABC que la deportación masiva de migrantes podría comenzar con un millón de personas indocumentadas.
Sin embargo, expertos en legislación migratoria cuestionan el costo y la factibilidad de esta propuesta. Algunos estiman que mantener un plan como el que propone Trump costaría alrededor de US$100.000 millones.
Cerca de 11 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos hasta 2022, según la información más reciente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Casi la mitad de esta población proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los migrantes indocumentados representan 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores, de acuerdo con el instituto de investigación Pew Research Center.
La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Sin embargo, el Pew Research Center advierte que este panorama puede haber cambiado durante los últimos dos años debido a tres factores que aún no se reflejan en las estadísticas oficiales:
En el año 2000, cuando Nora se quedó sin empleo después del huracán Mitch, la decisión más difícil no fue emigrar a Estados Unidos junto con su esposo.
Lo más doloroso fue dejar a su hija Christell, quien tenía 6 años en aquel momento, con la abuela.
A la pareja le tomó cuatro años juntar el dinero necesario para sacar a Christell de Nicaragua y llevarla a Estados Unidos. Un año después nació su segunda hija, Leah, en Miami.
Durante su primer gobierno (2017-2021), Trump respondió al repunte en la entrada irregular de migrantes por la frontera sur con una orden polémica: separar a los padres de sus hijos para disuadir a las familias de emigrar hacia EU sin seguir lo marcado por la ley.
Aquella situación sembró tanto miedo en la casa de Nora, que su hija Leah se ofreció a defenderla públicamente de la amenaza de ser deportada, aunque solo tuviera 12 años.
Leah Cayasso se convirtió en redes sociales en “Leah, la activista” (@LeahTheActivist) y se identificaba a sí misma como una “orgullosa hija de migrantes”.
“Quieren quitarme a mi mamá”, dijo Leah desde una tarima durante un acto contra la política migratoria de Trump en 2018, cerca de la Casa Blanca en Washington DC.
“No me gusta vivir con este miedo. No puedo dormir. No puedo estudiar. Estoy estresada”, afirmó entre lágrimas ante una audiencia que le pareció multitudinaria.
“Tengo miedo de que se lleven a mi mamá mientras está en el trabajo, conduciendo o en casa”, expresó en aquel momento.
Seis años después de aquella experiencia, Leah ya no hace activismo, aunque respalda la lucha de su madre por encontrar una alternativa para obtener la ciudadanía.
“Yo tenía las esperanzas de una chica muy joven que no entendía muy bien lo que estaba pasando”, cuenta Leah en una llamada telefónica.
“Fue difícil no ver resultados y hasta cierto punto perdí un poco la esperanza.
“Ahora que comprendo la situación, creo que la mejor opción para mi mamá es que se apruebe un TPS para los nicaragüenses”.
El estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, brinda una protección a los ciudadanos que no pueden regresar de forma segura a sus países, como es el caso de Cuba, Haití o Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU ofrece TPS a los ciudadanos de países que afrontan tres “condiciones temporales”: conflictos armados, desastres naturales o sanitarios (como epidemias) u otras circunstancias “extraordinarias”.
En vista de que el perfil de Nora no se ajusta a las condiciones que exige Estados Unidos para optar por el permiso humanitario para los nicaragüenses, considera que la opción más expedita para lograr su legalización es un TPS.
“En estos 24 años que llevo en Estados Unidos, en los que he trabajado y he pagado impuestos, no ha habido ningún otro mecanismo para que yo cambie de estatus”.
“Qué difícil es pensar en volver a Nicaragua”.
El estatus migratorio de Nora es la mayor preocupación de toda la familia.
De hecho, Christell y Leah votaron por primera vez en estas elecciones con la esperanza de que si Kamala Harris ganaba, podría hacer “algo a favor de los migrantes”.
Durante su campaña, Harris prometió que buscaría agilizar el proceso de asilo y abrir vías legales para que los indocumentados tramitaran la ciudadanía.
Pero desde la victoria de Trump, temen verse obligadas a separarse de su madre.
“Me siento un poco triste y decepcionada de ver cuántas personas apoyaron a Trump”, asegura Christell. “Nos afecta mucho saber que nuevamente hay una amenaza hacia nuestra comunidad migrante y en especial hacia nuestra familia”.
En el ejercicio de imaginar los próximos pasos que van a seguir, Christell reconoce que emigrar de Estados Unidos “es una decisión difícil”.
Sin embargo, alberga la esperanza de que Biden tome una medida de última hora y decida conceder el TPS a los nicaragüenses.
En medio de la incertidumbre, Leah se aferra a una única certeza: “Haremos lo que sea por mi mamá”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.